EFE. Ciudad de México. 03 de noviembre de 2023.- El Gobierno mexicano condenó este jueves que un juez suplente otorgara la prisión domiciliaria por motivos de salud al exprocurador de la hoy Fiscalía General de la República (FGR), Jesús Murillo Karam, el más alto funcionario implicado en el caso de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, y amagó en que impugnara esta medida.

En un pronunciamiento público, la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia en el Caso Ayotzinapa (Covaj) criticó que este cambio de medida sucediera durante la guardia del juez titular del Reclusorio Norte, en un día inhábil y que se usara como distractor la festividad del Día de Muertos.

Después de una audiencia de más de 7 horas, un juez con sede en el Reclusorio Norte decidió imputar la prisión domiciliaria con brazalete electrónico a Murillo Karam, acusado de tortura, desaparición forzada y contra la administración de justicia por el caso Ayotzinapa y quien lleva días enfermo.

Esto, al considerar que su edad avanzada y sus problemas de salud ya no acreditan el riesgo de fuga, tras meses de traslados frecuentes por complicaciones médicas.

Sin embargo, el exprocurador de la hoy extinta Procuraduría General de la República (PGR) cuenta con un segundo proceso relacionado también con delitos de tortura y desaparición forzada, por lo que aún no podrá volver a su domicilio en una de las zonas más exclusivas de Ciudad de México.

Es así que Murillo Karam se mantendrá al interior de la Torre Médica del Penal de Tepepan, donde se encuentra desde el pasado 30 de junio, en tanto no consiga una segunda resolución en los mismos términos.

“Estaremos atentos a que se respete la legalidad del debido proceso y, principalmente, el derecho a la verdad y la justicia de los familiares de los estudiantes desaparecidos”, indicó la Covaj.

Además, lamentó que se aprovecharan los cambios de turnos y guardias para evadir la determinación del juez que conoce la causa y, añadió, “sorprende aún más que se haya fijado la audiencia en un plazo de tres horas”.

Lo que calificó de “una rapidez inusitada, ya que en ocasiones la judicialización de una carpeta se ha logrado después de 10 meses de ser solicitada, siendo que el plazo legal es de 15 días”.

“Esta condenable decisión manda un mensaje que podría avanzar hacia la impunidad”, advirtió la Covaj y criticó que el juez tampoco prestó atención al análisis de riesgo procesal que presentó el Centro Nacional de Planeación, Análisis e Información para el Combate a la Delincuencia (Cenapi) de la FGR en el que se concluye que el riesgo de sustracción es alto.

Asimismo, anticipó la impugnación al cambio de media cautelar por parte de la Unidad Especial de investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, perteneciente a la FGR, así como que solicitará se levante una queja ante el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) por el actuar del juez.

Esto, al considerar que quebrantó “el principio de legalidad e imparcialidad que exige que toda determinación se ajuste a las disposiciones legales vigentes”.

Por último, pidió que se revise la argumentación del juez que dictó la prisión domiciliaria, pues concluyó: “tuvo como propósito fijar una postura más allá de la motivación judicial para justificar el cambio de medida cautelar”.

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• El Comité Contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas urgió al gobierno mexicano a acabar con la impunidad y a regresar a las Fuerzas Armadas a los cuarteles, el presidente López Obrador defendió que el Ejército ya no viola derechos humanos y no hay impunidad en México. La respuesta, indican defensores de derechos humanos, es lamentable.

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 14 de abril de 2022.- A punto de que México llegue a 100 mil personas desaparecidas, el Comité contra la Desaparición Forzada de Naciones Unidas presentó un informe en que el señaló que la impunidad es casi absoluta, sólo existen 36 sentencias por este crimen; y pidió al gobierno mexicano, entre varias recomendaciones, un plan para regresar a los militares sean regresados a los cuarteles “de manera ordenada, inmediata y verificable”.

Un día después, el presidente Andrés Manuel López Obrador en su conferencia matutina del 13 de abril, manifestó su desacuerdo con el grupo de expertos: “Ellos no tienen, con todo respeto, toda la información. No están actuando con apego a la verdad. Ya no es el tiempo de antes en que se usaba al Ejército para reprimir… o para desaparecer”, y afirmó que en el país ya no hay impunidad y el Ejército no viola derechos humanos.

Según el informe que presentó el Comité desde Ginebra y que recoge las conclusiones de su visita de noviembre a México, las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública están relacionadas con hechos atroces como tortura, ejecución y desaparición forzada. Como muestra, mencionó que el Ejército y la Marina han acumulado 167 recomendaciones por graves violaciones a derechos humanos -según datos de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos-; 15 de ellas relacionadas con desapariciones forzadas.

“Es importante que el Estado ponga un peso especial en tener una Guardia Nacional civil, de personal preparado para prevenir, para brindar seguridad a los ciudadanos, de ahí que hemos recomendado que el Estado haga, de inmediato, un cambio en la política de militarización”, dijo en la conferencia de prensa del martes Carmen Villa Quintana, presidenta del Comité conocido como CED, por sus siglas en inglés.

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos de México, que agrupa a más de 70 colectivos de familias buscadoras, celebró que el Comité incluyera la recomendación de la desmilitarización. En conferencia de prensa, la defensora Grace Fernández dijo que el Movimiento ya ha manifestado el riesgo que conlleva que la Guardia Nacional, a pesar de legalmente ser una institución civil, tenga formación militar.

“Se tiene que pensar mejor la estrategia (de seguridad) porque sigue preocupando que hay desapariciones todos los días y sigue habiendo involucramiento de las fuerzas armadas y ahora incluso de la Guardia Nacional”, dijo la activista que busca a su hermano Dan Jeremeel, desaparecido en el año 2008.

En el informe que recoge las conclusiones de la visita del Comité a México en noviembre pasado, donde recorrieron los estados de Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz, los expertos y expertas dejaron claro que las autoridades no sólo son responsables de las desapariciones cuando sus agentes las cometen, sino que también podrían serlo cuando no buscan y localizan a las personas. Señalaron que a partir de la guerra contra las drogas de 2006, se han cometido el 98% de las desapariciones, y pidieron, también, que en los registros oficiales se identifique las desapariciones en las que hubo participación de agentes estatales.

El Comité calificó como “el paradigma del crimen perfecto” a las desapariciones en el país. Mientras en su visita había  95 mil personas desaparecidas, apenas entre el 2 y 6% de los casos había llegado a juicio.

Los 6 expertos y 4 expertas del Comité contra la Desaparición Forzada también externaron su preocupación por el retraso en el cumplimiento de la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas: no se ha publicado su reglamento, tampoco el Plan Nacional de Búsqueda y la Fiscalía General de la República no cuenta con los registros forenses a su cargo.

Manifestaron que  los servicios forenses del país  son “insuficientes” para atender la crisis forense que rebasa a las 52 mil personas fallecidas pendientes de identificar.

Respuesta esperable

A pesar de que la Secretaría de Gobernación (Segob) emitió un comunicado el mismo 12 de abril, después de la presentación del informe, en el que decía recibir las recomendaciones “con el compromiso de implementarlas de buena fe”, al día siguiente el presidente López Obrador reviró que ya no ocurren desapariciones cometidas por el Ejército “como en tiempos de Calderón”.

López Obrador también afirmó: “ningún organismo internacional va a ponernos en el banquillo de los acusados si estamos actuando con legalidad, con humanismo… ¿Qué puede hacer? ¿Inventar? Eso sí lo pueden hacer”. Agregó que, a diferencia de los “gobierno neoliberales”, su administración no permite la corrupción y la impunidad.

En tres años de gobierno, López Obrador ha delegado 70 tareas de índole civil a las Fuerzas Armadas, de acuerdo con un inventario realizado por el Programa de Política de Drogas del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), como la construcción del Aeropuerto Internacional “Felipe Ángeles”, los tramos 6 y 7 del Tren Maya y los llamados “bancos del bienestar”. También puso a cargo del Ejército la distribución de vacunas y la “contención” de migrantes indocumentados. Además, creó una Guardia Nacional civil compuesta por elementos y mandos castrenses en su mayoría.

De inmediato, el Centro de Derechos Humanos “Miguel Agustín Pro Juárez”, lamentó la postura del Ejecutivo federal. “La ONU no inventó nada, constató la realidad del presente, que no es sólo herencia del pasado”, puso en tuit.

Lamentamos la respuesta presidencial al Informe del #ComitéCED de la #ONU sobre las y los desaparecidos:

– La crisis de violencia y desapariciones continúa, sin que se haya revertido. La ONU no inventó nada, constató la realidad del presente, que no es sólo herencia del pasado.

— Centro Prodh (@CentroProdh) April 13, 2022

“Esta respuesta es esperable”, dijo Jorge Verástegui, abogado y defensor que busca a su hermano Antonio Verástegui González y a su sobrino Antonio de Jesús Verástegui Escobedo desde 2009. “No es una recomendación nueva (la de abandonar la militarización) sino que va en el sentido de las recomendaciones que los organismos internacionales han señalado al Estado mexicano. La respuesta del presidente creo que iba a ser esperada dado que el Ejército ha sido la Institución en la que ha depositado la confianza de su administración”.

La impunidad es la regla

“La impunidad es casi absoluta”, concluyen los expertos y expertas de Naciones Unidas tras recibir información sobre la mínima investigación y judicialización de los casos de desaparición. Tan solo durante el sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador han ocurrido 30 mil 532 desapariciones, 30.1% del total.

En los sexenios anteriores fueron 52 mil 65: 16 mil 879 durante la administración de Felipe Calderón y otros 35 mil 186, mientras Enrique Peña Nieto tuvo la presidencia.

En el panorama no está, por el momento, la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional, que pedían las familias de las víctimas, la cual significaba que el caso mexicano sea expuesto ante los países de la Asamblea General de Naciones Unidas. Sin embargo, el Comité determinó no hacerlo y recordó que las autoridades mexicanas cuentan con cuatro meses para enviar observaciones sobre las recomendaciones que recibieron.

Las conclusiones presentadas son resultado de la visita que cuatro integrantes del comité hicieron del 15 al 26 de noviembre de 2021, donde recorrieron cárceles, estaciones migratorias, fueron a sitios de fosas, se reunieron con colectivos de familiares de víctimas, servidores públicos, tuvieron entrevistas con periodistas y defensores, para valorar la situación de las desapariciones en el país. Este 12 de abril fue la presentación de su informe.

Puntos claves del informe

Para acabar con las desapariciones, el CED hizo 85 recomendaciones a las autoridades mexicanas basadas en una política pública de prevención y erradicación de estos crímenes.

El informe incluye dos secciones: la primera sobre las condiciones mínimas para una política nacional de prevención y erradicación de las desapariciones forzadas y la segunda sobre los componentes que tendría que incluir dicha política pública.

Entre el contexto identificado por las expertas y expertos está que el 98% de las desapariciones ocurrieron a partir de que el presidente Felipe Calderón declaró la llamada guerra contra las drogas: una estrategia de seguridad basada en la confrontación de las Fuerzas Armadas con los grupos de la delincuencia organizada.

En su diagnóstico, el grupo mencionó que las desapariciones no solo las comete el crimen organizado, y que existen amplias gamas de involucramiento de las autoridades del Estado, sea al cometer delitos, sea al no investigar esos crímenes, sea al no buscar a las personas o al dejarlas sin identificar una vez que ingresan a los servicios forenses.

En México no se puede saber cuántas de las casi 100 mil desapariciones son atribuidas a las autoridades. Actualmente, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas no proporciona esa información; por eso, el Comité consideró como prioritario que las autoridades actualicen permanentemente esta información y distingan cuáles son desapariciones forzadas.

“Los Estados parte son responsables de las desapariciones forzadas cometidas por los servidores públicos, pero también pueden ser responsables de las desapariciones cometidas por organizaciones criminales”, aseguró Villa Quintana.

Además, resaltó que, aunque la mayoría de las víctimas son hombres jóvenes, Villa Quintana advirtió que han incrementado las desapariciones de niñas y niños a partir de los 12 años, y adolescentes y mujeres, incluso a pesar de la pandemia por la Covid-19. “Se trataría de desapariciones que tendrían como objeto ocultar la violencia sexual, el feminicidio, la trata y la explotación sexual”.

Como requisitos mínimos para impulsar esta política pública enumeró cuatro:

1. Reconocer y tomar en consideración los criterios de responsabilidad de los servidores públicos y erradicar las causas estructurales de la impunidad,
2. Abandonar el enfoque de militarización de la seguridad pública
3. Visibilizar, informar y sensibilizar sobre las desapariciones
4. Implementar debidamente el marco normativo, jurisprudencial e institucional en todo el país.

El informe menciona la revictimización que viven las mujeres, tanto al verse orilladas a buscar a sus seres queridos desaparecidos, como por quedar a cargo de sus familias, con los respectivos efectos sociales y económicos. “En muchos casos son víctimas de violencia, persecución, estigmatización, extorsión y represalias”, agregó la presidenta del Comité.

 El CED está integrado por diez personas expertas internacionales y tiene el mandato de vigilar el cumplimiento de la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, que nuestro país ha adoptado. Una de sus facultades es visitar, a los países que firmaron la Convención para evaluar el cumplimiento de las obligaciones en materia de desaparición forzada y emitir recomendaciones al respecto. De hecho, desde 2013 el Comité había solicitado visitar México pero fue hasta agosto pasado que las autoridades federales aceptaron su solicitud.

 Prevención, una urgencia para México

La cantidad de personas fallecidas sin nombre también fue una preocupación para los expertos y expertas: con una cifra de más de 52 mil cuerpos sin identidad.

“Según varios expertos entrevistados, en las actuales condiciones serían necesarios 120 años para identificarlos, sin contar los nuevos cuerpos que se van sumando cada día”, se lee en el informe.

“La prevención debe ser el centro de la política nacional”, dijo Villa Quintana. El Comité identificó las siguientes diez medidas prioritarias que debería incluir en esta política:

1. Fortalecer las instituciones y los procesos de búsqueda e investigación
2. Garantizar la coordinación sistemática y efectiva de las instituciones
3. Remover los obstáculos que impiden la judicialización de los casos de desaparición forzada
4. Atender debidamente a las desapariciones ocurridas en el contexto migratorio
5. Facilitar los procesos de búsqueda, investigación, reparación y memoria relacionados con los casos de larga data
6. Atender la crisis forense
7. Facilitar el acceso a la búsqueda, verdad, justicia y reparación con enfoque diferencial
8. Reconocer el papel de las víctimas y atender debidamente sus necesidades de atención y protección
9. Proteger a los servidores públicos involucrados en las búsquedas e investigaciones
10. Atender las deficiencias de los registros como estrategia de prevención y erradicación de las desapariciones

Reacciones a partir del informe

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos de México mencionó que el informe del CED reitera la grave situación que atraviesa el país en materia de desaparición.

“Para nosotros esto ha sido parte fundamental, el darnos cuenta que ellos vieron la realidad que estamos viviendo cada una de las familias”, dijo en conferencia de prensa del Movimiento, Vicky Garay, de Guerreras en busca de nuestros tesoros.

Grace Fernández, también integrante del colectivo Búscame, mencionó que el informe “es un instrumento para marcarle el camino al Estado de qué es lo que tiene que cambiar para que deje de haber personas desaparecidas, que nadie más esté en riesgo de desaparecer y que todos los que ya fueron desaparecidos sean encontrados”.

De acuerdo con Humberto Guerrero, director del programa de derechos humanos en la organización civil Fundar, hay acciones que podrían implementar las autoridades mexicanas: “Punto número uno, una propuesta de Presupuesto de Egresos de la Federación que refleje la importancia que tiene la atención a las recomendaciones que ha dado el Comité”.

Otro punto, dice Guerrero, sería que la Fiscalía General de la República echara a andar el Banco Nacional de Datos Forenses que debió implementar desde hace tres años.

Puntos positivos

El Comité también reconoció que las autoridades mexicanas mostraron voluntad para el escrutinio internacional y las facilidades que otorgaron durante la visita que realizaron al país en noviembre pasado.

“El Comité destaca la empatía de algunos servidores públicos del ámbito federal y estatal con las víctimas y su compromiso para reconocer y atender la situación crítica a la que México se enfrenta en materia de desaparición forzada”, reconocen los expertos y expertas en el informe.

Entre los puntos positivos, la presidenta del Comité mencionó que recibieron información reciente sobre la propuesta del Centro Nacional de Identificación Humana que el pasado 31 de marzo envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Cámara de Diputados. Además, destacó la creación de las siguientes instancias:

• Centro Regional de Identificación Humana en Coahuila
• Unidad Integral de Servicios Médicos Forenses en Nogales, Veracruz
• Dirección de Identificación Humana en Jalisco
• Centro de resguardo forense en Guerrero, Tamaulipas y otras localidades
• Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, y su Grupo Coordinador.
• Comisión para el Acceso a la Verdad, el Esclarecimiento Histórico y el Impulso a la Justicia de las Violaciones Graves a los Derechos Humanos cometidas entre los años 1965 y 1990
• Comisión Presidencial para el caso Ayotzinapa
• Unidad Especial de Investigación y Litigación del caso de Ayotzinapa
• Mecanismo Transnacional para el Acceso a la Justicia de las Personas Migrantes
• Mesa de Búsqueda de Personas Migrantes Desaparecidas

¿Qué sigue después del informe?

De acuerdo con el Comité contra la Desaparición Forzada, el Estado mexicana cuenta con cuatro meses para las observaciones sobre las recomendaciones que han hecho.

“Estas observaciones que formule el Estado parte se harán públicas y es a partir de allí que el Comité sobre la base de las atribuciones que nos brinda la Convención, hará un seguimiento”, dijo la presidenta del CED.

Una petición repetida por familias de personas desaparecidas durante la visita del Comité en noviembre pasado era la aplicación del artículo 34 de la Convención Internacional para la protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas. Este artículo establece la posibilidad de que el Comité presente el caso de algún país a la Asamblea General de Naciones Unidas cuando identificara que ocurrieran  de manera generalizadas o sistemáticas.

Sin embargo, el Comité valoró esperar las observaciones que hagan las autoridades mexicanas sobre sus recomendaciones.

De acuerdo con Humberto Guerrero, del Centro Fundar, que acompaña al Movimiento, esta decisión del Comité podría ser temporal. “Si ante la evidencia o a la respuesta que dé el Estado mexicano a este informe lo que siga ocurriendo en el futuro, en el corto o mediano plazo, el Comité podría reevaluar esa decisión y decida aplicarlo”.

Por su parte, Grace Fernández demandó que el presidente Andrés Manuel López Obrador acepte las recomendaciones del Comité.

“Le pedimos que en alguna de las sesiones de la mañanera, acompañado obviamente por el subsecretario Encinas y la comisionada Karla Quintana, dé el mensaje a la nación pero sobretodo a todas las instituciones que tienen de una forma directa o indirecta que contribuir para la búsqueda y la identificación de las personas desaparecidas y las personas fallecidas en calidad de desconocidos”, pidió.

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Efraín Tzuc (@efra_tzuc) es asistente de investigación en Quinto Elemento Lab. Periodistas del proyecto A dónde van los desaparecidos.

www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).

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Foto: Cuartoscuro

Por Jesús Yañez Orozco

• Intentan “desprestigiarme», dice la titular de Conade, de cara a sus aspiraciones para  gobernar Sonora
• El motivo de esa demanda, sostiene, es la desaparición de una persona y pues sale a relucir mi nombre ahí
• Su notificación legal se mantiene en pausa por la situación del Covid-19 que mantiene cerrados los juzgados

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 13 de mayo de 2020.-  Ana Gabriela Guevara, directora general de la Comisión Nacional del Cultura Física y Deporte, consideró que las acusaciones que hacen sobre un presunto soborno, no tienen fundamento y provienen, además, de lo que llamó como «fuego amigo» por sus aspiraciones para obtener la candidatura de Morena, partido en el poder, para gobernar  Sonora.

Otro de los firmes candidatos a ocupar ese cargo es el doctor Alfonso Durazo Montaño, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, uno de los más cercanos al presidente Andrés Manuel López Obrador.

En entrevista con MARCA Claro –propiedad del poderoso empresario Carlos Slim–, Guevara Espinosa, con sólo secundaria terminada–, dijo estar tranquila y que en su momento se ocupará del asunto, toda vez que no cuenta con notificación oficial alguna.

Argumentó:

«La verdad no tengo una postura en particular porque es totalmente difamatorio lo dicho y los argumentos que hacen ahí. El motivo de esa demanda es la desaparición de una persona y pues sale a relucir mi nombre ahí. No tengo un punto de vista, toda vez que ni conozco a las personas.

Ana Gabriela Guevara respondió también que esperará a conocer bien la denuncia porque en estos momentos, debido a las condiciones que enfrenta el país con el tema del coronavirus, las administraciones no laboran.

«De forma oficial no hay nada ni estoy notificada dadas las circunstancias porque los juzgados están cerrados y esto retrasará un poco las cosas. Pero estoy atenta, no tengo nada que ocultar y tampoco nada de qué retractarme de lo que se ha dicho ahí en el mal manejo de información», puntualizó.

(Alfonso Durazo, ¿fuego amigo?)

La Directora General de la Conade consideró que no hay precisión en cuanto a la información sobre el manejo de los recursos por parte del organismo, como se citó en diversas publicaciones.

«En luna de las notas hacían referencia de un desfalco de 70 millones de pesos, cuando para esa partida que es la de alimentos de todos los comedores de la Conade, pues son 57 millones de pesos lo que tenemos de presupuesto. La información es muy imprecisa y con mucha tendencia a perjudicar mi imagen y mi nombre», explicó.

La exvelocista sonorense destacó que la información que se ha difundido, sin duda alguna, tiene tintes políticos:

«Sí, claro que es una campaña negra; por supuesto que tiene todo el tinte de una campaña negra con la intención de desprestigio. Pero estoy tranquila a final de cuentas no tengo ningún procedimiento legal ni me han notificado».

La exatleta señaló que estará atenta al seguimiento de este tema, ocupada en el trabajo por el deporte nacional rumbo a los .

Sin embargo, fue más allá, al puntualizar que por sus aspiraciones a la gubernatura de Sonora es blanco del desprestigio y la desinformación.

«Tengo idea de dónde viene, puede ser uno o pueden ser varios frentes, obviamente que todo tiene que ver con lo político y estoy tan segura que es fuego amigo y que todo está relacionado con el proceso electoral de Sonora”.

“El tratar –agregó– de desprestigiar el trabajo que está realizando la Conade y el avance que podemos llegar a tener en esta institución y siempre me he caracterizado por ser una mujer de resultados», concluyó.

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