EFE. Ciudad de México. 25 de enero de 2023.- El Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai) ordenó este miércoles a la Presidencia de México revelar el expediente que compartió la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, sobre los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa.

Los comisionados del órgano autónomo determinaron que el presidente, Andrés Manuel López Obrador, debe publicar los documentos que él dijo recibir en mayo de 2021, tras una reunión virtual con Harris, sobre los jóvenes desaparecidos en el sureño estado de Guerrero en septiembre de 2014.

«En el Inai impulsamos siempre el principio a la máxima publicidad, ya que el acceso a la justicia, a la verdad y a la memoria histórica es parte de una verdadera reparación del daño”, argumentó la comisionada Norma Julieta del Río, según el reporte del organismo.

López Obrador pidió el expediente a Harris como parte de la investigación de la Comisión de la Verdad de su Gobierno, que en agosto pasado determinó que el caso de Ayotzinapa fue «un crimen de Estado» que involucró a autoridades de todos los niveles, incluyendo militares.

Los archivos de Estados Unidos incluyen intervenciones telefónicas realizadas en ese país al grupo criminal Guerreros Unidos, que está relacionado con la desaparición de los 43 estudiantes, según detalló el Inai.

El organismo autónomo justificó su decisión porque el caso «es emblemático de la crisis en materia de violaciones graves a derechos humanos que ha sufrido» México.

“Quienes integramos este pleno hemos impulsado en todas y cada una de nuestras ponencias la apertura de toda la información relacionada con el caso Ayotzinapa”, expuso la comisionada Del Río.

La polémica sobre la desaparición de los 43 estudiantes se reavivó el año pasado, en su octavo aniversario, por el reporte de la Comisión de la Verdad, que los da por muertos.

Pero, después, el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) señaló inconsistencias.

Mientras que el encargado de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, reconoció «que mucho de lo que se presentó como evidencia nueva y crucial no pudo verificarse como real», según una nota de The New York Times.

Según la versión del Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018), la llamada «verdad histórica», policías corruptos detuvieron a los 43 estudiantes y los entregaron al cártel Guerreros Unidos, que los asesinó e incineró en el basurero de Cocula y tiró los restos en el río San Juan.

La Administración de López Obrador ha desmentido esa «verdad», al coincidir con familiares y con el GIEI, que señaló que los cuerpos no pudieron ser quemados en ese lugar.

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EFE. Ciudad de México. 16 de junio de 2022.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este jueves a la Fiscalía de Estados Unidos revelar las grabaciones en las que el exsecretario mexicano de Seguridad Pública Genaro García Luna, detenido en aquel país por corrupción, presuntamente soborna y amenaza a medios de comunicación.

“Lo que sí yo pediría desde ahora es que, independientemente de si tienen valor jurídico o no las grabaciones, ojalá y se busque la forma de que se den a conocer”, manifestó el mandatario durante su rueda de prensa matutina desde el Palacio Nacional.

Sus declaraciones se producen después de que la Fiscalía estadounidense solicitó el miércoles a un juez la admisión de nuevas pruebas contra el exsecretario mexicano (2006-2012) que demostrarían «los intentos del acusado de silenciar a periodistas mediante acoso y sobornos, y su voluntad de manipular a los testigos».

El Gobierno estadounidense aseveró tener pruebas de que entre 2008 y 2013, García Luna acosó y amenazó a un periodista como resultado de una investigación sobre él.

Asimismo, sostuvo que entre 2009 y 2010 el político usó dinero proveniente de la corrupción para pagar sobornos a una «organización de noticias» para evitar que los periodistas de dicha organización publicaran historias negativas sobre él.

El juicio de García Luna está por destapar que la»Iniciativa México 2011″ encabezada por TV Azteca y Televisa, donde se firmó un decálogo para no publicar notas de violencia en medios de comunicación fue financiado por Genaro García Luna para acallar las masacres de su gestión. pic.twitter.com/lY1w31P5jX

— Alejandro Meléndez (@alexmelon) June 16, 2022

Al respecto, López Obrador indicó que este es “un asunto muy delicado”, y confirmó que la Fiscalía de Estados Unidos tiene los audios aunque precisó que “no se sabe si esto es prueba y si se va a aceptar”.

El mandatario mexicano justificó su petición de exponer los audios porque, dijo, se deben conocer los hechos.

“Que no se quede nada más en juzgados, en expedientes, porque esto ayuda a mejorar la vida pública, a purificar la vida pública, la transparencia”, aseveró.

Además, dijo, hay países en donde se hacen investigaciones que resuelven ellos mismos y cierran los casos.

“Nosotros no queremos que se cierren, (queremos) que todo se ventile, que la vida pública sea cada vez más pública y más en estos asuntos que dañan tanto, porque estamos hablando de la seguridad de los ciudadanos”, insistió.

Indicó que el caso de García Luna es importante pero no solo por el castigo, pues pidió que “sea aleccionador, que ayude a prevenir, que no haya repetición».

López Obrador vinculó el caso de García Luna con la guerra contra el narcotráfico que declaró el entonces presidente Felipe Calderón en diciembre de 2006, con el presunto visto bueno de las agencias de seguridad de Estados Unidos.

“Al poco tiempo ya empieza a aparecer García Luna, entonces ese es el origen del asunto, entonces se queda (Calderón) con García Luna como hombre fuerte para profundizar sobre esta política”, afirmó.

García Luna, detenido en 2019, dirigió entre 2001 y 2005 la extinta Agencia Federal de Investigación de México, encargada de luchar contra la corrupción y el crimen organizado, y entre 2006 y 2012 fue Secretario de Seguridad Pública del Gobierno Calderón.

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EFE. Ciudad de México. 07 de febrero de 2022.- La Lotería Nacional (Lotenal) de México deberá ofrecer información relacionada con el sorteo del avión presidencial con el propósito de identificar los 2.000 millones de pesos (96,7 millones de dólares) usados para pagar los billetes premiados, determinó el organismo de transparencia mexicano.

En un comunicado, el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) informó este domingo de que la Lotenal «debe informar sobre el convenio de colaboración», suscrito con el Instituto para Devolverle al Pueblo lo Robado (Indep), celebrado el 12 de marzo de 2020.

Además, tendrá que informar sobre las acciones que se llevaron a cabo, los descuentos que se hicieron por gastos de operación de la Lotenal para el sorteo, los remanentes, la transferencia de estos y sus rendimientos, la rescisión o terminación de este convenio, así como sus anexos y adendums.

También debe dar a conocer todas las comunicaciones vía correo electrónico entre la Lotenal, el Indep y la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), relacionadas con el sorteo; así como las bases de colaboración.

«Debe haber un convenio de colaboración, una relación de documentos que identifiquen para dónde se fue ese dinero y que, además, se explique cómo fue que hubo esos trasvases de dinero», afirmó el comisionado Francisco Javier Acuña al presentar el asunto ante el Pleno.

«Hubo una táctica, que es: aclare usted, así como está la pregunta no se entiende o no es suficiente para encontrar con precisión lo que se reclama. Una salida muy habilidosa de los sujetos obligados (Lotenal), pues la aclaración hace que se gane tiempo», agregó Acuña.

Al analizar el caso, el comisionado dijo que la Lotenal «no cumplió con el procedimiento de atención a solicitudes de acceso a la información» previsto en la Ley en la materia, «pues únicamente requirió la aclaración de la petición, sin activar el procedimiento de búsqueda».

Además, determinó que el criterio utilizado por la Lotenal «fue restrictivo», pues no le dio a la solicitud una interpretación que diera paso al procedimiento para la atención del requerimiento sobre del sorteo del avión presidencial.

«Este tema sigue dando mucha curiosidad cívica, porque les atañe a todos, es un tema espectacular, en el mundo se supo que se había rifado el avión presidencial de México y nos falta que todos los mexicanos sepan cuánto se obtuvo en beneficio de la causa que se dijo», finalizó Acuña.

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, ha intentado sin éxito vender el avión presidencial de su antecesor, Enrique Peña Nieto (2012-2018), al considerar que es una aeronave lujosa e incluso se le ocurrió la posibilidad de sortearlo.

Finalmente, el 15 de septiembre de 2020, la Lotería Nacional llevó a cabo la famosa rifa del avión, pero en lugar de la aeronave se sorteó el equivalente a su precio en efectivo.

El avión es un Boeing 787 valorado por la ONU en 130 millones de dólares.

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EFE. Ciudad de México. 27 de junio de 2021.- La estatal Petróleos Mexicanos (Pemex) deberá entregar una versión pública de notas preliminares que contienen información relacionada con la explosión en un ducto en el centro de México, que dejó 137 muertos, el 18 enero de 2019, determinó el organismo de transparencia de México.

En dicha orden tendrá que revelar la fecha y hora en la que se tuvo conocimiento de la fuga en un ducto en el municipio de Tlahuelilpan, estado de Hidalgo, centro del país, resolvió el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) en un comunicado publicado este domingo.

Al presentar el asunto, el comisionado del INAI, Francisco Javier Acuña señalo que, además de investigar, perseguir y llevar a juicio a los responsables de las tomas clandestinas, «el derecho a la verdad debe garantizarse», sobre todo en un acontecimiento trágico.

«Consideramos que se puede ofrecer una versión pública de estas dos notas levantadas, en las que queda constancia de las comunicaciones de advertencia y de conocimiento del incidente dentro de la propia paraestatal», añadió.

Dijo que esos «va conectado con el derecho a la verdad como principio para la rendición de cuentas».

El 18 de enero de 2019, el municipio de Tlahuelilpan acaparó la atención internacional debido a la explosión ocurrida en un oleoducto de Pemex, la cual dejó 137 muertos y decenas de heridos.

La explosión se produjo cuando centenares de vecinos aprovechaban una fuga en un oleoducto para sustraer gasolina, justo después de que el presidente Andrés Manuel López Obrador hubiera declarado el combate frontal contra esta práctica, conocida en México como huachicol.

El exhortó del INAI ocurrió luego de que un ciudadano requirió la información relacionada con la citada explosión en la que se incluya la fecha y hora en la que se tuvo conocimiento de la fuga del ducto, y la fecha y hora en la que se realizó el protocolo de cierre.

Pemex reservó la información, argumentando que revelarla «comprometería la seguridad nacional y pública o la defensa nacional, además, podría poner en riesgo la vida, seguridad o salud de una persona física» y ante ellos el ciudadano interpuso un recurso de revisión ante el INAI.

En respuesta, Pemex señaló que se emitió una minuta y notificó el contenido de ésta, pero no precisó qué información encuadrada en cada uno de los supuestos de reserva ni proporcionó la resolución debidamente firmada por su Comité de Transparencia.

Debido a lo anterior, el INAI determinó modificar la respuesta de Pemex y le instruyó entregar versión pública de las notas preliminares que contienen información relacionada con la fuga y explosión del oleoducto.

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