Periodistas Unidos. San Cristóbal de los Guajes, México. 29 de junio de 2024.-  El pasado 14 de junio, se llevaron a cabo importantes trabajos de conservación de suelos y agua en la localidad de San Cristóbal de los Guajes, en el Municipio de Turicato, perteneciente a la región de Tierra Caliente, en Michoacán. Un grupo de aproximadamente 20 productores de la localidad se reunió en una microcuenca del Cerro de las Pintillas, junto con personal de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader), técnicos de Agrosano, el coordinador regional de Tierra Caliente y la coordinadora de la estrategia de conservación de suelos y agua.

El objetivo principal de esta reunión fue la construcción de seis represas de troncos y piedra. Estas estructuras tienen como propósito evitar que el suelo arrastrado por la corriente llegue a un bordo denominado «La Laguna», que sirve como abrevadero para ganado vacuno. Además de impedir la sedimentación del abrevadero, estas represas permiten que el agua fluya más despacio, lo que favorece la infiltración hacia el manto acuífero y ayuda a mantener la humedad en el suelo por más tiempo.

Este esfuerzo es crucial para mejorar la gestión de los recursos hídricos en la región y asegurar la sostenibilidad del agua para las actividades agrícolas y ganaderas. La colaboración entre los productores locales, técnicos y autoridades demuestra un compromiso conjunto hacia la conservación ambiental y el desarrollo sostenible de la comunidad.

Las acciones implementadas en San Cristóbal de los Guajes no solo representan una solución efectiva a los problemas de erosión y pérdida de suelo, sino que también promueven prácticas agrícolas más responsables y sostenibles. Con la participación activa de la comunidad y el apoyo de las instituciones, se espera que estos trabajos tengan un impacto positivo y duradero en la región de Tierra Caliente.

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A los pueblos de México y del mundo,

A los pueblos originarios,

A los organismos y colectivos defensores de derechos humanos,

A la Sexta Nacional e Internacional,

A las Redes de Resistencia y Rebeldía,

A la Europa Insumisa, Digna y Rebelde,

A l@s firmantes de Una Declaración por la Vida,

A los medios de comunicación nacionales e internacionales.

Reunidos en la casa de los pueblos Samir Flores Soberanes el día 24 de septiembre de 2022, nos dimos cita los pueblos maya, rarámuri, otomí, nahua, mixteco, chontal, mazateco, chinanteco, náyeri, tepehuano, totonaco, zoque, purépecha, mazahua, zapoteco, coca, mayo y yaqui de los estados de Campeche, Ciudad de México, Colima, Chiapas, Chihuahua, Estado de México, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Morelos, Michoacán, Nayarit, Oaxaca, Puebla, Querétaro, Quinta Roo, San Luis Potosí, Sonora, Veracruz y Yucatán.

Compartimos palabra con quienes acompañan el caminar de los pueblos que somos el CNI, como el Colectivo Llegó la Hora, Coordinadora Metropolitana Anticapitalista, Red Universitaria Anticapitalista, Mujeres y la Sexta, Red MyCZ, Frente del Pueblo Resistencia Organizada, Red de Apoyo Iztapalapa Sexta, Organización Popular Francisco Villa de Izquierda Independiente, Colectivo Grietas del Norte, Tejiendo Organización Revolucionaria, Doce Pueblos de Tecamac, Partido de los Comunistas, Nodo de Derechos Humanos, Pueblo Originario de Xoco, Red Morelense de Apoyo al CIG, Coordinación de Pueblos, Barrios y Colonias de Xochimilco y la Coordinadora de Colonias de Ecatepec.

Desde nuestra asamblea escuchamos la palabra digna de los padres y madres de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Raul Isidro Burgos de Ayotzinapa, Guerrero, que fueron desaparecidos por el gobierno mexicano, por las policías municipales, estatal de Guerrero y por el ejército mexicano, que siendo uno solo con distintas bandas delictivas, siguen protegidos descaradamente por el gobierno federal.

Escuchándonos, nos vemos en todo el territorio nacional como pueblos que resisten a la guerra abierta, militar, paramilitar y a través de los cárteles criminales; y entendemos que este gobierno en turno no solo garantiza la impunidad a las fuerzas armadas, sino que, militarizando peligrosamente al país, las pone al frente de la seguridad y de actividades que deberían ser tarea de civiles, las pone a proteger los grandes megaproyectos capitalistas y los intereses de los Estados Unidos de América, mientras permite que las bandas criminales se apropien del territorio nacional con el propósito de sembrar el miedo y la desorganización para permitir la proliferación de jugosos negocios mineros, energéticos, inmobiliarios o de tráfico de seres humanos en una abierta GUERRA EN CONTRA DE TODOS LOS PUEBLOS DE MÉXICO. Estos megaproyectos y estos negocios son apostados en la geografía nacional y, sobre todo, en los territorios indígenas; espacios en los que desde hace algún tiempo crecen galopantes la criminalidad, el alcoholismo, la drogadicción y, por supuesto, la destrucción de la Madre Tierra, así como la pobreza y la explotación humanas.

En medio de esta realidad el gobierno federal llama a la mentira planes de justicia indígenas, y en ellos habla de la lucha que los pueblos han hecho durante años, sin tocar lo que ha dado lugar a la injusticia, sin afectar los intereses de las empresas mineras, de los especuladores de tierras, de las industrias extractivas; sin modificar su tradicional política indigenista. Con engaños, chantajes y programas clientelares, pretende ahondar la división y generar el apoyo masivo a la destrucción que traen consigo los megaproyectos y obras de infraestructura estratégicos. Dividiendo a nuestras comunidades entre quienes, cediendo al chantaje oficial, suman su voz para avalar el exterminio de otros pueblos; y quienes se resisten a ser exterminados en favor del gran capital, se resisten a ser despojados, criminalizados, asesinados o desaparecidos.

El capataz autoritario se ha querido valer de un descompuesto indigenismo, que ante la entereza de nuestros pueblos, no ha funcionado, y que es representado por el Instituto Nacional de los Pueblos indígenas (INPI).

La diferencia entre sus cálculos y la realidad, es que la dignidad hoy es una necesidad urgente, pues la agencia administradora del territorio mexicano a favor de las corporaciones capitalistas, que es el gobierno de la 4T, tiene emplazado al poder mundial sobre el territorio nacional y a los militares distribuidos en todo el país mientras aumenta la violencia en contra de los pueblos de México. Su objetivo no es el de la seguridad del país, sino el de la seguridad de los dueños del dinero, el de favorecer el extractivismo transnacional y es por eso la indiferencia descarada ante los asesinatos, las desapariciones, la violencia patriarcal creciente en contra de las mujeres, de los migrantes, de las y los diferentes; y la presencia de grupos delictivos que gozan de impunidad.

Al mismo tiempo los gobiernos de arriba pretenden desarticular las policías comunitarias y guardias comunales a lo largo y ancho del país, utilizando a las fuerzas armadas, condicionando el reconocimiento de los grupos de seguridad comunitaria a someterse al poder corrupto y garantizando el avance de las empresas mineras, agroindustriales, energéticas o inmobilirias y de los cárteles a su servicio.

En ese contexto, por acuerdo de esta reunión ampliada de la Comisión de Coordinación y Seguimiento del Congreso Nacional indígena nos pronunciamos de la siguiente forma:

Repudiamos la guerra militar y paramilitar que mantiene cercadas a las comunidades zapatistas, que tiene por objeto el debilitamiento del gran proceso organizativo y de conciencia colectiva anticapitalistas que representan en México y el mundo, con cuyos fines somo uno y en ello no nos rendimos, ni nos vendemos, ni claudicamos.

Exigimos verdad y justicia a 8 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, que fiueron desaparecidos por el gobierno de México y que hoy protege a los culpables escondidos en los cuarteles militares, mientras se reprime y desprecia la lucha digna de los padres y madres de los compañeros, así como de los estudiantes normalistas que siguen demandando justicia.

Rechazamos la simulación a la que los gobiernos llaman “planes de justicia” en los territorios indígenas, pues de manera clientelar pretenden callar las exigencias auténticas y legítimas de los pueblos, al mismo tiempo que protegen y garantizan las ganancias e impunidad a las empresas y cárteles de la droga que mantienen el terror como constante en beneficio de las ganancias de unos cuantos.

Exigimos el pleno respeto a la decisión de la asamblea de la comunidad de Santa María Coapan, municipio de Tehuacán, Puebla, misma que, conforme a sus usos y costumbres, ordenó el cierre definitivo del basurero que opera en su territorio, y que los gobiernos se abstengan de fomentar la división, confrontación comunitaria y la violencia contra quienes se oponen a la reapertura del basurero ilegal.

Ante los reciente sismos, cuyo epicentro fue la costa michoacana, llamamos a la solidaridad urgente con la comunidad de Santa María Ostula, municipio de Aquila, Michoacán, donde fueron seriamente dañadas más de 700 viviendas, así como la iglesia que resguarda la imagen principal de la comunidad; a través de la cuenta bancaria número 6524900664, CLABE 021097065249006643, del Banco HSBC, a nombre de SERGIO CIRINO FLORES; lo anterior no sin dejar de señalar que esta emergencia, derivada de un fenómeno natural, se suma a la grave situación que actualmente vive dicha comunidad debido a que el gobierno del estado pretende la desarticulación de su Guardia Comunal y el desmantelamiento del sistema de Seguridad Comunitaria en el municipio de Aquila; lo anterior en un clima creciente de acoso y violencia en las regiones y estados aledaños por parte del crimen organizado.

Llamamos a detener la criminalización de la práctica de la partería tradicional, que es propia de nuestros pueblos, pero despreciada y discriminada por la Norma Oficial Mexicana 035-SSA3-2012, que hace obligatoria la existencia de un certificado de nacimiento por parte del sistema de salud, pretendiendo negar el registro a las niñas y los niños nacidos con nuestras formas ancestrales.

Convocamos para que según sus tiempos, modos, calendarios y geografías, de cada quien, el día 12 de Octubre de 2022, llevemos a cabo una ACCIÓN GLOBAL CONTRA LA MILITARIZACIÓN Y LA GUERRA CAPITALISTA Y PATRIARCAL HACIA LOS PUEBLOS DE TODO MÉXICO Y DEL MUNDO, HACIA EL EZLN Y LAS COMUNIDADES ZAPATISTAS Y HACIA LOS PUEBLOS ORIGINARIOS DE MÉXICO. Llamamos a los pueblos de México y del mundo que resisten contra la muerte y el olvido, a las organizaciones sociales, civiles y políticas, a la Sexta Nacional e Internacional, a las redes de resistencia y rebeldía, a l@s firmantes de Una Declaración por la Vida en los cinco continentes, a las mujeres y hombres de buen corazón, para que junt@s alcemos la voz contra la guerra en México y en el mundo.

Atentamente

Septiembre de 2022

Nunca más un México sin Nosostros

Por la Reconstitución Integral De Nuestros Pueblos

CONGRESO NACIONAL INDÍGENA/CONCEJO INDÍGENA DE GOBIERNO.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 06 de marzo de 2022.- Se realizó el primer Encuentro Nacional de Periodistas en San Cristóbal de la Casas donde hablaron los periodistas Rodolfo Montes; Adriana Urrea del Sutnotimex; Balbina Flores de Reporteros Sin Fronteras; María del Rosario Mosso del semanario Z; Jan-Albert Hossttsen del Comité para la Protección a Periodistas (CPJ);  Cynthia Alvarado Enríquez de Los Ángeles Press; Ivan Duarte reportero de Noticias Mérida; Oscar Takeshi López Moreno hijo de Freddy López Arévalo; Gabriela Velazquez esposa de Freddy López Arévalo; Juan Bautista de la Fraternidad de Periodistas de México; el periodista y escritor Jesús Lemus; María Luisa Estada de La Guillotina, Nohemi Veraut, Jaime Lagunas, Guadalupe Lizarraga de Los Angeles Press, Erik Manzanillo de Presidum, el periodista Ramses Ancira y Samuel Cortés de la Asamblea Tenemos Que Hablar.

En el encuentro se realizó un desplegado con los siguientes puntos:

Reunidos en la ciudad de San Cristóbal de Las Casas, en el Encuentro Nacional de Periodistas por el respeto a la libertad de expresión, manifestamos:

Con profunda tristeza vemos que, mientras preparamos nuestro Encuentro, la lista de periodistas asesinados continúa creciendo; también notamos que la omisión de las autoridades para prevenir y, en su caso, investigar diligentemente los crímenes se convierte en una constante.

Suele decirse que la libertad de expresión constituye la piedra angular de toda sociedad democrática, que la prensa se ha convertido en un factor fundamental en la lucha contra la corrupción y el abuso de autoridad. Sin embargo, la violencia contra las y los periodistas pareciera demostrar, que no vivimos en una sociedad democrática, o que la corrupción y el abuso de poder se imponen para callar a quienes develan sus actos.

En no pocas ocasiones, la violencia contra periodistas se ha visto agravada a consecuencia del crimen organizado; sin embargo, los actos de éstos últimos son consecuencia de la impunidad con que actúan.

Identificamos factores que inciden directamente en la violencia hacia periodistas: La ausencia de un ambiente de respeto para el ejercicio de la libertad de expresión, generado por discursos que pretenden denostar la labor de periodistas, ausencia de contrataciones sin reconocer mínimos derechos laborales; además de una sistemática impunidad y falta de diligencia en la investigación y castigo a los responsables de las agresiones a periodistas.

Los crímenes contra periodistas deben ser investigados de manera diligente sin descartar ninguna línea de investigación que se relacione con el ejercicio del periodismo. Solo una investigación precisa, diligente, imparcial, objetiva y completa puede dilucidar las causas, por lo tanto, el Estado no debe apresurar conclusiones para desvincular los homicidios del ejercicio periodístico.

Si bien los asesinatos de periodistas representan la forma más grave de censura, no debe ignorarse que existen diversas maneras como los periodistas enfrentan censura a raíz de amenazas y ataques bajo diversas formas que conllevan intimidación e inhibición de su trabajo.

Las alarmantes cifras de periodistas asesinados, así como el sistemático ataque a los mismos, imponen la necesidad de un plan de acción en función de generar un ambiente propicio para el ejercicio del periodismo.

1. Exigimos al Estado mexicano un informe puntual y completo de las investigaciones llevadas a cabo en cada uno de los crímenes cometidos en contra de periodistas. Así también, tener a los periodistas como personas con interés legítimo para conocer e intervenir en cada uno de los crímenes.
2. Solicitamos que se legisle para otorgar pensión vitalicia a los familiares de los periodistas asesinados, puesto que, en muchos casos, los periodistas representan el único sostén económico de sus familias.
3. Solicitamos respetuosamente al Presidente de la República reconocer expresamente la importancia de la labor periodística en una sociedad democrática, y abstenerse de emitir comentarios que resten mérito a nuestra labor y nos ubiquen en mayor vulnerabilidad frente a los enemigos de la libertad de expresión.

4. Exigimos al Estado mexicano la instrumentación de un conjunto de medidas, acordadas con los periodistas, para generar un ambiente adecuado y propicio para el ejercicio respetuoso de la libertad de expresión.
5. Exigimos el diseño de mecanismos autónomos, eficaces y con participación ciudadana de protección de los periodistas, tanto en el ámbito federal como en las entidades federativas.
6. Los integrantes coincidieron en llamar a la unidad de los periodistas a nivel nacional, respetando la identidad de cada organización, de medio o periodistas independientes. En ese sentido se propuso la creación de una alianza por estados y regiones.
7. Demandaron la creación, de una Comisión de Seguimiento, de periodistas, surgida de este encuentro nacional para establecer una coordinación, a lo largo y ancho del país, para interactuar ya sea por cuestiones de emergencia o de diseño de organización regional o estatal.
8. Exigieron la solución inmediata a la huelga de periodistas de Notimex, como una medida de distensión para con el gremio periodístico.
9. Crear un sistema de alerta inmediata, de reacción de denuncia ante casos de emergencia.
10. Y en relación a las investigaciones, se demandó mayor perfeccionamiento en el personal capacitado en investigaciones ministeriales, así como en las fiscalías.
11. Se exigió la renuncia inmediata de Enrique Irazoque como director del mecanismo de protección a periodistas, al haber mostrado fallas serias en la protección a periodistas que se encentraban en el mecanismo.

Abrimos hilo sobre el Encuentro Nacional de Periodistas que se celebra en San Cristóbal de las Casas, Chiapas. pic.twitter.com/GmiMC0pxh5

— #TenemosQueHablar (@medios_hablemos) March 5, 2022

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Foto: Carlos López / EFE 

Por Mitzi Mayauel Fuentes Gómez

EFE. San Cristóbal de las Casas, México. 23 de enero de 2021.- La indígena mexicana Adriana Pérez Gómez dedica varias horas al día a ayudar a su hija de 10 años, Yazmin Vanessa Hernández, a hacer las tareas escolares. Hace casi un año que suspendieron las clases presenciales en Chiapas y ella enfrenta un problema añadido: es analfabeta. Para ella no ha sido fácil participar en las actividades educativas de la niña debido a que es hablante de tsotsil y entiende poco el español. Proveniente de una familia de bajos recursos económicos, apenas fue a la escuela y nunca aprendió a leer y a escribir.

Pérez Gómez forma parte del 15 % de la población chiapaneca de 15 años o más edad que no sabe leer ni escribir.
Según explicó la mujer a Efe desde su humilde casa de techos de madera, en una mezcla de español y tsotsil, la pandemia parece que no acaba nunca y está desesperada porque su única hija no pierda el ciclo escolar, por lo que ha pedido ayuda a asociaciones civiles de beneficencia y apoyo a la infancia.

EL RETO DE ENSEÑAR

México no tiene clases presenciales para sus más de 30 millones de estudiantes de educación básica y superior desde el 23 de marzo de 2020, cuando inició la llamada Jornada Nacional de Sana Distancia por la pandemia de covid-19.
Y aunque en Chiapas la situación es relativamente mejor que en otros lugares de México, el regreso a clases se está llevando a cabo con cuentagotas.

A pesar de que Adriana vive a unos cuantos minutos de la turística ciudad de San Cristóbal de las Casas, no cuenta con conexión en casa, y se le hace prácticamente imposible pagar los servicios básicos. «Me dedico a mi casa. Y a veces vendo chicharrones, aquí en mi pequeña tiendita», explica la mujer, que se sostuvo a duras penas durante la pandemia.

«Se nos ha hecho difícil porque yo realmente no sé nada. (…) Se me dificulta ayudar a mi hijita y a veces no hacemos toda la tarea. Hay cosas para las que necesita internet, pero como no tenemos internet en esta colonia (barrio), todo se nos dificulta», remarca la mujer en el Día Internacional de la Educación, que se conmemora este 24 de enero.

APOYO ESCOLAR

Ante su precaria situación, la ONG Melel Xojobal, que trabaja en la protección de los derechos humanos, ayuda a Adriana en las tareas escolares de su hija. Normalmente es una vez por semana, los viernes.
Y gracias a este apoyo, y al tesón de su madre, a pesar de todas estas dificultades la pequeña Yazmin es hoy bilingüe, cursa el quinto año de primaria y sueña con ser médico para así poder ayudar a las personas enfermas.
Dice que le ha costado mucho estudiar en casa porque a veces su mamá no entiende algunas tareas y no puede ayudarla, por lo que ha sido necesario pedir ayuda a otros familiares. Pero cuando ellos tampoco entienden la materia, a veces los deberes se quedan sin hacer.

La historia de Adriana no es la única en Chiapas, donde muchos padres tienen problemas serios de analfabetismo.
Por ello muchos han tenido que acudir a solicitar ayuda de algunas asociaciones civiles para sacar a sus hijos adelante, como es el caso de Melel Xojobal o de la organización Desarrollo Educativo Sueniños.

«Ofrecemos ayuda de conectividad como es tener una computadora y que puedan acceder al internet. También buscamos que tengan un acompañamiento de facilitadores y educadores que con toda energía y entusiasmo» ayudan a los niños de diferentes grados educativos, explicó Ivonne Velasco, coordinadora General de Sueñinos, quien destacó que el fin último es evitar la deserción escolar.

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