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• Plantearon que esos recursos públicos se reorienten de manera más homogénea y justa para la reactivación de los estados y municipios

• Solicitan también analizar y considerar el seguro de desempleo, como un alivio rápido y efectivo ante la pérdida de empleos formales y la pérdida de ingresos en los sectores informales

Periodistas Unidos. Monterrey, México. 19 de junio de 2020.- Los gobernadores de Coahuila, Colima, Durango, Guanajuato, Jalisco, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas apelaron a la sensibilidad del presidente Andrés Manuel López Obrador y le pidieron posponer las obras de la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto Santa Lucía para que esos recursos públicos se reorienten de manera más homogénea y justa a la urgente reactivación de los estados y municipios.

Consideraron que de esa forma estarán en mejores condiciones de enfrentar los momentos más complicados de la pandemia que hasta el momento ha provocado más de 20 mil muertes, así como la profunda crisis económica que ha derivado en la pérdida de 1 millón 30 mil empleos a nivel nacional.

Por voz del michoacano Silvano Aureoles, los mandatarios también solicitaron al Presidente utilizar todos los mecanismos con los que cuenta el Estado Mexicano, como deuda o apertura a organismos internacionales, para dotar de recursos al país e iniciar un urgente proceso de reactivación económica y social.

Y se pronunciaron por analizar el Ingreso Básico Universal como una medida que garantice mínimos de bienestar a los más de 50 millones de mexicanas y mexicanos en pobreza, y los más de 10 millones que caerán en ella, de acuerdo con proyecciones de la CEPAL.

De igual forma, los ocho gobernadores coincidieron en la necesidad de analizar y considerar el seguro de desempleo como un alivio rápido y efectivo ante la pérdida de empleos formales y la pérdida de ingresos en los sectores informales.

Argumentaron que la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya y el Aeropuerto Santa Lucía “difícilmente aliviarán la crisis en el corto plazo”, y señalaron que algunos programas federales “han derivado en un rotundo fracaso”. Recordaron que el programa Sembrando Vida anualmente consume 30 mil millones de pesos.

Miguel Ángel Riquelme Solís, de Coahuila; José Ignacio Peralta Sánchez, de Colima; José Rosas Aispuro, de Durango; Diego Sinhué Rodríguez Vallejo, de Guanajuato; Enrique Alfaro Ramírez, de Jalisco; Silvano Aureoles Conejo, de Michoacán; Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León, y Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, se reunieron aquí para participar en la Reunión Interestatal COVID-19.

El duranguense José Rosas Aispuro apeló a la sensibilidad del presidente López Obrador y expresó que no es momento de divisiones en el país. Este escenario hace impostergable el diálogo y la reflexión entre niveles de gobierno, poderes del Estado y sociedad civil, para encarar esta doble crisis, enfatizó.

A su vez, Silvano Aureoles informó que otro de los acuerdos alcanzados se refiere a solicitar un incremento del presupuesto destinado a los sistemas estatales de salud, con el objetivo de fortalecerlos en los rubros de personal, infraestructura, insumos y medicamentos. Para ello, indicó, hay mecanismos como el préstamo otorgado al Gobierno Federal por el Banco Mundial.

Además, urgieron nuevamente a revisar y adecuar el Pacto Fiscal para revertir las desigualdades regionales y desequilibrios, entre el centro y las partes, en la distribución de los recursos de la Hacienda Pública.

“Es igual de urgente la construcción, desde la Federación, de un plan de largo alcance, que contemple las medidas contra cíclicas necesarias para enfrentar la crisis económica”, agregó el gobernador de Michoacán, y apuntó que otra de las propuestas radica en impulsar un programa amplio para el rescate de las micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes) de todo el país.

Para concluir, Aureoles Conejo dijo que los ocho gobernadores también coincidieron en la necesidad de revisar y analizar, en el marco de una Convención Nacional Hacendaria, el modelo de tributación en México, y encaminar esfuerzos hacia una progresiva reforma fiscal.

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Foto: Mario Jasso / Cuartoscuro

Notimex. Ciudad de México. 25 de septiembre de 2019.- El Juzgado 5 de Distrito en Materia Administrativa informó que el próximo viernes se llevará a cabo la audiencia incidental en la que se resolverá si se adopta o no la invocación del criterio de “instalaciones estratégicas”, con lo que se definirá si se cancela o no la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.

Esto, tras la solicitud de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para dejar sin efectos la suspensión definitiva que se concedió al colectivo #NoMasDerroches.

Según el acuerdo del juez Juan Carlos Muñoz Rosas, la diligencia se realizará a las 11:30 horas del próximo 27 de septiembre. La víspera, el juzgador la aplazó, debido a que aún no se realizaba la inspección ocular que se ofreció como prueba.

De prosperar el recurso de la Sedena, dejaría sin efecto los juicios promovidos contra la construcción del nuevo aeropuerto en la Base Militar Aérea de Santa Lucía, en el Estado de México.

La secretaría argumentó que la terminal aérea está integrada como «instalación estratégica» y que la suspensión definitiva pone en “peligro la defensa, integridad y soberanía del país, por no permitir el despliegue de tropas para atender la seguridad nacional”.

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Notimex. Ciudad de México. 25 de septiembre de 2019.- El exministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), José Ramón Cossío Díaz, aseguró que ni asesora ni tienen ningún vínculo con quienes han presentado los amparos contra la construcción del aeropuerto de Santa Lucía.

Esta mañana, en su conferencia en Palacio Nacional, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó a Cossío Díaz de estar detrás de la “ola de amparos” que existen contra la construcción de la nueva terminal aérea en la base militar de Santa Lucía.

«Es una acción realmente, si no ilegal, sí ilegitima, primero porque un exministro no puede llevar a cabo esas actividades, puede ser que no firme nada, pero si asesora, está incumpliendo con su deber de mantenerse al margen después de haber dejado el cargo de ministro», expresó el mandatario.

En entrevista en Por la Mañana, de Grupo Fórmula, Cossío Díaz sostuvo que “desde luego que no asesoro a ningún colectivo” de manera profesional ni personal, sino que sólo ha dado opiniones académicas cuando se lo han requerido.

Consideró que probablemente informaron mal al Ejecutivo federal y expresó que en toda discusión pública y en todo proceder son importantes las normas jurídicas porque dan objetividad y puntos de convivencia en una sociedad que está muy complicada.

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Foto: Marco Ugarte / AP

AP. Ciudad de México. 25 de julio de 2019.- La Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales avaló el proyecto de construcción del nuevo aeropuerto para la Ciudad de México en la base militar de Santa Lucía, al norte de la capital, pero le exigió al gobierno tomar varias medidas para mitigar su impacto ecológico.

Según el documento dado a conocer el jueves por la Semarnat, el ejecutivo deberá poner en marcha, entre otras, acciones de reforestación, de monitoreo de la fauna y las aves, construir seis plantas de tratamiento de aguas residuales y suministrar agua potable a la zona.

Además será necesaria la instalación de barreras contra ruido, el saneamiento de la laguna de Zumpango _cercana a donde se construirá la nueva infraestructura_, monitorear las emisiones contaminantes y usar energías limpias.

El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó la propuesta del aeropuerto en Santa Lucía para sustituir el proyecto de Texcoco, una infraestructura iniciada por el gobierno anterior a un costo de 13.000 millones de dólares. Según el mandatario, con su iniciativa se ahorraría dinero a las arcas públicas, incluso considerando las pérdidas por la cancelación de la terminal parcialmente construida al oriente de la capital.

El futuro aeropuerto, con un costo de 4.100 millones de dólares, será construido por el ejército y tendrá tres nuevas pistas más la militar ya existente. El gobierno espera que inicie operaciones a mediados de 2021.

Distintos grupos han criticado esta iniciativa por la premura con que fue presentada y por la falta de documentos técnicos que avalaran su viabilidad, entre otros motivos. Por su parte, habitantes de la zona, junto a organismos activistas, interpusieron diversos recursos legales que lograron paralizar el proyecto de manera cautelar en junio, a la espera de que el gobierno presentara las autorizaciones que aseguren que no perjudicará al medio ambiente ni el patrimonio cultural del lugar.

El documento difundido el jueves era uno de los informes requeridos por los tribunales, pero el gobierno no informó si será suficiente para que su proyecto siga adelante.

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Notimex. Ciudad de México. 21 de abril de 2019.- Vecinos de la base militar de Santa Lucía, en el municipio de Zumpango, Estado de México, demandaron al Gobierno federal aumentar el precio que les ofrecen por la venta de sus terrenos ejidales en las zonas aledañas: “Queremos vender no regalar”.

Desde marzo han sostenido asambleas con representantes del Gobierno federal, quienes les han propuesto la compra de terrenos ejidales de los pueblos de Xaltocan, municipio de Nextlalpan; y Ozumbilla y los Reyes Acozac, en el municipio de Tecámac.

Marco Antonio Martínez, hijo de un ejidatario de Ozumbilla, señaló que ante la ampliación de la Base Militar de Santa Lucía, que formará parte del nuevo aeropuerto, les han ofrecido por sus terrenos de 210 a 240 pesos por metro cuadro, con el argumento de que se trata de tierras áridas. “Quieren poner en e lugar algunos letreros con señalamientos y luces para que no se pierda el avión, ellos hacen hincapié que son terrenos donde no se da nada, no se siembra, … ellos dicen que casi no tienen valor el terreno”.

En Ozumbilla buscan comprar entre 35 y 36 hectáreas de terreno, donde les pidieron aumentar la oferta por metro cuadro, sin embargo, desde la última reunión que sostuvieron, no se han vuelto a acercar.

Mientras que en el pueblo de Xaltocan pretenden comprar alrededor de 300 hectáreas, mismas que tendrán que cambiar a dominio pleno, porque se trata de tierras ejidales. Martínez dijo que en estos terrenos -heredados de sus antepasados- los ejidatarios siembran maíz, cebada y alfalfa, para consumo local, y no están a la venta, pero ante la construcción del aeropuerto, se han acercado para ofrecerles su compra, pero a precios bajos.

Comentó que personal del Ejército, de la Secretaría de Desarrollo Agrario, y otros, han asistido a las asambleas para ofrecerles la compra de sus terrenos, y aunque ya hay ejidatarios interesados en vender, otros se niegan a desprenderse de su propiedad. Xaltocan, el pueblo que está desapareciendo Por su parte, el expresidente del Comisariado Ejidal en el pueblo de Xaltocan, municipio de Nextlalpan, Margarito Martínez Ramírez, dejó claro, que sus terrenos no están en venta.

Sin embargo, ante la necesidad que existe del proyecto, están en la disposición de vender, pero «no regalar”. A lo largo de los años, el pueblo de Xaltocan ha perdido terreno. En 1950 cuando nació la base militar de Santa Lucía, le quitaron varias hectáreas y en esta ocasión, buscan reducir el espacio de esta comunidad.

Las autoridades les han ofrecido regularizar con escrituras algunos terrenos comunales, en caso de que acepten vender. Sin embargo, dijo, “no existe garantía, de que realmente se trate de gente que envíe el presidente Andrés Manuel López Obrador y hasta el momento no les han fijado el precio por metro cuadrado”.

Martínez Ramírez comentó que a las asambleas con ejidatarios de este poblado han acudido representantes de la Secretaría de Desarrollo Agrario, del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas, incluso, la excandidata al gobierno del Estado de México Delfina Gómez. Sobre el tema, los titulares de las secretarías de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) Roman Meyer Falcón, y de Comunicaciones y Transportes (SCT), Javier Jiménez Espriú, descartaron que las dependencias a su cargo estén interesadas en la compra de terrenos en esa zona mexiquense.

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