Periodistas Unidos. Ciudad de México. 09 de noviembre de 2022.- El reporte que presentaron los directores del FMI a raíz de su visita a México en el mes de octubre 2022 y que fue dado a conocer hace días, se pronuncia por que sigan las alzas de la tasa de interés en México a pesar de la desaceleración de crecimiento de la economía que prevén para el 2023.

Dichos directivos dieron su consentimiento a las políticas macroeconómicas que las autoridades monetarias y hacendarias han instrumentado de alza de la tasa de interés y austeridad fiscal ante la inflación y se pronuncian por que se mantengan tales políticas restrictivas por algún tiempo. Sin embargo, no realizan ningún balance de tales políticas las cuales no han alcanzado el objetivo buscado de frenar la inflación, y no les importa el contexto recesivo que configuran, debido a que su propósito es que el capital financiero siga lucrando con tales políticas.

En su reporte señalan que “el sistema bancario mexicano sigue bien capitalizado y su rentabilidad continúa recuperándose del impacto del covid-19”. De hecho, hay que señalar que la banca no vio afectadas sus ganancias en la crisis del 2020. Al FMI no le importa que dicho sector, a pesar de su capitalización, no esté otorgando créditos al sector productivo para el impulso de la actividad económica. Para nada recomiendan regular las altas tasas de interés que la banca cobra, ni se pronuncian por regular las comisiones y las altas ganancias que obtiene a costa de descapitalizar a las empresas y familias y al propio gobierno, que tienen que transferir crecientes recursos para el pago de sus deudas ante las tasas de interés que la banca cobra. Ello evidencia el carácter de clase del FMI, que se preocupa por los intereses del capital financiero y no por el crecimiento económico y por el empleo de los países.

El alza de la tasa de interés afecta al sector público y privado, dados sus niveles de endeudamiento, les restringe su capacidad de gasto e inversión, lo que acentúa la tendencia a la recesión económica. Ello llevará al FMI y a los bancos centrales a reconsiderar las alzas de las tasas de interés y tener que aceptar que se debe encarar la inflación con otras políticas. De no proceder en tal sentido, las economías van a un largo período recesivo e inflacionario con inestabildiad financiera..

Según los funcionarios del FMI “el gobierno ha mantenido una postura fiscal neutra en términos generales, con un objetivo de déficit fiscal de 3.8 por ciento del PIB”. Al respecto cabe decir que la política fiscal no ha sido neutra. Se ha mantenido superávit primario (el que excluye el pago del servicio de la deuda) y el déficit fiscal al que hacen alusión, es derivado por la carga del servicio de la deuda pública. Al venir trabajando el gobierno con superávit primario (gasta menos de lo que recauda excluyendo el pago de la deuda), actúa en forma procíclica. Es decir, la restricción del gasto público que realiza el gobierno para obtener superávit primario se suma a la caída del consumo e inversión privada y al déficit de comercio exterior, lo que frena la actividad económica, evidenciando que no tiene el carácter neutral que señala el FMI. Carácter neutral es cuando no impacta sobre la actividad económica, y si la actividad económica hoy en día es similar a la de fines del 2017, evidencia que la política monetaria y fiscal son causantes de ello. El déficit fiscal causado por el pago de la deuda pública no impacta positivamente sobre la actividad económica. Es el sector financiero, los acreedores internos y externos los que se ven beneficiado de ello.

Los funcionarios del FMI señalaron que “una mayor participación del sector privado en el sector energético ayudaría a impulsar la competitividad y la inversión”. De nuevo, sigue impulsando las políticas neoliberales de más privatización de la economía y menos participación del Estado en ésta. Perfectamente el gobierno con mayor gasto e inversión pública puede desarrollar los sectores energéticos y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, para lo cual debe dejar de lado las recomendaciones del FMI de trabajar con austeridad fiscal y alta tasa de interés.

Los funcionarios del FMI recomendaron “alinear más estrechamente los aumentos salariales con la inflación prevista”. Es decir, con la inflación esperada y no con la inflación que se ha tenido en el 2022, y como la esperada para el 2023 es de 3.3% según los Criterios Generales de Política Económica de la Secretaría de Hacienda, pues no verán los asalariados recuperados la pérdida de su poder adquisitivo que ha generado la inflación en el 2022.

Tal organismo internacional en todas sus recomendaciones defiende al gran capital y el problema es que el llamado Gobierno de la 4 “T” sigue sus recomendaciones y de ahí el porque de la drástica caída de la actividad económica, la cual se encuentra en niveles de hace 4 años y sus efectos de mayor pobreza y creciente desigualdad del ingreso y de la riqueza, sin vislumbrarse expectativas de superar los problemas que enfrentamos.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 11 de agosto de 2022.- El Fondo Monetario Internacional (FMI) en su “Reporte del Sector Externo, pandemia, guerra y desbalances globales”, recomienda a México hacer más reformas estructurales para combatir los obstáculos a la inversión privada para impulsar el crecimiento económico. Dicha institución insiste en lo mismo que ha venido recomendando desde la década de los años ochenta a las economías en desarrollo: que avancen en la privatización de sus sectores estratégicos, para supuestamente así impulsar el crecimiento económico. Los gobiernos neoliberales desde Miguel de la Madrid hasta Peña Nieto venían cumpliendo dichas recomendaciones e impulsaron reformas estructurales de privatización y extranjerización de la economía, sin alcanzar el crecimiento prometido.

No es a través de esas reformas estructurales como se incrementa la inversión y la dinámica económica.

Las instituciones internacionales como el FMI defienden los intereses del gran capital nacional e internacional, y de ahí las recomendaciones de políticas de austeridad fiscal, de reformas de más mercado y menos Estado, de libre movilidad de mercancías y capitales a favor de las empresas transnacionales y del capital financiero internacional, que nos han llevado a la desindustrialización y a que ésta y la banca estén controladas por el capital internacional; y ahora insisten en mayores reformas para que se abra más Pemex y la CFE al capital internacional. Lo que ha acontecido con esas políticas es que el país nos pertenece cada vez menos. Hemos pasado a crecer menos, con creciente subempleo, economía informal, bajos salarios, creciente desigualdad del ingreso y de la riqueza y se ha perdido el manejo soberano de la política económica para atender los rezagos productivos, el subempleo y la miseria.

Lo que obstaculiza la inversión privada no es la falta de mayor privatización de los sectores estratégicos. Ha sido dicha privatización, junto al resto de las políticas neoliberales que vienen predominando desde los años ochenta, las que han actuado contra el crecimiento de demanda y oportunidades de inversión en la esfera productiva. Al dejar de ofrecer condiciones de crecimiento y rentabilidad la industria manufacturera y el sector agrícola, el gran capital pasó a exigir que se abriera Pemex, la CFE y la infraestructura a la inversión privada, dada la mayor rentabilidad de dichos sectores y de ahí que se instrumentaron las reformas estructurales. Lo que han originado esas reformas, ha sido un cambio patrimonial. Lo que era del Estado paso a ser de la cúpula empresarial nacional e internacional. Éstos pasaron a invertir donde el gobierno dejó de hacerlo debido a la austeridad fiscal que le fue impuesta, por lo que no hubo crecimiento de capacidad productiva, ni de la dinámica económica.

El gobierno no necesita de la inversión privada en Pemex, ni en la CFE, ni en infraestructura. La inversión privada no participaba en estos sectores antes de 1981. El gobierno gastaba más que sus ingresos y recurría a deuda a favor de tales sectores y ello no era inflacionario, debido a que son sectores de alta rentabilidad, con efectos multiplicadores internos, lo que se traducía en mayor recaudación tributaria, que le permitía al gobierno pagar la deuda.

El gobierno debe fomentar la inversión privada en la industria manufacturera y en el sector agropecuario, y para ello tiene que instrumentar política industrial y agrícola, la cual requiere de incremento del gasto público para aumentar la demanda, es decir, el consumo de la población que incentiva y garantiza a las empresas condiciones de rentabilidad y crecimiento. Todo ello genera un circulo virtuoso que incrementa la inversión privada. Esto tiene que ir acompañado de bajas tasas de interés en los créditos otorgados por la banca, así como tipo de cambio que abarate el peso y encarezca al dólar para así hacer más caras las importaciones para favorecer a los productos nacionales.

Así como el presidente de la República pidió una tregua mundial de 5 años para evitar guerras bélicas y comerciales, debe pedir que el FMI y el Banco Mundial no sigan actuando a favor del gran capital internacional, sino que actúen a favor de los países menos desarrollados para cerrar la brecha existente con los países desarrollados. El FMI tiene que recomendar políticas de expansión del gasto público, bajas tasas de interés, así como políticas arancelarias para estimular la producción nacional. Se debe replantear las relaciones comerciales y financieras para que los países desarrollados y exitosos transfieran tecnología, recursos financieros a baja tasa de interés y a largo plazo, y concedan mejores condiciones comerciales para favorecer las exportaciones de los países en desarrollo, para que éstos impulsen su crecimiento y reduzcan las presiones sobre su sector externo. Además, la línea de crédito del FMI no debe ser para mantener la estabilidad del tipo de cambio, que solo favorece al sector financiero, sino debe servir para el impulso del desarrollo tecnológico y productivo, para así sustituir importaciones y reducir el déficit de comercio exterior y nuestra dependencia de la entrada de capitales.

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