Periodistas Unidos. Ciudad de México. 09 de noviembre de 2026.- Un operativo conjunto de fuerzas federales culminó este lunes 9 de noviembre de 2026 con la detención de un presunto líder delictivo identificado con el alias de ‘R2’, junto a otras 19 personas, tras registrase un enfrentamiento armado en un restaurante de Zapopan, municipio perteneciente a la zona metropolitana de Guadalajara, Jalisco. Durante la balacera resultaron heridos tanto el supuesto cabecilla criminal como un elemento de la Secretaría de Marina (Semar).

La acción operativa estuvo encabezada por efectivos navales en coordinación con la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía General del Estado de Michoacán. La intervención derivó de labores de inteligencia previa que permitieron ubicar el paradero de integrantes de la delincuencia organizada en un establecimiento comercial de la zona.

De acuerdo con el informe oficial emitido por el Gabinete de Seguridad federal, los sospechosos abrieron fuego contra el personal militar en el momento en que los agentes se aproximaban al inmueble para cumplimentar una orden de localización y presentación, lo que desencadenó una respuesta táctica y un intercambio de disparos en el sitio.

Tras la refriega, ‘R2’ —catalogado por las autoridades como uno de los principales generadores de violencia en la región occidente del país— recibió atención médica primaria por heridas de proyectil de arma de fuego y fue trasladado bajo custodia armada a un centro hospitalario para ser puesto a disposición por delitos de delincuencia organizada y homicidio. Asimismo, un elemento de la Armada de México resultó con heridas de bala que no ponen en riesgo su vida.

El Gabinete de Seguridad no especificó el volumen del armamento ni los pertrechos incautados en la escena del enfrentamiento. Las 20 personas aprehendidas quedaron a disposición del Ministerio Público de la Federación para la definición de su situación legal, en el marco de las estrategias de inteligencia coordinadas por la administración federal para contener la incidencia delictiva en Jalisco y Michoacán.

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Por Ana Llúvia García

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 09 de noviembre de 2026.- Ayer estuvimos brigadeando en el distrito 6 de Puebla. El 86% de las personas que consultamos señaló que la inseguridad es el principal problema de su colonia. Y pude constatarlo personalmente: además de no tener padrinos políticos ni guardaespaldas, ahora tengo que pagar el espejo que me robaron.

En Puebla, el 84.5% de la población adulta considera inseguro vivir en nuestra ciudad, de acuerdo con el INEGI. Pero detrás de esa cifra hay una realidad que conocemos quienes habitamos los territorios. Sabemos cuáles son las calles peligrosas, dónde ocurren los asaltos, qué espacios hemos dejado de transitar y cuáles son los puntos donde la delincuencia ha ganado terreno. La inseguridad atraviesa nuestra vida cotidiana, modifica nuestros horarios, limita nuestras libertades y termina arrebatándonos el derecho a vivir y disfrutar nuestra propia ciudad.

El problema es todavía más profundo: lo que no se denuncia también existe. ¿Cuántas personas acuden a la Fiscalía cuando les roban un espejo, una llanta, el celular, la bolsa o la cartera? Denunciar puede significar perder horas de trabajo, enfrentar trámites interminables y una burocracia que desalienta a las víctimas. En Puebla, el 93.1% de los delitos permanece en la cifra negra. Por eso, reducir el diagnóstico de inseguridad a las carpetas de investigación significa dejar fuera buena parte de lo que realmente ocurre en nuestras colonias.

Y aquí hay una responsabilidad pública que no puede diluirse. El municipio tiene obligaciones concretas en materia de prevención, vigilancia, policía de proximidad y recuperación de los espacios públicos. Cuando los delitos rebasan sus atribuciones, tiene también la responsabilidad de construir puentes con el gobierno estatal y federal, coordinar estrategias y atender los problemas desde el territorio. La distribución de competencias no puede convertirse en una distribución de excusas.

La inseguridad no se resuelve discutiendo si la gente tiene miedo. Se enfrenta reconociendo por qué tiene miedo y actuando sobre las condiciones que lo producen.

Las calles que hoy nos arrebata la delincuencia son las mismas que tenemos derecho a recuperar. Ninguna colonia debe acostumbrarse al miedo, y ninguna autoridad puede acostumbrarse a que el pueblo —las niñas y los niños, las juventudes, las mujeres y las familias— viva aterrorizado por el crimen.

La delincuencia rampante, la violencia en las calles y el temor de la ciudadanía son, desde nuestra experiencia en el territorio, la expresión más dolorosa del fracaso de una autoridad frente a su pueblo.

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