Periodistas Unidos. Ciudad de México. 01 de febrero de 2026.- A pesar de representar un avance hacia la formalización del trabajo en plataformas digitales, la reforma a la Ley Federal del Trabajo no logra garantizar derechos laborales clave para las mujeres, particularmente en seguridad social, protección a la maternidad, atención a la violencia y reconocimiento del trabajo de cuidados, según el informe Conectadas al cambio: por un trabajo justo para las mujeres en plataformas digitales, presentado este jueves por el consorcio UNIDAS.

El estudio, realizado por Fundación Avina, Oxfam México, ProDESC y Ethos Innovación en Políticas Públicas, con financiamiento de la Unión Europea, analiza la implementación del programa piloto de afiliación al IMSS para trabajadoras y trabajadores de plataformas digitales y documenta barreras estructurales que afectan de manera desproporcionada a las mujeres, perpetuando desigualdades de género en el sector.

El “factor de exclusión” como barrera de acceso a la seguridad social

El acceso a la seguridad social requiere generar un ingreso mensual equivalente al salario mínimo de la Ciudad de México (9,558 pesos en 2026). Sin embargo, el descuento aplicado por las plataformas —denominado “factor máximo de exclusión”— eleva el umbral real necesario, obligando a las trabajadoras a extender e intensificar su jornada. La carga desproporcionada de cuidados que recae sobre las mujeres limita esta posibilidad y las expone a rutas y horarios de mayor riesgo. Durante el último mes del piloto, solo 2 de cada 10 personas inscritas (206,512) superaron el umbral de ingresos. Aunque no hay desagregación oficial por género, el informe anticipa una marcada subrepresentación femenina debido a estas barreras.

Violencia sin mecanismos efectivos de atención

Una encuesta realizada por UNIDAS revela que 69.7% de las trabajadoras han sufrido acoso o violencia por parte de usuarios. Las formas más frecuentes incluyen acoso verbal (77.4%), insinuaciones sexuales (62.3%), contacto físico no deseado (47.2%) e insultos por razón de género (54.7%). Aunque la ley obliga a las plataformas a implementar canales de denuncia, las respuestas suelen ser automatizadas o consisten en recomendaciones de “cancelar el servicio”, lo que deriva en sanciones algorítmicas y pérdida de ingresos. Ninguna de las empresas analizadas cuenta con protocolos públicos claros que garanticen plazos de respuesta, confidencialidad y protección efectiva.

Maternidad penalizada y gestión algorítmica opaca

Aunque la afiliación al IMSS reconoce el derecho a la protección a la maternidad, el diseño del programa lo hace inaccesible: 30 días consecutivos sin actividad terminan automáticamente la relación laboral, lo que provoca la pérdida de afiliación, aportaciones y prestaciones como guarderías. Esto contradice el mandato de perspectiva de género en la ley.

En cuanto a la gestión algorítmica —que asigna viajes, evalúa desempeño y aplica sanciones—, el 50.6% de las encuestadas afirmó que las plataformas no explican cómo funcionan los algoritmos. El 18.5% fue bloqueada temporalmente durante el piloto y menos de la mitad recuperó su cuenta. Para el 74%, este trabajo es su única fuente de ingresos.

La “flexibilidad” no aplica para las mujeres

El 85.5% de las encuestadas son madres; de aquellas con hijas/os menores de 4 años, el 84.6% no tiene acceso a guarderías por costos, horarios incompatibles y falta de información. Para alcanzar el ingreso mínimo que habilita prestaciones como guarderías del IMSS, deben laborar en horarios de mayor rentabilidad (noches y fines de semana), precisamente cuando las estancias infantiles no operan, lo que limita su autonomía económica y acceso efectivo a derechos laborales.

Recomendaciones de política pública

UNIDAS propuso medidas concretas dirigidas a la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS), el IMSS y las plataformas:

• Establecer un “factor de exclusión” diferenciado para mujeres como medida afirmativa.
• Armonizar criterios del IMSS y la LFT para reconocer la licencia de maternidad como periodo protegido.
• Diseñar protocolos obligatorios contra violencia y acoso con plazos, confidencialidad y protección.
• Garantizar transparencia y revisión humana en la gestión algorítmica, eliminando sesgos de género.

El informe concluye que la reforma debe cumplir su promesa: transformar la economía digital en un espacio de trabajo justo, libre de violencia y con igualdad de oportunidades para todas las personas.

El documento forma parte del proyecto Mujeres y colectivas como actoras de cambio por el trabajo decente en México, financiado por la Unión Europea. El informe completo está disponible en https://unidas.mx/.

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Por Alejandro Meléndez

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 13 de enero de 2026.-  Kattya Vivanco González, maestra jubilada de 62 años, enfrenta una batalla legal contra el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que pretende reducir su pensión en casi siete mil pesos mensuales, pasando por alto una sentencia judicial que le otorgó la razón hace cuatro años.

La docente, quien se jubiló el 1 de febrero de 2018 tras una carrera en el subsistema DGETI (bachillerato tecnológico) de la SEP, ostentaba la plaza de profesor de tiempo completo titular «C», la más alta en el escalafón magisterial. Desde el momento de su jubilación detectó irregularidades en el cálculo de su pensión.

Una lucha de años por sus derechos

Al recibir su documento de «concesión de pensión», Vivanco se percató de que la cuota diaria establecida no correspondía a lo que legalmente le tocaba, pues se le estaba aplicando ilegalmente el criterio de tope en Unidades de Medida y Actualización (UMAs), sin que existiera modificación legal ni criterios jurídicos que avalaran ese monto.

«Recalco ilegal porque hasta ese momento no había modificación legal, ni criterios jurídicos que avalaran ese monto», enfatiza la maestra.

En febrero de 2020, Vivanco inició una demanda contra el ISSSTE, fundamentada en una tesis de la Suprema Corte de Justicia que establecía que las pensiones no podían determinarse con base en las UMAs.

El juicio se llevó a cabo en la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que emitió sentencia definitiva el 20 de octubre de 2020 favorable a la docente. Sin embargo, el ISSSTE se negó a cumplir la resolución.

Fue necesario que Vivanco interpusiera una queja el 31 de enero de 2022 y ejerciera presión en redes sociales, incluso publicando una carta de denuncia en el correo ilustrado del periódico La Jornada, para que finalmente se le ajustara la cuota diaria de su pensión.

El costo de esta batalla judicial fue alto: cerca de 90 mil pesos en honorarios de abogados, además del desgaste emocional y el tiempo invertido en movilizaciones y trámites legales.

En noviembre de 2024, el director del ISSSTE, Martí Batres, publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo mediante el cual, argumentando el artículo 50 de la Ley del ISSSTE, anunció una revisión de las pensiones que rebasen el tope de las 10 UMAs.

La pensión de Vivanco rebasa ese tope por aproximadamente cuatro o cinco mil pesos mensuales, precisamente porque cuando se jubiló era ilegal fijarla en UMAs, situación que fue reconocida judicialmente.

El 6 de agosto de 2025, tres hombres se presentaron en el domicilio de la maestra —quien vive sola— en actitud prepotente y sin identificación institucional adecuada, exigiéndole que se identificara.

«Afortunadamente reaccioné a tiempo y les respondí que yo estaba en mi casa y que en todo caso ellos eran los que debían identificarse», relata Vivanco sobre el momento intimidatorio.

El 11 de agosto, la docente compareció en las oficinas centrales del ISSSTE, en la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, acompañada de su abogado, a quien no se le permitió hablar.

Llevó consigo las sentencias emitidas por el Tribunal de Justicia Administrativa y la impresión de 26 talones de pago correspondientes a su último año laborado, documentos con base en los cuales el juez le había dado la razón.

Noventa días después, el ISSSTE le notificó un documento de 70 páginas en donde la acusa de «dañar el patrimonio de la institución». La institución pretende reducir su pensión mensual de 38,516 pesos a 31,791.90 pesos.

Violación a la división de poderes

«Ahora resulta que el artículo 50 de la ley del ISSSTE y el acuerdo publicado por Martí Batres están por encima de una resolución judicial. Luego entonces, qué caso tiene que uno recurra y exista un poder judicial si un funcionario menor en el momento que se le ocurra puede pasar por encima de otro de los poderes, el Judicial», cuestiona la maestra.

Vivanco argumenta que si bien el artículo 50 de la ley del ISSSTE faculta a la institución para revisar las pensiones, esto aplica cuando se trata de sus propias resoluciones, no cuando existe una sentencia judicial de por medio.

«Ese artículo no le puede dar al ISSSTE la atribución de cambiar una resolución judicialmente, porque simple y sencillamente eso es violatorio de la constitución», señala.

Según información de la docente, no es el único caso: existe una relación de aproximadamente ocho mil jubilados en situación similar.

«Seguramente habrá algunos que consiguieron su pensión mediante la corrupción, pero seguramente también habrá muchos otros como yo que fue de manera legal y legítima», reflexiona.

Promesas incumplidas

Vivanco recuerda que durante su campaña electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum prometió al magisterio echar para atrás la reforma de la Ley del ISSSTE, promesa que no solo no se ha cumplido, sino que ahora los maestros y personal del sector salud que demandaron sus derechos enfrentan intentos de reducción de sus pensiones.

«Cómo espera la presidenta que los empresarios y los ciudadanos confiemos en el poder ejecutivo que no respeta la constitución», cuestiona la maestra.

Vivanco reconoce que las pensiones son un problema en México, pero considera que se deben tomar medidas que respondan verdaderamente a la problemática y no generen más injusticias.

«En nuestro país hay más de ocho sistemas de jubilación. Hay quien recibe hasta cuatro pensiones. Los empleados privilegiados de algunos sectores como CFE tienen derecho a la pensión de la empresa, del IMSS e incluso algunos también tienen la del ISSSTE porque trabajaron en alguna dependencia, y finalmente tienen la del bienestar», ejemplifica.

Menciona casos de instituciones como Nafin o la Suprema Corte de Justicia, donde funcionarios se van con pensiones «muy jugosas» sin tener 28 o 30 años de servicio.

«Si se requiere revisar las pensiones, pero se requiere revisarlas con criterio de justicia social y no como burócrata que lo único que piensa es: esto rebasa el límite, lo ajusto y ya», enfatiza.

En espera de respuesta

Al momento de esta denuncia, Vivanco se encuentra en espera de que el mismo funcionario que le comunicó la reducción de su pensión responda al recurso de inconformidad que interpuso en diciembre pasado.

La maestra hace un llamado a denunciar el comportamiento que califica de «ilegal e ilegítimo» del ISSSTE y solicita el apoyo de la sociedad civil y de las autoridades para que se respete el estado de derecho y las sentencias judiciales.

Este caso pone en evidencia las contradicciones de un sistema que, por un lado, promete la defensa de los derechos de los trabajadores y, por otro, intenta reducir pensiones obtenidas legalmente y respaldadas por resoluciones judiciales, generando incertidumbre entre miles de jubilados que lucharon por sus derechos durante años

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 11 de septiembre de 2025.- En un manifiesto que resuena con paso firme en el escenario de la justicia laboral, los 23 bailarines y bailarinas del Taller Coreográfico de la Universidad Nacional Autónoma de México (TCUNAM) exigen el reconocimiento inmediato de sus derechos como trabajadores universitarios. El documento, fechado el 3 de septiembre y dirigido a la UNAM, la comunidad artística y el pueblo de México, denuncia años de precarización bajo contratos civiles por honorarios, que les niegan seguridad social, estabilidad y prestaciones, pese a una relación laboral evidente y permanente.

El TCUNAM, fundado en 1970 por la maestra Gloria Contreras, es un pilar de la danza contemporánea mexicana, con más de 55 años de trayectoria que incluyen más de 300 coreografías y giras internacionales. Sus integrantes, que ensayan semanalmente en la Sala Miguel Covarrubias y participan en funciones, giras y agendas institucionales, argumentan que su labor cumple con todos los elementos de una relación subordinada según la Ley Federal del Trabajo: prestación personal de servicios, horarios y directrices impuestos por la Dirección de Danza, uso de instalaciones universitarias y una remuneración fija disfrazada de «honorarios».

«Durante años hemos sido contratados por la UNAM bajo la figura de contratos civiles por honorarios, lo que nos ha dejado sin acceso a seguridad social, sin estabilidad ni derechos laborales. Esta práctica constituye un acto de simulación y encubrimiento de una relación laboral real«, se lee en el manifiesto. Los bailarines destacan que incluso la UNAM retiene cuotas sindicales a favor del Sindicato de Trabajadores de la Universidad Nacional Autónoma de México (STUNAM), confirmando su condición de empleados administrativos.

La exigencia es clara: reconocimiento inmediato como trabajadores universitarios, aplicación del Contrato Colectivo de Trabajo con el STUNAM y la instalación urgente de una mesa de negociación para firmar un Convenio Especial de Condiciones de Trabajo, similar al existente con la Orquesta Filarmónica de la UNAM. «Hoy alzamos la voz no solo por nosotros mismos, también por los futuros integrantes del TCUNAM, porque queremos heredarles además del legado artístico un futuro con derechos laborales plenos«, concluyen.

Este llamado pionero busca transformar las condiciones de los bailarines profesionales en México, alineándose con la vocación social de la UNAM como motor de justicia y pensamiento crítico. «La UNAM ha sido históricamente un motor de transformación… Hoy apelamos a esa misma vocación para que dé un paso ejemplar: convertirse en la primera institución pública en México que reconozca plenamente los derechos laborales de sus bailarines«, enfatizan.

Hasta el momento, la UNAM no ha emitido una respuesta oficial al manifiesto. Sin embargo, en un contexto donde el TCUNAM se prepara para celebrar su 55 aniversario con programas como Historia en movimiento –que incluye obras de Contreras y la actual directora Irina Marcano–, esta protesta subraya que el arte no puede florecer sin dignidad laboral. «¡Porque sin derechos laborales no hay arte digno!», rematan los bailarines.

La comunidad universitaria y artística espera que esta «danza de resistencia» impulse cambios concretos, recordándonos que detrás de cada coreografía hay cuerpos, sudor y, sobre todo, derechos humanos irrenunciables.

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Por Eduardo Ibarra Aguirre

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 11 de agosto de 2025.- Con un millón 291 365 repartidores o conductores de plataformas registrados en el Instituto Mexicano del Seguro Social al 1º de julio, se estableció una cifra récord de derechohabientes, con lo que ahora suman 23 millones 591 691 puestos de trabajo registrados ante el IMSS, “el número más alto en la historia del país», según el juicio del director general Zoé Robledo Aburto.

En tanto que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no escatimó el calificativo de histórico –devaluado por el uso excesivo en los últimos siete años–, al proceso que forma parte de la reforma laboral que reconoce por primera vez sus derechos y garantiza su acceso a la seguridad social. El programa comenzó el 1º de julio como una prueba piloto obligatoria de seis meses, tras la reforma a la Ley Federal del Trabajo aprobada en diciembre de 2024 y publicada en junio de este año.

Sheinbaum Pardo destacó que esto representa una nueva etapa en la Cuarta Transformación, enfocada en el bienestar del pueblo y la consolidación de un país con más justicia y menos desigualdad. Y exhibió una de las mayores lacras del capitalismo salvaje, mejor conocido como neoliberalismo, pues “Antes eran considerados ‘socios’ sin derechos; hoy, gracias a esta reforma, tienen acceso a pensiones, atención médica, guarderías y vivienda, como cualquier otro trabajador formal”. Más bien es un derecho, para el acceso aún falta para que se garantice plenamente.

Los hechos son así, a tono con Quiahuitl Chávez Domínguez la reforma distingue entre trabajadores subordinados (con ingresos iguales o superiores al salario mínimo) y no subordinados. Todos cuentan con cobertura por accidentes desde el primer día de trabajo. Aquellos con ingresos superiores a 8 480 pesos mensuales acceden a todos los beneficios del IMSS e Infonavit.

Y la numeralia indica que del total de personas registradas por apps, 90% son hombres y 10% mujeres; 56% tiene menos de 35 años; 80% trabajan sólo en una plataforma y 74% tienen en esta modalidad su principal fuente de ingresos. Algo que importa mucho a no pocos derechohabientes es que los pensionados y quienes cotizan en la modalidad 40 (independientes) pueden mantener estos beneficios mientras trabajan en plataformas.

Ciertamente, “México es el primer país que da seguridad social a trabajadores de las plataformas digitales (…) Es un hecho histórico. El gobierno de @Claudiashein defiende a los trabajadores”, como apunta Jesús Ramírez Cuevas, coordinador de asesores de la doctora.

Sin embargo, este importante avance en derechos laborales de los repartidores y conductores de plataformas digitales, ganados a pulso, si no se realizan las inversiones necesarias oportunamente y no se modifican los organigramas de funcionamiento de las clínicas, hospitales regionales y centros médicos nacionales del Seguro Social, podría provocar un mayor rezago en la atención oportuna y de calidad de los derechohabientes en los tres niveles hospitalarios.

No pueden ignorarse, sin embargo, los 31 hospitales y 12 unidades de medicina familiar que se pondrán en funcionamiento antes de que concluya 2025, la mayoría de los cuales iniciaron la construcción durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, así como otros 20 nosocomios que comenzarán su construcción en lo que resta del año, todo ello con una inversión superior a los 90 000 millones de pesos. Sin duda, son pasos en la dirección de abatir los grandes rezagos acumulados durante 1982-2018 en que se pretendía hacer de la salud una mercancía, un gran negocio, como lo simboliza Olegario Vázquez Aldir y sus pares de la plutocracia de la salud.

Acuse de recibo

El Registro Público de la Propiedad de la Ciudad de México marca la pauta en términos de calidad y calidez de los servicios para personas de la tercera edad… Todavía no arrancaba el plan de vivienda para la Ciudad de México y un ejecutivo del Instituto de la Vivienda ofrecía a DMG colocarlo en la lista de espera a cambio de 300 000 pesos… “(…) Estas últimas manifestaciones nos alientan a la esperanza para la efectiva unidad de todos los países del mundo para avanzar en la defensa de la vida como valor esencial a defender por toda la comunidad internacional, así como el consecuente reconocimiento del pueblo de Palestina como un pueblo libre y morador legítimo de los territorios legalmente constituidos, así como la aceptación de todos los derechos heredados. Ineludible resulta la asunción, con carácter integral e internacional de la ilegalidad que supone La Nakba, y la necesidad de restituir al status de legalidad internacional al Estado de Palestina”. Las afirmaciones son de la doctora española, de Sevilla, Ana Isabel Sanz… Para leer https://forumenlinea.com/libros/Libro_Frases.pdf (.) Ejerza su derecho de réplica, siempre que sea aludido, porque se incluirá en la segunda edición de, quizá, enero del próximo año… Usted puede consultar en este enlace las más recientes utopías: https://indicepolitico.com/category/eduardo-ibarra-aguirre/

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EFE: Nueva York, Estados Unidos. 13 de marzo de 2025.- El presidente de EE.UU., Donald Trump, tiene la «aspiración» de eximir de impuestos a los estadounidenses que ganen menos de 150.000 dólares anuales, repitió este jueves el secretario de Comercio, Howard Lutnick, en diversas entrevistas con medios de comunicación nacionales.

«Sé cuál es su objetivo (de Trump)… ningún impuesto para cualquiera que gane menos de 150.000 dólares al año. Ese es su objetivo. Para eso estoy trabajando», aseguró Lutnick a la cadena CBS sobre este objetivo fiscal de Trump, «una vez se equilibre el presupuesto estatal».

Además, Lutnick abrió la puerta a materializar una de las más sonadas propuestas de Trump en la pasada campaña: no gravar las propinas a trabajadores del sector servicios.

«¿Qué tal no gravar tampoco las horas extraordinarias? ¿Qué tal que no haya seguridad social? ¿Qué tal todas esas cosas?», deslizó Lutnick sin concretar nada más.

Además, en defensa de las políticas económicas de Trump, que incluyen una guerra arancelaria con Canadá y México, Lutnick argumentó que «merecen la pena» aunque los temores de una recesión se hayan apoderado de los mercados.

«Estas políticas son lo más importante que Estados Unidos ha tenido nunca. La única razón por la que podría haber una recesión es por las tonterías de Biden con las que hemos tenido que vivir. Estas políticas generan ingresos«, sostuvo el secretario de Comercio estadounidense.

A finales de febrero, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprobó por un estrecho margen una resolución presupuestaria que respalda la agenda del presidente Trump para endurecer la política migratoria, aumentar los recortes fiscales y reducir drásticamente el gasto público.

En concreto, pretende recortar 1,5 billones de dólares en gasto público y extender 4,5 billones en bajadas de impuestos durante la próxima década.

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