Por Eduardo Ibarra Aguirre

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 22 de julio de 2024.- En nuestro país son 3 304 grandes usuarios privados los que explotan y acaparan el agua por medio de concesiones, lo que constituye “una privatización encubierta”  que, simultáneamente, vulnera el derecho humano al vital líquido a millones de mexicanos. Lo anterior sucede a partir de que la Ley de Aguas Nacionales, aprobada y expedida en 1992, rige en la materia.

La contundente aseveración corresponde a la organización social   denominada Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio, integrada entre otros organismos por el Congreso Nacional Indígena, la comunidad otomí residente en la capital mexicana, representantes de varios estados del país, grupos locales y sindicatos que, dicen, buscan fortalecer la organización comunitaria y proponer acciones efectivas frente a la crisis hídrica desde la acción y la denuncia.

Todavía más datos y hechos ilustrativos de los asambleístas. La Comisión Nacional del Agua entregó 514 000 concesiones, lo que la convierte en “responsable directa de la catástrofe” que el saqueo provoca en las comunidades de todo el territorio nacional. Son 28 entidades de un total de 32 las que reportan sequía en 50% de su territorio y en Chihuahua, Durango, Querétaro y Sonora, los casos extremos, se acentúan más.

          Los integrantes de esta suerte de oligopolio del agua en México –un bien estratégico como muy pocos y que fue público hasta antes del auge del capitalismo salvaje, popularmente conocido como neoliberalismo– tienen nombres de marcas comerciales afamadas en las regiones, el país y el orbe. La organización subraya que aun así la Conagua otorga permisos a “grandes empresas que no sólo sobrexplotan el agua, también la contaminan”; es el caso de Granjas Carroll, que cuenta con 14 títulos de concesión para explotar por 30 años más de 2 millones 182 489 metros cúbicos de agua en Puebla, mientras los campesinos de la cuenca Libres-Oriental carecen del recurso para el riego de sus parcelas.

Algunas de las trasnacionales responsables del saqueo del vital líquido son Coca-Cola, Pepsi, Danone, Nestlé, Bimbo, Lala, FEMSA, Ternium, Grupo México y Driscoll, entre otras, que extraen directamente miles de millones de litros de agua al año con la finalidad de comercializarla y elaborar productos generadores de enfermedades crónicas como diabetes y cáncer. Tal y como está documentado por la Secretaría de Salud y el Poder del Consumidor, entre múltiples organismos especializados.

Juicios y hechos denunciados por Asamblea Nacional por el Agua, la Vida y el Territorio y que están contenidos en la convocatoria al quinto encuentro que se realizará el 17 y 18 de agosto en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas Samir Flores, en la Ciudad de México.

El proceso de privatización del agua y su agresiva y generalizada comercialización está lejos de ser un fenómeno nacional, es característico del modelo económico que privilegia las ganancias para la plutocracia y la escasez y altos costos para las mayorías.

Los internacionalistas auguraron desde hace más de dos décadas que las próximas guerras tendrán en el centro el agua dulce, como ocurrió en 2011 con Libia y su hombre fuerte durante 42 años, Muamar Muhamad Abu-Minyar Gadafi, gracias al insaciable imperio del norte y sus representantes en turno, Barack Obama y Hilary Clinton. Testigos del Departamento de Estado cuentan que cuando su jefa fue informada del asesinato del presidente libio, estalló en carcajadas, pero según el ilegal presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, Estados Unidos es “el líder del mundo libre”. Se quedó en el calendario.

Acuse de recibo

De la historiadora Elba Pérez Villalba: “A propósito del aniversario del Exilio Español en México, recuerdo a la maestra historiadora Natura Olivé Olivé (+), querida camarada, parte de los refugiados, quien escribió lo siguiente en su texto Mujeres comunistas en México en los años treinta  (segunda edición, 2019, Ediciones Quinto Sol), acerca de mi mamá, Amelia Villalba Alvarado: ‘Nació en 1910 en Villa Juárez, Durango, fue maestra rural; al comenzar los años treinta ingresó al Partido Comunista, fue miembro del Comité Central y en 1939, responsable de la comisión del partido que recibió a los republicanos españoles que se exiliaron en México”… Ediciones Quinto Sol fue cofundada y dirigida por el querido ingeniero Salvador González Marín… “Por tu conducto felicidades a Alexis (Ibarra Martínez). Arturo (Martínez Núñez) también cumplió 50. Son de la misma generación. El CIE de la CEAV recibió de mi parte la última información requerida. Ya no les queda de otra que dictaminar mi caso. Espero justicia, memoria, verdad y justa reparación integral. Abrazos Lalo. (Ingeniero) Arturo Martínez Nateras”… Y del doctor Américo Saldívar: “Por tu conducto mando un fuerte abrazo al hijo pródigo y prodigio Alexis (Ibarra Martínez). Abrazos mil mi querido Eduardo”… Un artículo de Álvaro Cueva, https://www.milenio.com/opinion/alvaro-cueva/ojo-por-ojo/disculpas-para-amlo

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EFE. Ciudad de México. 17 de abril de 2024.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, negó que vaya a «expropiar» las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores), el sistema privado de pensiones, con una reforma que este miércoles vota el Congreso para que el Gobierno administre recursos no reclamados.

«¿Cuál expropiación?», expresó el mandatario en su conferencia matutina. «Nosotros no somos rateros, tenemos defectos como todos los seres humanos, pero no somos corruptos. ¿Y cómo vamos a despojar a los trabajadores, si estamos aquí por el apoyo de los trabajadores?», agregó.

El gobernante mexicano se refirió a la polémica iniciativa que discute la Cámara de Diputados, con mayoría oficialista, para crear el Fondo de Pensiones del Bienestar, una bolsa de 40.000 millones de pesos (casi 2.350 millones de dólares) que busca que el Estado garantice el pago de jubilaciones con 100 % del último sueldo.

La oposición ha denunciado que la propuesta es un «saqueo» porque los recursos del fondo provendrán de personas inactivas de más 70 años que han laborado en la economía formal en el sector privado del país, y de 75 años si han trabajado en el Gobierno, que no han reclamado su dinero de las Afores.

La reforma legal, que solo necesita una mayoría simple en el Congreso, busca que el Gobierno de López Obrador cree este fondo antes de conseguir la reforma constitucional, que propuso el 5 de febrero y requiere dos tercios de los legisladores, para establecer como derecho una pensión del 100 % al jubilarse.

Ante las críticas de la oposición, el mandatario respondió que el problema son las empresas privadas que administran las Afores, creadas en 1997 e inspiradas en el modelo de Chile.

«Vamos a que se ventile todo este asunto: quiénes manejan las Afores, cuánto ganaban antes, qué fue lo que se hizo, cuánto aportaron de cuotas de manera voluntaria los empresarios, cuál es la proyección a futuro», señaló.

El mandatario acusó a estas compañías de estar detrás de la «campaña» en contra de su reforma porque, según él, ya no podrán destinar el dinero no reclamado a otras inversiones o negocios.

«Entonces, se apoyan en los medios para echar andar esta campaña de mentiras porque van a tener que entregar lo que ellos administran sin que tenga un propósito que beneficie a los trabajadores», sostuvo.

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EFE. Ciudad de México. 01 de febrero de 2024.- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, anunció este jueves que presentará una iniciativa constitucional para contrarrestar la reforma energética que abrió el sector a la industria privada durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

El mandatario avisó que presentará la medida como parte del paquete de al menos 10 reformas constitucionales que presentará el lunes 5 de febrero, Día de la Constitución Mexicana, tras un fallo de la Segunda Sala de la Suprema Corte que el miércoles declaró inconstitucional su polémica Ley de la Industria Eléctrica.

“Voy a enviar en el paquete del día 5 una modificación a la Constitución para dejar la Constitución como estaba antes de la llamada reforma energética, dejarla como la dejó el presidente Adolfo López Mateos (quien nacionalizó la industria eléctrica en su sexenio de 1958 a 1964)”, indicó en su conferencia matutina.

El gobernante mexicano acusó al Poder Judicial de estar «entregado completamente a estos intereses particulares» por invalidar la Ley de la Industria Eléctrica que promulgó en 2021 para favorecer a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), la empresa del Estado mexicano, por encima de los generadores privados.

La Suprema Corte otorgó un amparo con efectos generales porque, entre otras disposiciones, la legislación privilegiaba el despacho de la electricidad generada en las plantas de la CFE aunque fuese más costosa y contaminante que la producida por privados.

«Ayer lo que hicieron fue que echaron abajo la Ley Eléctrica que se propuso para darle más importancia, por lo que representa, a la Comisión Federal de Electricidad y resuelven amparos a favor de empresas particulares extranjeras”, comentó López Obrador.

“Claro, se va a impugnar (el fallo), pero esto demuestra el entreguismo que existe en el Poder Judicial», agregó.

La Segunda Sala de la Corte determinó que los siete artículos principales de la reforma violan las disposiciones sobre generación y el mercado eléctrico mayorista, establecidas en la reforma constitucional de 2013.

Asimismo, invalidó el artículo que canceló las subastas de contratos de electricidad para privados.

López Obrador argumentó que entonces buscará la contrarreforma constitucional porque las iniciativas «noeliberales» pretendían destruir a la CFE y dar “más privilegios para empresas particulares, como Iberdrola”.

“Si nosotros no hubiésemos llegado por voluntad del pueblo de México, la participación de la Comisión Federal de Electricidad fuese del 10 % o del 15 % de toda la producción de energía eléctrica en el país, ahora con muchos esfuerzos vamos a dejar a la CFE con un 54 % del mercado”, sostuvo.

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AP. San Francisco, Estados Unidos. 29 de abril de 2022.- Google ha ampliado las opciones para mantener la información personal en privado en las búsquedas en internet.

La empresa anunció el viernes que permitirá que los usuarios soliciten la eliminación de datos personales de contacto — como número de teléfono, correo electrónico y dirección física — de los resultados de las búsquedas.

La nueva política permite también retirar información clave para un robo de identidad, como las credenciales de acceso confidenciales.

El grupo señaló en un comunicado que el acceso abierto a la información es vital. “pero también lo es dotar a la gente de las herramientas que necesitan para protegerse y mantener la privacidad de su información sensible y personalmente identificable”.

“La privacidad y la seguridad en internet van de la mano. Y cuando se utiliza internet es importante tener el control sobre la forma en la que se puede encontrar su información delicada e identificable”, agregó.

Antes, Google Search permitía solicitar la eliminación de contenidos muy personales que pudiesen causar un daño directo. Esto incluye la información retirada por doxxing y datos como números de cuentas bancarias o tarjetas de crédito que podrían usarse para fraudes.

Pero la información aparece en sitios cada vez más inesperados y se emplea de nuevas formas, por lo que las políticas deben evolucionar, señaló Google.

El hecho de que la información de contacto personal esté disponible abiertamente en internet puede suponer una amenaza, y Google dijo que había recibido pedidos para poder eliminarla.

Cuando recibe una de estas solicitudes, estudiará todo el contenido del cibersitio para evitar limitar la disponibilidad de información útil o de contenido presente en el registro público de webs gubernamentales y otros cibersitios oficiales.

“Es importante recordar que retirar el contenido de Google Search no lo eliminará de internet, por lo que es posible que quieran contactar directamente con la web que aloja esta información, si se siente cómodo haciéndolo”, agregó.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 30 de octubre de 2021.- ¿Cuáles han sido los resultados de la privatización de las pensiones en América Latina? ¿Por qué ocurrió y qué ventajas y desventajas aporta la reforma de ese sistema en México aprobado el año pasado? Estas son algunas de las preguntas a las que responde un estudio muy detallado del doctor Carmelo Mesa-Lago, “Evaluación de cuatro décadas de privatización de pensiones en América Latina (1980-2020): promesas y realidades” publicado recientemente por la Fundación Ebert, disponible en www.fes.mexico.org.

El tema de las pensiones, a pesar de su enorme importancia, no recibe la atención que merece en los medios de difusión debido entre otras cosas a sus complejidades técnicas y conceptuales. Sin embargo, es un asunto vital para las sociedades contemporáneas. El futuro de millones de personas que han trabajado toda su vida está en juego. Una vejez que no recibe los ingresos necesarios para su sostenimiento empobrece a toda la familia y se convierte en un problema social que refleja la desigualdad, la exclusión y el abandono que distingue al capitalismo actual. Representa, también un desafío ante las tendencias demográficas de muchos países en los que se observa un aumento relativo de la población mayor de 65 años que no se compensa, al ritmo de las tendencias de décadas anteriores, con la incorporación de una mayor cantidad de jóvenes al mercado laboral.

El autor de este libro, un especialista que ha reflexionado en torno a estos asuntos desde hace muchos años, ha sido reconocido ampliamente por diversos organismos internacionales como la OIT y la CEPAL. Se ha convertido en una referencia obligada de los estudios acerca de la seguridad social y las pensiones.

El autor señala que  “en esta obra integro, profundizo y actualizo toda mi obra anterior sobre el tema por casi 30 años, a la par de revisar la principal bibliografía existente, y evalúo las promesas de la privatización en los aspectos fundamentales de la seguridad social”. En sus páginas encontraremos una evaluación de los nueve sistemas privados de pensiones latinoamericanos todavía en funcionamiento que se enfoca en cinco aspectos: 1) la cobertura, es decir, el número de personas que trabajan o trabajaron y que cotizan en el sistema privado; 2) la solidaridad social, en especial en lo que toca a la igualdad de género; 3) si el sistema ha otorgado a los jubilados un ingreso suficiente y las perspectivas inmediatas; 4) la eficiencia y el costo que significa para los trabajadores la operación de las administradoras privadas; y 5) su “sostenibilidad financiera y actuarial”, tratando de averiguar si estos esquemas y las reformas que se han llevado a cabo son viables dado el gasto público que representan.

Los organismos internacionales como el FMI y el BM, y diversos voceros de los consorcios financieros privados, cuando recomendaron sustituir el sistema público por el privado, hicieron un conjunto de promesas y cálculos que lamentablemente no se han cumplido en ninguno de los rubros observados. Hay que recordar que el primer país que fue obligado a adoptar este cambio fue Chile bajo la dictadura de Pinochet. Desde entonces, la presión política y económica llevó a que la receta se extendiera por casi toda América Latina, incluyendo a México. No hay duda de que se trató de una de las medidas más relevantes del ideario neoliberal. Su fracaso refleja la arbitrariedad, las mentiras, la demagogia, y el oportunismo político del que se hizo gala para “convencer” a partidos políticos y gobiernos de las bondades de la privatización.

Por ejemplo, tanto la cobertura del sistema como el monto de la pensión,  la llamada Tasa de Reemplazo (TR), han sido inferiores a los calculados. Por ello,  los gobiernos han tenido que recurrir a una pensión no contributiva, pagada enteramente con recursos del erario,  para “completar” un poco el ingreso de los jubilados o adultos mayores que ya no trabajan y ofrecer un apoyo a los excluidos, sobre todos los trabajadores informales.

Por otro lado, se formó un mercado oligopólico, controlado por unas cuantas AFORES que ha resultado en costos muy altos, pagados por los trabajadores por el manejo de sus cuentas, y que ha rendido substánciales utilidades para esas empresas.

El poder que han adquirido las administradoras tanto por el volumen de recursos que manejan como por sus rendimientos, las han convertido en un factor de gran influencia política. Un penoso reflejo de esta situación se ha observado en el funcionamiento de la “puerta giratoria”: los funcionarios de alto nivel de las administradoras privadas ocupan puesto clave en los gobiernos y los parlamentos y luego regresan a  sus funciones anteriores, en un ir y venir constante del sector privado al público y viceversa.

Otro grave problema consiste en los costos fiscales de la privatización, a cargo de los presupuestos públicos y pagados por los contribuyentes. Fundamentalmente, consisten en el pago de las pensiones de aquellas personas que todavía se están jubilando o se van a jubilar con el sistema público (costo de “transición”); la aportación que se hace para que los jubilados alcancen una pensión mínima garantizada que no les puede otorgar el sistema privado; las pensiones no contributivas que se han implementado; y para cubrir el déficit de algunos sistemas que no fueron privatizados, como el de las Fuerzas Armadas. Todo ello ha provocado que estos costos hayan sido mayores a los proyectados originalmente por el BM y que sigan aumentando.

Finalmente, Mesa-Lago hace un repaso de la reforma que se aprobó al sistema privado el año pasado. Dicha reforma parte del reconocimiento, manifestado en la iniciativa presidencial,   de las fallas que ha presentado la privatización. Una TR promedio inferior a 30%; una cantidad equivalente al 64% de asegurados que no recibiría una pensión por no haber cumplido las semanas de cotización requeridas; la expectativa de que apenas un 6% del total de asegurados alcanzará una pensión mayor a  la mínima; y una caída de los afiliados que cotizan de 60,2% a 31,5% entre 1999 y 2019, el segundo descenso mayor entre los nueve países.

La reforma de AMLO, aprobada por el Congreso, incluye una reducción de los años de cotización; un incremento de la pensión mínima garantizada;  una TR promedio de 40% (mayor a la actual pero inferior al mínimo de la OIT de 45%); ajustes a las comisiones de las AFORES; aumento de la contribución de los empleadores  del 5,15% al 13,875% en ocho años; y un reacomodo de las contribución públicas para concentrase en los salarios más bajos para mejorar el ingreso de las pensiones.

Todos estos cambios mejoran la mayoría de los principios de la seguridad social, dice Mesa-Lago. El problema, agrega, es que no se conoce un estudio actuarial que valide el cálculo de la nueva TR; la sustentabilidad  del  incremento de las contribuciones de los empleadores y de la cuota social del Estado; y el  costo y la garantía del pago de la pensión no contributiva. No se encuentra ni en la propuesta presidencial ni en el dictamen de las cámaras del Congreso.

El documento de Meza-Lago es una aportación de gran valor para el estudio del sistema de pensiones en América Latina. Coincide con otros análisis de la OIT (El Trimestre Económico, núm. 343, julio-septiembre de 2019) que abarca varios países del mundo; y el de Berenice Ramírez (El Trimestre, no 344, octubre-diciembre de 2019) dedicado especialmente al caso de México.

De acuerdo a estos trabajos y otros similares, puede afirmarse que la privatización de los sistemas de pensiones fue un esquema dogmático impuesto a nuestros países basado en supuestos y cálculos irreales. Su razón más íntima, y no declarada,  consistió en imponer, a toda costa, de un empoderamiento del sistema financiero a cargo de los salarios y los recursos públicos. En eso han tenido éxito. Lamentablemente, ello no se ha traducido ni en mayor crecimiento económico ni una disminución de la pobreza.

saulescobar.blogspot.com

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Foto: José Pazos / EFE

EFE. Ciudad de México. 16 de febrero de 2021.- Las vacunas contra la covid-19 que ya circulan en México son un privilegio que, por ahora, los doctores de clínicas privadas no pueden tener y ello genera enorme preocupación en el gremio tras casos de contagios y pérdidas de familiares en los últimos meses.

«Nos estamos jugando la vida pudiendo estar protegidos», dijo este martes a Efe el doctor Leobardo Castro, quien dirige una clínica privada en el central Estado de México. «Es muy triste ver que hay jubilados, personas de la tercera edad, maestros, profesionales que no están en primera línea de atención y ya están vacunados contra la covid-19 y uno, que trabaja a nivel privado y está en riesgo, no lo estamos», criticó.

Leobardo es sólo uno de los tantos profesionales que trabajan en hospitales que no están considerados covid-19, pero a diario atienden a pacientes sospechosos.

En junio, Castro se infectó con el coronavirus SARS-CoV-2, al igual que su esposa y uno de sus hijos.
«A mi esposa empezamos a darle tratamiento, pero se puso muy grave. Cuando la llevamos a clínica ya no saturaba (oxígeno) y me la llevé a un hospital en Ixtapaluca. Para la madrugada, ya había fallecido», compartió el galeno.

SIN FECHA PARA VACUNARSE

El 24 de diciembre de 2020 México puso en marcha su plan de vacunación, el cual fue destinado exclusivamente a personal en primera línea de atención de hospitales públicos.

En los primeros días de enero, Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud, aseguró que el personal de salud de hospitales privados también serían vacunados. Sin embargo, las quejas de personal de instituciones privadas sobre no ser considerados para la inmunización se mantuvieron y a finales de enero, el Gobierno mexicano anunció el comienzo de la vacunación en maestros del sureño estado de Campeche.

Apenas el pasado 10 de febrero, durante una sesión de la Academia Nacional de Medicina, López-Gatell aseguró que «la vacunación incluyó al personal en el sector privado». Pero Castro asegura que el funcionario mintió. «A nosotros no nos han considerado, no estamos en ninguna lista, no hemos sido contactados», afirmó.

Mientras los médicos que trabajan en consulta privada siguen a la espera de la vacuna, este lunes el país comenzó la inmunización de los adultos mayores luego de que el domingo llegara un cargamento de 870.000 vacunas del laboratorio AstraZeneca desde India. «Simplemente somos invisibles», dice Castro.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), hasta 2019 había 14.896 profesionales de la salud en la nómina de hospitales privados, así como 76.286 médicos que no trabajan directamente para un hospital, pero brindan servicios sanitarios por los que pagan los pacientes.

Hasta ahora México ha aplicado 622.658 dosis al personal sanitario, del cual sólo 86.198 ha recibido las dos dosis necesarias, lo que representa el 14 % de los médicos y enfermeras del país, pero no se sabe cuántas de ellas se han destinado a los profesionales de la salud de instancias privadas.

En total, el país tiene comprometidos 34,4 millones de dosis de la estadounidense Pfizer, 79,4 de la británica AstraZeneca, 35 de la china CanSino, 22 la rusa Sputnik V, 10 de la china Sinovac y 51,4 de la plataforma Covax de la Organización Mundial de la Salud (OMS).

VIVIR LAS PÉRDIDAS

Mario Aguilar Gutiérrez es médico pediatra en una clínica de Amecameca, en el Estado de México, en la que trabajaba junto con su padre, también llamado Mario. Si bien su clínica no está dedicada a pacientes con la covid-19, un día el padre del doctor empezó con síntomas de la enfermedad. «Tenía cansancio, dolor de cabeza y entonces sospechamos que se había contagiado de covid», afirmó.

Aunque fue trasladado con urgencia al Centro Médico La Raza, en la Ciudad de México, en dicho nosocomio poco pudieron hacer por él y, a los diez días, el padre de Mario murió. «Tenía 68 años. Nosotros habíamos tomado las medidas necesarias para no contagiarnos, compramos equipos de protección de la mejor calidad, incluso mejor que las que ofrecen en el sector salud, pero aún así mi padre se contagió», lamentó.

Aguilar consideró que, si desde un principio se hubiera ponderado a los profesionales de la salud para ser vacunados, su padre quizá hubiera cursado con la enfermedad de otra manera. «Es importante y urgente que llegue la vacuna al sector privado, que nos ayuden a controlar los contagios porque a nivel privado no estamos protegidos», acusó.

De acuerdo con la Unión Interdisciplinaria de Farmacias, Clínicas y Consultorios (Unifacc) de México, entre mayo de 2020 y enero de 2021 un total de 32 médicos y 28 trabajadores de farmacias agremiados al organismo han muerto por causa de la covid-19.

LA VIDA TRAS LA COVID-19

Para Aguilar, el reto tras haber perdido a su padre fue regresar al trabajo. «Tratamos de seguir trabajando, con la mayor energía posible, pero sin duda vivimos con el miedo de infectarnos», dijo.

Por su parte, Leobardo Castro afirmó que es muy complicada la vida tras el coronavirus. «A la fecha tenemos secuelas físicas y emocionales, pero no nada más yo, sino compañeros que se han infectado, que han visto morir a sus familiares o que los tienen con secuelas», comentó.

Relató que tanto él como su hijo todavía padecen secuelas que tienen que tratar con distintos médicos.
«Son secuelas físicas que tardan meses, pero lo más terrible es a nivel emocional, los sentimientos de culpa y el miedo, el miedo de volver a reinfectar a alguien de la familia, pero hay que seguir», concluyó.

México roza los 2 millones de casos del coronavirus SARS-CoV-2 y se acerca a los 175.000 fallecimientos por la enfermedad de la covid-19.

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Foto: José Méndez / EFE

EFE. Ciudad de México. 13 de abril de 2020.-  El Gobierno de Andrés Manuel López Obrador firmó este lunes un convenio con hospitales privados mexicanos para que estos ofrezcan 3.115 camas para atender enfermedades ordinarias durante la emergencia del COVID-19, y así evitar la saturación del sistema.

«Esto nos va a permitir liberar espacios en hospitales públicos para estar preparados y cuando se nos presente el momento más crítico tengamos todas las camas y equipos que se necesiten para salvar vidas», aseguró el mandatario durante su tradicional conferencia mañanera.

Indicó que con esta acción se permitirá que todos los médicos del sistema de salud público se concentren en atender a los pacientes afectados por la COVID-19.

Dijo que este tipo de acciones «sin precedentes» se toman «para que no nos rebase la epidemia», la cual en México suma ya 4.661 casos y 296 muertos, aunque la cifra podría ser cuanto menos ocho veces superior según un modelo estimativo llamado centinela.

Detalló que el acuerdo entrará en vigor el próximo 23 de abril y permaecerá vigente al 23 de mayo, con lo cual estarán disponibles el 50 % de las camas de hospitales privados.

El secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard, detalló que en total serán 3.115 camas del sector privado las donadas, lo cual permitirá atender en total a 12.500 pacientes de instituciones públicas.

Indicó que el acuerdo se realizó con 146 hospitales de 27 entidades federativas del país percibir tarifas idénticas a la que reciben instituciones como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) o el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE).

«Esto significa que los pacientes no tendrán que pagar ni estudios ni tratamientos y que tendrán cama y respaldo médico», y aseguró que esto es como si se hicieran en una semana varios hospitales.

López Obrador indicó que será este jueves cuando se den a conocer los pronósticos por parte de los especialistas para saber «cuando será el momento más difícil y cuándo va a ceder» la pandemia.

Por su parte, el secretario de salud mexicano, Jorge Alcocer Varela, aplaudió la medida pues dijo que la parte más difícil de la pandemia «está por llegar».

Apuntó que este convenio de colaboración permite al sector privado «integrarse» a esta lucha.

Puntualizó que este convenio con el sector privado -al momento son la Asociación Nacional de Hospitales Privados y del Consorcio Mexicano de Hospitales- permitirá en estos centros brindar servicios médicos y hospitalarios en emergencias médicas, especialmente en problemas de salud ordinarios.

Finalmente, Mario González Ulloa, presidente de la Asociación Nacional de Hospitales Privados, destacó que con este convenio marco de «prestación subrogada» consta de 3.115 camas.

«En (estas camas) recibiremos a los pacientes referenciados con diversas necesidades de atención no afectados por el virus SARS-coV2 (COVID-19). Permitiendo con ello que todos los esfuerzos del sistema nacional de salud estén concentrados en el cuidado de los afectados por la pandemia», puntualizó.

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Foto: Alejandro Meléndez

Por Humberto Musacchio

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 31 de diciembre de 2019.- No es casual que estén sin pago los creadores e intérpretes que prestan sus servicios a los gobiernos federal y de la Ciudad de México. Ese desprecio se funda en la convicción de que son fifís y de que su labor es secundaria o, peor aún, que es superflua, prescindible. No hay excusa para retrasar meses enteros el pago por esa actividad que, con más eficacia que la represión, contribuye a la paz social en tanto que ofrece a niños, jóvenes y personas mayores diversas opciones para llenar su ocio o satisfacer su interés en algo nuevo y noble. Quienes realizan ese trabajo, además de ser respetables como trabajadores y como artistas, son seres humanos, en muchos casos con familia que espera su ingreso para comer, vestir, mantener la salud y, si es posible, dedicar algo de tiempo y dinero al esparcimiento a que tienen derecho. Son, por si algo faltara, ciudadanos que en su mayoría votaron por las actuales autoridades, confiados en que mejoraría la penosa situación en que los tenían los gobiernos priistas y panistas. Los han defraudado. Pese a todo, esos ciudadanos realizan su trabajo con entusiasmo, convencidos de las bondades del arte. Hay que pagarles de inmediato. Lo merecen.

INCENDIO EN EL ABELARDO

Cierran mal el año los mercados de la Ciudad de México, no los financieros, sino los que venden frutas, verduras y otros alimentos. En diciembre hubo un incendio en el mercado de San Cosme, se volvió a quemar la Nave Mayor de La Merced y ahora le tocó también al Mercado Abelardo L. Rodríguez, conjunto inaugurado en 1934 y decorado por pintores como Pablo O’Higgins, Antonio Pujol, J. Campos W., Ángel Bracho, Miguel Tzab, Raúl Gamboa, Pedro Rendón, Ramón Alva Guadarrama, las hermanas Marion y Grace Greenwood y el escultor Isamu Noguchi. El Abelardo es un tesoro artístico único. Sin embargo, desde hace muchos años algunos comerciantes, no todos, han dañado algunos murales y otros han puesto muebles, láminas y otros objetos que los ocultan. Algún burócrata dividió hace muchos años —y así sigue— la decoración ejecutada por Ramón Alva Guadarrama para aislar la escalera que lleva a la planta alta en la entrada de Venezuela y cierto troglodita hizo destruir a martillazos gran parte de la obra de Bracho. En el sexenio pasado, el director del mercado autorizó la instalación de una estufa al pie de la obra de las hermanas Greenwood, en la entrada de Rodríguez Puebla y callejón Girón, lo que, afortunadamente, se pudo impedir. Por fortuna, esta vez el incendio no dañó las pinturas, dicen los técnicos de Bellas Artes. No esperamos otro siniestro.

LUCÍA RIOJAS, LA DESTROYER

Ingenuamente, cualquiera supone que quienes ocupan

cargos públicos son los primeros obligados a respetar y hacer respetar las leyes. La diputada “independiente”

Lucía Riojas Martínez, quien llegó a San Lázaro impulsada por el derechista PAN, expuso a la revista Gatopardo su profunda convicción feminazi. Con su refinado lenguaje declaró: “Está cabrón cómo estamos dispuestas a destruir la ciudad por una morra que no conocemos, y de eso se trata”. En efecto, de eso se trata, pues con absoluta impunidad se rompen aparadores, se quema una puerta del Palacio Nacional, se pintarrajean monumentos y se agrede a la policía y a otras personas porque el más alto responsable de cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes se niega a cumplir con ese imperativo y dice que está prohibido prohibir. ¿Qué sigue? ¿Robar, destruir, matar?

BREVIARIO…

Hace seis décadas, a los 70 años de edad, falleció en la Ciudad de México el polígrafo Alfonso Reyes, cofundador del Ateneo de la Juventud. También, en 2019, se cumplieron 120 años de que nuestro más grande compositor de música sinfónica, Silvestre Revueltas, quien naciera en Santiago Papasquiaro, Durango.

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Foto: Juan Carlos Ruiz / Cuartoscuro

Por Armando Rojas Arévalo

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 22 de octubre de 2019.- AMIGOS MILITARES no se vayan a ofender. Aunque, como dice el poeta español LEÓN FELIPE, “qué lástima que no tuve un abuelo que ganara una batalla, retratado con una mano cruzada en el pecho, y la otra en el puño de la espada!…”, también como dijera un corrido norteño (con música de “El moro de cumpas”): “el 17 de octubre, presente lo tengo yo, un Ejército humillado al hijo de El Chapo soltó…”

Ese día, AMLO evitó una masacre de civiles, pero queda marcado en la historia. Fue una decisión moral, o como dice LOPEZ OBRADOR, fue de acuerdo con su doctrina que postula la paz, no la discordia, no el odio, no la violencia, el amor al prójimo; empero, la opinión generalizada es que fue un acto de rendición en el que el Gobierno fue puesto de rodillas.

Tenemos un Ejército que es, como dice AMLO, pueblo con uniforme; solidario y generoso con la población civil  en casos de emergencia, pero no está preparado en el arte de la guerra. Es un Ejército de paz, enhorabuena, no de guerra. Históricamente, México se ha caracterizado por ser un promotor diplomático del derecho internacional, de la libre determinación de los pueblos y de no pretender demandas territoriales o de recursos naturales. La política de seguridad y defensa de México  se basa en el derecho internacional, de que debe ser superior en jerarquía sobre las soluciones militares. En este sentido, nuestro país México da prioridad al derecho internacional como principal instrumento de acción para la paz. Nada por las armas. 

DICHO LO ANTERIOR, paso a lo que ocurrió en Culiacán.  Aparte de que fue mal planeado y mal ejecutado, fue un error táctico de parvulito dejar sin defensa el cuartel y la zona habitacional de oficiales, porque permitió que la horda de sicarios entrara a las instalaciones para tomar como rehenes a soldados, esposas de éstos e hijos, con la amenaza de ejecutarlos si no les devolvían a “El Chapito”.  En consecuencia, “El Chapito” fue devuelto. Si no, ahí coincido, aquello hubiera sido una carnicería. Se salvaron muchas vidas.

Fue un mal día para el Presidente. Mal día para México. El mensaje fue terrible.

Para nadie es ya un secreto que el operativo de la detención de El Chapito, solicitada por los Estados Unidos. Ahora los Estados Unidos tendrán que volvernos a enseñar cómo puede hacerse una captura de manera limpia. Pronto habrá noticias de ello. Por vía de mientras, el domingo TRUMP y AMLO hablaron sobre lo de Culiacán y acordaron, so pretexto de detener el tráfico de armas hacia México, nuevas estrategias contra el narco. 

Lo de Culiacán nos mostró a bandas de sicarios mejor pertrechadas que nuestro Ejército y adiestrados en tácticas militares, en alta escuela en la inteligencia militar y operaciones.

ANTONINO DE LEO, representante en México de  la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito, señala que tenemos organizaciones delictivas que están entre las más sofisticadas y sangrientas del hemisferio.

“Gobierno de AMLO se vería amenazado por ejércitos privados”, dice un estudio de la UNAM escrito por RAUL MARTÍNEZ el 22 de abril de 2019 y citado por PALOMA MENDOZA CORTÉS, académica en gobierno y asuntos públicos de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, egresada del William J. Perry Center for Hemispheric Defense Studies, CHDS, y National Defense University, NDU, Washington, D.C. En su tesis de doctorado documenta que los cárteles del narcotráfico y empresarios han creado verdaderos “ejércitos privados”, utilizando a compañías extranjeras para armar grupos paramilitares con capacidades de Fuerzas Especiales. Las mismas compañías también trabajan legalmente con instituciones de gobierno.

Señala que, por ejemplo, Pemex y la CFE “contrataron en julio de 2007 los servicios de la empresa estadounidense SY Coleman Corporation, con sede en Virginia, especializada en vigilancia del espacio aéreo y defensa antimisiles, para la creación y operación de un centro de vigilancia aérea y monitoreo de instalaciones energéticas y eléctricas de carácter estratégico en Veracruz”.

La académica revela que en México la iniciativa privada ha recurrido al uso de empresas militares privadas y de seguridad (MPF’s, por su acrónimo en inglés), “como la tequilera José Cuervo que posee su propio ‘ejército privado’ para la seguridad de sus campos de agave”. También cárteles del narcotráfico y grupos antiinmigrantes han contratado a empresas especializadas en proveer “ejércitos privados”, para administrar servicios de vigilancia, inteligencia, defensa y adiestramiento en prácticas de tortura. Hoy, los grupos entrenados tienen capacidad de retar a las autoridades y bloquear la serie de cambios impulsados por el gobierno de LÓPEZ OBRADOR, e incluso, su propio proyecto de Estado, al que ha llamado la “Cuarta Transformación”.

Es más, dice, el Centro de Investigación y Seguridad Nacional (Cisen), hasta antes del inicio del gobierno de AMLO reconoció la presencia de actividad de grupos de mercenarios en la frontera sur del país, conformados por exkaibiles de Guatemala y egurkhas de Nepal.

MENDOZA CORTÉS, ex profesora del Heroico Colegio Militar y del Centro de Estudios del Ejército y la Fuerza Aérea, revela que un ejército privado es el de Los Zetas, que ha sido considerado como el mejor preparado, ya que está integrado por ex oficiales desertores. Otro ejército es el Los Caballeros Templarios, que surgió dentro de La Familia Michoacana en mayo de 2006. Fueron capacitados por los gobiernos de Estados Unidos, Israel y Egipto en el arte de la guerra e inteligencia que usaron como estrategia para trasiego de drogas, lavado de dinero, infiltración de estructuras militares y del gobierno en los sexenios de VICENTE FOX, CALDERÓN y PEÑA NIETO.

Los Zetas utilizaron conocimientos y técnicas adquiridas durante el adiestramiento que recibieron del Estado como parte de su formación profesional militar en México, el curso de Fuerzas Especiales en Israel, y en Estados Unidos el curso de Rangers; inclusive, entablaron relación con policías y militares colombianos vinculados en el adiestramiento de su organización criminal. Revela que la ex PGR reconoció en su momento la existencia de campamentos de adiestramiento de Los Zetas por exkaibiles de Guatemala, en la frontera de Brownsville, Texas, y Nuevo Laredo, Tamaulipas.

De acuerdo a información de la DEA, el cártel de los Arellano Félix fue adiestrado en el manejo de lanzagranadas y ametralladoras pesadas, encriptación de dispositivos, sistemas de visión nocturna e intercepción de señales de radio, adquisición de armas en Estados Unidos, incluso se ha señalado que organizaciones criminales han contratado los servicios de exmilitares estadounidenses con cursos de fuerzas especiales como los Green Berets”, destaca la académica.

¡¡Horror!!

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