Periodistas Unidos. San José, Costa Rica. 08 de septiembre de 2025.- El periodismo en Nicaragua sobrevive entre la apatridia de facto, la autocensura y la cárcel bajo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo, alertó este lunes el Colectivo de Derechos Humanos para la Memoria Histórica de Nicaragua, una ONG humanitaria con sede en el exilio. En un comunicado conmemorativo del Día Internacional del Periodista, el organismo documentó cómo casi 300 comunicadores han sido obligados a huir del país desde 2018 por visibilizar violaciones a los derechos humanos, enfrentando ahora un limbo jurídico que les niega documentos esenciales y los condena a una vulnerabilidad extrema.

“Desde 2018, casi 300 periodistas nicaragüenses han sido forzados al exilio por ejercer su labor con integridad y compromiso al visibilizar los abusos de derechos humanos de la dictadura de Daniel Ortega y Rosario Murillo”, señaló el Colectivo en su declaración. Muchos de estos exiliados, radicados principalmente en Costa Rica, Estados Unidos y España, sufren apatridia de facto: el Estado les prohíbe el regreso, retiene o niega la renovación de pasaportes, cédulas de identidad y partidas de nacimiento. “Esta negación de documentos oficiales no solo vulnera sus derechos fundamentales, sino que los coloca en una situación de extrema vulnerabilidad jurídica, social y económica”, advirtió la ONG, calificando esta práctica como una herramienta de castigo político y borrado institucional.

El Colectivo instó a gobiernos como España, México, Chile, Argentina y Colombia, que han ofrecido nacionalidad a apátridas nicaragüenses, a extender protección a estos periodistas. “La labor de estos periodistas es esencial para documentar violaciones a los derechos humanos, preservar la memoria histórica y mantener viva la conciencia crítica. Otorgarles protección legal y acceso a una nacionalidad no es solo un acto de solidaridad: es una defensa activa de la libertad de prensa y de los valores democráticos”, argumentó el organismo. Según datos de la Fundación por la Libertad de Expresión y Democracia (FLED), al menos 278 periodistas han sido exiliados desde 2018, con un aumento en 2025 debido a asedios, allanamientos y robos de equipos tecnológicos.

La denuncia también resalta detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de comunicadores. El Colectivo exigió la inmediata aparición con vida de Fabiola Tercero (desaparecida desde julio de 2024), Leo Cárcamo (arrestado el 22 de noviembre de 2024) y Elsbeth D’Anda (detenida el 27 de octubre de 2024), mientras Irvin Guerrero permanece en casa por cárcel. “El paradero de los primeros tres periodistas sigue siendo desconocido. Exigimos al Estado nicaragüense su inmediata aparición con vida, el cese de la persecución a la prensa y el respeto irrestricto a los derechos humanos”, demandó la ONG. Amnistía Internacional ha documentado un continuum de represión desde 2018, con más de 50 medios clausurados o confiscados, incluyendo La Prensa, Confidencial y 100% Noticias, y un bloqueo a dominios .ni en 2025.

Expertos como Gonzalo Carrión, activista del Colectivo y nicaragüense desnacionalizado, describieron en mayo pasado estos casos como “crímenes de lesa humanidad”. Hasta febrero de 2025, se registraban 160 apátridas de facto, cifra que ha crecido a cientos, afectando no solo a periodistas, sino a religiosos, defensores y opositores. El Grupo de Expertos de la ONU sobre Nicaragua (GHREN) confirmó en abril que estas prácticas violan la Convención para Reducir los Casos de Apatridia, ratificada por Nicaragua en 2013, dejando a víctimas en un “limbo migratorio” que impide acceso a salud, empleo y educación.

Periodistas exiliados como Carlos Fernando Chamorro, director de Confidencial, han denunciado que el exilio se ha convertido en una condición permanente, con redacciones dispersas por el mundo y periodistas combinando el oficio con trabajos precarios, como entregas en motocicleta en Costa Rica. “Un periodismo valiente que ha enfrentado a una de las peores dictaduras de la historia del país, responsable del asesinato a balazos de 355 nicaragüenses tras las protestas de abril de 2018”, valoró el Colectivo, destacando la resistencia pese al cierre de más de 50 medios y la autocensura impuesta por el miedo.

La crisis, agravada desde las elecciones de 2021, ha forzado a 289 comunicadores al exilio, según FLED, con 9 de 15 departamentos sin periodismo independiente. Organizaciones como Reporteros Sin Fronteras y PEN International llaman a la comunidad internacional a actuar, recordando que la apatridia es “tortura” y un obstáculo para la reunificación familiar. El Colectivo reafirmó su compromiso con la defensa del periodismo libre, urgiendo al mundo a no ignorar esta “grave crisis” que amenaza con un apagón informativo en Nicaragua.

La entrada Crisis en el periodismo nicaragüense: Exilio forzado y apatridia como armas de represión, denuncia colectivo de derechos humanos se publicó primero en Periodistas Unidos.

AP. Managua, Nicaragua. 11 de enero de 2022.- El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, tomó posesión para un nuevo mandato de cinco años, el cuarto de forma consecutiva y el segundo junto a su esposa y vicepresidenta Rosario Murillo, en una jornada marcada por el anuncio de nuevas sanciones de Estados Unidos y la Unión Europea contra varios funcionarios del gobierno sandinista.

Ortega, de 76 años, y Murillo de 70, fueron juramentados el lunes en sus cargos por el titular del Parlamento, Gustavo Porras, que horas antes había sido elegido nuevamente presidente del poder Legislativo, cargo que ocupa desde 2017.

“Vamos a seguir luchando para defender al pueblo, para que tenga salud, educación y vivienda”, dijo el excomandante sandinista después de juramentar él mismo a su gabinete en un acto realizado en la plaza de la revolución de Managua, entre banderas sandinistas y de Nicaragua.

En un largo discurso, Ortega pidió el cese de las sanciones de Estados Unidos contra Cuba y Venezuela, y aseguró que el presidente Joe Biden “tiene más de 700 presos políticos”, en alusión a los seguidores del exmandatario Donald Trump que asaltaron la sede del Capitolio hace un año.

“Son 700 presos políticos, ¿qué esperan para ponerlos en libertad? Ahí están duros contra ellos, mientras por otro lado lanzan actividades terroristas, las organizan”, dijo Ortega. También exigió a Washington el pago de una millonaria indemnización que la Corte Internacional de Justicia (CIJ) avaló en 1986, por la guerra “contra” que Estados Unidos ayudó a financiar en la década de 1980.

Más temprano se anunció que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de Estados Unidos sancionó a otros seis funcionarios del gobierno nicaragüense.

El subsecretario de Terrorismo e Inteligencia Financiera, Brian E. Nelson, citado en un comunicado oficial, dijo que Nicaragua “continúa subyugando la democracia mediante elecciones falsas, silenciando a la oposición pacífica y reteniendo a cientos de personas como presos políticos”

Los afectados son la ministra de Defensa, Rosa Adelina Barahona, y los generales del ejército Bayardo Pulido Ortiz y Bayardo Rodríguez Ruiz. Los tres son directivos del instituto de pensiones militares.

También fueron sancionados el exgeneral del ejército Ramón Calderón Vindell, presidente de la junta directiva de la minera estatal ENIMINAS, además de Celina Delgado y Nahima Díaz Flores, directivas del TELCOR. Díaz es además la hija del jefe nacional de la policía, comisionado Francisco Díaz, sancionado previamente.

Por su parte, el secretario de Estado, Antony Blinken, anunció que adicionalmente a estas sanciones Washington tomará medidas para imponer restricciones de visado a 116 individuos “cómplices de socavar la democracia en Nicaragua, incluyendo alcaldes, fiscales, administradores universitarios, así como funcionarios de policía, de prisiones y militares”.

Durante la campaña electoral, entre mayo y noviembre de 2021, el gobierno envió a la cárcel a más de 40 dirigentes opositores, activistas y profesionales, entre ellos siete aspirantes a la presidencia que pretendían disputarle el poder a Ortega. Todos ellos continúan encarcelados junto a otros 120 “presos políticos”, de acuerdo con estadísticas de la oposición que no han sido confirmadas por el gobierno.

Desde fines de 2017 Washington ha sancionado a decenas de funcionarios del gobierno, allegados y familiares de Ortega con el bloqueo de bienes e intereses en Estados Unidos y el retiro de visas. También le han suspendido los visados a más de un centenar de jueces, fiscales, alcaldes y funcionarios policiales y penitenciarios, así como a sus familiares.

Estas sanciones se incrementaron después de abril de 2018, cuando una revuelta social fue sofocada con violencia por policías y paramilitares. Desde entonces, “el régimen de Ortega-Murillo ha reprimido la oposición política y las manifestaciones públicas, lo que ha provocado más de 300 muertos, 2.000 heridos y el encarcelamiento de cientos de actores políticos y de la sociedad civil. Desde entonces, más de 100.000 nicaragüenses han huido del país”, indicó el comunicado del Departamento del Tesoro.

Estados Unidos aclaró finalmente que las sanciones impuestas este lunes “no pretenden ser permanentes, sino que se emiten para alentar un cambio positivo de comportamiento” de quienes apoyan al “régimen autoritario” de Ortega y que serían eliminadas de ocurrir ese cambio.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, y el de Venezuela, Nicolás Maduro, asistieron a la toma de posesión de Ortega y Murillo. Previamente el gobierno sandinista confirmó la visita de delegaciones oficiales de China, Corea del Norte, Irán, Rusia y Siria, así como algunos cancilleres y líderes políticos de izquierda.

La entrada Ortega toma posesión en Nicaragua tras anuncio de sanciones se publicó primero en Periodistas Unidos.