EFE. Tucson, Estados Unidos.  26  de enero de 2024.- Después de haber estado separara de sus hijos por más de 14 años a causa del complejo sistema migratorio de Estados Unidos y de la pandemia de covid-19, la mexicana Gloria Montoya finalmente regresó a su hogar en Tucson, Arizona.

“Cuando escuché al agente de inmigración en el puerto de entrada de Nogales decirle a mi madre ‘Bienvenida’, no pude contener las lágrimas. Aun así sentía que de un momento a otro nos iban a parar y decir que mi madre no podía entrar a Estados Unidos”, relató a EFE Bill de la Rosa, estudiante de leyes en la Universidad de Yale.

En 2009 Montoya acudió a lo que suponía sería una cita rutinaria en el consulado de Estados Unidos en Ciudad Juárez (México) para obtener su tarjeta de residencia. La inmigrante indocumentada hizo su petición basándose en que estaba casada con un estadounidense y tenía cuatro hijos también ciudadanos de este país.

Sin embargo, para sorpresa de la familia, no solo se le negó la residencia sino que se le impidió regresar con los suyos en Arizona y se vio obligada a permanecer en México los siguientes 14 años.

Bill, que entonces tenía solo 15 años de edad, se convirtió de un momento a otro en padre y madre de sus hermanos, ya que su padre, Arsenio de la Rosa, tenía 74 años y padecía serios problemas de salud.

El joven considera que el caso de su madre es un claro ejemplo de lo quebrantado que está el sistema migratorio estadounidense.

“Para empezar mi mamá siguió el proceso legal. Escuchamos muy seguido que los inmigrantes deben usar ‘el camino legal’, que tomemos ‘lugar en la línea’. Nosotros lo hicimos y sin embargo fuimos castigados por ello”, relató.

Como muchas otras, esta familia confió en el abogado que contrató y presentó la solicitud de residencia permanente de Montoya sin saber que en 1996 fue aprobada una ley conocida popularmente como ‘ley de los 10 años’.

Esta disposición castiga a los inmigrantes que han vivido por más de un año de manera irregular en Estados Unidos al requerir que vivan en su país de origen por 10 años antes de ser elegibles para regularizar su situación migratoria.

Durante ese periodo Arsenio falleció en 2018. Cuando estaba en su lecho de muerte, la oficina del congresista Raúl Grijalva (demócrata por Arizona) ayudó a la familia a tramitar una visa humanitaria de 30 días que le permitió a Montoya despedirse de su esposo.

La madre también fue víctima de la covid-19 ya que cuando habían terminado sus 10 años de castigo se presentó la pandemia y todos los trámites migratorios fueron suspendidos. De esta manera su sanción se alargó a 14 años y 99 días antes de ser aprobada como residente legal.

“Pasamos catorce años separados, sufrimos mucho, pero afortunadamente contamos con el apoyo de nuestra comunidad y del congresista Raúl Grijalva, y aun así batallamos mucho para traer a mi madre de regreso a casa. No puedo imaginar lo duro que es para familias que no cuentan con este apoyo”, dijo Bill.

Por su parte Montoya describe como “un sueño” el poder estar de nuevo con su familia. El 20 de enero su suplicio terminó cuando finalmente regresó a Arizona y pudo abrazar a sus hijos, esta vez como residente legal de Estados Unidos.

“Fue mucho tiempo separados. No niego que muchas veces perdí la fe, la esperanza”, dijo Montoya a EFE.

Para ella lo más difícil fue haber sido separada de sus hijos cuando aún eran muy pequeños. “La más chiquita tenía cuatro años y ahora tiene dieciocho. Es mucho tiempo perdido, un tiempo que nunca podré recuperar”, lamentó.

“Cuando los dejé eran unos niños y otros adolescentes; ahora son adultos. Mi meta ahora es volver a conocerlos. Fue mucho tiempo sin ellos, sin poder ir a las reuniones escolares, sus graduaciones”, expuso.

Aunque sus hijos la visitaban frecuentemente en Nogales, ciudad del estado mexicano de Sonora fronteriza con Arizona, asegura que siempre vivía con la incertidumbre de no saber cómo estaban.

Relata que muchas veces veía el muro fronterizo y no podía dejar de pensar que detrás estaban sus hijos, su esposo, su verdadero hogar.

Cuando ella pisó nuevamente Estados Unidos lo primero que la familia hizo fue ir al cementerio a visitar la tumba de Arsenio. “Se lo debía a mi padre. Fuimos a decirle ‘Misión cumplida, nuestra madre está de regreso’”, contó Bill.

“Este caso demuestra lo complejo y a veces lo injusto que puede ser el sistema migratorio”, dijo a EFE Claudia Arévalo, abogada de inmigración en Arizona.

Arévalo, quien no estuvo relacionada con el caso de Montoya, dijo que la ley permite a los estadounidenses, al cumplir la mayoría de edad, solicitar la residencia legal para sus padres.

Sin embargo al hacer los trámites se les pregunta a los extranjeros cuánto tiempo han vivido irregularmente en este país, de qué forma entraron y sobre todo si han salido y regresado nuevamente. De la manera en que respondan depende si son castigados o no con la ley de los 10 años.

“Hay muchos padres con hijos que no hacen este trámite y prefieren seguir viviendo en las sombras por el temor de ser castigados con los diez años”, dijo la abogada.

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Foto: Carlos Jasso / Reuters

Por Delphine Schrank

Reuters. Choloma, Honduras, 28 de junio de 2018.- Antes de deportarlo con grilletes la semana pasada, los agentes de inmigración de Estados Unidos entregaron al hondureño solicitante de asilo Melvin García sus pocas pertenencias y una pequeña billetera azul que pertenecía a Daylin, la hija de 12 años que le habían quitado.

Inseguro sobre cuándo volvería a verla, luego de que se le prohibiera la entrada a Estados Unidos por su orden de deportación, García, de 37 años, es uno de un número no determinado de padres enviados a casa sin sus hijos bajo la iniciativa del Gobierno del presidente Donald Trump.

Frustrado porque inmigrantes y solicitantes de asilo de Centroamérica solían ser liberados en su país para esperar audiencias judiciales, Trump implementó en abril una política de «cero tolerancia» para someter a juicio a todos los adultos que crucen ilegalmente la frontera entre México y Estados Unidos, incluyendo los que viajen con niños.

Esto incrementó dramáticamente la cifra de familias separadas en la frontera.

Horas después de volver solo a Honduras el 21 de junio, García se desplomó en una choza de concreto en una sección de la ciudad de Choloma controlada por Barrio 18, una de las dos pandillas cuyas amenazas de muerte, dijo, hicieron que huyera en marzo con Daylin.

Torturado con pensamientos de que tal vez no podría volver a ver a Daylin en años, García se aferró a la billetera de la niña. Cada vez que recordaba su búsqueda desesperada mientras estaba detenido en Estados Unidos, rompía a llorar.

El presidente dio marcha atrás la semana pasada y ordenó poner fin a las separaciones familiares. Pero el Gobierno aún tenía 2,047 niños bajo su custodia el martes, dijo el secretario de Salud y Servicios Humanos (HHS, por sus siglas en inglés), Alex Azar, a una comisión del Senado estadounidense, y agregó que reunirlos sería difícil.

Y aunque un juez federal dictaminó el martes que el Gobierno debe reunir a las familias que fueron separadas tras ingresar al país, los abogados de inmigración advirtieron que la situación es aún más complicada para los padres enviados a sus países sin sus hijos.

«No hay una estructura establecida, no hay una estructura legal para reunir realmente a los padres que ya han sido deportados», dijo Jenna Gilbert, abogada gerente del capítulo Los Ángeles de la organización legal de derechos humanos Human Rights First.

Reuters habló con al menos seis migrantes centroamericanos la semana pasada después de que fueron enviados a sus hogares en vuelos de deportación mientras sus hijos permanecían en albergues de Estados Unidos, o, como en el caso de García, fueron liberados a patrocinadores.

La orden de deportación de García emitida por un juez de inmigración de Houston el 23 de mayo, vista por Reuters, no dice por cuánto tiempo tiene prohibido regresar a Estados Unidos. Pero el Departamento de Justicia estadounidense ha dicho que las personas deportadas en tales casos suelen ser excluidas del reingreso durante cinco años o más.

BAJO LAS ARMAS

Luego de que su esposa y otros dos hijos se marcharon a Estados Unidos hace tres años, García dijo que Daylin se convirtió en su mundo entero.

Antes de buscar asilo en Estados Unidos, García había trabajado como conductor de un autobús en uno de los países más violentos de América. Dijo que a un colega tras otro le han disparado mortalmente en las rutas de autobuses por no pagar el «impuesto de guerra» que cobra Barrio 18 y su rival Mara Salvatrucha, o pandilla MS-13.

Huyó con Daylin después de que alguien le puso un arma en la cabeza.

Cuando solicitó asilo en el puerto de entrada a McAllen, Texas, el 24 de marzo, García dijo que le mostró a las autoridades estadounidenses la prueba del parentesco con Daylin y los recortes de noticias de los conductores asesinados para respaldar su solicitud de asilo.

No tenía antecedentes penales, dijo, mostrando a Reuters un documento de la policía hondureña que acredita su historial limpio. Pero la actitud de los funcionarios estadounidenses lo dejó atónito. «Me preguntaron si estaba embarazada (…) Una niña de 12 años».

García dijo que los funcionarios de inmigración se llevaron a Daylin después de un día juntos en la «nevera», celdas de retención descritas a Reuters por docenas de inmigrantes como permanentemente iluminadas y sin camas, acondicionadas con aire gélido.

Ambos había asumido que la separación era temporal, por lo que nunca se dieron realmente un adiós.

Cuando Daylin no regresó, rogó por que le dieran noticias mientras lo trasladaban de un centro de detención a otro durante los siguientes dos meses. Las autoridades sólo le dijeron que la habían llevado a otra parte.

«No me dijeron, no sabía nada de ella. No tenía comunicación. Yo intentaba por escrito, yo intentaba muchas veces».

Finalmente, García dijo que recibió una nota escueta, escrita a mano, firmada por un funcionario estadounidense, que decía: «Su hija está detenida en un centro de menores en el sur de Texas, a la espera de una cita en el tribunal».

Aproximadamente un mes después, García se enteró de que Daylin había sido entregada a su madre en Los Ángeles. Saber que estaba segura le trajo un alivio fugaz, dijo García, antes de ser golpeado con la orden de deportación y las preguntas sin respuesta sobre la reunificación de su familia.

En un comunicado, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE, por su sigla en inglés) confirmó los detalles del caso de García y dijo que había sido deportado previamente, hace 13 años.

Reuters no pudo contactar a Daylin o a su madre en su número de teléfono de Los Ángeles.

De vuelta en Honduras, García contempló el vacío que tenía enfrente. Manejar un autobús nuevamente podría ser una sentencia de muerte. Un amigo sugirió que emigrara a Canadá. «¿Pero cómo?» dijo, presionando la billetera azul.

«SERES HUMANOS»

Un día después de que García regresara a su atribulada patria, un hombre llegó en otro vuelo de deportación en San Pedro Sula, Honduras, y cayó al suelo en una estación de autobuses, llorando.

José Guardado, un agricultor de 42 años, dijo que no podía soportar regresar sin su hijo de 14 años, Nixon, quien permanece en algún lugar de detención en Estados Unidos.

«Si tan solo hubiera cruzado a las cuatro de la tarde, no a las seis», dijo Guardado, recordando su duro calvario de inmigración mientras esperaba abordar un autobús a su aldea El Edén.

Deseó que hubieran cruzado la frontera de México con Estados Unidos con Nixon por un puerto de entrada oficial el 13 de junio, dijo, pero explicó que no lo hizo porque le dijeron que estaba cerrado por ese día.

En cambio, siguió a un guía esa noche en medio de una tormenta a través del Río Grande, solo para ser capturado por agentes de la Patrulla Fronteriza estadounidense y separado de su hijo.

Guardado fue trasladado con esposas entre seis diferentes centros de detención en 10 días, dijo, y agregó que no había podido localizar a Nixon.

Guardado dijo que no buscaba asilo en Estados Unidos, solo una mejor oportunidad para su hijo.

«Ellos no nos trataban como seres humanos», dijo Guardado sobre su detención en Estados Unidos. Su esposa, Elizabeth Cruz, se desplomó contra una pared mientras hablaba de Nixon, sollozando con fuerza en una camiseta con la que se cubría la cara.

Antes de ser deportado, Guardado dijo que las autoridades le dieron un pedazo de papel con una línea telefónica directa para niños desaparecidos. Nadie respondió el número de teléfono que figura en la lista, dijo.

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