EFE. Ciudad de México. 09 de febrero de 2026.-  La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México determinó este lunes que juzgar con perspectiva de género e interseccionalidad la desaparición forzada de mujeres defensoras de derechos humanos es un criterio obligatorio, al reconocer la doble vulnerabilidad que enfrentan las defensoras por su género y su labor.

El pleno de la Corte estableció que «juzgar estos casos con perspectiva de género e interseccionalidad es una obligación, no una opción», de acuerdo con una tarjeta informativa difundida este día.

«Esto implica reconocer la doble condición de riesgo que puede existir al ser mujer y defensora de derechos humanos, lo que puede generar violencia agravada, discriminación y contextos específicos que deben analizarse en cada caso», indicó la nota.

El caso analizado corresponde al Amparo Directo en Revisión 5887/2025, presentado tras una sentencia penal por desaparición forzada de una mujer defensora de derechos humanos, quien fue desaparecida luego de participar en una manifestación social en 2021.

Aunque varios servidores públicos fueron condenados por estos hechos, un tribunal ordenó la liberación de uno de ellos al considerar que no había pruebas suficientes, por lo que los familiares de la víctima impugnaron esa decisión y el caso llegó a la Corte.

Por ello, el máximo tribunal determinó anular la decisión previa y devolver el caso al tribunal para que emita un nuevo fallo con perspectiva de género e interseccionalidad.

El ministro (magistrado) a cargo del proyecto, Arístides Guerrero, explicó que el dictamen parte del reconocimiento de la desaparición forzada como una de las formas más graves de violencia, por lo que exige un análisis judicial especializado que valore de manera integral las pruebas, el contexto de los hechos y la situación de vulnerabilidad de la víctima por ser mujer y defensora de derechos humanos.

En ese sentido, la Corte subrayó que «por la naturaleza clandestina de la desaparición forzada» es obligatorio realizar «un escrutinio judicial especializado, con análisis de contexto y valoración de pruebas circunstanciales cuando no existan medios de prueba directos».

Finalmente, el Supremo puntualizó que aplicar perspectiva de género no reduce el estándar probatorio, ni invierte la carga de la prueba o releva al Ministerio Público de acreditar el delito.

«Su finalidad es incorporar elementos indispensables para una decisión integral, sensible y con enfoque de igualdad», precisó la nota.

Nueve de cada 10 personas buscadoras de desaparecidos en México son mujeres, de las que al menos un 97 % sufre violencias y afectaciones por realizar una labor que le corresponde al Estado, según advirtió Amnistía Internacional en un reciente informe.

México acumula más de 133.000 personas desaparecidas, de las que una cuarta parte son mujeres, según cifras del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO).

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Por Eduardo Ibarra Aguirre

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 02 de febrero de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación demostró, al decir de los críticos de oficio y los más por convicción “ideológica”, que no es tan nueva y que está emparentada con su antecesora que mal dirigió la corrupta Lucía Piña Hernández que impulsó como norma rectora la justicia al mejor postor.

Y menos podría ser nueva la SCJN si se disponía a realizar la renovación de su parque vehicular por razones de “seguridad vial” con nueve camionetas Jeep Cherokee blindadas que tuvieron un costo de 2.4 millones de pesos cada una, bajo

“criterios técnicos”, no a “excesos” como aplicaba la Corte que encabezó Norma Lucía. Y, además, porque desde el 12 de agosto de 2010, mediante un acuerdo plenario interno, los ministros determinaron contar con medidas de seguridad acordes con su responsabilidad de Estado, incluido el uso de vehículos blindados. Más aún si unidades heredadas –modelos 2019, 2020 y 2021– presentan alto deterioro, fallas mecánicas y blindaje fuera de vida útil, conforme a evaluaciones técnicas y análisis de riesgo. Por lo que la sustitución respondía “a seguridad vial, no a un contexto de inseguridad”.

Mas apareció la opinión pública y publicada, la comentocracia por delante, “y mandó a parar”. Con apego a las políticas de austeridad republicana con referencias constitucionales como que ningún servidor público puede ni debe ganar más que el presidente o presidenta de México, y que interesada y despistadamente se confunden con la austeridad personal.

No obstante, reconoció el ministro presidente Hugo Aguilar Ortiz, que tras las abundantes críticas decidieron no utilizar las nueve camionetas Jeep Cherokee blindadas y que mejor las destinarán a los juzgadores que no son pocos y trabajan con mayores riesgos a su integridad física e intelectual en regiones específicas de los siete estados que encabezan la lista de los homicidios dolosos. Allí donde son sometidos a amenazas o cañonazos de muchos pesos.

Durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador fue híper criticada la política de austeridad republicana que él inauguró, no sólo por sus beneficiarios en los medios de comunicación y la academia sino en franjas mayores. Por ejemplo, Leo Zuckermann, el anticomunista que se entusiasmó con el triunfo electoral del apátrida Javier Milei en Argentina, arguyó que los altísimos sueldos y prestaciones son “para que no roben”. ¡Ternurita! (Favor de no confundir con Leo Zuckermann Maus, el ejemplar comunista alemán, https://piedepagina.mx/leo-zuckermann-maus-y-el-exilio-antifascista/).

La decisión de los ministros fue muy bien recibida y las oposiciones terminaron por perder un tema del que buscaban colgarse durante semanas a falta de creatividad y realismo político para resistir al oficialismo con un programa alternativo o cuando menos políticas específicas frente a las gubernamentales. Capacidad intelectual les sobra, pero no decisión para presentarse tal como son. Como lo hace ostentosamente el grupo neofascista que encabeza Donald John Trump al estimular irresponsablemente la rebelión ciudadana estadunidense y mundial.

Bien por Aguilar Ortiz y los ministros, incluido el abierto apoyo de Claudia Sheinbaum al desnudar a la Corte de Norma Piña con datos y hechos en la mano y contrastarlos con los sueldos, prestaciones y abusivas prerrogativas personales y familiares de que gozaron. Pero todavía está por verse si la decisión de Hugo Aguilar y sus pares es la que mejor protege a los ministros de los arrebatos de los que todavía se sienten e incluso actúan como dueños de México, así como del crimen organizado.

Acuse de recibo

Del analista argentino, en X, “Atilio Boron @atilioboron. 24 ene. Lo que está pasando en Estados Unidos no es casualidad ni locura de un hombre. Es la aplicación milimétrica de un manual de 900 páginas diseñado por think tanks de derecha para concentrar poder sin contrapesos. Es el capitalismo en crisis mostrando su verdadera cara: autoritaria, racista, misógina y ecocida. Desde América Latina sabemos reconocer el olor del imperialismo. Y sabemos que cada ataque que el imperio lanza hacia adentro, lo prepara para lanzarlo hacia afuera”… Insiste el doctor Víctor Ramos: “La depredación mundial del gobierno de EUA desde hace décadas no tiene atributos para llamársele doctrina. Doctrina es el conjunto de principios, enseñanzas o teorías pertenecientes a una materia, como filosofía, religión, política, ciencia, jurisprudencia u otras (…) En cambio, lo que realizan los gobiernos yanquis desde que adoptaron su ‘destino manifiesto’, antes y después de Monroe, es una vil política de guerra, dominación y cuando han podido, exterminio, como en Gaza (…)” De la doctora María Antonieta Barrón a Elba Pérez Villalba: “Gracias chava, bueno el de Eduardo Ibarra. Un abrazo”… Se refiere a la Utopía: https://indicepolitico.com/china-y-su-hoja-de-ruta-para-latinoamerica/ (…) Y Arturo Martínez Nateras: “Gracias. Saludos” por https://entresemana.mx/utopia-imss-incumplio-metas-e-issste-las-supero/

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AMEXI. Ciudad de México. 28 de enero de 2026.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió este martes que las denuncias ciudadanas presentadas por particulares en defensa del derecho a la libertad de expresión y el ejercicio periodístico son plenamente válidas y deben ser investigadas por las autoridades competentes, incluso cuando el agraviado directo no interponga la queja.

En la sentencia del amparo en revisión 159/2025, el Pleno de la Corte determinó que la denuncia ciudadana es un mecanismo legítimo de control social y de garantía de derechos fundamentales, reconocido en el artículo 8 constitucional y en tratados internacionales. El fallo establece que negar trámite o investigación a una denuncia presentada por un tercero en casos de agresiones a periodistas o defensores de derechos humanos viola el principio de progresividad de los derechos y el acceso efectivo a la justicia.

El caso surgió de una denuncia ciudadana interpuesta en 2023 contra agresiones a periodistas en Nuevo León, que fue desechada por la Fiscalía estatal argumentando falta de legitimación del denunciante. La SCJN revocó esa decisión y ordenó reponer el procedimiento, señalando que “la sociedad tiene interés legítimo en la protección del periodismo como pilar de la democracia, y cualquier ciudadano puede activar el sistema de justicia penal cuando se vulneren derechos colectivos”.

El ministro Alberto Pérez Dayán, ponente del proyecto, enfatizó: “Proteger al periodismo no es un privilegio de los comunicadores, sino una obligación del Estado hacia toda la sociedad. La denuncia ciudadana es una herramienta esencial para combatir la impunidad y garantizar que las agresiones no queden en la oscuridad”.

La sentencia también ordena a la Fiscalía General de la República (FGR) y fiscalías locales aplicar con perspectiva de género y de libertad de expresión en investigaciones de este tipo, y activar de inmediato el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas cuando exista riesgo inminente, sin exigir que la víctima lo solicite personalmente.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 27 de noviembre de 2025.- El Senado de la República vive horas de tensión con una sesión plenaria extraordinaria convocada para las 10:00 horas de este jueves, en medio de intensos rumores sobre la posible renuncia de Alejandro Gertz Manero como titular de la Fiscalía General de la República (FGR). A sus 86 años y con antecedentes de salud delicados –incluyendo una hospitalización en junio por obstrucción coronaria–, el veterano jurista, quien asumió el cargo en 2019 por un periodo de nueve años, podría dejar el puesto antes de 2028. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum aclaró en su conferencia matutina que «hasta ahora no me lo ha manifestado» y que analiza una carta del Senado, las especulaciones no cesan. Fuentes cercanas al Ejecutivo y al Legislativo ya perfilan candidatos para el relevo, en un proceso que requeriría una lista de 10 perfiles del Senado, una terna de la Presidencia y aprobación por mayoría calificada.

Gertz Manero, egresado de la Escuela Libre de Derecho y con una trayectoria que abarca sexenios de todos los colores políticos –desde Cuauhtémoc Cárdenas hasta Vicente Fox y Andrés Manuel López Obrador–, ha sido criticado por «justicia selectiva» en casos como el de Salvador Cienfuegos o familiares cercanos, mientras persisten altos índices de impunidad en delitos graves como tortura y desapariciones. Su salida, si se confirma, sería un «gran paso para las víctimas», según analistas, y abriría la puerta a un fiscal más alineado con la Cuarta Transformación de Sheinbaum.

Los perfiles que suenan para el cargo

En redes sociales, columnas periodísticas y corrillos políticos, tres nombres destacan como posibles sucesores, con énfasis en lealtad al gobierno y experiencia en procuración de justicia. Aquí un repaso:

• Ernestina Godoy: La gran favorita. Actual Consejera Jurídica de la Presidencia, Godoy fue Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México durante el mandato de Claudia Sheinbaum como jefa de Gobierno (2018-2023). Abogada con posgrado en Derecho Penal por la UNAM, es vista como una opción de continuidad por su cercanía a Morena y su manejo de casos sensibles en la capital, como investigaciones por corrupción. Fuentes del Senado la señalan como «la elegida» para una transición suave.
• Omar García Harfuch: El perfil de seguridad. Exsecretario de Seguridad Ciudadana de la CDMX bajo Sheinbaum, Harfuch sobrevivió un atentado en 2020 y es actual Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal. A sus 42 años, representa una apuesta joven y técnica, con experiencia en inteligencia y combate al crimen organizado. Su nombre resuena por la necesidad de fortalecer la FGR en temas de narcotráfico y violencia, aunque críticos advierten de un posible sesgo hacia el control operativo.
• Arturo Zaldívar: El jurista de peso. Exministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) (2019-2022), Zaldívar es un aliado clave de López Obrador y Sheinbaum, conocido por reformas judiciales controvertidas como la elección popular de jueces. Doctor en Derecho por la UNAM, su experiencia en el Poder Judicial lo posiciona como un candidato para «depurar» la FGR y alinear su autonomía con el Ejecutivo. Columnistas lo ven como una opción para calmar a la oposición.

Otros nombres que circulan en menor medida incluyen a Adán Augusto López Hernández –exsecretario de Gobernación y posible aspirante presidencial– y Alfonso Durazo, gobernador de Sonora, aunque su perfil es más político que procurador. Periodistas como Carlos Loret de Mola han revelado intentos previos del Ejecutivo para relevar a Gertz, lo que añade combustible a la especulación.

¿Qué sigue en el proceso?

Si la renuncia se materializa hoy, el Senado enviaría una lista de 10 candidatos al Ejecutivo, que regresaría una terna para votación. Sheinbaum, quien elogió el «buen trabajo» de Gertz en su mañanera, enfatizó la cooperación institucional, pero el Gabinete de Seguridad también fue convocado de urgencia, lo que sugiere un relevo inminente. Analistas coinciden: el nuevo fiscal definirá el rumbo de la justicia en un México polarizado, con énfasis en anticorrupción y derechos humanos.

La sesión del Senado, transmitida en vivo, podría ser el detonante. ¿Godoy para la continuidad? ¿Harfuch para la mano dura? ¿Zaldívar para el equilibrio? El país espera respuestas. Manténganse atentos: el relevo en la FGR podría reconfigurar el mapa de la impunidad.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 21 de noviembre de 2025.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó esta semana la eliminación del fondo mínimo presupuestal para la reparación integral de víctimas de delitos graves y violaciones a derechos humanos, desatando la condena unánime de más de 200 colectivos de búsqueda, organizaciones de derechos humanos y familiares de personas desaparecidas.

En una resolución que organizaciones como el Centro Prodh califican de “grave retroceso”, el máximo tribunal desechó un amparo que buscaba declarar inconstitucional la reforma de 2020 a la Ley General de Víctimas, la cual suprimió el porcentaje obligatorio del presupuesto federal destinado al Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparación Integral (FAARI). Con este fallo, la SCJN permitió que la atención a víctimas quede sujeta a la discrecionalidad anual del Ejecutivo, sin garantía de recursos mínimos.

“Es una traición a las más de 110 mil personas desaparecidas y a sus familias”, señalaron los colectivos en un pronunciamiento conjunto. Desde la entrada en vigor de la reforma, el presupuesto de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) ha caído en promedio 29 % respecto al monto que estaba garantizado, dejando para 2025 solo 658 millones de pesos cuando el mínimo requerido era de 909 millones.

Las organizaciones acusaron a la Suprema Corte de violar el principio de cosa juzgada al ignorar una sentencia previa de la extinta Primera Sala que protegía dicho fondo, y advirtieron que el fallo debilita el juicio de amparo como herramienta de defensa de derechos humanos.

Exigen al gobierno de Claudia Sheinbaum y al Congreso restituir de inmediato un fondo obligatorio y blindado, así como fortalecer la CEAV y las comisiones de búsqueda. “Sin recursos fijos, la Ley General de Víctimas se convierte en letra muerta”, concluyeron.

En redes sociales, la indignación crece bajo hashtags como #SCJNTraicionaAVíctimas y #FondoParaVíctimasYa, mientras colectivos anuncian nuevas acciones de presión para revertir lo que califican como “un golpe devastador a la lucha de las madres buscadoras”.

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Periodistas Unidos. Hermosillo, México. 03 de octubre de 2025.-  A 16 años del devastador incendio en la Guardería ABC de Hermosillo, que cobró la vida de 49 niños y dejó heridas graves a más de 100 personas, las autoridades mexicanas lograron la deportación y detención de Sandra Lucía Téllez Nieves, una de las socias propietarias del centro infantil. La mujer, prófuga en Estados Unidos desde 2022, fue entregada por las autoridades migratorias norteamericanas en la garita de Nogales, Sonora, y recluida en el Centro de Reinserción Social Femenil de Hermosillo, donde enfrentará una sentencia por homicidio y lesiones culposas. Este avance, impulsado por la Fiscalía General de la República (FGR), reaviva las demandas de justicia de las familias, que consideran el caso un símbolo de negligencia institucional y corrupción.

El 5 de junio de 2009, alrededor de las 14:45 horas, un incendio originado en una bodega adyacente de la Secretaría de Hacienda estatal se propagó rápidamente a la Guardería ABC, subrogada por el IMSS. El edificio, adaptado de un local comercial sin medidas de seguridad adecuadas –salidas de emergencia bloqueadas, extintores insuficientes y una lona inflamable sobre el techo–, se convirtió en una trampa mortal. De los 142 niños presentes, 49 –25 niñas y 24 niños de entre cinco meses y cinco años– perecieron asfixiados o por quemaduras, mientras que 106 resultaron heridos, muchos con secuelas permanentes. Investigaciones posteriores revelaron que la guardería había sido inspeccionada y aprobada apenas dos semanas antes, pese a incumplir normas de protección civil.

Téllez Nieves, identificada como representante legal y socia fundadora junto a su esposo Mario Óscar Ávila, fue sentenciada inicialmente en 2016 a casi 29 años de prisión, pero tras apelaciones y amparos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ratificó su culpabilidad en 2021 y redujo la pena a cinco años y siete meses. Liberada bajo libertad condicional en 2022, violó los términos al huir a Estados Unidos, solicitando asilo político. Una ficha roja de Interpol facilitó su captura el 15 de enero de 2025 en Arizona por el ICE.

El proceso de deportación, gestionado por la FGR desde septiembre de 2024 a través de la SRE, culminó este viernes. Tras un juicio migratorio, Téllez fue deportada por la Puerta México en Nogales, donde elementos de la FGR la recibieron y ejecutaron una orden de aprehensión pendiente, trasladándola al penal sonorense. “Cumplimentamos la orden para que cumpla la sentencia dictada por un juez federal”, informó la Fiscalía.

El colectivo Manos Unidas por Nuestros Niños, formado por padres de las víctimas, celebró la detención como un «paso histórico», aunque lamentó el silencio inicial de las autoridades mexicanas. En una carta abierta a la presidenta Claudia Sheinbaum y al fiscal Alejandro Gertz Manero, exigieron: «No es una perseguida política, sino culpable de homicidio culposo». La senadora sonorense Lily Téllez también urgió castigos a todos los implicados.

Aún así, la detención de Téllez no cierra el capítulo de impunidad. De los 22 responsables condenados por la SCJN –incluyendo exfuncionarios del IMSS, Protección Civil estatal y municipal, y directivos de la guardería– solo una ha cumplido tiempo en prisión. Figuras clave como Juan Molinar Horcasitas y el exgobernador Eduardo Bours permanecen libres pese a evidencias de negligencia. Las familias denuncian dilaciones y malversación en el CAICE, creado para tratar a sobrevivientes.

El Movimiento Ciudadano por la Justicia 5 de Junio ha organizado marchas, plantones y campañas como la «Ley 5 de Junio» para regular guarderías subrogadas, aprobada en 2011 pero implementada de manera deficiente. Con Téllez tras las rejas, los padres insisten en que la verdadera reparación incluye indemnizaciones pendientes y reformas para prevenir futuras tragedias. «No descansaremos hasta que todos paguen», declaró Juana Luna Hernández, presidenta del colectivo, evocando el lema que une a miles en memoria de los 49 ausentes.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 30 de septiembre de 2025.– A vísperas de conmemorar su primer aniversario como presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo reivindicó este martes la reversión de las políticas neoliberales como el logro más emblemático de su gestión, en un balance que fusiona avances legislativos con resultados tangibles en equidad social y soberanía nacional. Durante su conferencia matutina en Palacio Nacional, la mandataria enfatizó que las 19 reformas constitucionales y 40 nuevas leyes aprobadas en los últimos 12 meses han «resarcido una parte del daño provocado por el periodo neoliberal», dejando atrás lo que calificó como una «oscura noche» de privilegios y corrupción para inaugurar una era de democracia participativa y justicia redistributiva.

El eje de su narrativa fue la reforma al Poder Judicial, aprobada en septiembre de 2024 y que culminó en junio de 2025 con las primeras elecciones populares para ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), magistrados y jueces, un hito que Sheinbaum describió como «inédito y profundamente democrático». «Se termina la era del nepotismo, la corrupción y los privilegios; ahora el pueblo decide quiénes imparten justicia», afirmó, acompañada por el nuevo presidente de la SCJN, Hugo Aguilar Ortiz, en un guiño a la continuidad de la Cuarta Transformación (4T) iniciada por su antecesor, Andrés Manuel López Obrador. Esta elección, que involucró a más de 90 millones de votantes registrados, no solo democratizó el acceso al poder judicial, sino que simboliza, según analistas, el desmantelamiento de estructuras elitistas heredadas de administraciones previas como la de Enrique Peña Nieto.

En el frente económico y energético, Sheinbaum resaltó la cancelación de las reformas estructurales de 2013-2014, que habían abierto Pemex y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) a la inversión privada en detrimento de la soberanía nacional. «Hemos fortalecido a Pemex y CFE como empresas públicas integrales al servicio del pueblo», declaró, aludiendo a la operación plena de la Refinería Dos Bocas (Olmeca), que alcanzó el 90% de su capacidad en 2025, reduciendo la importación de combustibles en un 25% y generando 50 mil empleos directos. Complementando este rubro, la nueva Ley de Telecomunicaciones garantiza el derecho de las audiencias y acceso universal a internet, mientras que reformas a las leyes eléctricas y petroleras verticalizan la integración de estas entidades estatales, un contrapeso directo al modelo privatizador neoliberal.

Los indicadores sociales refuerzan su optimismo: la pobreza se redujo del 41.9% al 29.5% en los últimos seis años, sacando a 13.5 millones de personas de la miseria, y México se posiciona como el segundo país con menor desigualdad en América, solo por detrás de Canadá. Sheinbaum atribuyó estos avances a la entrega de 850 mil millones de pesos en programas de bienestar a 32 millones de familias, incluyendo pensiones universales elevadas a rango constitucional, y un aumento del 12% al salario mínimo en 2025 –el incremento acumulado de 135% desde 2018–, que ha impulsado el consumo interno sin generar inflación desbocada (3.5% en julio). En salud, el abasto de medicamentos alcanzó el 90%, y en educación, se invirtió un 193% más en proyectos de investigación y becas al extranjero.

No obstante, en seguridad –otro pilar de su discurso–, la mandataria reportó una reducción del 32% en homicidios dolosos, gracias a la integración de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional y la construcción de 13 mil cuarteles. Otras reformas destacadas incluyen el reconocimiento constitucional de pueblos indígenas y afromexicanos como sujetos de derecho público, con 20 mil comunidades recibiendo 12 mil millones de pesos directamente; la prohibición de vapeadores y maíz transgénico para proteger la salud y la biodiversidad; y la garantía de seguridad social para trabajadores de plataformas digitales.

En el ámbito internacional, Sheinbaum subrayó la resiliencia ante presiones de Estados Unidos, como los aranceles de Trump, manteniendo un superávit comercial y el peso por debajo de los 19 dólares, con 36 mil millones en inversión extranjera directa en el primer semestre. Con una aprobación superior al 70%, según encuestas recientes, su gestión se presenta como un puente entre la 4T y un futuro de soberanía ampliada.

Mientras el 1 de octubre marca el cierre simbólico de este ciclo, Sheinbaum cierra con una promesa: «No con palabras vacías, sino con resultados». En el Zócalo, donde la historia se teje con reformas, el antineoliberalismo de la 4T no es solo retórica: es el blueprint de un México que, por fin, reparte la luz después de la noche.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 27 de septiembre de 2025.- La mega marcha conmemorativa por los 11 años de la desaparición de los 43 estudiantes normalistas de Ayotzinapa, que partió del Ángel de la Independencia hacia el Zócalo capitalino, culminó en indignación colectiva este viernes cuando autoridades de la Ciudad de México negaron el ingreso del equipo de sonido para el mitin final en la explanada. El incidente, calificado por familiares y activistas como un «intento de silenciar la verdad», exacerbó las tensiones en una jornada marcada por el pase de lista de los desaparecidos y demandas de justicia, en medio de la crisis nacional de más de 112 mil personas extraviadas.

La movilización, convocada bajo el lema «Sin tregua, ni cuartel, por la presentación de los 43», inició a las 16:00 horas con miles de participantes –incluidos padres de los normalistas, estudiantes de escuelas rurales de Guerrero y organizaciones civiles– recorriendo Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y el Eje Central Lázaro Cárdenas. La ruta incluyó una emotiva parada en el antimonumento 43 de Bucareli y Reforma, donde se realizó un pase de lista con los nombres de los jóvenes: Adán Abraján de la Cruz, Alexander Mora Venancio y los demás, respondidos con un colectivo «¡Presente!» que resonó como grito de resistencia.

Al llegar al Zócalo alrededor de las 19:30 horas, el contingente se topó con la negativa de elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y personal de la alcaldía Cuauhtémoc a permitir la instalación del sistema de audio, argumentando «normas de seguridad y preservación del patrimonio histórico». Cristina Rodríguez, madre de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre –uno de los tres estudiantes con restos identificados–, denunció el hecho como «censura deliberada»: «Nos quitaron el sonido para que no se escuche nuestra rabia, pero el Zócalo entero se convirtió en megáfono con nuestros gritos». Manifestantes improvisaron altavoces portátiles y coros a capela, mientras un grupo de normalistas intentaba forzar la entrada del equipo, lo que derivó en un breve forcejeo.

Miembros de la sociedad civil, padres y madres de los #43 de #Ayotzinapa marcharon del Ángel de la Independencia al zócalo a 11 años de la desaparición de los Normalistas #Ayotzinapa11años Fotos: Alejandro Meléndez @alexmelon pic.twitter.com/LByGAS7h1g

— Periodistas Unidos (@PeriodistasU) September 27, 2025

La Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM) acompañó la marcha y emitió un comunicado preliminar condenando la restricción, recordando que el acceso a espacios públicos para manifestaciones es un derecho constitucional protegido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). «La negación de herramientas básicas como el sonido vulnera la libertad de expresión y revictimiza a las familias», señaló la ombudsman local, Nashieli Ramírez. Por su parte, la jefa de Gobierno, Clara Brugada, justificó la medida como «parte de un protocolo para evitar daños al Zócalo, similar al aplicado en otras protestas», pero prometió una revisión inmediata para futuras movilizaciones.

 

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Este episodio se suma a una semana de protestas intensas: el miércoles, normalistas impactaron un camión en el Campo Militar 1-A para exigir acceso a archivos clasificados del Ejército, y el jueves bloquearon la Autopista del Sol. La jornada de lucha, que inició el 17 de septiembre, culminará el sábado con mítines en Guerrero y demandas al nuevo gobierno de Claudia Sheinbaum por la creación de una Unidad Especial de Investigación y Litigación (UEILCA) fortalecida. A 11 años del crimen de Estado –involucrando a policías, militares y el cártel Guerreros Unidos–, solo tres restos han sido identificados, y 163 personas están procesadas, pero las familias insisten en el «pacto de impunidad» que protege a altos mandos.

Organizaciones como el Centro Prodh y Amnistía Internacional han respaldado las demandas, exigiendo la desclasificación de 800 folios militares y extradiciones pendientes de EE.UU. La marcha, pese al obstáculo técnico, se convirtió en un símbolo de persistencia: «Nos quitaron el sonido, pero no la voz», corearon los asistentes al dispersarse pasadas las 22:00 horas. En un México herido por la impunidad, Ayotzinapa sigue siendo el pulso de una nación que clama: ¡Vivos se los llevaron, vivos los queremos! Mientras el sol se ponía sobre el Zócalo, la exigencia de verdad resonó más allá de cualquier amplificador.

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AMEXI. Ciudad de México. 21 de septiembre de 2025.- El Buque Escuela ARM “Cuauhtémoc”, conocido como el “Embajador y Caballero de los Mares”, arribó este sábado al muelle 86 (Pier 86) en Manhattan, Nueva York, tras concluir con éxito las pruebas de aceptación en el mar (SAT / Sea Acceptation Tests), informó la Secretaría de Marina a través de la Armada de México.

Durante 72 horas de navegación, la embarcación puso a prueba cada sistema esencial para su operación.

¿Qué se verificó en las pruebas del Buque Escuela “Cuauhtémoc”?

Entre las verificaciones realizadas se encuentran:

• El correcto funcionamiento del Sistema de Gobierno en modo normal y de emergencia
• Desempeño del Sistema Propulsor Auxiliar en distintas revoluciones
• La consolidación de enlaces de los Equipos de Comunicaciones Exteriores

También se comprobó la resistencia de la arboladura, jarcias y firme transversal y longitudinal, lo que garantizó la eficiencia de su sistema de propulsión a vela.

Cabe recordar que el “Cuauhtémoc” había zarpado de Nueva York el pasado 17 de septiembre, luego de concluir trabajos de mantenimiento mayor en los astilleros Caddell Dry Dock and Repair Co. y GMD.

¿Quiénes integran la tripulación del Buque Escuela “Cuauhtémoc”?

La tripulación, integrada en su mayoría por jóvenes marinos en formación, enfrentó con disciplina y pericia las maniobras que refrendaron la fortaleza técnica y la capacidad operativa de la nave.

Con 43 años de historia, este buque insignia de la Armada de México ha sido pieza fundamental en la preparación de generaciones de oficiales, representando en cada travesía la disciplina, el valor y la tenacidad de la tradición naval mexicana.

La Secretaría de Marina destacó que, con los resultados favorables obtenidos, el “Cuauhtémoc” continuará surcando los mares como símbolo de orgullo nacional y como emisario de buena voluntad de México ante el mundo.

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Por Alejandro Meléndez

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 21 de setiembre de 2025.- En un país como México, donde la defensa de los derechos humanos a menudo se paga con sacrificios personales y precariedad económica, el reciente nombramiento de Vidulfo Rosales como secretario de estudios y cuenta en la ponencia del ministro presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), Hugo Aguilar Ortiz, con un sueldo de 118 mil pesos mensuales, ha desatado una oleada de críticas en redes sociales. Sin embargo, desde mi perspectiva, este salario no solo es merecido, sino necesario para garantizar la sostenibilidad de figuras como Rosales, quienes han dedicado su vida a luchar por los más vulnerables. Este ingreso representa una reparación tardía ante años de adversidad, y no un exceso, como pretenden pintarlo ciertos sectores conservadores.

Recordemos el contexto humano detrás de este nombramiento. Vidulfo Rosales, un abogado y activista reconocido por su labor en casos emblemáticos como la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ha enfrentado no solo amenazas y hostigamiento, sino también graves problemas de salud. Hace algunos años, Rosales estuvo muy enfermo, al punto de que varias organizaciones de la sociedad civil —incluyendo colectivos de derechos humanos y grupos solidarios— organizamos una colecta pública para apoyarlo económicamente en su tratamiento y recuperación. Fue un esfuerzo colectivo que reflejó la admiración y el respeto por su trayectoria, pero también evidenció la precariedad en la que operan muchos defensores. Durante esos tiempos difíciles, Rosales resistió con un sueldo depauperado, apenas suficiente para cubrir lo básico, mientras asumía los embates legales y personales como representante de familias víctimas de violencia estatal.

Aquí radica un punto crucial: la importancia del dinero para los defensores de derechos humanos. En México y en muchas partes del mundo, estos activistas sufren no solo violencia física o amenazas directas, sino también una forma sutil pero devastadora de agresión: la violencia económica. Se les margina de oportunidades laborales estables, se les estigmatiza como «conflictivos» y se les obliga a subsistir con ingresos irregulares de donaciones o proyectos temporales. Un sueldo digno, como los 118 mil pesos que ahora percibirá Rosales, no es un lujo; es una herramienta de supervivencia. Permite cubrir gastos médicos, garantizar una vivienda segura y, en última instancia, enfocarse en su labor sin la constante preocupación por el sustento diario. Criticar este salario ignora el contexto sistémico donde los defensores son sistemáticamente empobrecidos, lo que debilita su capacidad para combatir injusticias.

Lamentablemente, esta discusión no ocurre en un vacío. Hay una campaña orquestada en redes sociales contra Vidulfo Rosales, impulsada por grupos de derecha que buscan perpetuar la marginación económica de los que menos tienen. En plataformas como X (antes Twitter), se multiplican los memes, acusaciones infundadas y hashtags que lo tildan de «oportunista» o «hipócrita». Detrás de esta ofensiva, se esconde un trasfondo de racismo y clasismo: Rosales, originario de comunidades indígenas y con una trayectoria arraigada en la defensa de pueblos originarios, representa todo lo que estos sectores rechazan. No es casualidad que las críticas se centren en su salario, ignorando sus contribuciones, como si un indígena o un activista de izquierda no mereciera prosperidad. Esta narrativa no solo deshumaniza a Rosales, sino que refuerza un sistema donde la élite económica mantiene el control, marginando a quienes desafían el statu quo.

Por eso, justifiquemos el uso de este dinero: se invertirá en temas de salud y en mejorar su calidad de vida, aspectos que han sido descuidados por años de dedicación altruista. Imaginen a un hombre que ha enfrentado cáncer o enfermedades crónicas —como se reportó en su caso— y que ahora, con este ingreso, podrá acceder a tratamientos preventivos, terapias y un retiro digno cuando llegue el momento. No se trata de enriquecimiento ilícito, sino de equidad. Si criticamos los sueldos exorbitantes de políticos corruptos o empresarios evasores, ¿por qué no celebramos cuando un defensor genuino accede a una remuneración justa? Este salario podría incluso permitirle a Rosales fortalecer su labor, invirtiendo en capacitaciones o apoyando a otros activistas en situaciones similares.

El sueldo de Vidulfo Rosales no es un escándalo, sino un paso hacia la justicia social. En un México polarizado, donde la derecha usa las redes para avivar el resentimiento, debemos defender a quienes han dado todo por los derechos humanos. Apoyar a Rosales no es solo respaldar a un individuo; es invertir en un futuro donde los defensores no tengan que elegir entre su vocación y su supervivencia. Ojalá esta controversia sirva para visibilizar la violencia económica contra activistas y impulse cambios reales en su protección. Vidulfo, sigue adelante: tu lucha merece no solo respeto, sino también recursos para continuarla.

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