EFE. Ciudad de México. 03 de junio de 2026.-  Organizaciones como Amnistía Internacional (AI), Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras (SF) condenaron el secuestro de la periodista mexicana Roxana Berenice Guzmán, ocurrido en la víspera en el estado de Veracruz (este), y exigieron la localización pronta de la comunicadora.

Los organismos internacionales exigieron a las autoridades federales y estatales “desplegar todos los recursos necesarios para su búsqueda”, así como mantener informada a la familia de la periodista.

Guzmán, directora y reportera del medio Pulso Informativo del Sureste, fue secuestrada en el municipio de Nanchital, tras la irrupción violenta a su domicilio de un grupo de hombres armados, rapto que quedó registrado en video y difundido en redes sociales.

Desde su desaparición, Artículo 19 exigió a las autoridades federales y estatales “actuar con la máxima diligencia y coordinación para garantizar su pronta localización con vida”.

“Solicitamos que su labor periodística sea considerada como una línea prioritaria de investigación y que se aplique el Protocolo Homologado de Investigación de Delitos contra la Libertad de Expresión”, publicó la organización en sus redes sociales.

A esta demanda se sumó AI, al señalar que el Gobierno de México tiene “la obligación de actuar de manera inmediata”, así como “proteger su integridad y esclarecer los hechos”.

“El secuestro de una periodista no solo pone en riesgo su vida, libertad e integridad; también representa una amenaza a la libertad de expresión y al derecho de la sociedad a estar informada”, publicó AI en su cuenta oficial de X.

Por su parte, RSF advirtió que Nanchital es un punto rojo para ejercer el periodismo y que Guzmán -desde su medio informativo, con cerca de 20.000 seguidores- difundía temas delicados relacionados con la política municipal, secuestros, desapariciones y denuncias ciudadanas en Veracruz, una de “las regiones más peligrosas del mundo para la profesión”.

“Dada la naturaleza de sus reportajes y el contexto en el que trabaja, sus actividades periodísticas recientes deben considerarse una línea prioritaria de investigación”, afirmó -en un comunicado- el director de RSF para América Latina, Artur Romeu.

La organización también confirmó que la Fiscalía General del Estado de Veracruz abrió una investigación y desplegó a fiscales, peritos y agentes de la policía ministerial, así como elementos de la Marina y la Guardia Nacional.

RSF detalló que, tras el secuestro de Guzmán, la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas de Veracruz (CEAPP) envió un equipo al lugar para brindar apoyo a su familia.

Además, la ONG precisó que, según medios nacionales, la periodista ya había solicitado ayuda a la CEAPP después de denunciar un presunto acoso por parte de un funcionario municipal.

Así mismo, RSF destacó que Carlos Fernández Escalante, pareja de Guzmán, fue asesinado a tiros en Nanchital en 2017, por lo que la periodista pasó varios años fuera de Veracruz.

Según la organización, al menos veintiocho periodistas se encuentran actualmente desaparecidos en México, una de las manifestaciones más extremas de la violencia contra el derecho a informar; además, el país ocupa el puesto 122 entre 180 en la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa 2026 de RSF.

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EFE. Ciudad de México. 25 de febrero de 2026.- Reporteros Sin Fronteras (RSF) denunció este miércoles que al menos ocho periodistas fueron agredidos, amenazados o despojados de sus equipos por miembros de organizaciones criminales, mientras cubrían el operativo en el que fue muerto el narcotraficante El Mencho, líder del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

Tras documentar los ataques, RSF señaló que estos fueron perpetrados por integrantes del crimen organizado e incluyeron disparos contra vehículos de prensa, golpizas, robo de cámaras y teléfonos móviles, retenciones y amenazas graves.

Ante esto, RSF exigió a las autoridades mexicanas investigar los hechos de manera eficaz y adoptar medidas urgentes para proteger a la prensa en un contexto que calificó como «extremadamente peligroso».

La organización subrayó que la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, no ha emitido hasta ahora una declaración formal sobre los ataques, pese a haber firmado un compromiso para fortalecer la protección a periodistas.

«Desde que asumió la presidencia (en octubre de 2024), ha habido pocos avances en la materialización de dicho compromiso», indicó RSF en un comunicado.

Nemesio Oseguera Cervantes, El Mencho, uno de los criminales más buscados por autoridades mexicanas y estadounidenses, fue abatido el domingo durante un operativo en Tapalpa, 130 kilómetros al sur de Guadalajara, capital de Jalisco, detonando manifestaciones violenta en casi todo el territorio mexicano.

Sobre los ataques registrados en la jornada violenta tras la caída del capo, RSF señaló que la mayoría de los casos ocurrieron en Jalisco (oeste), Sinaloa y Tamaulipas (norte).

En Jalisco, el reportero Otoniel Martínez, de Azteca Noticias, denunció que el vehículo en el que viajaba fue alcanzado por disparos durante la cobertura, y la periodista Lupita Martínez, del medio digital Vallarta Al Momento, fue obligada a bajar de su automóvil a punta de pistola.

En Sinaloa, Belizario Reyes y Juvencio Villanueva, del periódico Noroeste, fueron golpeados y despojados de su equipo.

Mientras que en Tamaulipas, Guadalupe Castorena, de El Mañana de Reynosa, fue despojado de su vehículo y herramientas de trabajo, y Jesús Humberto González, de Cambio Press, fue retenido en un retén criminal y amenazado junto con su familia.

También se reportaron amenazas contra el periodista Ian Martínez, del periódico Correo, en Guanajuato, así como un caso de intimidación en Michoacán contra un reportero que pidió permanecer en el anonimato, agregó RSF.

El director de RSF América Latina, Arturo Romeu, advirtió que estos ataques «confirmaron la alarmante normalización de la violencia contra la prensa en México durante más de una década» e urgió protocolos efectivos para garantizar la seguridad de los periodistas.

El reporte de RSF coincide con el de Artículo 19, que en la jornada del domingo pasado documento ocho ataques a la prensa: Guanajuato (2), Jalisco (2), Tamaulipas (2), Michoacán (1) y Sinaloa (1), vinculadas «a grupos del crimen organizado o sujetos desconocidos».

Según RSF, México se ubicó en 2025 como el segundo «más peligroso para ejercer el periodismo» -solo por detrás de Gaza-, con nueve crímenes contra la prensa, dos más que en 2024.

De acuerdo a las cifras de Artículo 19, cada 14 horas se produce un caso de agresión hacia un informador en México.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 01 de enero de 2026.- Con nueve informadores asesinados en 2025, asociaciones de defensa de la libertad de prensa alertaron este miércoles que el periodismo en México se ve sometido a un asedio «muy preocupante» por la violencia permanente y una impunidad en los crímenes, una realidad que no parará a menos que la presidenta, Claudia Sheinbaum, reconozca el problema y reaccione para ponerle freno.

Según Reporteros Sin Fronteras (RSF), el país se ubica este año como el segundo «más peligroso para ejercer el periodismo», solo por detrás de una Gaza donde la invasión israelí dejó a más de 120 periodistas asesinados, aseguró a EFE su representante en México, Balbina Flores.

La situación es la de una «violencia general que no ha desaparecido», con cifras «altísimas» en estados como Guerrero (sur), Michoacán (oeste) o Guanajuato (centro), en donde la mayor parte de los periodistas agredidos trabajaban para medios locales que cubrían cuestiones relacionadas con la seguridad y derechos humanos.

«Los periodistas independientes son cada vez más vulnerables ante un contexto de violencia en México que no ha logrado modificarse significativamente para la prensa», afirmó Flores.

Su gran amenaza es la permanente sombra del crimen organizado, en algunos casos «vinculado de alguna manera con actores políticos», lo que le convierte en uno de los «principales responsables» de esos niveles de violencia hacia la prensa.

Como consecuencia, detalló Flores, se han creado e incrementado las llamadas ‘zonas de silencio’, lugares «donde los periodistas no pueden entrar y la información ya no sale».

A las nueve víctimas mortales que deja este año (dos más que en 2024) y los 28 periodistas que permanecen en paradero desconocido, se le suma la «impunidad» en los casos de asesinatos y en las desapariciones, que es lo que «mata a los periodistas» porque los autores «no son llevados ante la justicia».

Un Gobierno que «no reacciona», una agresión cada 14 horas

Ante ello, lamentó Flores, las perspectivas son sombrías ya que el Gobierno federal «no reacciona».

A pesar del «discurso gubernamental», RSF apuntó que las cifras de violencia a la prensa «no se han movido significativamente» las últimas décadas, de modo que prevén que, si todo sigue igual, durante el sexenio de Sheinbaum (2024-2030) la problemática «no se haya modificado».

Según la organización, la mandataria encara un «momento oportuno» para hacer de México «un país que ya no se siga calificando como uno de los más peligroso para ejercer el periodismo», para lo que debe tomar «medidas urgentes» que fortalezcan un sistema de protección que sigue siendo «muy deficiente».

Este diagnóstico es compartido por el director regional de México y Centroamérica de la organización Artículo 19, Leopoldo Maldonado, quien aseguró que las autoridades «no acusan recibo» del problema de «impunidad sistémica y violencia letal» contra los periodistas, y que calificó como la «forma más extrema» de censura.

«La presidenta Sheinbaum no reconoce que existe esta violencia contra la prensa, sino que dice que México es el país más democrático y en el que se disfruta de la mayor libertad de expresión a nivel mundial. Entonces, partiendo de que no hay un diagnóstico y un reconocimiento del problema, es muy difícil atajarlo», destacó.

De acuerdo a las cifras de Artículo 19, cada 14 horas se produce un caso de agresión hacia un informador en México, con el efecto de «amedrantamiento» que eso genera.

Además, la situación de acoso judicial «ha ido empeorando», subrayó su director regional, al cifrar en más de cincuenta los casos judiciales iniciados contra medios y profesionales con el «único fin de callar y desgastar».

En términos regionales, América Latina concentra el 42 % de casos de violencia letal contra la prensa, lo que la coloca como la región «sin una guerra declarada más violenta contra la prensa», dentro de la cual México «encabeza la lista».

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Periodistas Unidos. París, Francia. 01 de noviembre de 2025.- Con el Día Internacional por el Fin de la Impunidad de los Crímenes contra Periodistas a las puertas —el 2 de noviembre—, Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha destapado los rostros de los 34 «depredadores» que en 2025 han cebado su odio contra la prensa libre, asesinando, encarcelando, asfixiando económicamente o azuzando el odio digital contra quienes informan.

En un tono sarcástico que complementa su Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa, RSF clasifica a estos enemigos en cinco categorías —política, seguridad, económica, legal y social— según sus métodos letales: desde ejércitos de trolls hasta balas reales.

El Ejército de Israel: 220 periodistas en la mira

Destacado en la categoría de «seguridad», el Ejército de Israel (IDF) bajo el Gobierno de Benjamin Netanyahu se erige como uno de los más notorios. Responsable de la muerte de cerca de 220 periodistas, no solo bombardea redacciones en Gaza sino que despliega campañas de difamación en internet para desacreditar a la profesión entera. «Represión sin límites», sentencia RSF.

CJNG: El terror narco que ahoga México

En el mismo rubro, el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG) se corona como la organización criminal más violenta de México y uno de los depredadores más temibles del mundo. En 2025, su rastro de sangre incluye:

• Asesinato de José Carlos González Herrera en Guerrero, tras amenazas por cubrir crimen local.
• Ejecución de Kristian Zavala y su chofer en Guanajuato.
• Muerte de Calletano de Jesús Guerrero en Edomex, días después de exponer colusión entre fuerzas de seguridad y narcos.

Diez periodistas desplazados y medios locales cerrados por miedo. El CJNG impone un «apagón informativo» con torturas y montajes macabros, extendiendo su dominio a más de 20 estados en un clima de impunidad total.

Otros «depredadores» habituales y novedades digitales

La lista repite a clásicos como el Partido Comunista Chino (Xi Jinping), Mohammed bin Salman, Vladimir Putin y Alexander Lukashenko. Nuevos ingresos: juntas militares en Birmania y Burkina Faso (Ibrahim Traoré), Brendan Carr (FCC, EE.UU.) por presiones económicas, y Elon Musk por acoso en X.

La tecnología como arma: Xi usa chatbots para propaganda; Israel y Musk, redes para linchamientos virtuales.

«Nos asombra la capacidad de los enemigos de la prensa para renovar sus ataques», advierte Thibaut Bruttin, director general de RSF. «La impunidad no es fatalidad: deben rendir cuentas».

¿Quién es quién? Un juego para no olvidar

RSF innova con un «¿Quién es quién?» interactivo de nueve depredadores: pistas para adivinar tras sus «rostros de la censura». ¡Juega y sensibilízate!.

En un 2025 donde el periodismo resiste bajo fuego cruzado, RSF grita: nombrarlos es el primer paso para juzgarlos. ¿Silencio o justicia? El 2 de noviembre decide. Aquí abajo te dejamos el enlace para jugar:

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 04 de octubre de 2025.- Activistas de la Global Sumud Flotilla han elevado las denuncias contra las fuerzas israelíes, afirmando que la activista sueca Greta Thunberg sufrió golpes y un trato degradante durante la intercepción de los barcos humanitarios en aguas internacionales, en un incidente que ha desatado una ola de condenas globales y demandas de investigación independiente. Los testimonios, difundidos por la coalición organizadora y corroborados por videos filtrados, describen un abordaje violento que incluyó cañones de agua, gas lacrimógeno y forcejeos físicos, dejando a Thunberg –quien grabó un mensaje pre-intercepción exigiendo rendición de cuentas por «crímenes de guerra»– con moretones visibles y expuesta a humillaciones sistemáticas. Este reclamo surge en medio de la detención de más de 440 participantes, mientras Israel insiste en que todos los detenidos están «sanos y a salvo», y acelera deportaciones masivas.

La intercepción ocurrió en la madrugada del 1 de octubre, a unas 70 millas náuticas (130 km) de la costa de Gaza, cuando comandos de la Armada israelí escalaron las 42 embarcaciones de la flotilla –compuesta por veleros y yates civiles con ayuda simbólica como medicinas y alimentos para Gaza, asfixiada por un bloqueo de 18 años. Thunberg, a bordo del Sirius, fue uno de los primeros en ser «extraída» por soldados armados, según un video oficial israelí que la muestra sentada en cubierta rodeada de uniformados enmascarados, recibiendo una botella de agua y un impermeable. Sin embargo, activistas como la eurodiputada francesa Rima Hassan y el activista tunecino Amine Snoussi, liberados en el primer vuelo a Estambul, relataron en rueda de prensa: «Greta fue empujada al suelo y golpeada en los brazos mientras intentaba proteger el equipo de comunicación. La obligaron a arrodillarse durante horas bajo la lluvia, negándole atención médica inicial».

La Global Sumud Flotilla, alianza de la Freedom Flotilla Coalition y redes pro-palestinas, emitió un comunicado detallando «agresiones calculadas»: drones lanzando granadas aturdidoras y «polvo irritante» sobre cubiertas, cañones de agua de alta presión que derribaron a tripulantes, y un «apagón comunicacional» que aisló a los barcos. «Esto no fue una intercepción; fue un asalto para silenciar a críticos del genocidio en Gaza«, declaró la secretaria general de Amnistía Internacional, Agnès Callamard, calificándolo como «un ataque descarado contra activistas solidarios en misión humanitaria pacífica». Videos en vivo desde el Oxygono muestran soldados israelíes irrumpiendo con rifles apuntando a civiles sentados en círculo, mientras el Florida fue embestido deliberadamente, causando pánico entre los 443 detenidos de 44 países.

Thunberg, de 22 años y figura icónica del activismo climático, se unió a la flotilla desde Barcelona el 31 de agosto, junto a la exalcaldesa Ada Colau y el nieto de Nelson Mandela, Mandla. En un audio pre-grabado, advirtió: «Israel no está por encima del derecho internacional». Tras su detención, fue trasladada a la prisión de Saharonim en el desierto del Néguev –un centro criticado por Amnistía por condiciones «inhumanas» como celdas hacinadas y falta de ventilación–, donde rechazó la deportación «voluntaria» para no legitimar la acción. Su madre, Malena Ernman, exigió desde Estocolmo: «Mi hija merece justicia, no propaganda». El Ministerio de Exteriores sueco confirmó visitas consulares, reportando «moretones en extremidades» pero «estado estable», y urgió una pesquisa bajo el Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que prohíbe intercepciones en alta mar contra misiones humanitarias.

Israel defiende la operación como «medida de seguridad» en una «zona de combate activo», acusando a la flotilla de «provocación orquestada por Hamás» sin carga humanitaria real. El Ministerio de Exteriores publicó imágenes de Thunberg «sana y recibiendo atención», afirmando: «Instrucciones claras: sin violencia contra pasajeros». No obstante, el ministro italiano Antonio Tajani –con 23 nacionales detenidos– cuestionó esas directrices, demandando «verificación de abusos». La ONU y Reporteros Sin Fronteras, que reporta 20 periodistas arrestados, llaman a una investigación imparcial, evocando el asalto de 2010 a la Flotilla de la Libertad, donde murieron nueve turcos.

La denuncia ha inflamado protestas globales: en Roma, un paro general paralizó el país; en Bogotá, Colombia expulsó diplomáticos israelíes; y en Bruselas, miles marcharon con lemas como «Justicia para Greta y Gaza». Dos belgas en huelga de hambre en Saharonim citan el caso de Thunberg como motivación. Mientras deportaciones continúan –147 ya en Estambul y Roma–, los organizadores insisten: «Los golpes a Greta no nos detendrán; sumud significa resistencia hasta que Palestina sea libre». En una Gaza al borde de la hambruna, con 2.3 millones dependientes de ayuda bloqueada, este episodio expone las fisuras de un conflicto donde la solidaridad civil choca contra el acero de un bloqueo implacable.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 04 de octubre de 2025.- En un gesto de protesta radical contra su detención en aguas internacionales, dos activistas belgas de la Global Sumud Flotilla –el abogado de derechos humanos Alexis Deswaef y la activista de Bruselas Latifa Gharbaoui– iniciaron una huelga de hambre indefinida este viernes en la prisión de Saharonim, en el desierto del Néguev. Los participantes, parte de los más de 440 detenidos por fuerzas israelíes durante la intercepción de la flotilla humanitaria a Gaza, denuncian «trato degradante» y violaciones al derecho internacional, en un acto que ha movilizado a miles en Bélgica y Europa. Flotilla Belgium, la organización que coordinó su participación, confirmó la medida extrema, que busca presionar por su liberación inmediata y visibilizar el bloqueo israelí a la Franja de Gaza, vigente desde hace 18 años y calificado por Amnistía Internacional como un factor clave en la «hambruna inducida» que azota a Gaza.

Deswaef, presidente de la Liga de Derechos Humanos de Bélgica y exmiembro del Parlamento Europeo, y Gharbaoui, fundadora de la Asociación de Mujeres Musulmanas de Bélgica, abordaron el velero Liberté desde el puerto de Ostende el 25 de septiembre, como parte de la coalición de 42 embarcaciones que zarpó de España, Italia, Grecia y Túnez. Su misión: entregar ayuda simbólica –medicinas, alimentos y suministros médicos para paliar la crisis en Gaza, donde la guerra ha dejado al borde del colapso a 2.3 millones de habitantes– y desafiar el asedio naval. Interceptados el 1 de octubre a 70 millas náuticas de la costa gazatí, los belgas fueron trasladados a Ashdod, procesados en audiencias exprés sin acceso a abogados y recluidos en Saharonim, un centro de detención conocido por condiciones precarias en el sur de Israel.

La huelga de hambre comenzó a las 18:00 horas locales, tras rechazar la «deportación voluntaria» que Israel exige para agilizar el proceso. «No firmaremos nada que legitime esta piratería estatal. Nuestra salud se deteriora, pero nuestra voluntad de romper el bloqueo es inquebrantable», declaró Deswaef en un mensaje grabado antes de la intercepción, difundido por Flotilla Belgium. Gharbaoui, de origen marroquí y activista por los derechos de las migrantes, agregó en un audio: «Esto es por las madres de Gaza que ven morir a sus hijos de hambre. No comeremos hasta que nos liberen o nos dejen llegar». Los organizadores reportan que ambos recibieron atención médica inicial, pero temen complicaciones por deshidratación, especialmente en el calor del desierto, donde temperaturas superan los 35°C.

El Ministerio de Asuntos Exteriores belga confirmó que su embajador en Tel Aviv visitó a los detenidos el jueves, verificando su «estado de salud aceptable» pero exigiendo «acceso consular irrestricto y repatriación humanitaria». «Estamos en contacto constante con las autoridades israelíes para garantizar sus derechos», afirmó el portavoz David Jordens en una rueda de prensa en Bruselas. Sin embargo, el Gobierno de Alexander De Croo enfrenta presiones internas: más de 4.000 manifestantes se congregaron ayer frente al Ministerio de Exteriores, con pancartas como «Liberen a Alexis y Latifa» y «Bélgica contra el genocidio», convocados por ONG como Oxfam y la Liga Árabe Europea. El primer ministro tuiteó: «Apoyamos la diplomacia pacífica, pero condenamos cualquier detención arbitraria».

Israel, por su parte, mantiene que la flotilla era una «provocación orquestada por Hamás» en una «zona de combate activo», y que los activistas fueron advertidos para cambiar curso. El Ministerio de Exteriores israelí ha deportado ya a 147 participantes –incluyendo grupos a Estambul, Roma y Madrid–, pero rechaza la huelga de hambre como «teatro político». «Todos están sanos y recibirán atención; la deportación es inminente para quienes cooperen», indicó un portavoz, publicando fotos de Deswaef y Gharbaoui en celdas compartidas. Críticos como la ONU y Reporteros Sin Fronteras –que denuncia el arresto de 20 periodistas a bordo– ven en estas acciones una violación del Convenio de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar, que protege misiones humanitarias en alta mar.

Esta no es la primera huelga de hambre en el contexto de la flotilla: en junio, el activista brasileño Thiago Avila inició una similar en el mismo penal por el bloqueo a Gaza. La Global Sumud Flotilla, impulsada por la Freedom Flotilla Coalition, insiste en que el fracaso operativo no frena su «sumud» –resistencia en árabe–. «Alexis y Latifa representan a miles: no nos detendremos hasta que Palestina sea libre», afirmaron los organizadores en un comunicado. Mientras protestas escalan en Bruselas, París y Berlín, y con deportaciones pendientes para belgas y otros europeos, la huelga de hambre de los dos flamencos se erige como un recordatorio visceral de la crisis gazatí, donde la ONU reporta «niveles catastróficos de hambre». En Saharonim, el silencio roto por el ayuno podría ser el grito más audible contra un bloqueo que, para muchos, es ya un crimen colectivo.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 15 de septiembre de 2025.- Nepal se sumerge en una espiral de violencia que amenaza la frágil democracia del país himalayo, donde protestas juveniles contra la corrupción y la censura digital han derivado en ataques devastadores contra la prensa. Al menos 19 personas murieron el 8 de septiembre por la represión policial, y el 9 de septiembre, más de una docena de medios de comunicación y tres organizaciones periodísticas fueron incendiados o vandalizados en al menos ocho localidades, dejando a cinco periodistas heridos, según denunció Reporteros Sin Fronteras (RSF). En medio del caos, el Ejército asumió el control de la seguridad nacional y una jueza de la Corte Suprema, Sushila Karki, fue designada primera ministra interina para intentar estabilizar un Gobierno tambaleante.

Las manifestaciones, impulsadas por jóvenes indignados contra la élite política y la suspensión de 26 plataformas de redes sociales –justificada por el Ejecutivo por incumplimiento de directivas de registro–, estallaron el 8 de septiembre en Katmandú y ciudades como Butwal, Pokhara y Chitwan. Exigiendo reformas electorales y el fin de la represión en línea, los protestantes chocaron con fuerzas de seguridad que respondieron con balas de goma y gases lacrimógenos, dejando un saldo trágico de 19 fallecidos, la mayoría por disparos. El día siguiente, la furia se volcó contra los medios, percibidos por algunos manifestantes como cómplices del statu quo, en una escalada que RSF califica de «inaceptable» y que ha silenciado voces clave en un momento de máxima inestabilidad.

En Katmandú, el epicentro de los disturbios, el Kantipur Media Group (KMG) –dueño de los diarios Kantipur, el portal ekantipur.com y The Kathmandu Post– vio sus oficinas en Thapathali reducidas a cenizas, al igual que las residencias de sus propietarios, Kailash Sirohiya y Rameshwor Thapa. En Tinkune, Kantipur TV y Radio Kantipur quedaron destruidos durante una transmisión en vivo: manifestantes irrumpieron en la sala de redacción, obligando al director de noticias Rupesh Shrestha a romper una puerta para evacuar al equipo; Shrestha y el periodista Aneel Bogati fueron agredidos físicamente. Avenues Television, ABC Television e ITV Nepal cesaron emisiones por daños irreparables, mientras el Annapurna Post fue incendiado tras la evacuación de su personal. El Babarmahal Press Center –organización de periodistas maoístas– y las oficinas de ThahaKhabar.com sufrieron saqueos y vandalismo.

La destrucción se extendió más allá de la capital. En Butwal, vehículos de News24 TV y Radio Jagaran fueron quemados; en el distrito de Kaski, motocicletas de Radio Dhorbarahi fueron destruidas y la cámara del redactor jefe de Kendrabhag.com, Govinda Subedi, dañada mientras cubría una protesta. En Chitwan, provincia de Bagmati, las oficinas de Safal Khabar.com y el diario Chure Sandesh fueron saqueadas e incendiadas, el equipo de comunicaciones de Kalika FM destruido, y la casa del director de Kapurbot Media, Santosh Deuja, arrasada. En Ilam, Nepalvani FM y el diario Ilam Express Daily fueron vandalizados; en Sarlahi, provincia de Madhesh, el periodista Rajeev Sah de Mero Shaan fue golpeado mientras filmaba el incendio de una comisaría; y en Saptari, las oficinas distritales de la Federación de Periodistas Nepalíes quedaron destrozadas. Public Service Broadcasting Nepal (PSBN), dueña de Radio Nepal y Nepal Television en Singha Durbar, también fue saqueada.

Los periodistas pagaron un alto precio desde el inicio: el 8 de septiembre, cuatro reporteros resultaron heridos por balas de goma en Katmandú mientras cubrían las protestas iniciales. Shyam Shrestha, camarógrafo de Kantipur TV; Dipendra Dhungana, fotoperiodista de Naya Patrika; Umesh Karki, de Nepalpress; y Shambhu Dangal, periodista independiente, sufrieron impactos que requirieron atención médica. Además, Barsha Shah, reportera de Deshsanchar, fue herida por una piedra lanzada durante los enfrentamientos.

RSF, que ubica a Nepal en el puesto 106 del Índice Mundial de Libertad de Prensa, condenó los hechos con dureza: “Estos violentos ataques contra medios de comunicación durante un levantamiento contra las autoridades son inaceptables. También lo es la violencia policial que ha causado heridas a cuatro periodistas. En tiempos de crisis e inestabilidad, es más importante que nunca proteger el derecho a informar y a estar informado”. La organización insta a la primera ministra interina Sushila Karki, al presidente Ram Chandra Paudel y al Ejército –que ahora controla el país– a garantizar la protección de los periodistas y restaurar la libertad de prensa como pilar de la democracia. “Es fundamental que la libertad de prensa se establezca como un derecho inalienable”, enfatizó RSF.

Nepal, con más de 1.400 diarios y 800 emisoras registradas, ha transitado de la monarquía absoluta a la república federal en 2008, pero persisten tensiones entre poder y medios. La Federación de Periodistas Nepalíes reporta un aumento del 40% en incidentes contra reporteros desde el estallido de las protestas, y teme que el control militar profundice el vacío informativo. Con elecciones anticipadas en el horizonte, esta crisis no solo destruye oficinas y equipos, sino la confianza en un sistema que depende de la verdad para reconstruirse. Para los periodistas nepalíes, heridos pero resilientes, el fuego ha cobrado su infraestructura, pero no su voluntad: en la fragilidad de la democracia, la prensa sigue siendo el faro que ilumina el caos.

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Periodistas Unidos. San José, Costa Rica. 08 de septiembre de 2025.- El periodismo en Nicaragua sobrevive entre la apatridia de facto, la autocensura y la cárcel bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, alertó este lunes el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua, una ONG humanitaria con sede en el exilio. En un comunicado conmemorativo del Día Internacional del Periodista, el organismo documentó cómo casi 300 comunicadores han sido obligados a huir del país desde 2018 por visibilizar violaciones a los derechos humanos, enfrentando ahora un limbo jurídico que les niega documentos esenciales y los condena a una vulnerabilidad extrema.

“Desde 2018, casi 300 periodistas nicaragüenses han sido forzados al exilio por ejercer su labor con integridad y compromiso al visibilizar los abusos de derechos humanos de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo”, señaló el Colectivo en su declaración. Muchos de estos exiliados, radicados principalmente en Costa Rica, Estados Unidos y España, sufren apatridia de facto: el Estado les prohíbe el regreso, retiene o niega la renovación de pasaportes, cédulas de identidad y partidas de nacimiento. “Esta negación de documentos oficiales no solo vulnera sus derechos fundamentales, sino que los coloca en una situación de extrema vulnerabilidad jurídica, social y económica”, advirtió la ONG, calificando esta práctica como una herramienta de castigo político y borrado institucional.

El Colectivo instó a gobiernos como España, México, Chile, Argentina y Colombia, que han ofrecido nacionalidad a apátridas nicaragüenses, a extender protección a estos periodistas. “La labor de estos periodistas es esencial para documentar violaciones a los derechos humanos, preservar la memoria histórica y mantener viva la conciencia crítica. Otorgarles protección legal y acceso a una nacionalidad no es solo un acto de solidaridad: es una defensa activa de la libertad de prensa y de los valores democráticos”, argumentó el organismo. Según datos de la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), al menos 278 periodistas han sido exiliados desde 2018, con un aumento en 2025 debido a asedios, allanamientos y robos de equipos tecnológicos.

La denuncia también resalta detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de comunicadores. El Colectivo exigió la inmediata aparición con vida de Fabiola Tercero (desaparecida desde julio de 2024), Leo Cárcamo (arrestado el 22 de noviembre de 2024) y Elsbeth D’Anda (detenida el 27 de octubre de 2024), mientras Irvin Guerrero permanece en casa por cárcel. “El paradero de los primeros tres periodistas sigue siendo desconocido. Exigimos al Estado nicaragüense su inmediata aparición con vida, el cese de la persecución a la prensa y el respeto irrestricto a los derechos humanos”, demandó la ONG. Amnistía Internacional ha documentado un continuum de represión desde 2018, con más de 50 medios clausurados o confiscados, incluyendo La Prensa, Confidencial y 100% Noticias, y un bloqueo a dominios .ni en 2025.

Expertos como Gonzalo Carrión, activista del Colectivo y nicaragüense desnacionalizado, describieron en mayo pasado estos casos como “crímenes de lesa humanidad”. Hasta febrero de 2025, se registraban 160 apátridas de facto, cifra que ha crecido a cientos, afectando no solo a periodistas, sino a religiosos, defensores y opositores. El Grupo de Expertos de la ONU sobre Nicaragua (GHREN) confirmó en abril que estas prácticas violan la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, ratificada por Nicaragua en 2013, dejando a víctimas en un “limbo migratorio” que impide acceso a salud, empleo y educación.

Periodistas exiliados como Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial, han denunciado que el exilio se ha convertido en una condición permanente, con redacciones dispersas por el mundo y periodistas combinando el oficio con trabajos precarios, como entregas en motocicleta en Costa Rica. “Un periodismo valiente que ha enfrentado a una de las peores dictaduras de la historia del país, responsable del asesinato a balazos de 355 nicaragüenses tras las protestas de abril de 2018”, valoró el Colectivo, destacando la resistencia pese al cierre de más de 50 medios y la autocensura impuesta por el miedo.

La crisis, agravada desde las elecciones de 2021, ha forzado a 289 comunicadores al exilio, según FLED, con 9 de 15 departamentos sin periodismo independiente. Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y PEN International llaman a la comunidad internacional a actuar, recordando que la apatridia es “tortura” y un obstáculo para la reunificación familiar. El Colectivo reafirmó su compromiso con la defensa del periodismo libre, urgiendo al mundo a no ignorar esta “grave crisis” que amenaza con un apagón informativo en Nicaragua.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 01 de septiembre de 2025.- Cientos de medios de comunicación de cerca de 50 países, convocados por Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Avaaz, se movilizaron este lunes en solidaridad con los periodistas palestinos en la Franja de Gaza. La campaña, marcada por portadas negras en diarios, banners digitales y mensajes en radio y televisión, exige protección para los reporteros, el fin de la impunidad por los crímenes cometidos contra ellos, la evacuación urgente de quienes deseen salir y el acceso independiente de la prensa internacional al enclave.

Según RSF, en casi 23 meses, 220 periodistas han sido asesinados por el ejército israelí en Gaza. Entre los casos más recientes, la noche del 10 al 11 de agosto, seis periodistas, incluido Anas al-Sharif, corresponsal de Al-Jazeera, murieron en un ataque selectivo. El 25 de agosto, otros cinco reporteros fueron asesinados en un ataque de doble impacto.

La movilización, que incluye medios de México como Canal 22, El Economista, El Sol de México, Animal Político, La Base, La Audiencia, Diario Red, Proceso, Radio Educación, Revista Zócalo, Semanario Zeta y Aristegui Noticias, junto a otros internacionales como Página/12 (Argentina), Le Soir (Bélgica), El Espectador (Colombia), Mediapart (Francia), The Quint (India), Rappler (Filipinas) y El País (España), respalda tres demandas clave: el cese de los asesinatos de periodistas, la evacuación urgente de los reporteros que lo soliciten y el acceso sin restricciones de la prensa internacional a Gaza.

A pocos días de la 80ª Asamblea General de las Naciones Unidas, los medios participantes instan al Consejo de Seguridad a tomar medidas firmes para detener los crímenes contra periodistas palestinos. “Denunciamos la impunidad de estos actos y exigimos justicia”, señala el llamamiento conjunto, que busca visibilizar la crítica situación que enfrentan los profesionales de la información en la Franja.

¡Alto a la violencia! 🚨 Nos sumamos a la exigencia de Reporteros Sin Fronteras (@rsf_es) para poner fin a los ataques contra periodistas en Gaza. Su trabajo es fundamental para que el mundo conozca la verdad. #PeriodismoEnGaza #PeriodistasEnPeligro #RSF #DDHH

Infórmate y… pic.twitter.com/lqaW50hcpj

— Periodistas Unidos (@PeriodistasU) September 1, 2025

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 12 de agosto de 2025.- La organización Reporteros Sin Fronteras (RSF) ha condenado enérgicamente un ataque aéreo israelí perpetrado el 10 de agosto en la Franja de Gaza, que resultó en la muerte de seis profesionales de los medios, cinco de ellos vinculados a la cadena catarí Al Jazeera y un periodista independiente. La organización ha instado al Consejo de Seguridad de la ONU a convocar una reunión de emergencia para abordar la protección de periodistas en zonas de conflicto, invocando la Resolución 2222 de 2015 sobre la seguridad de los comunicadores en tiempos de guerra.

El ataque, ocurrido cerca del hospital Al-Shifa en Gaza, tuvo como objetivo un campamento de periodistas donde se encontraba Anas al-Sharif, un reconocido reportero de Al Jazeera. Según RSF, el ejército israelí justificó el bombardeo acusando a Al-Sharif de “afiliación terrorista”, pero sin presentar pruebas sólidas. Junto a él, perdieron la vida Mohammed Qraiqea, Ibrahim al-Thaher, Mohamed Nofal, Moamen Aliwa, todos vinculados a Al Jazeera, y Mohammed al-Khaldi, creador de un canal de noticias en YouTube. Además, tres periodistas resultaron heridos: Mohammed Sobh, Mohammed Qita y Ahmed al-Harazine.

RSF denunció que este ataque forma parte de una táctica recurrente del ejército israelí, que ha acusado previamente a periodistas de Al Jazeera de vínculos con grupos armados sin pruebas verificables. Desde octubre de 2023, más de 200 profesionales de los medios han sido asesinados en Gaza, según la organización, lo que constituye una grave violación del derecho internacional humanitario. “El ejército israelí ha matado a más de 200 periodistas desde el inicio de la guerra. Esta masacre y la estrategia de blackout mediático de Israel, diseñada para ocultar los crímenes cometidos durante más de 21 meses, deben detenerse de inmediato”, declaró Thibaut Bruttin, director general de RSF.

El ataque ha generado indignación internacional. La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos señaló que al menos 242 periodistas palestinos han perdido la vida en Gaza desde octubre de 2023, calificando el ataque como una grave violación del derecho internacional humanitario. Por su parte, el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ) acusó a Israel de etiquetar a periodistas como militantes sin pruebas creíbles, lo que plantea serias dudas sobre su respeto por la libertad de prensa.

Al Jazeera rechazó categóricamente las acusaciones contra Al-Sharif, describiendo el ataque como un intento desesperado por silenciar a los reporteros en el contexto de una posible ocupación de Gaza. En un mensaje póstumo publicado en su cuenta de X, Al-Sharif instó a no olvidar la situación en Gaza: “Si estas palabras te llegan, significa que Israel logró matarme y silenciar mi voz”.

RSF ha presentado cuatro denuncias ante la Corte Penal Internacional (CPI) desde octubre de 2023, solicitando investigaciones por presuntos crímenes de guerra contra periodistas en Gaza. La organización insiste en que la comunidad internacional, liderada por la Unión Europea, el Reino Unido y Estados Unidos, no puede seguir ignorando estas advertencias. La reunión solicitada al Consejo de Seguridad busca establecer medidas urgentes para garantizar la seguridad de los periodistas y poner fin a la impunidad en estos casos.

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