Periodistas Unidos. Ciudad de México. 08 de mayo de 2026.- La zona norte del Valle de México enfrenta una crisis ambiental y urbana derivada del crecimiento desmedido de centros de distribución (CEDIS) de corporaciones transnacionales. En este escenario, la comunidad se ha movilizado para proteger las 70 hectáreas del Parque Ecológico Xochitla, un espacio donado originalmente por Manuel Arango para la conservación. Tras el cierre del recinto al público desde la pandemia y la reciente instalación de mallas perimetrales, vecinos y activistas denuncian el riesgo de un posible cambio de uso de suelo que entregaría este pulmón verde al desarrollo industrial, ignorando su valor como refugio de más de 123 especies botánicas, muchas de ellas en peligro de extinción.

La organización ciudadana ha logrado recaudar 30 mil firmas y movilizar a miles de personas en «mega abrazos» simbólicos al parque, exigiendo que las autoridades municipales, estatales y federales garanticen su destino como Parque Público Metropolitano. La demanda se fundamenta en la función social de la propiedad establecida en el Artículo 27 Constitucional, el cual estipula que la propiedad privada debe estar subordinada al interés público. Los defensores argumentan que, tras tres décadas de operación, Xochitla ya es patrimonio social y ambiental de la región, funcionando como regulador térmico y zona de recarga de acuíferos vital para mitigar inundaciones.

El conflicto pone sobre la mesa el debate sobre el derecho a un ambiente sano, consagrado en el Artículo 4º Constitucional. Los colectivos señalan que la fundación actual es custodia, mas no dueña absoluta del predio, y que el Estado tiene la facultad —y la obligación— de blindar el área frente a las presiones inmobiliarias. Bajo el principio de no regresividad ambiental, se busca elevar el estándar legal del terreno declarándolo Área Natural Protegida (ANP), lo que impediría cualquier intento de venta o transformación comercial que agrave la ya crítica situación de saturación vial y contaminación que padecen los municipios colindantes.

Finalmente, la resistencia comunitaria enfatiza que la defensa de Xochitla es un acto de justicia ante el despojo del espacio público. Mientras el tráfico de tráileres y la precariedad laboral crecen en el norte del Valle de México, el parque representa la última frontera contra el deterioro de la calidad de vida. La ciudadanía advierte que recurrirá a mecanismos legales como el amparo para evitar que el beneficio económico privado se imponga sobre el bienestar colectivo, manteniendo la exigencia de que Xochitla siga siendo un símbolo de vida y un pulmón verde indispensable para las futuras generaciones.

 

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