EFE. Ciudad de México. 23 de junio de 2026.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, negó este martes que haya tensiones con EE.UU. en la revisión del tratado comercial entre ambos países y Canadá (T-MEC), a causa de la acusación de Washington contra el gobernador del estado de Sinaloa (noroeste), Rubén Rocha Moya, por presuntos vínculos con el narcotráfico.

«Claro que no. El tratado lleva su camino y hemos escuchado desde el primer momento que entró el presidente (Donald) Trump su visión sobre el libre comercio (…) Se trabaja en la relación bilateral y trilateral para garantizar la continuidad del tratado», afirmó la mandataria en su conferencia de prensa diaria.

La declaración de Sheinbaum se produce después de que la gobernadora de Chihuahua (norte), María Eugenia Campos, del opositor Partido de Acción Nacional (PAN), pidiera el sábado «no permitir que se olvide» el caso de Rocha Moya y alertara de que el país vive «una crisis de confianza internacional» que, a su juicio, pone en riesgo el T-MEC.

En este sentido, la presidenta mexicana tachó de «propaganda política» las palabras de la gobernadora y dijo que «cada quien debe cumplir su trabajo».

«No hay tensión con Estados Unidos por ese tema como ella dice», subrayó la jefa de Estado.

Respecto a las negociaciones en curso para revisar el T-MEC, Sheinbaum destacó que se está «trabajando muchísimo» ante la visión «proteccionista» de Trump, por lo que México «tiene una muy buena posición frente a otros países con sus problemas».

Así mismo, aseguró que los temas de seguridad «también van avanzando» pese a la «manera de comunicar» del presidente estadounidense, quien repetidamente asegura que los carteles del narcotráfico «gobiernan» el país latinoamericano, algo que el Ejecutivo mexicano rechaza de forma categórica.

«En algunas cosas estamos de acuerdo, en otras cosas no estamos tan de acuerdo. Pero son nuestros vecinos. Ningún país se va a ir a ningún lado, vamos a ser vecinos siempre. Y tenemos un acuerdo comercial que es benéfico para Estados Unidos, para Canadá y para México», sentenció la gobernante.

En México, el oficialismo y la oposición se han lanzado duras críticas los últimos meses por la acusación de EE.UU. contra el gobernador de Sinaloa y otros nueve funcionarios por presuntos vínculos con el narcotráfico; así como por el polémico operativo antidroga de hace unos meses en Chihuahua, en el que supuestamente participaron agentes estadounidenses de inteligencia sin conocimiento del Gobierno federal.

Este último caso está siendo investigado por la Fiscalía General de la República (FGR) por posibles vulneraciones a la ley de seguridad nacional, lo que avivó las tensiones bilaterales y el debate sobre el injerencismo de EE.UU.

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EFE. Ciudad de México. 16 de junio de 2026.– La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, afirmó este martes que no existe un plazo para que el Departamento de Justicia de Estados Unidos presente pruebas en el caso del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, acusado por Washington de presuntos lazos con el narcotráfico.

“No hay plazo (para recibir las pruebas). No hay plazo. Habría plazo si fuera un juicio formal de extradición”, señaló la mandataria durante su conferencia de prensa matutina.

El pasado 29 de abril, la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York divulgó la acusación contra Rocha Moya, quien pidió licencia para apartarse temporalmente de su cargo, y otros nueve funcionarios por presuntamente “conspirar con líderes del cartel de Sinaloa para importar cantidades masivas de narcóticos a EE.UU. a cambio de apoyo político y sobornos”.

Tras ello, realizó una petición de detención urgente contra los acusados a lo que el Gobierno mexicano se ha negado argumentando “falta de pruebas”.

En ese contexto, Sheinbaum explicó que la solicitud recibida por el Gobierno mexicano corresponde a una petición de “detención urgente con fines de extradición” y no a un juicio formal de extradición.

La presidenta insistió en que la solicitud fue presentada por una oficina específica del Departamento de Justicia estadounidense y no por el Gobierno de Estados Unidos.

“Lo que pidió una oficina del Departamento de Justicia de Estados Unidos, porque esto es muy relevante, (…) pide la detención urgente con fines de extradición. Eso es muy importante porque hay otra cosa que es el juicio de extradición”, indicó.

Sheinbaum insistió que la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) revisó la documentación recibida y concluyó que no existían elementos suficientes para proceder con la solicitud, por lo que consultó a la Fiscalía General de la República (FGR).

“¿Qué es lo que hace relaciones exteriores? Primero revise el documento, dice, ‘No hay pruebas suficientes.’ Le pregunta a la fiscalía para que la fiscalía revise si en efecto hay pruebas o no hay pruebas suficientes. La fiscalía le dice a relaciones exteriores, ‘No hay pruebas suficientes’”, sostuvo.

La mandataria explicó que, pese a ello, la FGR abrió sus propias carpetas de investigación y continúa con las indagatorias.

“Si Estados Unidos no entrega las pruebas puede rechazarse esa solicitud de detención urgente, independientemente de la investigación que lleve a cabo la fiscalía y Estados Unidos tiene otra opción, que es solicitar ya formalmente dentro del juicio el juicio de extradición”, afirmó.

Ante la posibilidad de que el Gobierno mexicano niegue la petición por falta de evidencias, Sheinbaum respondió: “Si no hay pruebas, el gobierno dice, ‘No’, Estados Unidos puede iniciar un juicio si es que así lo considera pertinente”.

La presidenta añadió que la exigencia de pruebas forma parte de los mecanismos habituales de cooperación judicial entre ambos países y recordó que en ocasiones anteriores autoridades estadounidenses también han solicitado evidencias adicionales cuando México ha pedido detenciones urgentes con fines de extradición.

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EFE. Ciudad de México. 26 de mayo de 2025.- El gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, informó este martes que compareció ante la Fiscalía General de la República (FGR) en Culiacán, en el marco de la investigación abierta en México tras las acusaciones presentadas en Estados Unidos contra él y otros nueve funcionarios sinaloenses por presuntos delitos relacionados con tráfico de drogas y armas.

“Hoy comparecí ante la Fiscalía General de la República, con sede en Culiacán, Sinaloa. Respondí las preguntas que me formuló la Agente del Ministerio Público Federal”, escribió Rocha Moya en una publicación en la red social X.

El mandatario de Sinaloa (noroeste), que solicitó su separación temporal del cargo mientras dura la investigación, añadió que mantendrá disposición para atender cualquier requerimiento de las autoridades.

“Tengo la firme determinación de acudir a todo llamado que me haga la autoridad investigadora, en el momento que así lo juzgue necesario”, expresó.

Rocha Moya sostuvo además que confía en el sistema judicial mexicano y en el Estado de derecho, al tiempo que defendió las instituciones de justicia y las reformas impulsadas por el movimiento de la llamada Cuarta Transformación, movimiento impulsado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

«Por ello y con la frente en alto no dejaré de luchar porque la verdad prevalezca», subrayó.

Asimismo, expresó respaldo a la presidenta, Claudia Sheinbaum, de quien dijo «lucha con inteligencia y profundo patriotismo por el absoluto respeto a nuestra Soberanía Nacional, frente a cualquier intento de mancillarla».

La comparecencia ocurre días después de que Sheinbaum asegurara que, de acuerdo con la información proporcionada por la FGR, las diligencias abiertas no implican imputaciones contra los funcionarios llamados a declarar.

“Por lo que nos ha dicho la Fiscalía, no hay imputación a nadie, sino sencillamente entrevistas”, afirmó la mandataria el lunes durante su conferencia de prensa diaria.

Respecto al expediente de Sinaloa, Sheinbaum confirmó que han sido citados a declarar Rocha Moya; el senador morenista Enrique Inzunza Cázarez; y el alcalde con licencia de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil.

Las investigaciones en México derivan de la acusación presentada el pasado 29 de abril por la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York contra diez funcionarios de Sinaloa, mientras que el Departamento de Justicia de Estados Unidos ha solicitado la detención con fines de extradición de una decena de ciudadanos mexicanos vinculados con delitos de tráfico de drogas y armas.

La FGR informó previamente que las personas relacionadas con el caso están siendo llamadas a rendir entrevista ministerial “con la finalidad de avanzar con seriedad y exhaustividad” en las investigaciones.

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EFE. Ciudad de México. 18 de mayo de 2026.– La Secretaría de Hacienda de México confirmó este lunes que bloqueó «con carácter estrictamente preventivo» las cuentas bancarias de los 10 altos funcionarios del estado de Sinaloa acusados de narcotráfico por Estados Unidos, entre ellos el gobernador con licencia, el oficialista Rubén Rocha Moya.

«La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informa que se realizaron adiciones a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) con carácter estrictamente preventivo, que provienen de reportes de instituciones del sistema financiero mexicano», explicó en un comunicado la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) sobre la situación de los funcionarios señalados por el Departamento de justicia estadounidense.

Según precisó, instituciones bancarias mexicanas emitieron alertas respecto a clientes considerados como «personas políticamente expuestas», después de que Washington les acusara de ayudar al Cartel de Sinaloa a cambio de sobornos y favores políticos.

Entre los políticos señalados, aparte del gobernador, se encuentra el alcalde con licencia de la capital de Sinaloa (Culiacán), Juan de Dios Gámez, el senador oficialista Enrique Inzunza o antiguos responsables del gobierno estatal.

Ante esta situación, las autoridades ejecutaron la inmovilización preventiva de los recursos bancarios, con el objetivo de «proteger la integridad del sistema financiero nacional».

«La UIF precisa que estas medidas no constituyen una determinación definitiva ni implican la acreditación de responsabilidad alguna, sino acciones preventivas de carácter administrativo», subrayó la Secretaría de Hacienda.

En este sentido, las autoridades mexicanas se encuentran «analizando diversa información y documentación relacionada» con las personas señaladas.

En su conferencia de prensa diaria, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, insistió que es una medida «preventiva» y «automática» derivada de una orden de aprehensión en Estados Unidos.

“No es que la UIF esté investigando al gobernador”, afirmó, al explicar que los bancos mexicanos, por su relación con instituciones financieras estadounidenses, adoptan medidas preventivas que activan mecanismos automáticos de la UIF.

De los 10 funcionarios que Washington reclama, dos se entregaron a las autoridades estadounidenses: Gerardo Mérida, exsecretario de Seguridad Pública de Sinaloa, y Enrique Díaz Vega, exfuncionario de Finanzas del mismo estado.

Por su parte, el Ejecutivo mexicano considera que la petición de Estados Unidos de detención urgente no corresponde a un procedimiento ordinario de extradición y que, hasta ahora, no cuenta con elementos suficientes que justifiquen su carácter de urgente.

Según la acusación, los implicados habrían protegido operaciones del Cartel de Sinaloa, en concreto de la facción de Los Chapitos, facilitando información sensible y permitiendo el transporte de drogas hacia Estados Unidos a cambio de sobornos millonarios.

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EFE. Ciudad de México. 14 de mayo de 2026.-  La presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, afirmó este jueves que Estados Unidos ha rechazado 36 peticiones de México para detener con fines de extradición por falta de pruebas, por lo que defendió aplicar el mismo criterio ante los señalamientos contra diez mexicanos, incluido el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya.

“Hay 36 casos donde Estados Unidos ha negado la petición al Gobierno de Mëxico para detener con urgencia a una persona con fines de extradición ¿Por qué? Por falta de pruebas”, dijo en conferencia de prensa desde el Palacio Nacional de Ciudad de México.

Ante este escenario, la mandataria justificó la postura de su Administración de pedir elementos jurídicos antes de proceder contra cualquier ciudadano mexicano y respondió así a las críticas contra su Gobierno por no ordenar la detención inmediata de los 10 mexicanos requeridos por la Justicia estadounidense.

Según Sheinbaum, algunos analistas han planteado que su Administración solo tiene tres opciones: detener y extraditar con urgencia a esas personas, encarcelarlas en México o no hacer nada.

“Se les olvida la más importante: pedir pruebas”, insistió.

La gobernante remarcó que todo ciudadano mexicano, sin importar su filiación política, cargo público o condición partidista, debe tener derecho a un juicio justo y a que cualquier acusación esté respaldada por pruebas.

“¿Tienes pruebas contra el gobernador con licencia? Preséntalas”, dijo en referencia a Rocha Moya, al señalar que, con esos elementos, la Fiscalía General de la República podría realizar una investigación.

Sheinbaum negó que se trate de una decisión política y aseguró que su postura responde a la ley, a la Constitución y a la defensa de la soberanía nacional.

“Si hay pruebas suficientes en el marco de nuestro sistema penal acusatorio, de la Constitución, entonces se procede. Si no hay pruebas, no se procede”, afirmó.

La mandataria matizó que México no busca afectar la relación con Estados Unidos, pero insistió en que debe defender su soberanía y la dignidad de sus ciudadanos, incluso con opositores.

“Si fuera un gobernador en funciones de otro partido político del que no provenimos, haríamos exactamente lo mismo”, concluyó.

Rocha Moya, del oficialista Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) solicitó hace dos semanas licencia para separarse temporalmente del cargo mientras la Fiscalía General de la República investiga el caso

Todos los implicados han rechazado las acusaciones, en un caso que ha generado una fuerte controversia política en México y tensiones en la relación bilateral con Estados Unidos.

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AMEXI. Ciudad de México. 15 de septiembre de 2025.- Pese a haber promovido los festejos por el Grito de Independencia desde hace semanas atrás, el gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, anunció que se cancelan las actividades musicales y las programadas para el 15 de septiembre en la explanada del Palacio de Gobierno en Culiacán.

A través de un video publicado en sus redes sociales, el mandatario estatal explicó que tras reunirse con las autoridades gubernamentales se decidió realizar solo un acto cívico protocolario a puerta cerrada con funcionarios de los tres niveles de gobierno y con las Fuerzas Armadas.

En este sentido, explicó que la decisión se tomó con el objetivo de garantizar el bienestar, la seguridad y los derechos de las y los sinaloenses e invitó a la ciudadanía a festejar las Fiestas Patrias desde sus hogares, para lo cual, el operativo de seguridad especial continuará activo para proteger a la población.

Por su parte, algunas y algunos usuarios de redes sociales respaldaron la decisión del gobernador, ya que desde la Marcha por la Paz del pasado 7 de septiembre fue una exigencia conjunta al asegurar que “no hay nada que festejar” al cumplirse un año del inicio de la disputa interna del Cártel de Sinaloa.

Otra jornada violenta

La cancelación de los festejos por el 215 Aniversario de la Independencia de México se da en una jornada violenta en este fin de semana, en la que al menos 10 personas perdieron la vida, incluida una maestra identificada como Jesamel Rodríguez Zazueta, auxiliar académica en la Supervisión de la Zona Escolar 057 de Primarias Federalizadas.

De acuerdo con los informes periciales, la docente circulaba en su automóvil con su esposo y sus dos hijas por la carretera Altata-Nuevo Altata cuando sujetos armados atacaron el vehículo.

La maestra perdió la vida en el lugar al recibir un impacto de bala, mientras que el resto de la familia resultó ilesa. Hasta el momento se desconoce si hay detenidos por los hechos.

La situación de violencia e inseguridad en el estado también llevó a cancelar las Fiestas Patrias en los municipios de Navolato, San Ignacio y en tres sindicaturas de Culiacán: Angostura, Culiacancito y Costa Rica. 

A las y los sinaloenses: pic.twitter.com/Q325AgjNFT

— Rubén Rocha Moya (@rochamoya_) September 14, 2025

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 25 de julio de 2025.- A un año del inicio de la crisis de seguridad pública en Sinaloa, periodistas, organizaciones civiles y defensores de derechos humanos alzaron la voz para exigir a las autoridades federales y estatales acciones inmediatas que garanticen la paz, la seguridad y la libertad de prensa en la entidad. En un posicionamiento dirigido a la presidenta Claudia Sheinbaum, al gobernador Rubén Rocha Moya, secretarías federales, fiscalías y al Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, se denunció el impacto devastador de la violencia, con más de 1,500 asesinatos, igual número de desapariciones forzadas y cientos de personas desplazadas, según datos oficiales reportados por la prensa local.

La escalada de violencia, marcada por enfrentamientos entre grupos del crimen organizado, ha generado un clima de indefensión y ha puesto en riesgo a periodistas que, en cumplimiento de su labor, enfrentan condiciones extremas. Un ejemplo reciente ocurrió el 14 de julio en El Pozo, Imala, donde reporteros cubrieron enfrentamientos armados antes de la llegada de las autoridades, evidenciando una omisión institucional que pone en peligro su integridad.

El pronunciamiento, firmado por 23 organizaciones —como ARTICLE 19, la Asociación de Periodistas 7 de Junio y la Red Nacional de Periodistas—, 71 periodistas y 26 defensores de derechos humanos, destaca que la labor periodística es esencial para informar a la sociedad, promover la transparencia y fortalecer la democracia. Sin embargo, se subraya que los periodistas no deben asumir las consecuencias del abandono institucional ni de la tardía respuesta de las autoridades en la atención de delitos.

Entre las demandas se encuentran:

• Cumplimiento de la obligación constitucional de proteger a los periodistas, sin delegar en ellos la responsabilidad de su seguridad.

• Establecimiento de protocolos claros de coordinación entre fuerzas de seguridad, fiscalías y medios durante coberturas de alto riesgo.

• Garantizar la presencia ministerial oportuna en los lugares de los hechos para proteger a la comunidad y a los periodistas.

• Verificación de políticas de prevención y protección en los medios de comunicación, especialmente en zonas afectadas por la violencia.

El documento convoca a gobierno, sociedad, medios, instituciones de seguridad y organismos civiles a unir esfuerzos para garantizar el flujo seguro de información y construir una sociedad informada, protegida y participativa. “La seguridad y la tranquilidad no se imploran, se exigen. No podemos resignarnos a ser una sociedad derrotada”, sentencia el posicionamiento.

En un contexto de dolorosas secuelas por la violencia, el mensaje es claro: periodistas y sociedad deben ir juntos en la exigencia de paz y en apoyo a las víctimas. La normalización de la violencia no es una opción, y Sinaloa merece recuperar la paz social.

Firman: Organizaciones como #HastaEncontrarles, ARTICLE 19, Colectiva Feminista MAPAS, Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), entre otras; periodistas como Aimee Melo, Marcela Turati y Sonia de Anda; y defensores de derechos humanos como Balbina Flores y Esperanza Hernández Lugo, entre otros.

Aquí puedes leer el pronunciamiento completo: https://monitor.iniciativasinaloa.org.mx/un-ano-bajo-fuego-periodistas-y-activistas-exigen-paz-y-libertad-de-prensa-en-sinaloa/

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 06 de marzo de 2025.- Con el objetivo de combatir la impunidad en los delitos contra la libre expresión y la defensa de derechos humanos, el gobernador Rubén Rocha Moya anunció este jueves la creación de una Fiscalía Especializada para la atención de periodistas y defensores de derechos humanos. En un encuentro con profesionales de la comunicación y activistas, el mandatario estatal confirmó que Sinaloa podría convertirse en el primer estado del país en contar con esta institución, un paso histórico a nivel nacional.

Durante la reunión, Rocha Moya escuchó las demandas de acelerar la implementación de esta Fiscalía, en línea con la Ley de Protección a Periodistas y Personas Defensoras de Derechos Humanos, promulgada por su gobierno en mayo de 2022. “Sinaloa podrá ser el primer estado del país en contar con una Fiscalía Especializada en este tipo de delitos”, destacó Jhenny Bernal Arellano, titular del Instituto para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas (IPPDDHYPS).

En el marco del evento, Bernal Arellano entregó al gobernador el Segundo Informe de Labores correspondiente al período 2023-2024. El documento revela que las agresiones contra periodistas y defensores han escalado en los últimos dos años, según datos estadísticos del Instituto, y proyecta que esta tendencia no disminuirá en el corto plazo. El informe subraya la necesidad de mecanismos efectivos para proteger a estos gremios frente a los riesgos que enfrentan en su labor.

El encuentro contó con la participación de figuras clave como Jhenny Judith Bernal Arellano, Directora General del IPPDDHYPS, la activista buscadora Micaela González, el reconocido periodista Alejandro Sicairos, el Presidente de la Asociación 7 de Junio, Jesús Bustamante, y Sibely Cañedo, representante de Iniciativa Sinaloa. Estos actores reiteraron la urgencia de concretar la Fiscalía para garantizar la seguridad y el ejercicio pleno de la libertad de expresión y la defensa de derechos humanos en el estado.

La iniciativa responde a un contexto de creciente violencia contra quienes desempeñan estas actividades, posicionando a Sinaloa como un referente en la protección de estos grupos vulnerables a nivel nacional.

(Con información de Paralelo 23)

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EFE. Ciudad de México. 25 de febrero de 2025.- El secretario de Seguridad de México, Omar García Harfuch, reconoció este martes el asesinato de cerca de 30 niños desde que comenzó el 9 de septiembre la pugna del Cartel de Sinaloa en ese homónimo estado del noroeste del país, que acumula más de 800 homicidios en general desde entonces.

“Que también la sociedad de Sinaloa sepa eso, las muertes que han sufrido estos menores de edad han sido provocadas por estos grupos delincuenciales», respondió a una pregunta expresa el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) en la conferencia diaria del Gobierno.

El Gobierno atribuye el fenómeno a la pugna entre las facciones de Los Chapitos y Los Mayos tras la captura el 25 de julio en Estados Unidos de Ismael ‘El Mayo’ Zambada, cofundador del cartel, traicionado por Joaquín Guzmán López, uno de los hijos de Joaquín ‘El Chapo’ Guzmán, quien lo subió a un avión para entregarlo.

El caso más emblemático ha sido el de los hermanos Gael y Alexander, de 9 y 12 años respectivamente, asesinados junto con su padre el domingo 19 de enero, lo que provocó protestas masivas que exigieron la renuncia del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, del oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

García Harfuch sostuvo que, desde el comienzo de la presidencia de Claudia Sheinbaum el 1 de octubre, el Gobierno ha desplegado a la Guardia Nacional en las escuelas, donde «no ha habido ningún solo incidente violento».

«¿Qué es lo que ha hecho la autoridad? Hacer reforzamientos constantes en el estado de Sinaloa, debilitar las estructuras criminales, como se ha informado, para que estos hechos no ocurran, al disminuir los homicidios en el estado de Sinaloa, obviamente, también van a disminuir los homicidios a menores de edad», afirmó.

El secretario aseveró que en el Gobierno de Sheinbaum han detenido a 899 personas relacionadas con la pugna, lo que ha «debilitado» a ambas facciones del Cartel de Sinaloa.

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EFE. Ciudad de México. 25 de noviembre de 2024.-  El gobernador de Sinaloa (noroeste de México), Rubén Rocha Moya, reconoció este lunes que han existido encuentros entre grupos criminales y autoridades estatales para, según él, garantizar la seguridad en ese estado.

«Ha habido encuentros entre los grupos criminales, directamente con la autoridad”, expuso el mandatario estatal en declaraciones a medios tras acudir a la firma del Acuerdo Nacional por el Derecho Humano al Agua y la Sustentabilidad.

Rocha Moya aseveró que con esas reuniones se ha logrado “avanzar mucho” y evitar confrontaciones entre grupos criminales, aunque afirmó que se han “reducido un poco, pero ahí están”.

“Mientras no amanezcamos con la noticia de que se encontró, hubo gente que reportó que por ahí andaban civiles armados, mientras eso no ocurra es que lo tenemos presente (el problema)”, dijo.

Desde septiembre pasado, el estado de Sinaloa y, en específico, su capital Culiacán, afronta una pugna interna del narcotráfico tras la detención del capo Ismael ‘El Mayo’ Zambada en Estados Unidos.

La investigación ha salpicado al gobernador Rocha Moya, del gobernante Movimiento Regeneración Nacional (Morena), porque Zambada dijo en agosto que el día de su captura tenía previsto reunirse con él, con Guzmán López y con Héctor Cuén, diputado electo asesinado ese día.

Según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), de septiembre a noviembre hay un acumulado aproximado de más de 350 asesinatos en Sinaloa, estado con tres millones de habitantes, en medio del conflicto del homónimo cártel del narcotráfico.

La violencia en el estado ha llevado al cierre de negocios y escuelas para garantizar la seguridad de la población, aunque este lunes Rocha Moya resaltó que actualmente el 89 % de las escuelas en Sinaloa están funcionando, al igual que la actividad económica estatal «en general», pero aceptó que la violencia no ha terminado.

“Por eso no queremos hablar de que las cosas se han terminado, hemos logrado avanzar mucho”, enfatizó.

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