Periodistas Unidos. Ciudad de México. 15 de octubre de 2026.- Montserrat Jiménez y Layla Sánchez entrevistan a la doctora Elvira Hernández Carballido en “La Ciudad de las Mujeres 2.0” de Periodistas Unidos, para conmemorar los 50 años de la revista FEM, una publicación fundamental en la historia del feminismo en México y América Latina.

Elvira recuerda las distintas etapas de la revista, sus principales colaboradoras y el trabajo de quienes mantuvieron vivo este espacio editorial desde 1976 hasta su desaparición en 2009. Habla de Alaíde Foppa, Marta Lamas, Elena Poniatowska, Berta Hiriart y Esperanza Brito, entre otras figuras que contribuyeron a dar voz a las mujeres y difundir el pensamiento feminista.

La conversación aborda las dificultades económicas y editoriales que enfrentó FEM, el rechazo a temas como el aborto y la violencia sexual, y los desafíos que siguen presentes para el periodismo feminista independiente. Hernández Carballido también reflexiona sobre la formación de periodistas, la perspectiva de género en las universidades y la necesidad de transformar las políticas editoriales de los grandes medios.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 08 de octubre de 2026.- En “La Ciudad de las Mujeres 2.0” de Periodistas Unidos, Montserrat Jiménez conversa con Layla Sánchez sobre el caso Cornell y las denuncias de violencia sexual contra estudiantes en universidades y escuelas.

Analizan el caso de una estudiante de la Universidad de Cornell que denunció haber sido víctima de violencia sexual después de haber sido intoxicada, así como la posterior exposición y criminalización que enfrentó. También hablan de las denuncias de estudiantes en otras instituciones educativas y de las respuestas de las autoridades.

La conversación aborda la revictimización, las dificultades para denunciar, la falta de espacios seguros para las víctimas, las deficiencias de los sistemas de justicia y el papel de las universidades en el acompañamiento de estudiantes y trabajadoras.

También reflexionan sobre las unidades de género, la necesidad de capacitación especializada, la perspectiva de género, el crecimiento de discursos misóginos en redes sociales y la importancia del acompañamiento colectivo frente a la violencia contra las mujeres.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 31 de julio de 2026.- En La Ciudad de las Mujeres 2.0, Layla Sánchez y Montserrat Jiménez analizan el caso del profesor Alberto Israel Jasso Cruz, la controversia generada tras la denuncia en su contra y su posterior suicidio, así como la ola de desinformación que inundó las redes sociales. Desde una perspectiva de género y salud mental, abordan el impacto del linchamiento digital contra la estudiante denunciante, la revictimización, el papel de la machósfera, el uso de inteligencia artificial para difundir contenido falso y la responsabilidad de los medios de comunicación e instituciones para verificar la información y proteger a las personas involucradas.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 26 de junio de 2026.- En la sección “Ellas Resuenan” de “La Ciudad de las Mujeres 2.0” de Periodistas Unidas, Layla Sánchez entrevista a la periodista Nadya Pérez sobre el grave accidente en un juego mecánico de la feria patronal de San Francisco, Metepec, el 14 de junio.

Nadya relata la falla mecánica, las lesiones de una menor (grave), de su compañera Adriana Hernández y la negligencia de las autoridades locales, revictimización, falta de apoyo y acoso que han enfrentado. Un testimonio sobre derechos, justicia y periodismo.

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Por José Sobrevilla

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 23 de mayo de 2026.- La violencia escolar, el bullying y la revictimización de los estudiantes se han convertido en uno de los problemas más graves del sistema educativo en México. Un caso reciente ocurrido en el Estado de México ha encendido el debate nacional sobre el acoso escolar, los derechos humanos, los protocolos educativos y la responsabilidad de las escuelas privadas en la protección de niñas, niños y adolescentes.

El caso involucra a una estudiante de secundaria del Instituto para la Educación Integral del Bachiller (INEDIB), ubicado en Toluca, quien ha sufrido durante meses agresiones verbales, psicológicas y físicas en su entorno escolar, antes de ser defenestrada por las autoridades escolares. De acuerdo con el testimonio de su madre, Regina Cruz, la violencia comenzó con apodos, burlas y discriminación por el aspecto físico de la menor, escalando posteriormente a agresiones físicas, hostigamiento constante y aislamiento social dentro del plantel educativo. Esto lo denunció el viernes 15 de mayo en el programa “Miscelánea informativa” que conduce el periodista de las conferencias “Mañaneras del pueblo”, Esteban Durán Acosta.

Según la denuncia pública realizada en medios digitales y redes sociales, la familia informó a las autoridades escolares sobre las agresiones que la estudiante sufría desde mayo de 2025. Sin embargo, aseguran que la respuesta institucional fue insuficiente y careció de protocolos efectivos de prevención y de atención al bullying escolar. La situación habría empeorado en septiembre del mismo año, cuando la menor denunció nuevas agresiones físicas y la incorporación de otros compañeros a los actos de hostigamiento.

El caso ha generado amplia conversación en plataformas digitales, ya que la madre de la víctima afirma haber documentado todos los hechos mediante oficios dirigidos a directivos escolares, autoridades educativas y organismos de derechos humanos del Estado de México. La documentación incluiría solicitudes formales para activar los protocolos de intervención, la capacitación docente, el acompañamiento psicológico y las acciones de prevención de la violencia escolar.

Uno de los puntos más polémicos del caso es que, según la denuncia, la solución propuesta por la dirección escolar habría sido solicitar a los padres que retiraran a la menor de la institución educativa después de once años de permanencia en la escuela. Para la familia, esta decisión representa una forma de revictimización y de desplazamiento de la víctima, en lugar de una intervención efectiva contra quienes ejercían la violencia.

La situación cobró mayor relevancia cuando Regina Cruz decidió hacer pública su experiencia a través de Facebook y otros espacios digitales, argumentando su derecho a la libertad de expresión y a la denuncia social. Posteriormente, la escuela habría iniciado acciones legales en su contra por presunto daño moral, además de otros procedimientos jurídicos relacionados con las publicaciones realizadas en redes sociales e internet.

El conflicto ha abierto un debate sobre los límites entre la reputación institucional, la libertad de expresión y los derechos de las víctimas de la violencia escolar. Especialistas en derechos humanos y educación han señalado que el bullying en escuelas públicas y privadas continúa siendo un problema estructural en México y América Latina, especialmente cuando existen omisiones institucionales o falta de aplicación de protocolos de protección infantil.

De acuerdo con organizaciones dedicadas a la protección de niñas, niños y adolescentes, las consecuencias del acoso escolar pueden incluir ansiedad, depresión, aislamiento social, bajo rendimiento académico, trastornos emocionales e incluso pensamientos suicidas. Por ello, los expertos insisten en que los centros educativos tienen la obligación de garantizar entornos seguros, libres de violencia y con mecanismos eficaces de atención inmediata.

El caso también ha puesto de relieve la preocupación de muchas familias por la presunta falta de atención por parte de algunas autoridades educativas ante denuncias de violencia escolar, discriminación y abuso psicológico. La madre de la estudiante afirma haber recurrido incluso a instancias estatales y a organismos de derechos humanos para solicitar una intervención institucional.

En redes sociales, el tema ha provocado opiniones divididas entre quienes consideran legítima la denuncia pública como mecanismo de presión social y quienes sostienen que este tipo de conflictos deberían resolverse exclusivamente mediante procesos internos o jurídicos. Sin embargo, colectivos de madres y padres de familia han comenzado a compartir experiencias similares sobre bullying, acoso escolar y la falta de protocolos efectivos en diversas escuelas privadas de México.

Actualmente, el caso continúa en procesos de mediación y litigio, mientras la familia insiste en que su principal objetivo no es económico, sino lograr justicia restaurativa, acciones de no repetición y el reconocimiento público de la violencia sufrida por la menor. Entre las exigencias planteadas destacan la implementación de medidas preventivas, la capacitación docente, la atención psicológica y el fortalecimiento de los protocolos escolares contra el bullying.

La problemática del acoso escolar en México sigue siendo uno de los grandes retos del sistema educativo contemporáneo. Expertos coinciden en que el combate al bullying requiere la participación conjunta de autoridades educativas, docentes, familias, especialistas en salud mental y la sociedad civil. También subrayan la importancia de escuchar a niñas, niños y adolescentes cuando denuncian violencia, así como de documentar formalmente cualquier situación de riesgo en las escuelas.

En la era digital, casos como este muestran cómo las redes sociales, los medios de comunicación y las plataformas de internet se han convertido en espacios de denuncia pública, visibilización social y debate sobre derechos humanos, educación y protección infantil. El tema continúa generando conversación entre padres de familia, activistas, especialistas en psicología infantil y usuarios de redes sociales interesados en la seguridad escolar y en la prevención de la violencia en México. VER VIDEO

Publicación realizada con autorización de Miscelánea Informativa, un espacio del canal Expresión México.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 16 de mayo de 2026.- Layla Sánchez y Montserrat Jiménez abordan en «La Ciudad de las Mujeres 2.0» la violencia obstétrica: desde la anticoncepción invasiva, el maltrato durante el parto, cesáreas innecesarias, hasta la esterilización forzada en mujeres indígenas. Denuncian la posición de parto vertical como práctica ancestral robada y patentada, la criminalización de las pacientes, y cómo el sistema público revictimiza. Explican dónde denunciar y por qué el 40% de mujeres de bajos ingresos desarrolla trastorno de estrés postraumático.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 09 de mayo de 2026.- En “La Ciudad de las Mujeres 2.0”, Layla Sánchez y Montserrat Jiménez analizan el mediático caso de María Adela, una joven de Chetumal que fue reportada como desaparecida por su madre y apareció internada en un hospital psiquiátrico. Explican los protocolos reales de internamiento voluntario, el rol de la familia responsable, y cómo la versión inicial apuntaba a trata de personas, pero luego ella misma declaró ser víctima de violencia familiar. También abordan el estigma contra la psiquiatría, la revictimización de mujeres que denuncian, y la urgencia de nombrar a la titular de la Secretaría de las Mujeres en México.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 31 de julio de 2025.- A una década del multihomicidio y feminicidio perpetrado el 31 de julio de 2015 en un departamento de la calle Luz Saviñón, colonia Narvarte, donde fueron asesinados el fotoperiodista Rubén Espinosa, la activista Nadia Vera, la modelo Mile Virginia Martín, la maquillista Yesenia Quiroz y la trabajadora del hogar Alejandra Negrete, las víctimas indirectas Perla Patricia Espinosa Becerril, Indira Alfaro Hernández y Mirtha Luz Pérez Robledo han denunciado ante la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) una serie de irregularidades y omisiones cometidas por servidores públicos que han obstaculizado la justicia en el caso, identificado con la carpeta de investigación CI-FIDCSP/B/UI-B-2 C/D/1557/10-2020.

En una ampliación de denuncia presentada el 8 de diciembre de 2022 ante el fiscal para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos, Richard Urbina Vega, las víctimas indirectas, respaldadas por la Recomendación 4/2017 de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), señalan que funcionarios de la entonces Procuraduría General de Justicia (PGJCDMX) incurrieron en actos y omisiones que vulneraron los derechos a la verdad, la justicia y la reparación integral. La denuncia detalla que, durante la investigación de la averiguación previa FBJ/BJ-1/T2/04379/15-07D01D1D1 y su acumulada FBJ/BJ-1/T2/04379/15-07R1, se cometieron irregularidades que incluyen encubrimientos, falta de diligencia, filtraciones de información y revictimización de las familias.

Irregularidades desde el inicio de la investigación

El 31 de julio de 2015, los policías preventivos Sergio Estrada Monroy y Gustavo Gómez Hernández acudieron al lugar de los hechos tras el reporte de una testigo, pero no se garantizó la preservación adecuada de la escena del crimen. Posteriormente, el agente del Ministerio Público José Rubén Sánchez López inició la averiguación previa sin notificar de inmediato a la Agencia Especializada para la Atención del Delito de Homicidio en Agravio de Mujeres, omitiendo protocolos clave para investigar los feminicidios. El 1 de agosto, Sergio Ontiveros Orozco realizó una inspección ministerial sin personal médico forense, omitiendo documentar condiciones esenciales como el nivel socioeconómico de la zona o las condiciones climáticas, lo que comprometió la cadena de custodia.

Asimismo, se señala que Coutec Martínez Murillo, Ricardo Rivera Díaz, Antonio García Martínez, José Francisco Coronilla Argueta y Daniel Flores Márquez no abrieron líneas de investigación especializadas para víctimas en situación de vulnerabilidad, como mujeres y periodistas, incumpliendo el deber de debida diligencia reforzada. Por ejemplo, no se notificó al Consulado de Colombia sobre la víctima Mile Virginia Martín, de nacionalidad colombiana, ni se investigaron las amenazas previas contra Rubén Espinosa y Nadia Vera relacionadas con sus actividades periodísticas y de defensa de derechos humanos.

Vulneraciones a los derechos de las víctimas indirectas

La denuncia destaca que los familiares de las víctimas no recibieron notificaciones adecuadas sobre los fallecimientos, enterándose a través de medios de comunicación o terceros. Alma Cristina Espinosa Becerril, hermana de Rubén, fue informada por la policía de investigación de manera ambigua, sin apoyo de personal especializado. Indira Alfaro Hernández, madre de Yesenia Quiroz, se trasladó desde Baja California por sus propios medios para identificar el cuerpo de su hija, sin asistencia de la PGJCDMX. Mirtha Luz Pérez Robledo, madre de Nadia Vera, también careció de apoyo para alojamiento y alimentación dignos.

Los servidores María Isabel Hernández, Sofía Romero Nava, Emmanuel Tapa Contreras, José Francisco Coronilla Argueta, Marco Antonio Reyes Peña, María de los Ángeles López Peña y Daniel Flores Márquez vulneraron el derecho a la debida asistencia al no proporcionar apoyo psicológico, legal ni logístico a los familiares. Además, Isabel de la Rosa Mendoza, José Francisco Coronilla Argueta, Víctor Lemus Marcelino y Saim Salinas Reyes obstaculizaron la coadyuvancia de los familiares al negarles acceso a la carpeta de investigación y desestimar sus solicitudes de diligencias, argumentando “secrecía” o “falta de relevancia”.

Filtraciones y estigmatización

La investigación estuvo marcada por filtraciones de información sensible, incluyendo datos personales y fotografías de los cuerpos, que fueron difundidos en medios de comunicación. Publicaciones como la del 30 de julio de 2018 en La Silla Rota y el 18 de mayo de 2022, basadas en un informe interno de la FGJCDMX, promovieron narrativas estigmatizantes que relacionaban a las víctimas con actividades ilícitas, como el trabajo sexual o el narcomenudeo. Estas filtraciones, según la opinión consultiva 02/2015 del Copred, fomentaron la discriminación y revictimización. La denuncia subraya que los servidores públicos no implementaron mecanismos para evitar estas filtraciones, incumpliendo su deber de resguardar la información.

Desacato a la Recomendación 4/2017

El procurador Edmundo Porfirio Garrido Osorio y el subprocurador Jorge Antonio Mirón Reyes aceptaron la Recomendación 4/2017 de la CDHCM, pero no cumplieron con sus puntos, que incluían diseñar un plan integral de investigación, actualizar protocolos de investigación de feminicidios y delitos contra periodistas, indemnizar a las víctimas y realizar un acto público de reconocimiento de responsabilidad. Los plazos para estas acciones, establecidos entre julio y noviembre de 2017, no fueron respetados.

Exigencias de las víctimas

Las víctimas indirectas, representadas por los abogados Héctor Alberto Pérez Rivera, David Peña Rodríguez, Karla Micheel Salas Ramírez, Leopoldo Francisco Maldonado Gutiérrez, Luis Eduardo Knapp Moreno y Edgardo Francisco Calderón Sánchez, exigen que se investigue a los servidores públicos responsables y se les impongan sanciones administrativas y penales. Entre los señalados se encuentran Rubén Sánchez López, Sergio Ontiveros Orozco, Coutec Martínez Murillo, Lourdes López Cruz, Ricardo Urbina, Ricardo Rivera Díaz, Antonio García Martínez, José Francisco Coronilla Argueta, Daniel Flores Márquez, Isabel de la Rosa Mendoza, Víctor Lemus Marcelino, Saim Salinas Reyes, María Isabel Hernández, Sofía Romero Nava, Emmanuel Tapa Contreras, Marco Antonio Reyes Peña y María de los Ángeles López Peña.

Llamado a la justicia

A diez años del caso Narvarte, las familias y organizaciones como Artículo 19 denuncian que las líneas de investigación, como las amenazas provenientes del gobierno de Veracruz contra Rubén Espinosa y Nadia Vera, no han sido agotadas. Bajo la gestión de la fiscal general Bertha Alcalde Luján, y con fiscales como Ernesto López Saure, María del Lourdes López Cruz, May Gómez Jiménez y Francisco Gamboa, el caso sigue sin avances significativos. Las víctimas exigen el cumplimiento de la Recomendación 4/2017, el esclarecimiento de los hechos, la sanción a los responsables materiales e intelectuales y una reparación integral del daño.

“La impunidad en el caso Narvarte es una deuda histórica del Estado mexicano con las víctimas y la sociedad. No descansaremos hasta obtener verdad y justicia”, afirmó Patricia Espinosa Becerril.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 17 de octubre de 2024.- La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió ayer, de manera unánime, ejercer su facultad de atracción para conocer y resolver los expedientes de amparo directo derivados del juicio civil interpuesto por la cantante y actriz Sasha Sokol contra el productor Luis de Llano. Esta decisión implica que el máximo tribunal del país será el encargado de emitir una resolución definitiva sobre el caso.

Hasta el momento, tanto un juez de primera instancia como una sala de apelaciones del Tribunal de Justicia de la Ciudad de México han emitido fallos a favor de Sasha Sokol, concluyendo que Luis de Llano cometió abuso sexual y que, además, la revictimizó a través de declaraciones públicas. Las sentencias ya han condenado al productor a ofrecer una disculpa pública, tomar un curso especializado en prevención de conductas de abuso sexual, no volver a mencionarla y reparar el daño causado.

Sasha Sokol ha reiterado que cualquier monto que eventualmente se determine como indemnización será donado íntegramente a ADIVAC, una organización civil enfocada en la prevención del abuso sexual infantil.

Con la atracción del caso por parte de la Suprema Corte, las ministras y ministros tendrán la oportunidad de pronunciarse sobre cuestiones constitucionales de gran relevancia para las víctimas de abuso sexual, especialmente aquellas que fueron menores de edad al momento de los hechos. La resolución podría sentar precedentes importantes para garantizar el derecho de las víctimas a la verdad y la reparación del daño.

Sokol expresó su confianza en las autoridades judiciales y en que este largo proceso culminará con la aceptación definitiva de la culpabilidad de Luis de Llano y de las consecuencias legales que ello conlleva.

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• Como parte del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y los 16 días de activismo contra la violencia de género

• 28 de noviembre, 12:00 horas, Teatro de la Ciudad

• Porque ellos atienden, administran y procuran justicia para mujeres y niñas de la capital

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 20 de noviembre de 2022.- Funcionarios y servidores públicos del Poder Judicial, Secretaría de las Mujeres, Secretaría de Seguridad Ciudadana y Fiscalía General de Justicia, todas de la Ciudad de México, asistirán el lunes 28 de noviembre al Teatro de la Ciudad para ver la obra Jauría (el juicio que marcó un antes y un después).

Debido a su papel activo en la atención, administración y procuración de justicia para mujeres y niñas de la capital, fueron convocados para presenciar esta historia que muestra cómo la justicia debería proteger a las víctimas, pero los prejuicios culturales, el machismo y la misogía originan que las denunciantes se sientan poco protegidas y acompañadas.

En 2016, cinco hombres violaron a una joven de 18 años, durante las fiestas de San Fermín en Pamplona, España. El caso conmocionó a la sociedad española y al mundo; puso a prueba al sistema penal español y mostró cómo a la víctima se le revictimizó en varias ocasiones, empezando por los medios de comunicación y hasta en el juicio mismo. Fue un evento doloroso y frustrante.

A ese suceso se le identificó como La manada. Poco tiempo después el escritor y director español Jordi Casanovas escribió la obra Jauría, basado en la lectura de las transcripciones del juicio. Descubrió pequeños detalles que revelaban mucho más sobre las personalidades de acusados, abogados y denunciante que los titulares de prensa. Una compleja sutileza que solo podía ser mostrada y analizada sobre las tablas de un teatro.

Jauría (el juicio que marcó un antes y un después) se ha representado en Argentina, Perú, España y México. Su impacto es tan fuerte, estalla de tal manera en el corazón, el estómago y la cabeza del espectador, que nadie debería dejar de verla. Por ello Ana Francis Mor, actriz, activista y diputada local, en colaboración con la Secretaría de Cultura, Secretaría de las Mujeres, Fiscalía General de Justicia, Poder Judicial y Secretaría de Seguridad Ciudadana, organizan esta función especial para los servidores públicos.

La eficacia de la obra provoca en el público una sensación de desamparo contra la que todos debemos de luchar. Logra que en especial los hombres tengan una mirada de redefinición y al menos reflexionen en comportamientos, actitudes y un sistema de pensamiento que antes ni siquiera se cuestionaba.

Esta función especial de Jauría (El juicio que marcó un antes y un después) se presenta en el marco del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres y la conmemoración de los 16 días de activismo contra la violencia de género. Se trata de una campaña internacional anual que inicia el 25 de noviembre y del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer que termina el 10 de diciembre, Día de los Derechos Humanos. Fue puesta en marcha por activistas en la inauguración del Women’s Global Leadership Institute en 1991 y es coordinada por el Center for Women’s Global Leadership. Es utilizada por personas y organizaciones de todo el mundo como estrategia organizacional, para promover la prevención y eliminación de la violencia contra las mujeres y las niñas.

En Jauría (el juicio que marcó un antes y un después) actúan Ana Sofía Gatica, Eduardo Tanús, Antonio Peña, Daniel Bretón, Roberto Beck, Rodrigo Virago y David Calderón León. Dirige Angélica Rogel.

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