Periodistas Unidos. Ciudad de México. 08 de septiembre de 2025.– Un juzgado federal con sede en la Ciudad de México emitió una resolución en favor del Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) y del Centro Mexicano para la Defensa del Medio Ambiente (Defensa Ambiental del Noreste – DAN), reconociendo que la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) poseen las facultades legales para instrumentar una Evaluación Ambiental Estratégica (EAE). El fallo judicial ordena dejar sin efecto las respuestas previas emitidas por la ASEA y la Presidencia de la República respecto a las peticiones ciudadanas para frenar la expansión de infraestructura de gas fósil en el Golfo de California.

La sentencia determina que las contestaciones brindadas por las autoridades federales en relación con la solicitud enviada por activistas, académicos y comunidades no cumplieron con los principios de congruencia y exhaustividad. En consecuencia, la jueza federal ordenó emitir nuevas resoluciones debidamente fundadas y motivadas sobre la petición que requería una moratoria y un análisis integral de impacto ambiental para megaproyectos energéticos en la región, tales como Saguaro y Amigo GNL.

El dictamen judicial destaca por fijar precedentes jurídicos en materia de prevención ecológica y planeación ambiental:

• Validez del marco legal vigente: El Poder Judicial de la Federación ratificó que las leyes actuales otorgan atribuciones suficientes a la ASEA para aplicar la Evaluación Ambiental Estratégica sin necesidad de esperar nuevas reformas legislativas.

• Mecanismos de moratoria: La resolución confirmó que la autoridad reguladora del sector hidrocarburos cuenta con la figura jurídica para suspender o revocar autorizaciones a proyectos de gas natural licuado cuando representen riesgos acumulativos o irreversibles.

• Alineación con iniciativas federales: El pronunciamiento coincide con la propuesta presentada por el Gobierno de México el pasado 26 de agosto para renovar la legislación ambiental nacional, incorporando formalmente la EAE como eje rector de la justicia restaurativa y la prevención.

Representantes de ProDESC y DAN subrayaron que la decisión judicial respalda los estándares recomendados por el Comité del Patrimonio Mundial de la UNESCO y organismos de la ONU para la protección de ecosistemas de alto valor. Las organizaciones civiles señalaron que la evaluación acumulativa evitará que las autorizaciones de terminales gaseras y ductos se otorguen de forma fragmentada en detrimento de las comunidades costeras y la biodiversidad marina.

Tras la notificación del fallo, las dependencias del sector medioambiental deberán emitir una nueva respuesta técnica, considerando el marco de protección preventiva en las costas y zonas terrestres del Golfo de California.

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