EFE. Ciudad de México. 01 de enero de 2024.- En el primer día del 2025, la Comisión Nacional de la Megalópolis (CAMe) activó la Fase Preventiva por partículas PM2.5 en la Zona Metropolitana del Valle de México, debido a las altas concentraciones de contaminantes. 

Explicó que el uso generalizado de pirotecnia por las celebraciones de Año nuevo; así como por fogatas y chimeneas que fueron encendidas debido a las bajas temperaturas provocaron que en la madrugada se registrara un aumento en la concentración de partículas en el aire. 

Detalló que en la estación de monitoreo Nezahualcóyotl, en el Estado de México, las concentraciones de partículas superaron el umbral de la Fase Preventiva. 

También expuso que una circulación anticiclónica sobre el Valle de México reforzó las malas condiciones para la dispersión de contaminantes, dificultando aún más la ventilación en la región.

Las recomendaciones ante la Fase Preventiva

Ante ello, la Comisión Ambiental hizo varias recomendaciones a la población: 

• Permanecer en casa con las ventanas cerradas, para evitar que el aire contaminado ingrese a tu hogar. 
• Evitar hacer ejercicio o actividades al aire libre. 
• Evita fumar, encender velas, madera, carbón o incienso. 
• Utilizar el aire acondicionado en modo de recirculación, para evitar el ingreso de aire contaminado. 
• Si es necesario estar en exteriores, usar cubrebocas. 
• Estar atento a los índices de contaminación y a la información que emitan las autoridades. 

Para estar atento a la información, la CAMe recomendó utilizar la aplicación “AIRE CDMX” para dispositivos móviles, en la cuenta en X: @Aire_CDMX, así como los sitios http://www.aire.cdmx.gob.mx y https://rama.edomex.gob.mx/calidaddelaire   

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AMEXI. Ciudad de México. 28 de noviembre de 2024.- La Cámara de Senadores aprobó en lo general y particular la reforma al artículo 19 de la Constitución, que considera la extorsión, tráfico de fentanilo y falsificación de comprobantes fiscales como delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa.

Con 94 votos a favor y 34 en contra, el dictamen alcanzó la mayoría calificada que se requiere para su aval, por lo que se envió a los congresos de los estados para los efectos constitucionales que correspondan.

La asamblea rechazó las reservas de modificación del proyecto del PAN, PRI, MC y Morena; de esta manera, los artículos reservados fueron avalados en los términos del dictamen.

Durante el debate, que se desahogó en seis horas y media, Morena, PVEM y PT recalcaron que estos cambios permitirán proteger a la ciudadanía de delitos que han aumentado en los últimos años.

En cambio, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano argumentaron que la prisión preventiva oficiosa atenta contra los derechos humanos.

Oposición criticó; Morena defendió

El panista Marko Cortés afirmó que la prisión preventiva oficiosa solo servirá para consolidar la persecución política, además de que socavará la presunción de inocencia.

Claudia Anaya, del PRI, recordó que la Corte Interamericana de Derechos Humanos sentenció a México a modificar la prisión preventiva oficiosa, porque violenta la presunción de inocencia, se debe utilizar de manera excepcional, debe de ser la última opción de las medidas cautelares a usar.

La emecista Alejandra Barrales indicó que esta reforma anula el derecho de las personas de ser juzgadas ante cualquier señalamiento, y lamentó que con el voto de la mayoría se instaure en México la prisión preventiva automática.

Por Morena, Lucía Trasviña defendió la prisión preventiva, al señalar que es una medida para proteger a las víctimas, mientras que las nuevas disposiciones constitucionales cerrarán la puerta a la impunidad y evitarán que quienes cometen delitos graves sigan dañando a las comunidades.

Por el PT, Geovanna Bañuelos destacó que con esta reforma se fortalecen las disposiciones para enfrentar delitos de alto impacto como la extorsión, que en los últimos años muestra un incremento “alarmante”; según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública en 2022 se registraron más de 10 mil casos de este ilícito.

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EFE. Ciudad de México. 22 de noviembre de 2024.- El Alto Comisionado de las Naciones Unidas (ONU) para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó este viernes su preocupación por la propuesta de reforma constitucional del Gobierno de México que pretende ampliar el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa.

«La prisión preventiva automática contraviene principios esenciales de derechos humanos. La prisión preventiva debe ser una medida basada en una decisión individualizada por parte de una autoridad judicial de que las circunstancias de cada caso justifican dicha detención», dijo Türk en un comunicado.

La Cámara de Diputados de México aprobó este miércoles la reforma a la Constitución para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, que ahora incluirá la extorsión y delitos que tengan que ver con la elaboración y distribución de drogas sintéticas, como fentanilo.

La ONU afirma que mecanismos internacionales, como el Comité de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, han recomendado reiteradamente eliminar la prisión preventiva oficiosa de la legislación y la práctica en México, algo que contradice directamente esta reforma.

«México enfrenta diversos desafíos en materia de seguridad y acceso a la justicia, pero ampliar el uso de la prisión preventiva oficiosa no es la respuesta», afirmó el Alto Comisionado.

Türk insta a considerar alternativas a la privación de la libertad y enfocarse en «fortalecer la capacidad» de las fiscalías para reunir evidencia y demostrar la necesidad y proporcionalidad de la prisión preventiva de forma individualizada, caso por caso.

«Hago un llamado a las y los tomadores de decisiones en México para detener la propuesta de reforma que amplía el alcance de la prisión preventiva oficiosa y garantizar que la legislación del país esté plenamente acorde con sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos», concluye tajante el comunicado de la ONU.

La medida ha generado controversia también en México, donde representantes del opositor Partido Acción Nacional (PAN) aseguraron que «no existe evidencia alguna que demuestre que la prisión preventiva oficiosa logre reducir la comisión de delitos».

En contraste, el diputado Leonel Godoy, del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), consideró que la prisión preventiva oficiosa es una necesidad de la coyuntura, al afirmar que ha contribuido a disminuir el homicidio doloso, el feminicidio y las lesiones dolosas por disparo de armas de fuego.

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EFE. Ciudad de México. 14 de noviembre de 2024.- La Cámara de Diputados de México aprobó este jueves la reforma a la Constitución para ampliar el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa, que ahora incluirá la extorsión y los delitos que tengan que ver con la elaboración y distribución de drogas sintéticas, como fentanilo.

La aprobación, con 335 votos a favor y 108 en contra, ocurrió tras un debate de más de 12 horas que se prolongó hasta la madrugada y en el que el oficialismo aceptó remover del catálogo los crímenes de narcomenudeo (venta minorista de drogas) y defraudación fiscal, lo que implicaba encarcelar a acusados de no pagar al fisco.

La iniciativa, propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024) el pasado 5 de febrero, forma parte del paquete de 20 reformas, que contemplan, entre otras, cambios al sistema de pensiones, la subida del salario mínimo, la elección popular de la Suprema Corte y la eliminación de reguladores autónomos.

En la discusión, el diputado Leonel Godoy, del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), consideró que la prisión preventiva oficiosa es una necesidad de la coyuntura, al afirmar que ha contribuido a disminuir el homicidio doloso, el feminicidio y las lesiones dolosas por disparo de armas de fuego.

El único delito que se mantuvo al alza en el Gobierno de López Obrador, razón del dictamen, es la extorsión en su modalidad de ‘cobro de piso’, que hace el crimen organizado a los comerciantes.

«Es un cáncer en este momento para la sociedad mexicana, para empresarios, trabajadores, productores, comerciantes, gobiernos municipales y debe sancionarse», argumentó.

En contraste, el diputado del opositor Partido Acción Nacional (PAN), Fernando Torres, aseguró que «no existe evidencia alguna que demuestre que la prisión preventiva oficiosa logre reducir la comisión de delitos».

Denunció que, con el dictamen, se hace creer que delitos graves como el tráfico de drogas se van a resolver «cuando lo que se requiere es un gobierno eficiente y eficaz».

En su turno, la diputada Irma Garay, del oficialista Partido del Trabajo (PT), indicó que la prisión preventiva oficiosa evita que supuestos responsables de delitos graves evadan la justicia y con la reforma se fortalecerá al incorporar la extorsión y los relacionados con el tráfico de drogas sintéticas, al catálogo de delitos.

Mientras que el diputado del opositor Partido Revolucionario Institucional (PRI), Arturo Yáñez, señaló que la prisión preventiva oficiosa es violatoria a todos los derechos humanos y es una práctica obsoleta en las democracias modernas.

En el mismo sentido se expresó Claudia Ruiz Massieu, del opositor Movimiento Ciudadano (MC), al afirmar que la reforma «no baja la inseguridad, no mejora la justicia ni disminuye la impunidad», y lo que sí hace es violar derechos humanos, principios constitucionales, tratados y convenios internacionales y afecta a los más vulnerables y personas inocentes.

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EFE. Ciudad de México. 16 de abril de 2024.- “Esta decisión impactaría en la presunta liberación de 68.000 delincuentes”, afirmó la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, durante la rueda de prensa matutina del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

La funcionaria se refirió a la discusión de la SCJN sobre el tema, enlistada desde el 23 de enero pasado, que busca anular la prisión preventiva oficiosa, que se nieguen las órdenes de arraigo y que, en casos donde se denuncie tortura, se realice una investigación independiente.

La prisión preventiva oficiosa es una medida cautelar y automática que se aplica ante delitos considerados graves como violencia sexual, homicidio doloso, feminicidio o delincuencia organizada, y que puede encarcelar a un imputado sin condena previa por un plazo máximo de dos años.

Alcalde advirtió que, de eliminarse la prisión preventiva oficiosa, impactaría en la posible liberación de 11.640 acusados de homicidio, 7.150 de secuestro, 7.617 de violación, 4.013 de narcotráfico, 3.800 de portación de armamento y explosivos, 1.450 de feminicidio, 1.273 de abuso infantil y corrupción de menores, y 405 por delincuencia organizada.

“La liberación de estas personas, como hemos dicho, pondría en riesgo primero a los testigos y a las víctimas, que son las personas que los han acusado, por supuesto al personal, desde policías, personal de la Fiscalía, los propios juzgadores. Vemos un riesgo también a la población en su conjunto”, señaló Alcalde.

Sostuvo que estas posibles liberaciones resultarían en la comisión de nuevos delitos y amenazarían la seguridad nacional porque son individuos, según dijo, asociados a grupos del crimen organizado que tienen capacidad económica y operativa, y un alto riesgo de fugarse.

Señaló que esta decisión vulnera la soberanía nacional porque la discusión empezó después de que la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CorteIDH) instara al Estado mexicano a reformar su marco normativo respecto al arraigo preprocesal y la prisión preventiva oficiosa.

“Ningún Estado, Gobierno, organismo o tribunal extranjero puede ordenarle a México modificar su Constitución, modificar su régimen político ni su forma de gobierno. Hacerlo sería un acto inadmisible de injerencia y a quién le toca defender nuestra Constitución precisamente a la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, zanjó Alcalde.

Finalmente, llamó a la SCJN a respetar la división de poderes y no excederse en sus facultades, además de considerar las “graves” consecuencias que tendría eliminar la prisión preventiva oficiosa para la seguridad nacional.

“Que valoren atacar, mejor, uno de los problemas de fondo, que es la enorme tardanza de la resoluciones de sus asuntos que hemos denunciado en este espacio en múltiples ocasiones”, concluyó.

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EFE. Ciudad de México. 08 de septiembre de 2022.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México suspendió este jueves el polémico proyecto con el que planteaba eliminar la prisión preventiva oficiosa de la Constitución mexicana, en medio de protestas y presiones del presidente, Andrés Manuel López Obrador.

El ministro Luis María Aguilar, autor del proyecto, retiró la propuesta tras dos días de discusión en el pleno de la Suprema Corte en los que los integrantes se mostraron divididos sobre su facultad para declarar inaplicable el artículo 19 de la Constitución que contempla la figura.

De acuerdo con Aguilar, la propuesta se retiró para presentar un nuevo proyecto y lograr el mayor consenso entre los 11 ministros del máximo tribunal.

“Retiro el proyecto para reconstruir la propuesta y con ello tratar de unir los puntos de conexión, a fin de proponerles una nueva metodología”, expresó en la sesión.

Este acto se da después de que López Obrador reconociera en su habitual conferencia del martes que ejercía presión sobre los ministros para mantener la prisión preventiva forzosa al tratarse de “un asunto delicadísimo”.

Además, el proyecto dividió a la sociedad civil, con algunos colectivos de familiares de víctimas de feminicidio que se manifestaron este jueves en contra de eliminar la prisión preventiva, mientras que otros denunciaron que viola los derechos humanos.

Después de dos días de discusión, siete de los once ministros habían manifestado posturas a favor de mantener la vigencia del artículo 19 constitucional, que determina la prisión preventiva oficiosa en automático cuando se preconfiguran delitos graves como la corrupción, lavado de dinero, homicidios, trata de personas, entre otros.

No obstante, la mayoría de los ministros coincidieron en que esta polémica figura legal es aplicada en México de manera excesiva, aunque señalaron que la SCJN no tiene facultad para modificar este artículo de la Constitución.

La discusión de esta medida se inició el lunes, cuando cuatro ministros del Supremo rechazaron aprobar el proyecto que buscaba eliminar esta figura jurídica obligatoria que encierra de manera automática en la cárcel a acusados de al menos 16 crímenes.

En el proyecto, el ministro Aguilar sostenía que actualmente hay 92.000 personas en prisión preventiva en cárceles mexicanas, de las que cuatro de cada diez no han recibido una sentencia.

“No se propone que la prisión preventiva desaparezca, sino que dicha medida cautelar solo pueda ser dictada por un juez cuando el Ministerio Público lo justifique”, dijo Aguilar en el primer día de debate.

En los dos días de debate los ministros argumentaron que existía un abuso de la prisión preventiva oficiosa y proponían limitar los delitos por los que se aplica de forma automática; aunque otros defendieron la necesidad de seguir aplicando esta medida cautelar.

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EFE. Ciudad de México. 05 de enero de 2022.- Un juez penal, con sede en el Reclusorio (cárcel) Oriente, dictó este martes auto de formal prisión contra el exdirigente del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en la Ciudad de México Cuauhtémoc Gutiérrez de la Torre.

Además, pidió que inicie la etapa de instrucción del proceso penal en contra de Gutiérrez, a quien también se le suspendieron temporalmente sus derechos políticos.

En un comunicado, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México indicó que el representante social de la Fiscalía de Investigación de los Delitos en Materia de Trata de Personas «pudo establecer la probable responsabilidad» del también conocido como el Zar de la Basura en la comisión de varios delitos.

Entre ellos el de tentativa de trata de personas, en su modalidad de explotación sexual agravada, registrado en agravio de cuatro mujeres; trata de personas, en su modalidad de publicidad engañosa agravada, en agravio de dos de las víctimas y asociación delictuosa, en perjuicio de la sociedad.

La Fiscalía recordó que de acuerdo con la causa penal, el ahora procesado posiblemente participó en la explotación sexual de mujeres, las cuales fueron contratadas mediante anuncios engañosos en medios impresos y electrónicos.

Agregó que como parte de las diligencias para evitar impunidad en los casos en los que podría estar involucrado el procesado, en marzo de 2021 se informó sobre la solicitud que se hizo a la Unidad de Inteligencia Financiera, dependiente de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, para el congelamiento de sus cuentas bancarias.

Gutiérrez de la Torre, nacido en 1968, estudió Derecho y estuvo ligado desde joven al PRI, partido por el que llegó a ser diputado local en la Ciudad de México e incluso asumió la dirigencia de esta agrupación en la capital entre 2011 y 2014.

En 2014 fue destituido de su cargo tras verse involucrado en una supuesta red de prostitución en el Comité Ejecutivo.

En abril de 2014, la emisora local MVS presentó una investigación, con testimonios directos, en la que se denunciaba que personal del PRI estaba reclutando a jóvenes al servicio de Gutiérrez, pagadas con fondos del partido, que entre las funciones que tenían incluían prestarle favores sexuales.

Gutiérrez, heredero de un imperio forjado en la industria de la basura, tenía a su servicio, en aquel tiempo, a entre 12 y 15 mujeres, según calculó entonces el informe difundido por MVS

El trabajo de investigación incluyó a una periodista que se hizo pasar por una de las aspirantes a ocupar el puesto y que grabó una comprometida conversación.

En octubre de 2018, un juez federal ordenó a la procuraduría capitalina reabrir la denuncia penal presentada por tres mujeres contra Gutiérrez por operar una red de prostitución al interior del PRI capitalino, y la investigación arrancó unos meses después.

Además, la Fiscalía capitalina informó en marzo de 2021 que solicitó a la Interpol la emisión de una ficha roja para la búsqueda, localización y aprehensión de Gutiérrez de la Torre y otras cuatro personas.

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EFE. Ciudad de México. 29 de noviembre de 2021.- Un juez mexicano dictó este lunes prisión preventiva para Julio Serna, quien fuera jefe de gabinete del exalcalde de Ciudad de México Miguel Ángel Mancera (2012-2018), tras ser detenido por presunto enriquecimiento ilícito.

La Fiscalía capitalina encontró cinco inmuebles y un estacionamiento que no figuraban en la declaración patrimonial del funcionario ni corresponden con los ingresos que tuvo como servidor público.

Serna fue arrestado el fin de semana por policías ministeriales en el acomodado barrio de Jardines del Pedregal, en el sur de la Ciudad de México, y fue trasladado al Reclusorio Norte de la capital.

La información que derivó en su detención fue proporcionada por Miguel Ángel Vásquez, exsubsecretario de Administración y Capital Humano del Gobierno de la Ciudad de México.

Serna, quien fue coordinador general de gabinete de la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, ya fue inhabilitado en 2019 por un período de diez años para ejercer el servicio público por irregularidades en la venta de bodegas en el mercado de la Central de Abasto.

También está investigado por la Fiscalía capitalina por el delito de uso indebido de atribuciones y por daño de propiedad ajena.

Serna fue jefe de gabinete de Miguel Ángel Mancera, actual senador del izquierdista y opositor Partido de la Revolución Democrática (PRD).

Al menos 23 exfuncionarios del equipo de Mancera son investigados por irregularidades en la Administración anterior.

Tras conocerse la detención, Mancera deseó que se respeten los derechos de Serna y que «se permita un litigio ágil y no litigios eternos o eternizados».

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EFE. Ciudad de México. 17 de noviembre de 2021.- Un juez federal mexicano dictó este miércoles prisión preventiva para Rosalinda González, esposa de Nemesio Oseguera Cervantes, alias el Mencho, líder del poderoso Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), informaron medios locales.

La esposa del Mencho, encerrada en una cárcel de mujeres del estado de Morelos, colindante con la Ciudad de México, afrontará en prisión la acusación del delito de operación de recursos de procedencia ilícita que pesa en su contra.

La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) informó el martes de que Rosalinda González, presunta operadora financiera del CJNG, fue arrestada por miembros del Ejército y de la Fiscalía en Zapopan, occidental estado de Jalisco, de donde es originario el cártel.

El arresto de la esposa del Mencho es «un golpe significativo para la estructura financiera de la delincuencia organizada en el estado de Jalisco», según el Gobierno mexicano.

González ya había sido detenida en 2018 por presunto lavado de dinero pero fue puesta en libertad condicional tras pagar una fianza de cerca de 1,5 millones de pesos (unos 72.000 dólares).

La esposa del Mencho fue arrestada de nuevo por no acudir a los juzgados a firmar el libro de procesados por haber recibido amenazas, informó su abogado, Víctor Francisco Beltrán, a medios locales.

Coincidiendo con la detención de González, dos marinos fueron secuestrados en Zapopan, pero las autoridades han descartado que estos hechos estén relacionado con el golpe al cártel.

El Mencho, uno de los criminales más buscados en México y Estados Unidos, lidera el cártel de mayor crecimiento, expansión y uno de los más violentos dentro del país.

La Agencia Antidrogas de Estados Unidos (DEA) ofrece una recompensa de 10 millones de dólares por información que lleve a la captura de Nemesio Oseguera, mientras que las autoridades mexicanas ofrecen 30 millones de pesos (1,44 millones de dólares).

Con sede en la ciudad de Guadalajara, el grupo opera en al menos 24 de los 32 estados mexicanos y distribuye grandes cantidades de metanfetamina, cocaína, heroína y fentanilo a Los Ángeles, Nueva York, Chicago y Atlanta.

El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador bloqueó cerca de 2.000 cuentas bancarias relacionadas con el CJNG.

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Foto: Alejandro Meléndez / FotorreporterosMx

EFE. Ciudad de México. 24 de enero de 2021.- Un juez mexicano impuso prisión preventiva a un exagente de la Policía Federal vinculado con la desaparición en 2014 de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y será juzgado por desaparición forzada, informó este domingo la Fiscalía General de la República.

La Fiscalía General de la República (FGR), a través de la Unidad Especial de Investigación y Litigación del Caso Ayotzinapa, obtuvo auto de formal prisión en contra de Luis «D», ex policía federal por su probable responsabilidad en el delito de «desaparición forzada agravada», detalló el Ministerio Público en un comunicado.

De acuerdo con la Fiscalía, el exagente se encargaba de la oficina de la Policía Federal en la ciudad de Iguala (Guerrero) durante la noche de los hechos y estaría relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes.

«Esta persona probablemente tuvo conocimiento de la detención de estudiantes normalistas (de magisterio), negando posteriormente su detención, posible destino y paradero», aseguró la Fiscalía.

Luis «D» fue arrestado el pasado 18 de enero a raíz de una orden de captura emitida por el Juzgado Segundo de Distrito de Procesos Penales Federales en el Estado de México, el mismo que le impuso ahora prisión preventiva.

Según la desacreditada versión oficial del Gobierno de Enrique Peña Nieto, los 43 estudiantes de Ayotzinapa fueron arrestados en Iguala en la noche del 26 de septiembre de 2014 por policías locales corruptos que los entregaron al cártel Guerreros Unidos, el cual los incineró en un basurero.

Este relato, conocido como la «verdad histórica», ha sido cuestionado por los familiares y expertos independientes, que han señalado que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar y han apuntado a la participación de militares y policías federales en el caso.

El actual presidente, Andrés Manuel López Obrador, que en 2018 ordenó reiniciar las investigaciones, anunció el pasado 26 de septiembre, al cumplirse seis años de la desaparición, que había órdenes de captura contra militares y policías federales.

En noviembre fue arrestado el primer miembro del Ejército vinculado a los sucedido esa noche, el capitán José Martínez Crespo, quien está acusado de delincuencia organizada.

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