Por Francisco Javier Guerrero

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 23 de diciembre de 2024.- Del 5 al 8 de noviembre se celebró el III COLOQUIO. El impacto de las migraciones en el mundo globalizado organizado bajo la égida de varias dependencias del Instituto Nacional de Antropología e Historia, entre las que destaca el Museo de las Culturas del Mundo, donde ya previamente se habían efectuado dos eventos bajo el mismo rubro temático. Este acto cobra importancia especial dado que hoy existe una coyuntura que altera muchos de los elementos que le otorgaban una identidad más o menos precisa al fenómeno migratorio.

Hoy existen muchas migraciones de diversos tipos; las hay de carácter laboral, otras ocurren debido a desastres ambientales, miles de migrantes huyen de la delincuencia organizada en sus países de origen, otros escapan del terrorismo de Estado, hay quienes incluso consideran al turismo un hecho migratorio y no faltan quienes clasifican a la propia Tylor Swift como una reiterada migrante debido a sus múltiples giras.

Los migrantólogos no se han puesto de acuerdo en definir con certeza el fenómeno que analizan, pero se puede aseverar que este ocurre cuando determinados individuos o grupos sociales buscan un mejoramiento en sus condiciones de existencia ya sea material o anímica y para ello recurren a variados tipos de diásporas o desplazamientos de unos territorios planetarios a otros. Es de hacer notar que las migraciones más estudiadas han sido las que se han efectuado del siglo XIX a nuestros días, aún cuando el fenómeno migratorio se ha realizado desde la aparición de los primeros homínidos. Pero las migraciones efectuadas en estos dos últimos siglos han sido básicamente de carácter laboral, ya que en los países capitalistas desarrollados donde han tenido lugar varias conquistas de las capas trabajadoras nativas, las clases dominantes han recurrido a expansiones de tipo colonial o imperialista para explotar a la mano de obra barata en zonas subdesarrolladas o bien han importado laborantes de esas mismas zonas para generar un proletariado con características decimonónicas, en las últimas décadas del siglo XIX y en todo el siglo XX y parte del XXI. Es decir, se trataba de formar un proletariado sometido a la sobreexplotación sin derechos y prestaciones laborales, sin servicios asistenciales y sanitarios y arto punible y desechable. Sin embargo, en la esfera de los explotados empezaron a darse luchas para lograr mejores condiciones existenciales y de nivel de vida, conformando diversas organizaciones de migrantes que en buena medida han logrado diversas formas de ascenso social en los países receptores. Esto se puede comprobar, testimoniando las luchas que hacen nuestros compatriotas especialmente en los Estados Unidos de Norteamérica. Esto ha generado alarmas y alertas en los sectores que están en la cúspide y la dominación y que se oponen fervientemente al mejoramiento de esas condiciones de existencia.

En lo personal y ya como miembro del Seminario Permanente de Estudios Chicanos y de Fronteras he conocido, como decía Martí las entrañas del monstruo. El gran escritor Paul Auster opinaba que de la extraordinaria ciudad de Nueva York se podía decir lo mejor y lo peor. Pienso que de Estados Unidos se puede decir lo mismo. La nación donde nació Lincoln es un país pletórico de hechos positivos y magnificentes, pero a la vez en su seno las ideologías dominantes han procreado amplios grupos de encarnizados xenófobos, furibundos racistas y mitómanos que creen pertenecer a un pueblo elegido, así como Hitler creía en el suyo y el genocida Netanyahu en el propio. En esa extraordinaria nación de científicos excelsos y sabios científicos notables existen millones de hombres y mujeres que piensan como Donald Trump y por ello este representa lo que algunas personas llaman el ugly american (el americano feo). La América trumpiana se halla en decadencia y por ello su principal representante concibe una feroz política antimigratoria que piensa llevar a cabo, aunque sea parcialmente.  En este marco se impone necesariamente la defensa de nuestros compatriotas migrantes lo cual no puede ser solamente una tarea parcial y erizada de dificultades del gobierno mexicano, sino que ante todo corresponde a las organizaciones de trabajadores mexicanos en diversas ramas de la economía y los servicios, fortalecer la solidaridad con aquellos connacionales que aspiran a un mejor futuro para ellos y para sus hijos. Esta convocatoria a un espíritu de lucha se presentó cálida e inteligentemente en el coloquio antes mencionado que se puede consultar en la plataforma de YouTube en INAH TV con el titulo III COLOQIO. El impacto de las migraciones en el mundo globalizado.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 15 de diciembre de 2023.- En este video el periodista Fred Álvarez analiza a la periodista sonorense Reyna Haydee Ramírez quien sorprendió al tomar la palabra en la conferencia matutina del presidente, a pesar de no ser bien recibida por el vocero presidencial. Realizó preguntas críticas sobre la situación de seguridad en México, señalando la falta de acción del Estado en casos como Texcaltitlán, Guerrero, Michoacán, Tamaulipas y Sonora. A pesar de las respuestas del presidente López Obrador, Ramírez persistió, cuestionando la eficacia del gabinete de seguridad y señalando investigaciones periodísticas que vinculan a su hijo con la entrega de contratos a amigos. El presidente pidió ayuda a otra periodista, Nancy de Contralínea, para cambiar el enfoque. Ramírez destacó su compromiso con la gente y su independencia, haciendo quedar mal al presidente en la interacción. Aunque recibió aplausos, se plantea la posibilidad de que no vuelva a ser invitada a la conferencia.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 28 de septiembre de 2023.- En conmemoración del Día de Acción Global por el Aborto Legal, Seguro y Accesible, la Red de Médicas por el Derecho a Decidir de México emitió un comunicado instando a la comunidad prestadora de servicios de salud en el país a unirse en la lucha por garantizar los derechos de todas las mujeres y personas con posibilidad de gestar.

En el comunicado, la Red de Médicas, celebró los avances legales en la materia, particularmente las sentencias unánimes de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en septiembre de 2021 y 2023, que declararon inconstitucional la criminalización del aborto. Estas decisiones históricas no solo prohíben la persecución penal por aborto, sino que también establecen que el personal médico no puede ser perseguido por brindar atención relacionada con la autodeterminación reproductiva.

A pesar de estos avances, la Red de Médicas reconoció que aún queda mucho por hacer. Esto incluye la despenalización y legalización en los estados restantes de México, la implementación efectiva de servicios de aborto seguro en todas las instituciones de salud públicas del país y la capacitación y sensibilización del personal médico en temas de derechos humanos y aborto. Además, enfatizaron la necesidad de la voluntad política de quienes toman decisiones para lograr un cambio real en esta área.

En este contexto, la Red de Médicas por el Derecho a Decidir hizo un llamado a las colegas y colegas en la comunidad de salud a no temer represalias institucionales o legales y a no convertirse en obstáculos para garantizar los derechos de las mujeres y personas con capacidad de gestar. Animaron a la comunidad médica a adoptar una práctica clínica que busque dignificar, cuidar y respetar la autonomía de todas las personas.

El comunicado concluyó con una invitación abierta a todos y todas a unirse a la lucha por la justicia reproductiva y a trabajar colectivamente para garantizar el derecho humano a la salud de todas las personas en México.

La Red de Médicas por el Derecho a Decidir espera que este llamado inspire a un mayor compromiso por parte de la comunidad médica en la promoción y protección de los derechos reproductivos de las mujeres y personas con capacidad de gestar en México.

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• Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco de Zúñiga, en Jalisco, concentran el 8 por ciento de las desapariciones ocurridas en la administración de López Obrador, mientras que en las alcaldías Iztapalapa y Gustavo A. Madero en la Ciudad de México se ha disparado el delito. En 76 de cada cien municipios del país una o más personas están siendo buscadas

Periodistas Unidos / A Donde Van Los Desaparecidos. Ciudad de México. 30 de agosto de 2023.- Como en ningún otro sexenio, las personas desaparecen en México. Las cifras oficiales indican que, bajo la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador, hasta el pasado 25 de agosto han desaparecido 44,073 personas, lo que representa el 40 por ciento de las 111,000 víctimas reconocidas.

 A un año de finalizar la administración lopezobradorista, se ha superado en casi 10,000 personas el número de desapariciones registradas en el periodo de Enrique Peña Nieto, y se han duplicado los casos ocurridos durante el mandato del panista Felipe Calderón. 

“La justicia y la verdad, que tanto hemos estado buscando, la vemos cada día más lejana. A este gobierno [de López Obrador] no le importamos nunca. No nada más aumentó la desaparición de personas, sino que siguen aumentando los cuerpos sin identificar en una impunidad absoluta, como lo dijo el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas”, lamenta Leticia Hidalgo, madre de Roy Rivera Hidalgo, desaparecido en San Nicolás de los Garza, Nuevo León, en 2011.

En el mapa de la tragedia han surgido nuevos epicentros, lugares en los que antes se registraban pocas desapariciones y ahora cuentan con centenares de víctimas que son buscadas por sus familiares, como Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco de Zúñiga, municipios del Área Metropolitana de Guadalajara (AMG) que concentran el 8 por ciento de los casos ocurridos desde el 1 de diciembre de 2018.

Hechos como la desaparición de Roberto Olmeda Cuéllar, Diego Alberto Lara Santoyo, Uriel Galván González, Jaime Adolfo Martínez Miranda y Dante Cedillo Hernández el 11 de agosto en la ciudad de Lagos de Moreno, Jalisco, a unos 200 kilómetros de Guadalajara, han generado indignación social en el estado gobernado por Enrique Alfaro, y ocupado los principales titulares en todo el país. Los jóvenes continúan sin ser localizados y todavía no hay detenidos.

Las alcaldías Iztapalapa y Gustavo A. Madero en la Ciudad de México también destacan entre los lugares que acumulan más casos sin resolver en este sexenio. En la capital del país, durante más de una década, de 2006 a 2018, se reportaban en promedio 74 desapariciones cada año. Durante la gestión de Claudia Sheinbaum Pardo como jefa de gobierno de la entidad, los casos se dispararon a un promedio anual de 926 entre 2019 y mayo de 2023.

“Estoy muy sorprendida de lo atrás que está la Ciudad de México en cuanto a narrativas, técnicas, hasta métodos de trabajo [para la búsqueda de personas desaparecidas]. Parece que [las autoridades] se taparon los oídos los últimos años”, afirma Volga de Pina, investigadora del Observatorio sobre Desaparición e Impunidad en México (ODIM). 

En Monterrey, Nuevo León; Culiacán, Sinaloa, y Nuevo Laredo, Tamaulipas, las desapariciones permanecen enquistadas desde que Calderón encargó a las Fuerzas Armadas el combate frontal a los grupos de la delincuencia organizada a finales de 2006. Según el registro oficial, en el sexenio lopezobradorista estos municipios figuran entre los diez que reportan más casos de desaparición en el país.

Pocos son los lugares no afectados por este delito en México: en 76 de cada 100 municipios al menos una persona está siendo buscada.

Los datos de este reportaje provienen de una extracción masiva del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), hecha por la iniciativa MORLAN, dedicada al análisis y visualización de datos. La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), que administra el registro oficial, publicó el pasado 23 de agosto, tras la renuncia de su titular Karla Quintana, una base de datos del RNPDNO que está incompleta: no incluye cifras de personas localizadas y se eliminó toda la información de 37,459 personas desaparecidas cuyas familias, según la misma comisión, pidieron que “no se hiciera pública”.

Tasas crecientes

aparecidos elaboró una lista de municipios con menos de 100,000 habitantes que reportaron 50 o más desapariciones desde el inicio del sexenio lopezobradorista para estimar la tasa de desapariciones activas, es decir, las personas que continúan sin ser localizadas. Las tasas permiten mostrar un problema que muchas veces queda invisibilizado: en municipios escasamente poblados también ocurre esta tragedia y puede, incluso, generar impactos más graves.

A la cabeza de la lista está Coeneo, Michoacán, un municipio vecino de Morelia que apenas sobrepasa los 20,000 habitantes y registró 80 desapariciones. La tasa de personas desaparecidas es de 381.6 casos por cada 100,000 habitantes. En 2020 fue noticia nacional porque en la fosa de una construcción en obra negra se localizaron 24 cuerpos. 

Encarnación de Díaz, en Jalisco, ubicado entre Lagos de Moreno y Aguascalientes, ocupa el segundo lugar con 227.2 desapariciones por cada 100,000 habitantes. En ese municipio habitan 53,039 personas y contabilizó 147 desapariciones; en el registro histórico también destaca porque el 93.3 por ciento de los casos reportados continúan sin ser localizados. El 27 y el 28 de julio pasados desaparecieron en el lugar cuatro mujeres menores de 30 años, las hermanas Adriana, Rosa Olivia y Marisela Saucedo Zermeño, y Beatriz Hernández Martínez, pareja de Adriana. No se ha sabido más de ellas.

En tercera posición está Sabinas Hidalgo, en Nuevo León, donde han desaparecido 84 personas desde el 1 de diciembre de 2018, en una población de 34,709 habitantes. La tasa es de 242 desapariciones por cada 100,000 habitantes. En 2021, Fuerzas Unidas por Nuestros Desaparecidos en Nuevo León (Fundenl) denunció en un comunicado que habían recibido “una cantidad alarmante de reportes de personas desaparecidas”, fechados entre junio y agosto de ese año.

“Empezamos a recibir el llamado de auxilio de familias de mujeres desaparecidas en Sabinas Hidalgo, así como también [sobre] la desaparición masiva de personas que transitan por la carretera Monterrey-Laredo; precisamente, Sabinas queda en medio. Nos llamó la atención y nos horrorizó que esta práctica se estaba dando a ojos de todos”, cuenta Leticia Hidalgo, que también es integrante de Fundenl.

Seis municipios zacatecanos: Valparaíso, Villa de Cos, Río Grande, Jerez, Calera y Ojocaliente, reportan tasas superiores a 150 personas desaparecidas por cada 100,000 habitantes. En cinco años se han reportado 547 casos que siguen sin resolverse. En 2022, Quinto Elemento Lab identificó que en algunos de estos lugares las desapariciones se multiplicaron más de un 200 por ciento en 2021 respecto al año anterior.

Otros 29 municipios de once estados del país enfrentan la misma situación: aunque sus poblaciones son relativamente pequeñas, de decenas de sus habitantes no se ha sabido más.

La marca de género

Los datos muestran que desde 2006, en promedio, por cada mujer que sigue desaparecida hay 3.3 hombres. El año con la brecha más amplia fue 2010: por cada 5.3 hombres víctimas se registró una mujer.

En la actual administración federal, en 24 municipios de once estados la desaparición de hombres se ha reportado 20 o más veces que la de mujeres. El caso más extremo es El Fuerte, en Sinaloa, donde han desaparecido 158 hombres y únicamente dos mujeres. Sucede a la inversa en la alcaldía de Coyoacán, en la Ciudad de México, en la que se registra la desaparición de 22 mujeres y 19 hombres.

El Fuerte es también uno de los municipios con mayor porcentaje de personas localizadas sin vida desde 2006, con 29 de 124 reportes, que representan el 16.5 por ciento. En primer lugar está Angostura, también en Sinaloa, donde se ha localizado sin vida a 51 personas de 310 casos, es decir, el 23.4 por ciento.

También la geografía de esta tragedia ha cambiado progresivamente. En la presidencia de Calderón la desaparición, tanto de hombres como de mujeres, se acentuó en el noreste del país, en municipios cercanos a la frontera con Estados Unidos: Matamoros, Reynosa y Nuevo Laredo, en Tamaulipas; Monterrey, Nuevo León, y Torreón, Coahuila.

En el sexenio del priista Enrique Peña Nieto, los municipios de Hermosillo, Sonora, y Puebla, Puebla, se ubicaron entre los cinco con mayor incidencia del delito entre las mujeres. En el ranking masculino se incrementaron significativamente las desapariciones en dos municipios colindantes, Guadalajara y Zapopan. Nuevo Laredo, Reynosa y Matamoros se mantuvieron en ambos conteos.

Bajo la administración de López Obrador, los nuevos epicentros de la desaparición incluyen un mayor número de víctimas mujeres: las alcaldías Iztapalapa y Gustavo A. Madero, Guadalajara y Zapopan, y Monterrey, acumulan el 10 por ciento de los casos. Para los hombres, el AMG, con los municipios de Zapopan, Guadalajara y Tlajomulco de Zúñiga, encabeza la lista. Detrás quedan dos municipios de Sinaloa: Culiacán y Mazatlán.

“Ha ido aumentando la presencia de mujeres para el reclutamiento forzado en ciertas actividades, sobre todo de siembra de cultivos de la droga, [y] en la [manufactura] de droga sintética”, considera Jonathan Ávila, investigador del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), con sede en la capital jalisciense.

Desapariciones múltiples

A dónde van los desaparecidos también identificó once posibles desapariciones múltiples desde el 1 de diciembre de 2018, hechos en los que diez o más personas fueron sustraídas en el mismo municipio.

Algunos de estos casos han salido a la luz pública, como la desaparición de 22 migrantes el 7 de marzo de 2019 en la carretera de Tampico a Reynosa. A la altura de la localidad de Palo Blanco, municipio de Cruillas, sujetos armados interceptaron la unidad y obligaron a las víctimas a bajarse. “La hipótesis más sólida es que las desapariciones están ligadas a las redes de tráfico de personas”, afirmó sobre este hecho el subsecretario federal de Derechos Humanos, Alejandro Encinas. En el RNPDNO son 31 las víctimas de ese día registradas en Reynosa. 

Otro suceso ocurrió el 26 de julio de 2021 en Pantelhó, Chiapas. Ahí desaparecieron a 16 personas, de acuerdo con los datos oficiales. El hecho podría corresponder a la desaparición de 21 personas en medio de una revuelta, de acuerdo con Animal Político: “[…] más de 2,000 pobladores se apoderaron de la cabecera municipal y quemaron las casas de los supuestos sicarios, que fueron esposados y exhibidos en el parque de Pantelhó”. Desde entonces no se ha sabido de su paradero.

El RNPDNO reporta 55 desapariciones en el municipio de Sabinas, Coahuila, el 13 de agosto de 2022. En Zacatecas, la capital, 28 personas desaparecieron el 26 de febrero de 2021. A dónde van los desaparecidos no encontró evidencia pública de estos casos; es posible que estas desapariciones no tuvieran relación entre ellas o, incluso, que haya habido un error en la captura de los datos.

Otras posibles desapariciones múltiples, de diez o más personas en el mismo municipio y en el mismo día, fueron reportadas en Tepic, Nayarit; Centro, Tabasco; El Salto y Tlajomulco de Zúñiga, en el AMG; la alcaldía Gustavo A. Madero y los municipios tamaulipecos de Mier y Nuevo Laredo.

Misma política de seguridad, mismos resultados

Para Ernesto López Portillo, coordinador del Programa de Seguridad Ciudadana de la Universidad Iberoamericana en la Ciudad de México, el incremento de las desapariciones en el país está relacionada con la falta de políticas públicas basadas en evidencia, evaluables e integrales, así como con la nula profesionalización de las policías, que en ambos casos son responsabilidad del Sistema Nacional de Seguridad Pública, creado en 1994.

La falta de estas políticas, según el experto, ha generado, por un lado, el debilitamiento de las policías que, a su vez, tiene como consecuencia que no se investigue a las élites políticas, empresariales, institucionales y criminales. Por otro lado, ha resultado en el éxito de un modelo basado en la fuerza sobre la inteligencia, representado por los militares.

“Las Fuerzas Armadas no tienen inteligencia policial. Tienen modelos de inteligencia para la seguridad nacional que están completamente fuera del escrutinio público y que no sabemos cómo funcionan y no tienen esas capacidades de investigación que pondrían a temblar a las élites”, dice López Portillo.

En materia de desaparición implica que se desconoce si existe una política federal para reducir el delito, pero es evidente que hay una “descomunal impunidad que está relacionada con poderes no identificados por las fiscalías porque no son perseguidos, que están utilizando a una cantidad –que no sabemos– de gente [que es desaparecida] para fines de múltiples actividades delictivas”, lamenta el experto.

En Jalisco, por ejemplo, el aumento de las desapariciones, principalmente en el AMG, podría deberse a la disputa territorial por la venta de droga. Pero la explicación es mucho más compleja.

“Tomando muchísima conciencia de la no revictimización, en Guadalajara, sobre todo en las zonas periféricas, [las personas] no tienen otra salida que involucrarse en este tipo de actividades [del crimen organizado]. Hay algo de contexto social más amplio donde la violencia de estos grupos ya ha penetrado [en la comunidad]”, dice Ávila, del Cepad.

Además, agrega, se ha documentado también la participación de policías municipales en las desapariciones, es decir, serían desapariciones forzadas. Esto ha ocurrido en los municipios con más casos, incluso en comparación con todas las demarcaciones a nivel nacional: Guadalajara, Tlajomulco de Zúñiga y Zapopan.

Una de las principales recomendaciones del Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas (Comité CED), después de visitar México en noviembre de 2021 y reunirse con cientos de víctimas y autoridades, fue implementar una estrategia para detener las desapariciones. La respuesta institucional llegó en 2023, tras cuatro años de retraso: la CNB publicó el Programa Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas y No Localizadas, que planea implementar en nueve años con grupos técnicos de trabajo que todavía no existen. 

Mientras tanto, las desapariciones no se detienen. La promesa de López Obrador de que habría recursos ilimitados para atender esta tragedia no ha sido suficiente.

* Con información de Lucía Flores.

Los datos fueron extraídos por la iniciativa MORLAN en un ejercicio similar al que se describe aquí.

Los datos se pueden descargar en formato csv en este enlace.

www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).

Efraín Tzuc es periodista de datos e investigador en Quinto Elemento Lab. También es reportero en A dónde van los desaparecidos. Se ha especializado en periodismo de datos y acceso a la información pública.

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EFE. Ciudad de México. 15 de septiembre de 2022.- El Gobierno mexicano ha liberado 2.685 reos en lo que va de la Presidencia de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) porque estaban de manera injusta en la cárcel o por la Ley de Amnistía que impulsó el mandatario.

«Se tienen que enfrentar muchos obstáculos, son muchos los trámites, hay resistencia, pero se está avanzando y existe la voluntad de liberar a todos los que no deben estar en las cárceles, existe esa inquebrantable voluntad», declaró este jueves López Obrador en su rueda de prensa diaria.

La secretaria de Seguridad, Rosa Icela Rodrígez, detalló que 2.549 fueron preliberaciones, con base en un decreto que promulgó López Obrador en septiembre de 2021 para excarcelar a indígenas, mujeres, adultos mayores, personas con enfermedades terminales, personas con discapacidad y víctimas de tortura.

De estas personas, 123 eran mujeres, 120 adultos mayores, 208 con enfermedades crónicas, 51 indígenas, 15 extranjeros y 2.032 personas que cumplieron con requisitos de ley para preliberación, como tener 10 años sin sentencia o comprobar que fueron víctimas tortura.

«Es un acto de justicia para quienes no han cometido delitos graves o relacionados con la violencia, gente humilde, que no pudo pagar un abogado, tener un traductor o ha enfrentado todo tipo de adversidades», expuso Rodríguez.

La otra vía ha sido la Ley de Amnistía que promulgó el Gobierno en abril de 2020 para liberar a personas condenadas o en prisión preventiva por delitos como aborto, pequeños robos o posesión de drogas.

Por este camino, detalló la secretaria, el Gobierno ha liberado a 136 personas, de las que 66 fueron por pobreza, 42 eran mujeres, 21 indígenas, dos personas con discapacidad, cuatro víctimas de intimidación y una víctima de discriminación.

El presidente había prometido concretar la excarcelación masiva hace un año, el 15 de septiembre de 2021, cuanto reportó más de 4.000 casos en análisis.

Mientras que la Ley de Amnistía tenía el objetivo de liberar a unas 6.000 personas.

Pero las prisiones tienen una sobrepoblación reconocida de más de 9.000 reos y 130 penales con un exceso de detenidos, mientras que a nivel nacional hay un total de casi 226.000 personas en las cárceles, según el Cuaderno de Información Estadística Penitenciaria Nacional de la Secretaría de Seguridad.

De las personas detenidas cerca del 40 % solo están procesadas, pero aún no reciben sentencia.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 11 de abril de 2022.- Emulando a muchos antiguos gobernadores, entre otros Mario Marín, hoy preso por el caso de la detención arbitraria de Lydia Cacho,  quien construyó tres hospitales inservibles, una investigación del diario Milenio y el Programa de Apoyo al Periodismo de la UNESCO, descubrió que en la administración de Silvano Aureoles Conejo en Michoacán (2015-2021), se destinaron cerca de tres  mil millones de pesos en obras mal realizadas, inconclusas o ni siquiera efectuadas.

De esos recursos, más de dos mil 600 fueron aportaciones federales, ya que Silvano era un hombre que llegó a la jefatura del gobierno  porque aceptó como presidente de la Legislatura todo lo que le ordenó Enrique Peña Nieto, especialmente el Pacto por México.

Los otros cuatrocientos millones de pesos, fueron de recursos estatales, que no se ocuparon en las necesidades de la población sino para favorecer a empresas de amigos y socios, entre ellos se encuentra: Alexis Nickín Gaxiola, yerno de Roberto Madrazo Pintado,  uno de los patrocinadores del informativo Latinus, donde están: Carlos Loret de Mola y Brozo.

Otro gran beneficiario fue Carlos Herrera Tello, quien fue presidente Municipal de Zitácuaro, Michoacán; secretario general de Gobierno, posteriormente, y candidato derrotado del PRI a la gubernatura por el morenista: Alfredo Ramírez Bedolla.

La obra cumbre de la simulación y el atraco de Silvano fue la llamada, Ciudad de la Salud, en Morelia, donde se edificaron: un Hospital General y otro Infantil, los cuales tiene fallas por todos lados.

Por ejemplo, en el General hay un elevador para 22 personas y al llegar al piso Tres abre sus puertas y enfrenta de la salida hay un muro de concreto que impide cualquier avance, algo más allá de Kafka.

La Auditoria Superior de la Federación (ASF) ha presentado 11 pliegos de observaciones, 16 recomendaciones y 25 Promociones de Responsabilidad Administrativa Sancionatoria (PRAS).

La mayoría de las obras  se adjudicaron a los aliados o subordinados políticos de Silvano; muchas de forma directa y otras con la licitación amañada.

Al señor,  Alexis Nickín Gaxiola, se le otorgaron  contratos por 376 millones de pesos, uno, y 167 millones, otro. Sin que su  compañía, de reciente creación,  tuviera, obviamente, experiencia en  construcciones.

En tanto,  una buena cantidad de empresas muy reconocidas, tuvieron que  surtir de materiales y equipos  a las Nickín, aunque al final   ni siquiera les pagaron. Lo que los llevó  a la quiebra.

En otros terrenos, entregaron las obras sin concluir  y en otros casos con  año y medio de retraso sin que los sancionaran por el incumplimiento de sus acuerdos.

Se liquidó, en una ocasión, un millón de pesos por regaderas de cobre inexistentes.

La Auditoria  Federal descubrió que se pagaron 426 millones de pesos por bienes no entregados. 27 millones 500 mil pesos por obras y/o equipos inexistentes. Y más de 12 millones de pesos por supuestas instalaciones de equipos.

En fin, que el gobernador Aureoles, que se indignó porque un ciudadano en un acto le reclamó su mal proceder y anduvo haciendo circo y maroma afuera de Palacio Nacional para que lo recibiera Andrés Manuel López Obrador, e incluso se fue a Estados Unidos para denunciar al actual jefe del Ejecutivo Federal por no atenderlo, hizo de las suyas con este tipo de construcciones que no sirvieron para maldita la cosa.

Y esto, desgraciadamente,  es muy común en nuestro país, ya que los gobernadores por eso son catalogados como Virreyes, pues hacen lo que les da la gana, desvían los recursos federales en obras para el beneficio de sus amigos y endeudan a sus estados en grado extremo, incluso para generaciones futuras.

El caso de Silvano Aureoles Conejo, quien es todavía dirigente importante del PRD, ha llegado a extremos incalculables, manejando para su beneficio,  la necesidad y la salud de los michoacanos.

Por otro lado,  recientemente supimos que Mikel Arreola, el encargado de Cofepris con Enrique Peña Nieto, y hoy a cargo del futbol mexicano,  pactó con la empresa Cocacola para que el etiquetado de los productos alimenticios resultara favorable para la vendedora de aguas negras, la cual hace  engordar a todos y acapara el agua para su producto.

Ello, según, El Poder del Consumidor, del eficaz, Alejandro Calvillo.

Lo que llevó a que uno de los directores importantes de esa la  institución mexicana que debe cuidarnos en la salud, Patricio Caso Prado, sea ahora ejecutivo importante de la refresquera que acelera  la diabetes de los nacionales.

Engaños  al por mayor.

jamelendez44@gmail.com

@jamelendez44

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• Medida de las autoridades de Aguascalientes, sobre el inmueble Victoria, sede del equipo Necaxa

• Además, levantan acta con advertencia de clausura 

• Primer inmueble en ser sancionado por Liga MX en los albores del torneo Clausura 2022

• Duelo de Xolos y Puebla será reprogramado

• Registra México más de 60 mil casos positivos las últimas 24 horas

Periodistas Unidos/Balón Cuadrado. Ciudad de México. 23 de enero de 2022.- El estadio Victoria se convirtió en el primero de la Liga Mx en ser sancionado, luego de que las autoridades locales lo multaron con 120 mil pesos y levantaron una acta debido a que la directiva del Necaxa no siguió las indicaciones de realizar a puerta cerrada el duelo de la jornada dos del torneo Clausura 2022.

Mientras, México ya rebasó los 300 mil decesos a consecuencia de la Covid 19 –que sigue haciéndolo uno de los más letales del planeta– y en las últimas 24 horas ocurrieron más de 60 mil casos positivos.

Después de que circuló una falsa versión señalando una clausura de 15 días sobre el recinto, David Ángeles Castañeda, titular de la Dirección de Reglamentos de Aguascalientes, aclaró que sólo se ha dictaminado una multa económica y se presentó un acta que posteriormente será calificada para determinar si existe o no una infracción al decreto sanitario.

Sólo se impuso una sanción de 120 mil pesos con la posibilidad de que el estadio pueda ser clausurado más adelante en caso de violar las medidas sanitarias contra la pandemia.

En tanto, la directiva de los Rayos también desmintió la versión de la clausura del recinto y argumentó que “estamos a la espera de la resolución correspondiente por parte de las autoridades municipales en relación al acta de inspección levantada el 14 de enero de 2022, confiamos en que el dictamen será favorable”.

La Liga Mx anunció ayer que el estadio Victoria tenía la autorización de un aforo de 50 por ciento para el encuentro del viernes contra Monterrey, por lo que ingresaron al juego 8 mil 921 aficionados.

No obstante, las autoridades de Aguascalientes endurecieron sus medidas sanitarias luego de que la entidad cambió a color amarillo del semáforo epidemiológico tras el repunte por la variante ómicron.

De acuerdo con la Secretaría de Salud, en la localidad se registraron hasta el miércoles al menos 2 mil 507 casos activos y más de 44 mil acumulados desde el inicio de la crisis sanitaria.

David Ángeles Castañeda informó ayer que fueron sancionados 17 establecimientos comerciales por no acatar las medidas anunciadas por el gobierno.

“Ya había un decreto, ya tenían conocimiento de que no debería haber espectáculos públicos, todos estaban cancelados. Ahora hemos sancionado a 17 establecimientos: el estadio Victoria, un casino, cinco antros y bares, así como 10 tiendas de abarrotes”, dijo el funcionario.

Después de que los estadios estuvieron cerrados por casi un año, lograron abrir sus puertas para la fase final del torneo Clausura 2021, mientras el siguiente semestre recibieron aficionados con diferentes porcentajes de aforo ante una baja de contagios.

Sin embargo, al aumentar los casos por el ómicron, los recintos de nueva cuenta se han visto restringidos.

Mientras que en el país se registraron ayer por primera vez más de 60 mil casos nuevos de coronavirus en un día, la Liga Mx continua y anunció el aforo permitido para los partidos de la jornada tres.

El estadio Azteca y Olímpico Universitario son los únicos que tendrán permitido un ingreso del cien por ciento, aun cuando en la Ciudad de México hay más de 66 mil casos de infección activos.

El recinto de Monterrey tendrá el menor aforo permitido con sólo 50 por ciento, mientras a los inmuebles Kraken y del Guadalajara sólo podrá ingresar el 60 por ciento.

En tanto, la Liga Mx dio a conocer que se registraron en la escuadra de Tijuana otros tres casos de covid-19, que suman 10 en total, por lo que se realizarán nuevas pruebas el próximo fin de semana para determinar la fecha de reprogramación del partido entre Puebla y Xolos.

América y Mazatlán informaron un contagio en sus planteles, mientras Toluca aseguró no tener infectados, después de haber iniciado el torneo con siete positivos.

(Con información del diario La Jornada)

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Periodistas Unidos. Xalapa, México. 03 de julio de 2021.- La Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (CEAPP) informa que este sábado brindó atención e intervino ante los hechos ocurridos sobre la autopista Nuevo Teapa-Cosoleacaque, en el municipio de Moloacán, cuando cinco comunicadores de Nanchital y Coatzacoalcos fueron agredidos por elementos de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSP).

De acuerdo al testimonio de los periodistas que este sábado dieron cobertura a un desalojo, policías estatales impidieron su libre ejercicio periodístico, hecho que fue acreditado mediante videos.

Una vez que se tuvo conocimiento de estos hechos, este Organismo Autónomo contactó a los periodistas afectados, quienes expresaron que fue vulnerado su derecho de libre expresión, además de sufrir agresiones y el despojo de sus equipos de trabajo.

Al respecto, la CEAPP activó su protocolo para garantizar la integridad de los reporteros involucrados, además de poner a disposición el acompañamiento y asesoría jurídica para interponer las denuncias y procedimientos correspondientes.

También se iniciaron las gestiones ante instituciones médicas para valorar el estado de salud de los periodistas.

Desde este Organismo Autónomo exhortamos nuevamente a los servidores públicos adscritos a la SSP a respetar y garantizar la labor informativa de los periodistas veracruzanos.

Los periodistas agredidos son: Rafael León Segovia, Rodrigo Pérez, Alberto Pulido, Mariaide Ramos Cisneros y Areliz Sosa.

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Foto: Ismael Francisco / AP

AP. La Habana, Cuba. 23 de noviembre de 2020.- La empresa de envío de dinero Western Unión cerrará sus puertas en Cuba este lunes luego de que entrara en vigor una prohibición por parte de Washington.

La situación dejará a muchas familias sin esta alternativa para obtener ingresos familiares y a la isla sin una de sus fuentes de divisas, pero los expertos advierten que pese a los inconvenientes éste no será el final de las remesas en la nación caribeña.

“No se puede desconocer que esa medida tendrá un cierto impacto, ya que mensualmente se realizan más de 240.000 transacciones entre Cuba y Estados Unidos a través de la Western Unión”, dijo a The Associated Press el economista, Omar Everleny Pérez. “Por ende, no son valores despreciables”.

Pérez agregó que hay varios estimados del volumen real de las remesas que se transfieren anualmente por esa agencia estadounidense y que las cifran en montos que van de los 900 a los 1.500 millones anuales.

Aunque no hay cifras oficiales, se considera que ingresan unos 3.500 millones anuales contando todos los caminos posibles de llegada de divisas familiares.

La sanción impuesta por la administración del presidente Donald Trump busca castigar al gobierno cubano presionando por un cambio de modelo político para lograr pluripartidismo y una orientación más afín a Washington, y se produce en momentos en que la nación caribeña atraviesa una fuerte crisis debido a la paralización financiera por el nuevo coronavirus y las ineficiencias propias.

Esta fecha límite fue informada por Western Unión en los días pasados, luego de que la decisión del gobierno de Estados Unidos diera plazo de un mes en octubre pasado para el cierre de sus operaciones.

Un recorrido de la AP este lunes mostró que en su último día no hubo aglomeraciones en las puertas de diferentes sucursales la firma. La agencia estadounidense cuenta con 407 puntos de trabajo a lo largo y ancho del país.

Las autoridades cubanas acusaron a Estados Unidos de usar las remesas de sus ciudadanos de manera política y redirigir esos fondos a canales informales o dudosos.

“Quedan así cerradas las vías oficiales y más seguras para el envío de remesas, desde Estados Unidos, por parte de quienes no pueden viajar con frecuencia a Cuba para apoyar con dinero a sus seres queridos o no desean valerse de terceras personas para ayudar a sus familiares”, señaló un artículo del lunes del periódico oficial Granma.

A lo largo de sus cuatro años de gobierno, Trump dio un giro radical a la política de su predecesor Barack Obama en cuanto al acercamiento a Cuba, un endurecimiento que fue en consonancia con los grupos más conservadores o exiliados de La Florida representados por el senador Marco Rubio.

Otros sectores, sobre todo de emigrantes económicos más jóvenes, suelen preferir una posición que no afecte a las familias.

A lo largo de sus cuatro años de gobierno, Trump tomó unas 200 medidas contra Cuba, desde la suspensión de actividades consulares, limitaciones de viajes, prohibición de cruceros, autorización las demandas contra empresas de terceros países que trabajen con la isla, hasta perseguir buques con petróleos.

Las afectaciones económicas en la isla por las sanciones de Estados Unidos incluyen baja de turismo y dificultades para encontrar proveedores o incrementar los pagos a éstos. En paralelo, largas colas para conseguir alimentos o combustibles y desabastecimiento marcaron el año.

La semana pasada las autoridades permitieron la apertura del aeropuerto de La Habana, el camino por el cual podrían pasar las remesas.

“Cuba tuvo periodos iniciales donde las transacciones se hacían a través de las llamadas “mulas” o por medio de familiares. Hoy viajan a Cuba provenientes de Estados Unidos unos 15 vuelos diarios”, comentó el economista Pérez. “Ya se han llegado a utilizar hasta las criptomonedas, en la llegada de remesas, es decir las variantes son inimaginables”.

Además, para las remesas de Europa se usan varios bancos y otras pequeñas empresas informales suelen ofrecer el servicio que incluso se realiza al domicilio de las personas. Washington ya había ajustado su política limitando que se mandara solo 1.000 dólares trimestrales y eliminando el envío desde cualquier otro punto que no fuera Estados Unidos.

El argumento esgrimido por Trump para cancelar el permiso de Western Union fue que FINCIMEX, la contraparte de la agencia estadounidense en Cuba, forma parte de un conglomerado de empresas bajo administración militar en la isla. Y aunque hay expectativa de que el presidente electo Joe Biden pueda volver a la política de Obama –del cual fue vice–, se desconoce la medida de este descongelamiento.

“Se espera que la Administración Biden en 2021 elimine la restricción de la Administración Trump 1.000 dólares por trimestre para las remesas”, dijo en un comunicado John S. Kavulich, presidente del Consejo Económico y Comercial Estados Unidos-Cuba.

No obstante, agregó Kavulich, difícilmente Biden levantaría la prohibición para Western Union y FINCIMEX por su vínculo con las Fuerzas Armadas y a fin de no tocar intereses políticos en Estados Unidos.

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