Periodistas Unidos. Ciudad de México. 19 de junio de 2024.- John Gibler y Rina Montti hablan con Jorge Meléndez y Témoris Grecko sobre el régimen de excepción de Nayib Bukele en El Salvador en el programa «Después de la Letra… la Palabra» de Periodistas Unidos.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 20 de septiembre de 2022.- Se supone que en un régimen democrático su naturaleza política es de carácter civil, por lo que éste gobierno no debería apoyarse para sus política públicas en las instituciones castrenses, más aún cuando se autonombra como adalid histórico de una “Cuarta Transformación”, con la cual pretende emular ilusoriamente los grandes cambios de la historia nacional como la Revolución de Independencia  y su Constitución (1810–1824); la Reforma liberal juarista con su Constitución (1857); y la Revolución de 1910 y su Constitución de 1917. Todos estos procesos sociales de gran calado histórico transformador fueron confrontaciones muy violentas de batallas entre ejércitos enemigos en guerra.

Por supuesto, no hay punto de comparación en nada de la 4T con estos momentos históricos trascendentales, ni siquiera con el régimen cardenista de un bonapartismo progresivo de 1934 a 1940.  Megalomanía estatal decía Octavio Paz cuando se refería al régimen priísta, que parece continuar con los delirantes aires de grandeza epocal de un mesianismo demagógico. El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena, Mario Delgado Carrillo, aseguró que los profundos cambios que ha hecho el Poder Legislativo, en el contexto de la Cuarta Transformación, equivalen a una nueva Constitución, equiparándola equívocamente con las tres anteriores que fueron resultado de fuertes enfrentamientos bélicos de polarización clasista. Tales constituciones expresarían nuevos proyectos de Nación bajo un nuevo Estado representativo de esos estallidos revolucionarios, que no es el caso actual de ninguna manera.

Que la Guardia Nacional pase a depender formalmente de la Secretaría de Defensa trasgrediendo la Constitución no es ningún signo democrático legislativo. Pero, ¿por qué hay una creciente militarización de la vida nacional? Cierto es el presidente Andrés Manuel López Obrador (AMLO) no inició este proceso. Quien lo empezó el 10 de diciembre 2006 fue el entonces presidente panista Felipe Calderón Hinojosa días después de tomar posesión pretendiendo legitimar el fraude electoral con el cual saldría ganador “haiga sido como haiga sido”. El despliegue del Ejército era para establecer la “guerra” contra el narco, pero los cárteles del crimen organizado son más poderosos hoy día ¿Hay una amenaza de invasión militar extranjera? ¿Hay una amenaza de la “derecha golpista” e impedir su avance?, así lo declaró Mario Delgado. En su momento, como precandidato presidencial AMLO se comprometió a regresar al Ejército a sus cuarteles en seis meses: “No debe seguir exponiéndose al Ejército, ni socavarlo; regresarlo en la medida que se va profesionalizando la policía y eso nos llevará seis meses, en tanto la nueva policía federal sea la que se haga cargo de garantizar la seguridad… Ejército es una institución que debemos cuidar todos y su encargo es defender la soberanía nacional”. Todo ha sido simulación y ocurrencias… como que “los soldados son pueblo uniformado”, cuando sabemos que el Ejército cumple una función esencial de Estado de dominación clasista.

A diferencia de Felipe calderón, AMLO salió electo con un respaldo de 30 millones de votos, lo que hace suponer que es innecesario buscar un respaldo político con las tropas militares para sostener su gobierno sobre todo cuando sigue manteniendo los llamados índices de popularidad en las encuestas, pues en ningún momento de su mandato el índice ha bajado del 60 por ciento. Pero los índices de criminalidad también son muy elevados.

López Obrador aceptó que cambió de opinión sobre regresar al Ejército a los cuarteles en sus primeros meses de gobierno, como había prometido en campaña, y prefirió crear la Guardia Nacional como respuesta a la violencia; reconoció que modificó su decisión al darse cuenta de la magnitud del problema de inseguridad que tenía el país. Sin embargo, la política de militarizar las fuerzas encargadas de guardar la seguridad no es precisamente un cambio fundamental estratégico ante la creciente violencia social; es la continuidad de una política iniciada por aquellos gobiernos neoliberales que tanto se crítica en los estridentes discursos presidenciales aunque en los hechos prácticos tal política se asemeja a formas revestidas con un “nacionalismo revolucionario” populista trasnochado. Pero la militarización ha fracasado rotundamente para garantizar la seguridad ciudadana, al igual que la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, una figura decorativa. En teoría el Ejército tiene funciones de seguridad nacional que son distintas de las de seguridad publica. Para generar acciones de seguridad pública, se debe fortalecer a las corporaciones policiales.

Al Ejército se le han dado muchas atribuciones, más allá de las que le corresponde acordes al marco constitucional: vigilancia de aduanas portuarias, construcción de obras de infraestructura, administración de aeropuertos, etcétera. Ojalá así fuese el privilegio con otras instituciones como las educativas, las de salud pública, etcétera.

De acuerdo con datos del Instituto Internacional de Investigación para la Paz de Estocolmo (SIPRI), “el gasto militar mundial del año 2021 alcanzó su máximo histórico alcanzando un total de 2.133 billones de dólares. En nuestro continente, los países que más gastaron fueron Brasil con 19.187 millones de dólares; Colombia con 10.180 millones de dólares; México con 8.680 millones de dólares; Chile con 6.230 millones de dólares; y Argentina con 2.591 millones de dólares. En América Central y el Caribe, el gasto militar ascendió a 11.000 millones de dólares”. https://soaw.org/carta-contra-el-gasto-militar-y-la-militarizacion-en-america-latina-y-el-caribe

Para 2022, considerando el presupuesto de la Secretaría de Seguridad Ciudadana, de la Marina, de la Guardia Nacional y de la Secretaría de Defensa Nacional, son más de 230 mil millones de pesos ¿En que estatus quedan los programas necesarios para el bienestar social?

Mientras todos los retrógradas piensan que se debe aumentar la presencia de los militares en las calles y mejorar la policía para mejorar el país, es necesario cambiar al país si se quiere mejorar la seguridad ciudadana. Una profunda reforma de la policía para la seguridad pública es posible si se parte de la reforma del país; pero una verdadera reforma solamente vendrá de la lucha popular, de los trabajadores del campo y las ciudades, organizada políticamente para cambiar radicalmente a la Nación.

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Foto: Emilio Naranjo / EFE

Por Saúl Escobar Toledo

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 17 de enero de 2020.- En los primeros días de este 2020, el parlamento español eligió por una estrecha mayoría a Pedro Sánchez como presidente de Gobierno para los próximos cuatro años. Dicha designación fue posible gracias a la alianza del Partido Socialista Obrero Español con Unidas Podemos. Una coalición inédita en la historia de ese país ya que es la primera vez que el PSOE entabla un acuerdo de este tipo con otro partido de izquierda. Las razones de este fenómeno son varias y complejas y se desprenden del resultado de las elecciones de noviembre del año pasado.  Principalmente, la fuerza de la extrema derecha representada por un nuevo partido, Vox; la imposibilidad de los socialistas de lograr solos la mayoría parlamentaria; pero también la necesidad del cambio expresado en las urnas.

El caso es que ahora, Unidas Podemos, una corriente política surgida del movimiento social que brotó en 2011 (los Indignados), y cuya primera experiencia electoral tuvo lugar apenas hace unos años, ha logrado formar parte de una coalición gobernante.

El programa que selló esta alianza contiene varios puntos y abarca diversos aspectos. Se trata de un documento amplio, de 50 páginas, once capítulos y más de 200 propuestas en materia de: crecimiento y empleo; derechos sociales; cambio climático; fortalecimiento de la pequeñas y medianas industrias y el sector primario; derechos y memoria democrática; cultura y deportes; políticas feministas; revertir la despoblación que padecen algunas regiones; estados autonómicos; justicia fiscal; y política exterior. Una de las partes más sustanciosas de este documento, colocada al inicio, tiene que ver con la materia laboral. La Coalición se ha comprometido a elaborar un nuevo Estatuto de los Trabajadores (una nueva Ley del Trabajo) y por lo tanto a derogar las reformas de 2012, las cuales, como las que se llevaron a cabo en México ese mismo año, afectaron derechos fundamentales de los asalariados. En concreto, y de manera urgente, se proponen modificar el artículo 42.1 sobre subcontratación a efecto -aseguran- de limitarla a servicios especializados ajenos a la actividad principal de la empresa.

La lista de modificaciones en esta materia es muy larga e incluye revisar los contratos de los becarios; elevar el salario mínimo en términos reales; revisar la contratación a tiempo parcial; y las causas legales de despido.  

Además, como parte de la cuota de Podemos, fue designada como Ministra de Trabajo del nuevo gobierno, Yolanda Díaz, de 48 años, quien militó desde muy joven en el Partido Comunista de España y en Izquierda Unida. Hija de un destacado dirigente obrero, también militante del PCE y de Comisiones Obreras, Yolanda tiene una maestría en Relaciones Laborales y amplia experiencia política en Galicia, su región natal.

Todos estos asuntos tienen importancia porque parecería que España ha dado un vuelco a la izquierda y se encamina a la construcción de un nuevo régimen que deje atrás algunas de las políticas fundamentales del neoliberalismo, en primer lugar, las que tienen que ver con el trabajo y el empleo. Su principal objetivo, dice el documento de compromiso, será la protección de los derechos sociales y un nuevo impulso al crecimiento económico sostenible que reduzca la desigualdad, combata la precariedad del mercado laboral, garantice un trabajo digno, estable y de calidad, y unas pensiones justas.

Este vuelco se da en un contexto difícil en riesgo permanente debido a una delgada mayoría parlamentaria y sujeta a acuerdos con los independentistas de Cataluña. Un escenario político cargado por la polarización, sin precedentes desde la Guerra Civil (1936-39), entre las izquierdas y las derechas, y un entorno económico a nivel nacional e internacional desfavorable. Como han apuntado varios observadores, un eventual fracaso de la Coalición podría abrirle el paso a otra alianza, situada exactamente en el lado opuesto, donde Vox y el PP mantienen un discurso xenófobo, antiinmigrante y ultra nacionalista que se dedicaría a reprimir violentamente los reclamos de una mayor autonomía por parte de las comunidades.

Más allá de España, la experiencia de PSOE-Unidas Podemos tiene una importancia especial en una Europa que se debate entre gobiernos y propuestas nacionalistas de extrema derecha (como en Inglaterra) y la continuidad del neoliberalismo (como en Francia). Una tercera opción, como la que ha construido Portugal y ahora se pretende llevar a cabo en el país vecino, adquiere una gran relevancia.  

Para México y el mundo, la aventura que apenas comienza aquel lado del Atlántico puede ser también muy significativa. La posibilidad de contar con un aliado progresista en un mundo tan inestable y riesgoso no debe minimizarse. Sobre todo, para enfrentar la agitada escena política de América Latina. Pero, de igual manera, porque el derrotero del nuevo gobierno ibérico y sus logros pueden ayudar a cambiar el equilibrio mundial inclinando la balanza política, ideológica e intelectual hacia nuevos horizontes post neoliberales.

Por ejemplo, en materia laboral, las reformas que se proponen en España, tienen semejanzas y desde luego diferencias con la situación mexicana. En cuanto a este último aspecto, está claro que allá no tienen como principal preocupación la democracia sindical, ni la calidad de las instituciones estatales. En México, la reforma de 2019 busca precisamente el reconocimiento de representantes sindicales y contratos colectivos avalados por los propios trabajadores mediante el voto personal, secreto y directo. Y la construcción de nuevos organismos como los juzgados y el Centro de Conciliación.

Sin embargo, la globalización neoliberal, la flexibilización del trabajo y la apertura comercial sin control ha vuelto los mercados de trabajo cada vez más precarios en muchas partes del mundo. Uno de los problemas más acusados es el de la subcontratación. No resulta sorprendente, por lo tanto, la insistencia de Unidas Podemos en incluir tan destacadamente este asunto en el programa del nuevo gobierno.

La subcontratación, entendida como la triangulación de las relaciones laborales que ocurre cuando una empresa solicita a otra que le proporcione trabajadores para desempeñar determinadas tareas o servicios, ha sido una manera, desde principios del siglo XX, de burlar derechos fundamentales. En general, la subcontratación no ha servido para aumentar la calificación de la mano de obra o la productividad, ni siquiera para que las empresas dispongan de cuadros técnicos o especializados que de otra manera resultarían incosteables o imposibles de contratar. Aunque hay excepciones, la subcontratación se ha utilizado con el objetivo de reducir costos en materia de salarios, seguridad social, alargando la jornada de trabajo y negando prestaciones. Las empresas que reclutan trabajadores para ofrecerlos a otras empresas se distinguen, en muchos casos, por su habilidad para evadir la ley, sobre todo en el pago de impuestos y de cuotas a la seguridad social. Asimismo, han servido para ocultar la relación laboral entre los empleadores y los empleados, y para esquivar la contratación colectiva. Además, han propiciado una caída de los ingresos y prestaciones pues, debido a sus formas de contratación, el trabajador se ve obligado a aceptar condiciones muy desfavorables.

De esta manera, cualquier avance en el sentido de limitar la subcontratación en otras partes del mundo tiene un significado especial. Propicia el avance de la legislación nacional, los acuerdos internacionales en la materia, y ayuda a fomentar una cultura, sobre todo en las empresas y sus administradores, basada en la protección del trabajador, en la mejora de su calificación y en el respeto de los contratos y reglas acordadas bilateralmente.

La nave española apenas ha zarpado. Se trata de un comienzo prometedor en aguas turbulentas. Habrá que seguirla y, si es posible, acompañarla en su trayectoria.

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Foto: Victoria Valtierra / Cuartoscuro

Por Gregorio Ortega

Periodistas Unidos. Ciudad de México 21 de septiembre de 2019.- ¿Tú, lector, deseas que tu patria se vaya al traste? Quizá coincidimos, sólo los enfermos pueden esperar, incluso con fruición, que el gobierno fracase, por angas o mangas, pero que quienes hoy mandan se hundan, y nosotros con ellos, es una apuesta de alto riesgo, porque nos lleva directo al destino de Haití.

Como millones de mexicanos, dejé de confiar en los partidos políticos desde que los chuchos pervirtieron al PRD; a partir de que el Verde únicamente es útil para amparar raterías electorales, y de las otras; cuando Vicente Fox capituló ante el sistema, y mandó al carajo la transición, y también al momento en que Felipe dedujo que la solución era matar, lo mismo culpables que inocentes, para combatir a la delincuencia organizada. La cereza en el pastel, desde que el PRI se traicionó a sí mismo y enterró al proyecto de la Revolución, sin siquiera organizar las exequias.

Lo que ahora se construye es con los rescoldos de lo que existió, por eso mismo hay desconcierto y el triunfo en el combate a la corrupción y la impunidad está en duda, pues como me dijera un inteligente amigo: No olvides que los políticos en México comen sopa del mismo plato.

Lo entiendo de la siguiente manera: los administradores públicos pervirtieron tanto a las instituciones a su carga, que en lugar de ellos representarlas y modelar su carácter y actitudes de acuerdo a los rasgos republicanos que les dieron vida, son las instituciones las que se travistieron y adoptaron los rasgos humanos de quienes las administran, en idéntica manera a como las mascotas domésticas se parecen a sus dueños.

Si el análisis es correcto, dar a México un destino optimista pasa por la reforma del Estado, por una modificación profunda del modelo de gobierno, para imponer, en consenso, diferentes reglas del juego, acordes con la necesidad de conceptuar y sustituir al proyecto de la Revolución e ir más allá del neoliberalismo y de la redistribución del ingreso, pues si se deja de crear riqueza, lo único a compartir serán las miserias que ya nos agobian.

Sustentar el cambio de régimen únicamente en el combate a la corrupción y la impunidad, deja sin sustento ideológico y político la refundación de la República y a la 4T, porque si no se tienen los elementos legales para encerrar a las cabezas del expolio, de manera rápida, acabará de minarse la confianza en el Poder Judicial de la Federación, de la misma manera que se destruye la imagen de las instituciones con el escarnio de que son objeto las fuerzas armadas.

Prometer una sanción y dejar sueltos a los delincuentes, va en contra de las decisiones políticas elementales para lograr el cambio.

@OrtegaGregorio

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Foto: Mario Jasso / Cuartoscuro

Por Gregorio Ortega

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 16 de julio de 2019.- Muñoz Ledo fue creador de instituciones útiles a la sociedad y al Estado; puntal discreto y en la sombra de las mejores causas ideológicas, como sucedió con la Carta de Derechos y Deberes Económicos de los Estados, y el primer mexicano en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas.

Sorprende ahora con su entrevista concedida a Proceso del 30 de junio último, en la que declara sobre la dificultad de desmontar un régimen, pero olvida que para hacerlo hay que tener concebidas, propuestas y estructuradas las instituciones con las cuales se sustituirá lo que se destruye, para sustituirlo ¿con qué?

Hoy olvidan la reforma del Estado, la propuesta de una cuarta República, porque si bien están empeñados en lograr una reingeniería social, saben o intuyen que la única manera de hacerlo es a la sombra del acedo caudillismo y al amparo de la presidencia imperial, en la idea de preservar la forma para que subsista el fondo de lo colocado para desplazar al proyecto de la Revolución. Es la perversidad de la permanencia del neoliberalismo más atroz, sólo rentable con el empobrecimiento de la mayoría.

Escribe Hannah Arendt en La condición humana que “nos enfrentamos con la perspectiva de una sociedad de trabajadores sin trabajo, es decir, sin la única actividad que les queda. Está claro que nada podría ser peor”. Ella tuvo perfectamente estudiadas las consecuencias de la automatización y robotización antes de que se vulgarizaran los términos y los procesos económicos así conocidos. Hoy nada las detiene, ni los programas sociales frenará el deterioro de los jóvenes y los que pagan el costo de la supuesta transición, sólo fincada en la caída del empleo. Creo en lo dicho por Zoé Robledo.

Porfirio Muñoz Ledo, que fue capaz de anticiparse y ver más allá del común de los mortales, ha perdido la capacidad de análisis, pues acertadamente lo apunta Manuel Cruz en la introducción al libro de la filósofa Arendt: “Nada hay más fuerte y más débil al mismo tiempo que el recién nacido. La natalidad funda simultáneamente la renovación y la contingencia radical”.

¿Para dónde hacernos, entonces? La propuesta de un nuevo régimen está inconclusa, está en situación neonatal, porque sustituye al que ya murió, pero sin origen ni concierto, como si hubieran olvidado articular ideológica e históricamente cómo se proponen gobernar, pues el presidencialismo no da para más.

Además, coincido con Jesús Reyes Heroles, gobernar es optar entre inconvenientes. No existe el modelo político químicamente puro.

@OrtegaGregorio

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