Periodistas Unidos. Ciudad de México. 25 de noviembre de 2025.-  El mercado ilícito de vapeadores y tabaco en México se ha convertido en una de las fuentes de financiamiento más dinámicas del crimen organizado, por lo que actualmente siete carteles se disputan este mercado en el país, alertó un informe elaborado por organizaciones civiles y un periodista mexicano.

En el documento ‘Humo, vapeo y poder: el nuevo negocio del crimen organizado’ especialistas aseguraron que las economías de vapeadores prohibidos y la del tabaco ilegal experimentan actualmente una “expansión acelerada” que ya sostiene operaciones de al menos siete cárteles, algunos de ellos recientemente catalogados como organizaciones terroristas por Estados Unidos.

El informe documenta que al menos siete organizaciones -CJNG, Cartel de Sinaloa, Nueva Familia Michoacana, Cartel del Golfo, Cartel del Noreste, Cárteles Unidos y La Unión Tepito- han convertido el tabaco y los vapeadores ilícitos en una “caja chica” estratégica.

“Este mercado financia armas, logística criminal y enfrentamientos en al menos 16 estados de alto riesgo”, advirtió el periodista Óscar Balderas.

El informe, elaborado por las organizaciones Defensorxs, México Evalúa, el Colegio de México, Causa Común y Balderas, evidencia que la ausencia de regulación efectiva y la prohibición de vapeadores han creado un vacío que diversas organizaciones criminales ocuparon de inmediato.

Los especialistas subrayaron que la falta de trazabilidad y la prohibición vigente generaron un mercado dominado por carteles que importan dispositivos de forma clandestina, principalmente desde Asia, los reempaquetan, comercializan por vía digital y los distribuyen mediante redes que incluyen a menores en escuelas y mercados callejeros.

Defensorxs identificó efectos colaterales particularmente graves: extorsión policial favorecida por la ambigüedad legal; reclutamiento de menores como vendedores; lavado de dinero mediante empresas fachada; y venta digital difícil de rastrear.

En este negocio, facciones del Cartel de Sinaloa vinculadas a los Chapitos han establecido un control significativo, mientras La Unión Tepito ha fortalecido vínculos con proveedores asiáticos para dominar la oferta en la capital del país, según el informe.

El Cartel del Noreste también encontró en los vapeadores una vía de financiamiento, al igual que el Cartel del Golfo, que según el reporte ha reemplazado el tráfico de fentanilo por el de vapeadores y tabaco para mantener activas sus rutas hacia Texas.

Tabaco ilícito: contrabando y diversificación

El tabaco ilegal representa ya dos de cada diez cigarros consumidos en México y mueve entre 15.000 y 20.000 millones de pesos (816 y 1.088 millones de dólares) al año.

Este mercado opera con redes completas de fabricación pirata, bodegas clandestinas, robo de carga, distribución y venta minorista, según el informe.

El documento puntualiza que el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) produce tabaco en fábricas clandestinas en Estado de México, Morelos y Jalisco, mientras explora cultivos transgénicos para asegurar su abastecimiento.

Mientras que la Nueva Familia Michoacana utiliza el tabaco ilícito para reforzar control social en Tierra Caliente (Michoacán, Guerrero y Estado de México) y Cárteles Unidos, el Cártel del Golfo y el Cártel del Noreste lo emplean para financiar operaciones.

La mezcla de mercancía legal e ilegal en el transporte ha contaminado cadenas completas sin que las empresas lo detecten, explicaron los especialistas.

Los especialistas coincidieron en que México necesita regulación clara, trazabilidad estricta, supervisión en aduanas y una estrategia frontal contra redes criminales para impedir que estos mercados continúen fortaleciendo al crimen organizado.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 22 de septiembre de 2025.- Autoridades capitalinas han ajustado a 29 el número de fallecidos por la explosión de un camión cisterna cargado con gas licuado de petróleo (GLP) ocurrida el pasado 10 de septiembre en la alcaldía de Iztapalapa, al oriente de la Ciudad de México. El incremento en la cifra se debe al fallecimiento de dos heridos más durante el domingo, según el último reporte del Gobierno de la Ciudad de México con corte a las 22:00 horas locales (06:00 GMT del lunes).

El siniestro involucró a un vehículo que transportaba casi 50.000 litros de gas, el cual explotó en una zona residencial, causando daños en viviendas, vehículos y comercios aledaños. Inicialmente, se reportaron al menos nueve muertos y decenas de heridos, pero la cifra ha ido en aumento conforme los lesionados graves sucumben a sus heridas. De acuerdo con la actualización oficial, 16 personas permanecen hospitalizadas, mientras que 39 ya han sido dadas de alta.

Entre las historias conmovedoras destaca el caso de una niña de 2 años que sobrevivió gracias a que su abuela, Alicia Matías Teodoro, la protegió con su cuerpo durante la explosión. La abuela falleció por quemaduras en más del 90% de su superficie corporal. De los hospitalizados, varios se encuentran en estado crítico o delicado, distribuidos en distintas clínicas de la capital.

La Secretaría de Salud de la Ciudad de México ha coordinado la atención médica, mientras que bomberos y equipos de emergencia extinguieron las llamas y aseguraron la zona en las horas posteriores al incidente. Investigaciones preliminares apuntan a un posible fallo mecánico o una fuga en el camión, aunque las autoridades no han descartado otras causas y continúan las indagatorias.

 El Gobierno capitalino ha prometido apoyo a las familias afectadas, incluyendo asistencia funeraria y reconstrucción de viviendas dañadas, en un esfuerzo por mitigar las consecuencias de esta tragedia que ha conmocionado a la metrópoli.

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AMEXI. Ciudad de México. 15 de septiembre de 2025.- La explosión de una pipa de gas LP en Iztapalapa volvió a poner bajo la lupa la regulación del transporte de materiales peligrosos en México.

De acuerdo con el ingeniero en transporte y especialista en políticas públicas, Víctor Alvarado, si bien el país cuenta con un marco normativo amplio, los vacíos en la aplicación y supervisión de la ley siguen siendo el eslabón más débil.

“El transporte de combustibles y materiales peligrosos está regulado por el Reglamento de Transporte Terrestre de Materiales y Residuos Peligrosos y un conjunto de normas oficiales (NOMs), entre ellas la NOM-011-1-SCT-2-2022, sobre cantidades exceptuadas; la NOM-004-SCT2/2008, que define los sistemas de identificación; la NOM-043-SCT-SEMAR-ARTF-2023, que regula la documentación; y la NOM-006-SCT-2-2023, que establece la revisión ocular diaria de las unidades”, explicó. A ellas se suma la NOM-052-SEMARNAT-2005, en materia de residuos peligrosos.

Normas vigentes, pero con rezagos

Alvarado subraya que, aunque estas disposiciones están vigentes, muchas tienen más de cinco años sin actualización, cuando los lineamientos del Programa Nacional de Infraestructura de la Calidad indican que deberían revisarse periódicamente.

“El proceso de actualización es público, pero la participación de academia y organizaciones ambientales es baja, lo que limita la definición de prioridades”, advirtió.

Competencias fragmentadas

La Ley General de Movilidad y Seguridad Vial (LGMSV) establece que la regulación del transporte de carga corresponde al ámbito federal, mientras que los gobiernos locales solo pueden acompañar con medidas operativas.

Esto genera un desfase: el Programa Integral de Movilidad 2019-2024 de la Ciudad de México planteaba fortalecer la regulación mediante la revista vehicular, pero esa atribución pasó a la federación con la entrada en vigor de la LGMSV.

“Existen normas que restringen la circulación de vehículos pesados en zonas céntricas, pero su cumplimiento depende de la fiscalización en campo y de rutas claramente definidas, lo cual hoy presenta rezagos por la falta de armonización normativa”, precisó el especialista.

Corredores logísticos y coordinación pendiente

Para mitigar riesgos en zonas densamente pobladas, Alvarado propone establecer:

• Corredores logísticos con rutas obligatorias
• Restringir horarios de circulación —principalmente en horas pico y diurnas—
• Y delimitar zonas de exclusión para materiales peligrosos

Sin embargo, advierte que estas medidas solo serán efectivas si se acompañan de una mejor coordinación entre la federación y las ciudades.

“La fiscalización es competencia de la Guardia Nacional y la SICT, pero su capacidad de inspección es limitada.

”Las empresas deben garantizar seguros, mantenimiento y capacitación, pero sin supervisión efectiva, los vacíos terminan en tragedias, como vimos en Iztapalapa”, puntualizó.

El reto de la flota obsoleta

México enfrenta además un problema estructural: la antigüedad de su parque vehicular.

 “La edad promedio de la flota es de 18 años, ocho más que el estándar de países de la OCDE. Renovar cuesta, pero es indispensable. Los GPS y sensores ayudan, pero de poco sirven en unidades obsoletas, sin mantenimiento ni seguros vigentes”, señaló.

En cuanto a la capacitación, aunque existen lineamientos, no hay un mecanismo que garantice su actualización ni que todos los conductores reciban formación real en manejo defensivo y respuesta a emergencias.

Entre la norma y la práctica

El especialista concluye que la tragedia en Iztapalapa refleja la brecha entre la norma escrita y la práctica:

“Tenemos leyes y protocolos, pero lo que falla es la supervisión, la aplicación efectiva y la inversión en seguridad.

”Sin una visión sistémica que integre vehículos, conductores y coordinación interinstitucional, las emergencias seguirán superando la capacidad de respuesta”.

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• El IFT y la COFECE, entre otros órganos, en este papel de servidores únicos de los intereses privados, constituyen un estorbo y una onerosa carga para la población, no solo por los costos de su existencia misma sino, sobre todo, por los costos sociales que implican para el desarrollo nacional.

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 10 de mayo de 2023.- La apertura que se dio a los grandes capitales en las telecomunicaciones en los años 90 del siglo anterior y el órgano que, transnacionales como ATT y Telefónica exigieron en 2013 al Estado mexicano para regularlas, el hoy Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) que es de los llamados autónomos, son la causa principal:

1. De la crisis que ha obligado a este Estado, limitado e incapaz de tener una política propia para las telecomunicaciones, para responder hasta hoy a los retos que supone el sector y a imponerse sobre temas tan importantes como la soberanía.
2. Del retraso en inversiones que garanticen el desarrollo económico, tecnológico y, sobre todo, la conectividad de la población, cada vez más separada por brechas digitales, entre otras cosas;
3. De que los grandes monopolios, América Móvil (con TELMEX incluido), ATT, TELEVISA y Telefónica sólo tengan en la mira la disputa por los mercados y ninguno se preocupe por buenos servicios, precios realmente competitivos hacia la población, desarrollo social y conectividad a zonas alejadas, participación en educación, salud, etc.; A ellos solo les importa llevarse la mejor tajada de los ingresos del sector, que en 2022 fueron de 547 mil 600 millones de pesos;
4. De que el IFT, llamado órgano regulador, y otros como la Comisión Federal de Competencia Económica (COFECE) por ejemplo, sirvan para garantizar exclusivamente las reglas en que los monopolios de las telecomunicaciones se disputan las ganancias, no solo sin tomar en cuenta la necesidad de desarrollo planteada líneas arriba, sino además compitiendo con fuerza de trabajo en precarias condiciones e intentando por todos los medios acabar con uno de los contratos colectivos referentes en el país: el que firman por un lado TELMEX y por el otro el STRM, bajo la complacencia del eterno secretario general, Francisco Hernández Juárez.
5. De que, en este afán rapaz, cada uno de los monopolios justifique, en esta guerra por la dominancia y las ganancias que representan las telecomunicaciones en el país, su falta de participación socialmente responsable y su negativa a invertir en infraestructura. Por un lado, aduciendo factores como desventaja cuantitativa en la construcción de redes y por otro, argumentando que las condiciones impuestas por el regulador implican desventaja en la oferta de servicios; resultado de todo lo cual, las telecomunicaciones en México sufren hoy una crisis de penetración, de altos costos, de mal servicio, de inversión, de no conectividad y ensanchamiento de brechas digitales, y en medio de tal crisis, quienes menos cuentan son la población y los trabajadores de las telecomunicaciones.

Los títulos de concesión, otorgados a estos actores de presencia multinacional, así como las regulaciones del IFT, a ojos vistas, no han servido más que para traer a nuestro país este retraso que está constituyendo un alto costo para los mexicanos.

Es imprescindible que sea el Estado, con la participación de usuarios y trabajadores, quien garantice la satisfacción de las necesidades en materia de telecomunicaciones, tecnológicas, de inversión, de responsabilidad social, etc. que permita la competencia e integraciones económicas planteadas por las realidades post pandemia. El IFT y la COFECE, entre otros órganos, en este papel de servidores únicos de los intereses privados, constituyen un estorbo y una onerosa carga para la población, no solo por los costos de su existencia misma sino, sobre todo, por los costos sociales que implican para el desarrollo nacional.

La recuperación de la gestoría y regulación de las telecomunicaciones por el Estado debe ser una tarea sindical y política inmediata en medio de la nueva composición económica que en el mundo se está imponiendo.

Atentamente,

Telefonistas Construyendo Democracia,

integrante del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana

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• El Ayuntamiento del estado de Veracruz pone trabas y desconoce los permisos legales otorgados por administraciones pasadas para la regulación de la propiedad privada

• Una familia de diez hermanos padece la deficiencia administrativa para regular y comercializar su propiedad; cinco familias más que ya compraron lotes también se ven afectadas

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 27 de marzo de 2023.- Los trámites burocráticos y los cambios de gabinete en dependencias municipales persisten como un obstáculo, para que la ciudadanía regularice sus propiedades catastrales en varios estados de México. Es el caso del Ayuntamiento Emiliano Zapata, Veracruz.

La familia Montano Rodríguez, conformada por diez hermanos, padece problemas legales debido a la deficiencia del trabajo administrativo del mencionado ayuntamiento.

Las trabas administrativas ocurrieron pese a que su propiedad (13,457.506 m2), denominada “Plan de los Remedios”, de la congregación de Pacho Nuevo, municipio Emiliano Zapata, fue escriturada desde octubre de 2007 (escritura número 42,322) e inscrita en el Registro Público de la Propiedad (número 10,905).
Los diez hermanos acordaron dividir la propiedad en 70 lotes y tramitaron el cambio de uso de suelo para uso habitacional; fue aprobado el 5 de enero de 2012 (oficio número DOPDU/LUS/2012/016).
También se autorizó la subdivisión y traslado de dominio de los 70 lotes unifamiliares, el 18 de enero del 2012 (oficio número DOPDU/ASUB/2012/95).

Tras la regularización de la propiedad privada, la familia Montano Rodríguez inició la comercialización de sus lotes en agosto de 2019 y logró vender a la fecha todos los lotes, cinco de ellos ya escriturados a los compradores otorgando las cédulas catastrales y los prediales individuales la actual administración. Las 65 familias que también adquirieron sus lotes, están a la espera que está misma administración expida las cédulas y los prediales correspondientes, ya que con las cinco primeras escrituras, esto ya se considera un acto legal consentido y consumado.

Para marzo del 2022, la dirección de Catastro Municipal, otorgó las Cedulas Catastrales y las cuentas individuales de los primeros cinco lotes para su escrituración, de los 70 que comprenden el conjunto habitacional.

Sin embargo, el ayuntamiento de Emiliano Zapata informó meses después a los propietarios de los terrenos denominados “Finca Montano”, que los permisos otorgados en 2012 no tenían validez y les exigió realizar nuevamente todos los tramites para obtener nuevos permisos e incluso, les aseveró se reduciría el número de lotes en base a sus nuevos reglamentos.

La familia Montano Rodríguez demandó esta ilegalidad del ayuntamiento ante el TEJAV (Tribunal Estatal de Justicia Administrativa de Veracruz), para exigir le permitan seguir con “los procesos de escrituración de los 65 lotes restantes y que la Dirección de Catastro libere dos tramites de las cinco escrituras ya hechas, ya que las tienen retenidas a manera de presión por parte de ellos”, informaron.

“Para mala suerte, esta demanda no surte efectos ya que actualmente por cuestiones políticas, desaparecen ese tribunal, creando uno nuevo y dejando inconcluso dicho trámite de demanda”, informaron los afectados por medio de un comunicado.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 17 de agosto de 2022.- Con un llamado a la sociedad para reconocer la importancia del oficio musical en la reconstrucción del tejido social y a las autoridades para su regulación y reconocimiento, la Fábrica de Artes y Oficios (FARO) Aragón, realizó este martes el segundo Foro de Reivindicación Sonidera, en el marco de las actividades festivas por su VI aniversario.

“Parte de nuestro festejo es apegarnos mucho a las tradiciones, al barrio y estar en contacto con él, porque nosotros trabajamos allá fuera justo con la gente, y el espacio está abierto para la educación colectiva”, compartió Daniela Silva Fuentes, moderadora de la charla y responsable del recinto.

El encuentro contó con la participación de David Mendoza, de Sonido Retro y Gabriel, de Sonido Inmensidad, en compañía de Luis Romario Reséndiz Ríos, gestor de eventos tradicionales de la zona de Martín Carrera y José Daniel Tepos Vázquez, subdirector de actividades culturales y turismo de la alcaldía Gustavo A. Madero.

Al recordar el surgimiento de los sonideros hace siete décadas en la Ciudad de México, David Mendoza subrayó sus inicios como prácticas culturales surgidas en entornos de marginalidad, que permitían la posibilidad de amenizar las fiestas y reconocer a los diversos personajes del barrio con los tradicionales saludos, y ahora promueven la cohesión social y, sobre todo, se ha vuelto una fuente de sustento que debe ser regulada.

“A la par que exigimos ser reconocidos entendemos que esto implica responsabilidades”, expuso Mendoza, quien aseguró que los principales conflictos con las autoridades radican en los horarios, cantidad y tipo de equipo, transportes, aforo y consumo de bebidas alcohólicas, medidas que, indicó, deben ser reguladas con el desarrollo de una tipología de estos eventos en el espacio público.

El gestor musical cuestionó que este ejercicio no esté considerado en el reglamento para los trabajadores no asalariados de la ciudad ni en la Ley de Espectáculos Públicos y Actividades Recreativas, producto de una regulación enfocada para prohibir.

Ante una Constitución local liderada por los derechos culturales, Mendoza enfatizó el impacto cultural de este oficio no sólo por la derrama económica que genera, sino también por su arraigo identitario, impulso a la creación de los clubes de baile y la preservación de una cultura musical que trasciende generaciones.

“El movimiento sonidero ha permitido que los géneros musicales de Guatemala para abajo sigan vivos y en el gusto de millones de personas a lo largo y ancho del país, y más allá, porque son ritmos o géneros que no son actuales, como Frankie Ruiz, Héctor Lavoe y Rufo Garrido, pero que la gente pide como si recién se hubieran estrenado esas canciones”, compartió.

Gabriel, de Sonido Inmensidad, explicó que esta práctica cultural no promueve la violencia, y por el contrario ha servido para generar unión entre los barrios, tal como lo ejemplifica el lema de este aniversario “6 Años, retumbando con el Barrio”, que busca la cohesión social y requiere, de manera urgente, alejar al oficio de diversos estigmas sociales.

“Nosotros descubrimos que la música era la herramienta perfecta para reconciliar la bronca entre los barrios, esta calle contra esta calle ¿Qué hace el sonido? Unir a la banda. Entonces, la música era la única forma de reconciliar y la receta era el amor”, reveló el sonidero.

Y agregó: “El sonido ha sido nuestro psicólogo para restaurar partes de nuestro corazón y pensamiento, para salir de la tristeza y convivir respetándonos y admirándonos sin necesidad de fechas especiales”.

Al destacar que la del movimiento sonidero es una lucha de resistencia por el derecho a la ciudad y a la democratización del espacio público, Tepos Vázquez resaltó el “Homenaje a los sonidos del barrio”, que contará con la participación de diversos representantes liderados por Sonido La Changa y Sonido Retro, este sábado 20 de agosto a las 17:00 horas.

El recinto celebra su oferta formativa con la que busca contribuir al fortalecimiento del tejido social, la recuperación de la memoria colectiva, el quehacer comunitario, la resignificación del espacio común y la promoción de la equidad de género para desaprender y reaprender las formas de vincularnos a través de las tradicionales fiestas y elementos identitarios de Aragón.

La FARO Aragón, integrante de la Red de FAROS de la Secretaría de Cultura capitalina, está ubicada en av. 517 s/n, San Juan de Aragón, Sección I, alcaldía Gustavo A. Madero.

Para conocer todos los detalles del programa, sigue las redes sociales Facebook @FaroAragonOficial, Twitter @FaroAragon e Instagram @faroaragon.

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