Por Eduardo Ibarra Aguirre

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 02 de julio de 2026.- Construir un millón 800 000 viviendas durante el sexenio de Claudia Sheinbaum Pardo, el del segundo piso de la Cuarta Transformación –o de quinta, como dicen ruidosamente sus reiterativos adversarios políticos e ideológicos pese a que cuentan con buenas plumas e ideólogos–, aportará el 1% al producto interno bruto mexicano.

En buena medida lo anterior explica las positivas cuentas entregadas en mayo en términos del crecimiento del PIB industrial, de acuerdo al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, por el papel sumamente relevante que desempeña la industria de la construcción en el conjunto de la economía. Y eso a pesar de que apenas está en obra la tercera parte de las viviendas programadas.

La estimación de Edna Vega, secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano –donde antes despachó la distinguida corrupta Rosario Robles en tiempos de Enrique Peña–, consiste en que sólo por la edificación de 1.8 millones de casas se calcula abarcar a una población de 7.5 millones de personas, si se considera una familia promedio de cuatro integrantes.

Los cuatro componentes de la política de vivienda para 2024-30 son, además del ya mencionado: apoyo para el mejoramiento de la casa; entrega de un millón de escrituras y la liberación o restructuración de 5.1 millones de créditos impagables al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores y el Fondo de la Vivienda del ISSSTE, programas éstos que tienen avances notables y liberan a los deudores de créditos leoninos e impagables que distinguieron a los 36 años previos a la 4T, conocidos como “del neoliberalismo”.

Respecto del millón de escrituras que entregarán no es dable subestimar el objetivo oficial, pero el rezago en este renglón es digno de mejor causa y la tramitología en el Instituto de Vivienda de la Ciudad de México que encabeza Inti Muñoz, es para agotar a cualquiera, pese a que la propaganda oficial indica lo contrario. Mi experiencia me condujo a rendirme porque en cada cita piden requisitos nuevos y pese a lo que ofrece el gobierno para que todo se haga vía digital, a la hora de la verdad son más y más papeles y trámites presenciales.

La política en materia de vivienda que privilegia a los trabajadores que ganan entre uno y dos salarios mínimos, beneficiará a 20 millones de asalariados porque la condonación o restructuración de 5.1 millones de créditos del Infonavit y del Fovissste beneficiará a cerca de 20 millones de trabajadoras, por lo que en conjunto impactará en la vida de 30 millones de personas, lo que de confirmarse en 2030 no tendrá precedente alguno en la materia habitacional.

A tono con lo expuesto el fin de semana pasado en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, por la presidenta que recibió no sólo muestras de apoyo, sino de afecto y cariño que estremecen a muchas e irritan a pocos, el gobierno de la oligarquía, que se prolongó durante 36 años, fue en detrimento de las políticas sociales. Al privilegiar los intereses de los desarrolladores inmobiliarios, lo que se propició es que se construyeran casas muy pequeñas, pero además tan alejadas de centros urbanos que actualmente muchas están abandonadas. “Huevitos” les llamaban por su tamaño, lo que me recuerda que a medidos de los 60 la revista Siglo XX informó que el 85% de los mexicanos vivíamos en casas de un cuarto.

Otro dato del memorioso, David Penchyna Grub, director general del Infonavit durante el gobierno de Peña Nieto entre 2015 y 2018., ganaba 800 000 pesos mensuales, nominalmente más que el titular del Ejecutivo federal.

Acuse de recibo

El 3 de julio de 2006 se consignó en este espacio el fallecimiento de Alejandro Erreguere Acha, compañero de vida durante 54 años de María Josefa Albaitero Sagues (+) y padres de Alejandro, José Miguel, María Luisa (+), María Josefa, Juan Carlos e Íñigo Erreguerena Albaitero. Abuelos, también, de María Luisa I. Erreguerena, María Josefa y Joel Ortega Erreguerena. (…) El doctor Enrique Dussel Peters, invita “al curso que la UNAM/Facultad de Economía/Cechimex y el Colegio de México/CEAA venimos impartiendo anualmente desde 2017, titulado: ‘Entendiendo a china 2026’, con 40 horas de duración en 10 sábados y vía Zoom, iniciando el 15 de agosto”, https://cechimex.org/curso-entendiendo-a-china/ (…) Epigrama de Mentor: “Quieren ganar elecciones / con bots y periodicazos”. / Los prianistas son brutones / por no decir pendejazos”. (…) Más de 3 000 textos de Utopía están a consulta, el reporte detallado “Forum en Línea sigue gracias a ustedes”, así como una veintena de libros de Arnoldo Martínez Verdugo, José Francisco Gallardo Rodríguez, Natura Olivé Olivé, Carlos Reyes Romero y este redactor. Las siguientes son las ligas o enlaces: http://www.forumenlinea.com/ y en https://forumenlinea.com/?page_id=53 (…) Recomiendo la lectura de este ilustrativo texto: “American curios. Narciso y los comunistas”, del corresponsal David Brooks. https://www.jornada.com.mx/2026/06/29/opinion/024o1mun

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AMEXI. Ciudad de México. 09 de septiembre de 2025.- A 11 meses del inicio de la administración de la presidenta Claudia Sheinbaum, México ha registrado una disminución de 32 % en el promedio diario de homicidios dolosos, según cifras oficiales presentadas por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP).

Durante la conferencia quincenal del Gabinete de Seguridad, la titular del SESNSP, Marcela Figueroa Franco, informó que el país pasó de un promedio de 86.9 homicidios diarios en septiembre de 2024, mes en que comenzó el actual sexenio, a 59.2 en agosto de 2025, lo que representa una reducción de 27 asesinatos por día.

“Agosto de 2025 se posiciona como el mes con la cifra más baja de homicidios dolosos desde 2015”, destacó Figueroa al presentar el reporte consolidado de incidencia delictiva con datos de las 32 fiscalías estatales.

28 estados redujeron su promedio diario de homicidios

La funcionaria subrayó que 28 entidades federativas lograron reducir su promedio diario de homicidios en el periodo analizado.

Seis estados sobresalieron por registrar caídas superiores al 50 %: Zacatecas (−82 %), San Luis Potosí (−71 %), Quintana Roo (−67 %), Nuevo León (−63 %), Querétaro (−61 %) y Tlaxcala (−57 %).

No obstante, siete estados continúan concentrando más de la mitad de los homicidios dolosos en el país: Guanajuato (11.6 %), Chihuahua (7.3 %), Baja California (7.1 %), Sinaloa (7.1 %), Estado de México (6.6 %), Guerrero (5.9 %) y Michoacán (5.5 %).

El gobierno federal atribuye esta tendencia a la coordinación entre los tres niveles de gobierno, el fortalecimiento de las estrategias de prevención, inteligencia y justicia, así como a la implementación de nuevos esquemas de patrullaje y atención focalizada en zonas de alta incidencia.

La presidenta Sheinbaum reiteró que la seguridad es uno de los ejes prioritarios de su administración, celebró los resultados como “una señal clara de que la estrategia nacional está dando frutos”, aunque reconoció que “aún queda mucho por hacer para garantizar la paz en todo el territorio”.

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EFE. Ciudad Juárez, México. 09 de octubre de 2024.- Ciudad Juárez, una de las principales urbes de la frontera de México con Estados Unidos, tuvo más de 8.000 asesinatos durante el sexenio de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024), más del doble que en el Gobierno anterior de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

La cifra, conseguida por organizaciones civiles con datos oficiales, supera los 3.500 asesinatos del periodo anterior, lo que atribuyen al recrudecimiento de las disputas entre los cárteles de la droga por el control de rutas hacia Estados Unidos, así como a la fragmentación de los grupos delictivos.

«Desde aquellos años mencionábamos que la seguridad estaba (sostenida) con alfileres. Ahorita con estas cifras de cómo cierra el sexenio de López Obrador, aquí en Juárez nos habla de que la violencia nunca se ha ido, de que la seguridad es un espejismo», expuso a EFE Sergio Mesa, director de Plan Estratégico de Juárez.

El Gobierno de López Obrador concluyó a nivel nacional con un acumulado récord de al menos 193.612 homicidios de 2019 a 2024, una subida de 23,16 % frente a los 157.198 cometidos de 2013 a 2018 bajo Peña Nieto.

Mesa, quien dirige esta asociación cívica, aseguró que en Ciudad Juárez todos los niveles de gobierno «han fallado, cada uno con sus responsabilidades, el federal, el estatal y el municipal».

«No han sabido en su conjunto dar una respuesta a las problemáticas de la ciudad. Y lo que estamos viendo es cómo se continúan avanzando estrategia tras estrategia. También tenemos casos muy fuertes que no se han resuelto”, afirmó.

¿Nueva estrategia?

La nueva presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó este martes su plan nacional de seguridad que consiste en «fortalecer» lo hecho por López Obrador: atender las causas de la violencia, fortalecer la Guardia Nacional, inteligencia y coordinación con todas las autoridades.

Pero, pese a los esfuerzos del Gobierno federal para implementar programas de seguridad y enviar efectivos de la Guardia Nacional, las cifras de violencia no han disminuido significativamente, expuso Eduardo Borunda, presidente de la Asociación de Periodistas de Ciudad Juárez.

“En las mesas de seguridad se hablaba de que teníamos que tener un número de un dígito (en asesinatos al día), porque en Ciudad Juárez había más de 10, 15, 20 muertos al día, y que la primera etapa era reducirlo a que fuera menos de 10. A eso se referían ellos, que tendríamos que tener una cifra de un dígito en ese sentido. Sí lo estamos teniendo en Ciudad Juárez, pero no es suficiente”, informó

En el caso más reciente en la frontera, hace un mes mataron a un expolicía de la Secretaría de Seguridad Pública Municipal al exterior de su domicilio frente a su esposa embarazada y su bebé.

El joven, Félix Aguilera, se desempeñaba actualmente como escolta y recibió cinco impactos de bala en el rostro.

Los hechos de alto impacto continúan y la población espera que con el nuevo Gobierno de Sheinbaum disminuyan los homicidios.

«Yo creo que hay que tratar de que se acerque a cero el número de personas que fallecen de manera violenta en el municipio de Juárez. También recuerdo que la lucha contra el crimen organizado se focalizó en Ciudad Juárez y decían: ‘nomás Ciudad Juárez es donde está un punto de inflexión’. Yo creo que se equivocaron los que manejaron esas cifras, porque era todo el país”, concluyó Borunda.

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• Entre las acciones de fomento a la lectura en la Ciudad de México, resalta la entrega de más de 392 mil libros en 60 colonias vulnerables, a través de iniciativas como “Libros Pa’ la Banda”; además, se impulsó la realización de dos ediciones al año del Gran Remate de Libros y Películas en el Monumento a la Revolución

• El mandatario capitalino invitó a la ciudadanía a disfrutar de la XXIV Feria Internacional del Libro en el Zócalo, que se llevará a cabo del 11 al 20 de octubre; este encuentro se realizó sin interrupción durante la administración, consolidándose como el más importante del país

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 03 de octubre de 2024.- El Jefe de Gobierno, Martí Batres Guadarrama, encabezó el Informe de Fomento a la Lectura 2019-2024, en el que destacó que los libros son una herramienta fundamental para promover la educación, cultura y la recreación.

Por ello, de 2019 a 2024, el Gobierno de la Ciudad de México, en colaboración con el Fondo de Cultura Económica (FCE), distribuyó de manera gratuita más de 392 mil libros en 60 colonias vulnerables, a través de iniciativas como “Libros Pa’ la Banda” y fechas conmemorativas como el Día de la Niña y el Niño y el Día de Reyes.

“La lectura es la felicidad y es una felicidad que se encuentra a nuestro alcance, es placentera y es constructiva, porque cuando leemos un libro, cuando lo terminamos, nos sentimos diferentes, cargados de nuevas baterías, emociones, nos sentimos con un arsenal de palabras, de conceptos diferentes. Crece nuestra autoestima y tenemos la sensación, que además tiene fundamento, de que nos podemos defender mejor en la vida. Esa es mi experiencia”, expresó.

En el Antiguo Palacio del Ayuntamiento, el mandatario capitalino invitó a la ciudadanía a disfrutar de la XXIV edición de la Feria Internacional del Libro en el Zócalo (FIL Zócalo), que se llevará a cabo del 11 al 20 de octubre. Este encuentro literario se realizó sin interrupción durante la administración, consolidándose como el más importante del país.

Martí Batres compartió títulos de libros, así como autores que marcaron su infancia y juventud y que lo impulsaron a participar en movimientos sociales para exigir el derecho al acceso a la educación pública y gratuita; asimismo, recomendó algunos ejemplares sobre procesos trascendentales de la historia de México y el mundo.

“Hay un libro que es “El hombre que amaba los perros”, que es de Leonardo Padura, y es una historia increíble del asesinato de Trotski, pero en el camino es una historia de la Revolución Rusa, de la Revolución Mexicana, de la Guerra Civil Española, es una obra llena de información, de historia y, además, muy bien contada”, señaló.

Durante el sexenio que está por concluir, el Gobierno de la Ciudad de México impulsó la realización de dos ediciones al año del Gran Remate de Libros y Películas en el Monumento a la Revolución, para ofrecer libros en bodegas de las editoriales más destacadas a precios entre los 10 y los 150 pesos; en sus dos ediciones de 2024, el evento registró 270 mil asistentes.

Además, se promovieron otros programas como “Libro-bus en Tu Escuela”, con el que se visitaron 926 planteles educativos para ofrecer ejemplares a bajo costo a la comunidad estudiantil. Esta iniciativa crecerá con la reciente donación de 8 unidades de la Red de Transportes de Pasajeros (RTP), que serán empleadas para visitar más escuelas.

El director general del Fondo de Cultura Económica (FCE), Paco Ignacio Taibo II, destacó que, en coordinación con el Gobierno capitalino y la Brigada para Leer en Libertad AC, se fortalecieron las redes de fomento y divulgación de la lectura, lo que ha permitido que la capital del país cuente con el programa de fomento a la lectura con más beneficiarios del mundo.

“Hemos logrado crear, combinando la fuerza del Gobierno de la Ciudad de México, el Fondo de Cultura, la Brigada para Leer en Libertad, y cientos de esfuerzos particulares y un voluntariado espectacularmente grande, la red de fomento a la lectura más grande que haya hoy en el mundo. (…) Podemos decir que la Ciudad de México es la ciudad del mundo que tiene el más potente proyecto con más beneficiados de fomento a la lectura, tanto en el libro barato, la distribución del libro, los caminos del libro, los clubs de lectura, como el llegar a los lugares que por razones económicas no se tenía acceso al libro”, mencionó.

El encargado de Despacho de la Secretaría de Cultura, Argel Gómez Concheiro, precisó que además a los 392 mil libros distribuidos de manera gratuita, se suma la donación de 97 mil 720 libros de Cultura Comunitaria y los 33 mil 950 ejemplares del FCE para fortalecer la Red de Libro Clubes de la Ciudad de México, conformada por más de 160 espacios.

Además, dijo, 50 bibliotecas nuevas de los Puntos de Innovación, Libertad, Arte, Educación y Saberes (PILARES) se equiparon con 5 mil libros.

“Se suman a estos 392 mil libros, la donación de 97 mil 720 por parte de Cultura Comunitaria a distintos Libro Clubes que hay en nuestra ciudad, hoy tenemos 160 Libro Clubes activos, sobre todo, impulsados por compañeros, compañeras voluntarias, algunos Libro Clubes con más de 20 años, una tarea comunitaria muy importante de la vida cultural de nuestra ciudad; y para los Libro Clubes, y para enriquecer su acervo, se donaron 33 mil 900 libros y 5 mil más para nuevas bibliotecas en los PILARES”, comentó.

Celebró el alcance del Gran Remate de Libros y Películas, cuya última edición contó con la participación de 314 editoriales, 124 presentaciones del libro, y 37 charlas y debates; mientras que para descentralizar la FIL, se realizaron las “Ferias del Libro. Zócalo Cerca de Ti”, en cinco alcaldías, con el apoyo de la Brigada para Leer en Libertad AC.

Finalmente, Marina Taibo, integrante de la Brigada Para Leer en Libertad, comentó que motivar la lectura es una actividad que todos podemos hacer, por esa razón en la Ciudad de México, la brigada a la que pertenece lo ha hecho durante 15 años en espacios públicos donde toda la ciudadanía tenga acceso.

“¿Por qué hacer fomento a la lectura desde la sociedad civil? Pues porque a mí me hubiera gustado que lo hicieran desde hace mucho tiempo todos, todos podemos ser una voz, todos podemos incitar al otro a leer. (…) ¿Para quién hacemos fomento a la lectura? Para todos los ciudadanos, para todas las opciones de ir caminando por la calle, sentarte y escuchar una charla. ¿Por qué en la calle? Porque es para todos, porque tiene que ser gratuito, porque las Ferias de Libro no deberían de ser monetariamente una imposición para acercarte a los libros. Por eso, desde la sociedad civil, la Asociación Civil Brigada para Leer Libertad llevamos 15 años en las calles y esperamos seguir muchísimos más”, concluyó.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 03 de octubre de 2024.- Cambio de Sexenio 4T: Termina Andrés Manuel López Obrador y llega Claudia Sheinbaum. Hugo Garciamarín,  Jorge Meléndez y Edgar Tafoya analizan el cambio de gobierno en México en Periodistas Unidos.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 27 de septiembre de 2024.- Témoris Grecko y Jorge Meléndez platican sobre la encuesta de López Obrador al final de su sexenio en el programa «Después de la Letra… la Palabra» de Periodistas Unidos.

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• De 2019 a 2023, durante el gobierno de López Obrador, ingresaron a las morgues 34,699 cuerpos que permanecen sin identidad. Aunque el presidente prometió atender de manera prioritaria la crisis forense y las desapariciones de personas —que en este sexenio suman 51,791 víctimas—, las iniciativas para enfrentarlas: el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, el Centro Nacional de Identificación Humana y el Banco Nacional de Datos Forenses, fueron desmanteladas o no se concretaron

Por Efraín Tzuc y Mayela Sánchez para A dónde van los desaparecidos y Quinto Elemento Lab

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 24 de septiembre de 2024.- En las morgues del país hay más de 72,100 cuerpos sin identificar. Son cadáveres que ingresaron a los Servicios Médicos Forenses (Semefos) entre 2006 y 2023, sin que el gobierno les haya restituido el nombre. En una nación con 115,000 personas desaparecidas, un gran número podrían estar siendo buscadas por sus familias sin saber que yacen olvidadas en una fosa común o en un refrigerador mortuorio bajo la tutela del Estado.

Este rezago en la identificación de cuerpos por parte de las instituciones, denominado “crisis forense”, condena a miles de familias a transitar de morgue en morgue para descubrir pistas que conduzcan a sus seres queridos. Revisan cientos de fotografías de cuerpos marcados por la violencia. Es como “estar en el inframundo”, dice José Ugalde, vocero del Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM). “Son cuerpos mutilados con saña que te dejan sin comer diez, quince días. Que te dejan con pesadillas. No hay apoyo psicológico”.

De los 72,172 cuerpos sin identificar registrados desde 2006, el 48% (34,699) llegaron a las morgues durante la presidencia de Andrés Manuel López Obrador, entre 2019 y 2023, pese a que devolverles su identidad y regresarlos a sus hogares era, según dijo, “la principal prioridad” de su gobierno, junto con la búsqueda de las personas desaparecidas.

Este lunes, López Obrador visitó Matamoros para inaugurar un monumento dedicado al revolucionario Catarino Erasmo Garza Rodríguez. Una misión ordenada por el presidente en 2022, con un costo de más de 9.5 millones de pesos, permitió hallar un fragmento de hueso del periodista tamaulipeco en una isla de Bocas del Toro, Panamá, donde murió en combate en 1895, y lograr su identificación, según una investigación de Animal Político. A diferencia de lo ocurrido con el opositor a la dictadura de Porfirio Díaz, a quien el mandatario dedicó un libro biográfico, para decenas de miles de cuerpos no ha habido recursos ni personal que haga posible establecer su identidad. 

En el actual sexenio han desaparecido 51,791 personas, el 44.8% de las 115,591 víctimas de esta tragedia. Los datos oficiales muestran que desde el inicio de la administración de AMLO desaparece, en promedio, una persona cada hora. El número supera a las 32,885 víctimas registradas en el periodo de Enrique Peña Nieto, y triplica a las contabilizadas en el gobierno de Felipe Calderón, que sumaron 16,931.

Desde que Calderón ordenó la “guerra contra las drogas” en diciembre de 2006, la crisis forense ha ido en aumento. Miles de cuerpos, 10,185 (14%), que ingresaron como desconocidos a los Semefos durante el sexenio del panista, entre 2007 y 2012, siguen sin recuperar su identidad. El rezago forense de la administración del priista Peña Nieto es de 19,680 (27%) cuerpos sin nombre, correspondientes al periodo 2013-2018.

Estas inéditas cifras de cadáveres que permanecen sin identificar, obtenidas por Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos mediante solicitudes de transparencia enviadas a las 32 instituciones forenses del país —solo la Fiscalía General del Estado de Morelos se negó a responder— y a la Fiscalía General de la República (FGR), abarcan los sexenios de Calderón, Peña Nieto y López Obrador. 

Los datos muestran que 13,272 cuerpos NN (No Nombre, en lenguaje forense), cerca de una quinta parte del total, llevan más de una década sin ser identificados. Desde 2014, el rezago forense se ha incrementado año tras año: 2023 estableció un récord, con 8,139 víctimas anónimas. 

En 2020, Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos revelaron por primera vez la magnitud de la crisis forense: entre 2006 y 2019 pasaron por los Semefos del país 38,891 cuerpos sin identificar. Un año más tarde, el MNDM, que agrupa a más de 80 colectivos de familiares de personas desaparecidas, actualizó el número a 52,004 cadáveres que fueron recibidos por el Estado, pero se quedaron sin nombre. Los datos muestran que, en apenas tres años, de 2020 a 2023, hubo un incremento del 39% de cuerpos NN.

La incertidumbre de que entre las víctimas pueda estar el familiar desaparecido “es una tortura psicológica”, dice Ugalde, quien localizó sin vida a su hijo José Esaú Ugalde Vega tres meses después de su desaparición en septiembre de 2015. “Es un tema terrible. Una desesperación, un dolor, una rabia y un coraje”.

En algunas ocasiones, esta tragedia alcanza visibilidad mediática, como ocurrió con el caso de Virginia de la Cruz, quien el pasado 11 de julio denunció ante el Congreso de Zacatecas que, durante ocho meses, el Semefo no le avisó que tenía el cuerpo de su hijo José Alejandro de la Cruz López. El cadáver del joven de 21 años estuvo bajo su resguardo desde noviembre de 2023, cuando se reportó su desaparición. 

La crisis forense en México refleja una cruel paradoja: personas que buscan a quienes el gobierno ya encontró. Las historias incluyen a jóvenes cuyos cuerpos fueron extraviados por las autoridades en una fosa común —como pasó con el adolescente Cosme Humberto Alarcón Balderas en Coahuila y la joven Gemma Mávil Hernández en Veracruz— o donados a universidades para que sus estudiantes de Medicina hagan prácticas, y a madres que han recibido incompletos los restos de sus hijos —como Nancy Bustos, quien descubrió en un pozo de la localidad Ojo de Agua, en Jalisco, el cráneo de Óscar Eduardo Núñez Bustos, que los peritos no habían encontrado—, o los han tenido que recuperar por fragmentos tras revisar cientos de fotografías y exigir que se realicen las pruebas necesarias —como Lupita, también de Jalisco, que reunió hueso por hueso los restos de su hijo tras consultar los registros del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses (IJCF)—.

Atender el rezago y las malas prácticas en la identificación de cadáveres podría dar respuesta a miles de familiares de personas desaparecidas, como Luz Aidé Ochoa Zárate, quien sospecha que uno de los cuerpos enterrados en fosas comunes de cementerios municipales a los que la autoridad no ha devuelto el nombre pertenece a su hijo Jordan Yahir.

El joven de 19 años fue desaparecido junto con su hermano menor Jocksan Gabriel Hernández Ochoa por policías estatales en Cardel, Veracruz, en septiembre de 2015. Tras años de búsqueda, en noviembre de 2023 la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz informó a Ochoa que el cuerpo de Jocksan había sido encontrado cinco meses después de que fue denunciada su desaparición. Aunque la institución contaba con muestras de ADN de familiares del estudiante de 18 años, lo mandó a una fosa común del panteón municipal de Actopan.

Jocksan salió del anonimato por casualidad, pues su cuerpo fue exhumado mientras la fiscalía investigaba otro caso. Por eso, Ochoa cree que en esa misma fosa podría estar Jordan Yahir. “Yo luego voy a Xalapa y ando preguntando, porque yo ya no quería esperar más tiempo, porque a mi hijo [Jocksan] ora sí que lo encontraron muy rápido de su desaparición, a los meses, y tardaron muchos años para que él pudiera regresar. O sea que me pudieron haber evitado todo ese sufrimiento”, dice la mujer.

Desde diciembre de 2023, Ochoa solicitó a la fiscalía estatal que busque a Jordan Yahir en la misma fosa en que hallaron a su otro hijo. Las autoridades le respondieron que están exhumando más cuerpos de ese lugar, pero las familias buscadoras veracruzanas no han sido informadas. “No tengo la certeza de si realmente están trabajando”, dice la madre, quien es integrante del colectivo Justicia y Dignidad Veracruz.

La dimensión del rezago

De las 72,172 víctimas sin identificar registradas hasta 2023, el 73% (52,414) son hombres, y el 8% (5,887) son mujeres. Del 19% (13,871) restante no se reporta el sexo. 

La mayoría de los cadáveres se concentran en cinco entidades: Baja California, Estado de México, Ciudad de México, Jalisco y Chihuahua, de donde provienen 6 de cada 10 cuerpos, 43,813 en total. Baja California ocupa el primer lugar; hasta diciembre de 2023 había 13,940 personas fallecidas en espera de ser sacadas del anonimato por peritos forenses. 

“[El problema de los cuerpos sin identidad] se ve acrecentado en Baja California debido a la situación geográfica: es un estado fronterizo donde muchas personas están en tránsito, [hay] mucha población flotante que fallece estando en nuestro estado y no logra ser identificada, no logran ser reclamados”, explica César Raúl González, director del Semefo del Poder Judicial de ese estado, entrevistado hace un año.

La crisis se agudizó en Querétaro, Quintana Roo y Sonora, tras triplicarse en 2023 el número de cadáveres sin identificar registrados en el informe del MNDM en 2020, mientras que en Nayarit la cifra se duplicó.

Los Semefos de otros quince estados —además de los de Quintana Roo, Nayarit y Sonora— han registrado más de mil cuerpos sin identificar. Solo Campeche y Tlaxcala reportan menos de cien cadáveres NN.

El rezago forense en México es un caso único, considera José Pablo Baraybar, coordinador regional forense del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), porque “combina factores de violencia permanentes que continúan actuales, que producen una mortalidad específica [y rebasan la capacidad de los Semefos]. Tiene, además, el elemento migratorio que forma parte de esta violencia articulada y contribuye también a esa mortalidad y, sobre todo, tiene un sistema fragmentado. Es la tormenta perfecta en todos los niveles”.

La fragmentación, explica el antropólogo forense, consiste en que varias áreas de las fiscalías pueden trabajar en el levantamiento de los cadáveres, su estudio, y la investigación de los casos de homicidio y desaparición sin compartir información entre ellas. En ocasiones, los cuerpos de las víctimas desaparecidas son encontrados en otro estado, y eso provoca que la coordinación sea aún más complicada entre las distintas autoridades.

Carla Palacios Flores, coordinadora general del Centro de Derechos Humanos Paso del Norte en Ciudad Juárez, Chihuahua, ilustra el problema con el caso de un hombre de Querétaro —cuya familia pidió no publicar el nombre— que en febrero de 2021 desapareció en la frontera mientras viajaba a Estados Unidos.

Después de recibir el reporte de desaparición, la Comisión Estatal de Búsqueda de Chihuahua no verificó que la fiscalía local iniciara una investigación ni consultó los registros del Ministerio Público de personas fallecidas no identificadas, a los que tiene acceso. La fiscalía tampoco comunicó a la comisión que había encontrado un cuerpo con características similares a las del hombre desaparecido; esta falta de coordinación hizo que fuera enterrado en una fosa común.

“Nuestra principal denuncia en ese momento era: ¿por qué si la comisión local de búsqueda tenía información del caso […] no se realizó una identificación adecuada y oportuna?”, plantea Palacios Flores. “Esa era la furia de la familia”.

El creciente rezago forense a lo largo de tres sexenios significa para Baraybar que ya no se debería considerar una crisis, sino un problema crónico. 

“Una crisis requiere soluciones críticas, soluciones extraordinarias, soluciones masivas. Entonces habría que plantearse, tal vez, si no debemos pensar o repensar el problema fuera de la óptica crítica y más bien [hacerlo desde] la óptica crónica”.

Uso de fosas comunes

En las fosas comunes de los panteones del país yacen 48,108 cuerpos sin identidad, el 67% del total; en promedio, ese es el destino de 2,500 cadáveres NN al año. Su uso se ha multiplicado desde que comenzó la “guerra contra las drogas”, una estrategia que provocó el aumento de víctimas de homicidio, lo que derivó en una saturación de los servicios forenses. 

Los estados con mayor número de cuerpos NN en fosas comunes son Baja California con 13,490; el Estado de México con 8,836, y la Ciudad de México con 4,817 —en el Panteón Civil de Dolores—; junto con Jalisco y Chihuahua, estas cinco entidades concentran el 47% del total. Son también los estados que acumulan más cuerpos sin identificar.

Los Semefos de algunas entidades envían a la fosa común casi la totalidad de los cuerpos que reciben. En Yucatán enterraron 479 de los 492 cadáveres que llegaron a sus morgues, el 97%, el mismo porcentaje que en Baja California, donde se inhumaron 13,490 de 13,940 víctimas anónimas. En Nuevo León y el Estado de México, se enterró el 95%.

La saturación de los Semefos a causa de la violencia provocó que las autoridades recurrieran a “morgues itinerantes”. En 2018 descubrieron en Jalisco 322 cuerpos NN en dos “tráileres de la muerte”, ubicados en Tlajomulco de Zúñiga y en el estacionamiento del IJCF.

En Tijuana, donde según González reciben en promedio 15 cadáveres al día, también recurrieron a este tipo de contenedores. “[Cuando se saturó el Semefo] nos vimos en la necesidad de tener y resguardar cuerpos en un Thermo King, un tráiler refrigerado”, reconoció el funcionario.

Ante el limitado espacio en los refrigeradores de las morgues, la “solución” durante más de 15 años, desde que inició la “guerra contra las drogas”, ha sido enterrar cadáveres.

El Comité Internacional de la Cruz Roja no recomienda que los cuerpos sean enviados a una fosa común, explica Baraybar. “Es muy diferente hacer entierros individuales, hacer nichos y que la persona esté identificada, pues sabes dónde está, sacarla es muy fácil”. 

El desmantelamiento del MEIF y el CNIH

En algunos estados, la saturación de las morgues generó medidas que terminaron en tragedia, como la incineración de 1,381 cuerpos NN entre 2006 y 2015 por el IJCF. Este caso no ha sido investigado por la fiscalía estatal, señala Jonathan Ávila, especialista del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), quien advierte: “Posiblemente […] no se pueden identificar por el proceso de incineración y trituración de los restos”.

Según la investigación “Crisis forense”, publicada por Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos en 2020, este drama está compuesto por diversos factores, como el incremento de los homicidios a raíz de la violencia generada por la delincuencia organizada y la confrontación de estos grupos con las fuerzas de seguridad; un insuficiente número de peritos especializados en identificación humana y la baja inversión en servicios periciales por parte de los gobiernos estatales; la falta de herramientas para compartir información entre fiscalías sobre las personas desaparecidas y los cuerpos NN, y el registro inadecuado y algunas veces nulo de cada cuerpo para saber con precisión dónde está.

Con la llegada de AMLO a la presidencia, las familias de las víctimas de desaparición renovaron sus esperanzas. El sexenio comenzó con el reconocimiento de la Secretaría de Gobernación (Segob) de la existencia de una “emergencia forense” y de que México era “una enorme fosa clandestina”.

Para dar respuesta a esa crisis humanitaria, el gobierno creó el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense (MEIF) a finales de 2019, y el Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH) en mayo de 2022. El objetivo era agilizar las identificaciones que las fiscalías no habían logrado realizar.

Las otras apuestas, establecidas en la Ley General en Materia de Desapariciones, que son el Banco Nacional de Datos Forenses, los registros nacionales de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, y de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas, así como el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense, le corresponde implementarlas a la FGR, pero aún no existen o funcionan parcialmente. Estos instrumentos permitirán que la información de los cuerpos NN del país, y la entregada por las familias buscadoras a cada fiscalía, sea comparada periódicamente, lo que ayudará a lograr miles de identificaciones.

El proceso de conformación del MEIF —que se encargaría de realizar peritajes con fines de identificación a los cadáveres NN que ingresaron a los Semefos antes de la creación del organismo en 2019— fue lento; llevó casi dos años, hasta el 30 de agosto de 2021, elegir a un grupo coordinador de siete especialistas. En contraste, su desarticulación fue acelerada: en febrero de 2023, tres integrantes habían renunciado y a otros tres no se les renovó el contrato. Del grupo inicial, solo el forense colombiano Jairo Vivas permaneció en el organismo, que únicamente firmó convenios de colaboración con las fiscalías de San Luis Potosí, Tamaulipas y Zacatecas. En los demás estados, las autoridades ministeriales alegaron que la falta de personalidad jurídica les impedía establecer acuerdos con el mecanismo o simplemente no respondieron al llamado de cooperación porque no estaban obligadas a hacerlo.

En abril de 2024, al forense Vivas tampoco se le renovó el contrato. Desde entonces, el MEIF se quedó sin coordinadores.

“Me imagino que al gobierno no le gustó que este mecanismo fuera creado por las familias y para las familias. No era una creación de Estado y se dedicó a desmantelarlo”, afirma Ugalde, el vocero del MNDM.

El CNIH, anunciado como un proyecto único enfocado a la identificación masiva de cuerpos, es decir, a partir de la comparación automatizada de miles de datos de los cadáveres NN y de las personas desaparecidas, desalojó este año su sede en Xochitepec, Morelos, y su personal se redujo de 59 a 33 especialistas.

Como sucedió con el MEIF, al centro lo desmantelaron antes de que tomara vuelo. Un oficio obtenido vía transparencia informa que, hasta el 31 de mayo de 2024, el CNIH apenas había logrado 22 coincidencias del cruce de perfiles genéticos de familiares de personas desaparecidas y cuerpos NN, que derivaron en 14 identificaciones. A través del análisis de huellas dactilares, el centro logró ocho identificaciones más.

Al igual que el mecanismo, el CNIH no tiene bajo su resguardo ninguno de las decenas de miles de cuerpos que debe identificar. Su función se limita actualmente a auxiliar a las fiscalías o comisiones estatales de búsqueda que solicitan su colaboración.

“El CNIH notifica y proporciona toda la información relacionada con una coincidencia, ya sea genética, lofoscópica [mediante la comparación de huellas dactilares] o [de] análisis post mortem [a partir del estudio de los cadáveres], siendo tarea de las fiscalías concluir una coincidencia en identificación”, indica el oficio.

La directora del Equipo Mexicano de Antropología Forense (EMAF), Roxana Enríquez, señala que un factor determinante para la operatividad tanto del MEIF como del CNIH era contar con facultad jurídica; eso les hubiera permitido realizar labores de identificación en los cuerpos que resguardan las fiscalías.

Sin esa posibilidad, dice la especialista, no hay forma de que las instituciones forenses —que en su mayoría forman parte de las fiscalías— compartan información sobre los cadáveres NN. “Son buenas ideas [el MEIF y el CNIH], pero con una ejecución muy deficiente”.

La nueva apuesta, impulsada por la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, y el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA, por sus siglas en inglés), es la entrega de 300 escáneres portátiles de huellas dactilares a comisiones de búsqueda y fiscalías estatales, la Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional. Estos equipos, financiados por el gobierno alemán, permiten obtener una imagen de la huella dactilar en un formato compatible con el que utiliza el Instituto Nacional Electoral (INE) en el padrón de votación. 

La alternativa no es nueva y tampoco ha dado resultados a gran escala. Entre 2016 y julio de 2024, 28 fiscalías estatales y la federal, la extinta Comisión Nacional de Seguridad, la Secretaría de Relaciones Exteriores y la CNB, realizaron 78,523 solicitudes al INE para comparar huellas dactilares. Solo 25,271, el 32.1%, tuvieron una coincidencia con el padrón electoral; de ese número, únicamente en 11,242, el 14.3%, un perito de la fiscalía pudo confirmar la coincidencia, según un informe del instituto.

El INE advierte que, además de la confirmación del perito, se requiere “localizar a los familiares o conocidos de la persona para que pueda ser plenamente identificada”. Esta cifra final se desconoce. 

En un comunicado del pasado 13 de septiembre, la Segob y la CNB aseguraron que “[…] mediante los procesos de identificación con la técnica de lofoscopía, en los que se utilizaron escáneres de huellas digitales, se identificaron 14 personas con vida y 178 fallecidas”.

Baraybar explica que el cruce de huellas dactilares es esencial cuando la persona fallecida todavía está en el Semefo. Pero el método tiene limitaciones: en el padrón electoral figuran ciudadanos mexicanos mayores de 18 años que han obtenido su credencial para votar, es decir, no es útil para encontrar menores de edad o a las miles de personas migrantes desaparecidas que pueden haber perdido la vida. Otro problema es que no existan huellas dactilares en el expediente de los cuerpos NN porque no se tomaron, o si lo hicieron, la imagen esté empastada, invertida o mal conservada.

Para los casos de víctimas que no son recientes, la comparación con el padrón electoral solo da pistas para la identificación. “Yo tengo la huella en mis archivos y la mando al INE, que me dice: ‘Sí, en efecto, se llama fulano de tal’. La pregunta ahora es: ¿Y el cuerpo dónde está? Cuando lo saquen, ¿cómo sé que es el cuerpo que corresponde a las huellas? El cuerpo ya no tiene huellas, es un esqueleto”, dice el especialista peruano. “Si yo en la época no conseguí realizar un estudio de ese cuerpo [para] saber si era hombre o mujer, o cuánto medía, va a ser bien complicado porque voy a estar comparando peras con manzanas. Acá tengo huella [en el archivo], pero acá ya no tengo huella [en el cuerpo]”.

Los retrasos de la FGR

Durante el gobierno de Peña Nieto, las familias buscadoras lograron que en la Ley General en Materia de Desapariciones, aprobada a finales de 2017, se estableciera la creación de herramientas para agilizar las identificaciones: el Banco Nacional de Datos Forenses (BNDF) y el Programa Nacional de Exhumaciones e Identificación Forense, ambos a cargo de la FGR.

El programa nacional debe contener la metodología que permita realizar una revisión exhaustiva de las investigaciones ministeriales y los documentos forenses sobre los cuerpos NN. Busca saber cuántos son, en qué panteones están enterrados, elaborar un listado de lugares de inhumación clandestina, y determinar qué estrategias regionales o locales existen para desenterrar los cadáveres y poder ubicarlos para su posterior identificación.

Desde 2019, la FGR solo ha reportado como avance la realización de un diagnóstico, actualizado en 2023, que es el primer paso para elaborar el programa.

El BNDF permitirá realizar identificaciones de manera masiva, al comparar los datos de las personas desaparecidas con los de quienes fallecieron sin ser identificados. Esta herramienta debe incluir el Banco Nacional de Información Genética y los registros nacionales de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas, y de Fosas Comunes y Fosas Clandestinas.

Aunque debió crearse en 2019, la FGR incumplió este mandato hasta que fue obligada por una sentencia del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, que falló en abril de 2023 a favor de Olimpia Montoya, quien busca a su hermano Marco Antonio, desaparecido en Guanajuato en 2017. La activista alegó que la falta del BNDF violaba su derecho a la verdad y el acceso a la justicia porque los perfiles genéticos que dio su familia a la FGR —que investiga la desaparición— no se estaban comparando con la información genética de los cuerpos sin identidad del país.

Montoya destaca que el BNDF ayudará a todas las familias buscadoras de México, y también de Centroamérica, porque tendrán la certeza de que la persona desaparecida no llegó a la morgue de otro estado. “Esa herramienta nos garantiza que nuestro familiar sea buscado a nivel nacional verdaderamente, porque la realidad es que todavía las familias peregrinan de fiscalía en fiscalía llevando sus pruebas genéticas”.

La sentencia del tribunal es inapelable para la institución encabezada por Alejandro Gertz Manero, quien deberá concretar el BNDF en el próximo sexenio, pero su cumplimiento va lento. Según datos obtenidos por transparencia, en marzo de 2024 el Registro Nacional de Personas Fallecidas No Identificadas y No Reclamadas solo incluía información de 490 cuerpos NN de los 72,172 que hay en el país.

“En pláticas entre colectivos, nos hemos dado cuenta de que hay fiscalías que todavía no proporcionan toda la información”, lamenta Montoya.

¿Cómo regresarlos a casa?

A diferencia de países como Argentina, Chile, Guatemala, El Salvador o Perú, que padecieron dictaduras o guerras internas con miles de víctimas, en México no se vive un “periodo posconflicto” en que las desapariciones y los cadáveres NN puedan disminuir, advierte Baraybar, miembro fundador del Equipo Peruano de Antropología Forense.

“No hay soluciones técnicas mágicas que resuelvan el problema en un año o en dos”, subraya, “o [que permitan] decir ‘nuestros indicadores ahora van a ser 5,000 identificaciones por año’”. Por eso, coincide con Enríquez en que la solución a la crisis forense requiere evaluar las políticas del pasado y pensar en medidas a largo plazo que se adecuen a los problemas regionales.

La suma de técnicas, agrega Baraybar, como la comparación de perfiles genéticos, de huellas dactilares u otro método que surja, son solo una parte de la solución. Para resolver el problema es necesario saber cuáles son las dificultades para la identificación a un nivel micro o regional. 

“Lo que nos falta es la granularidad para entender la dimensión del problema, que no es la misma en todos los estados, y habría que entender [también] qué sí ha funcionado”.

A partir de ese diagnóstico detallado, dice, tendría que diseñarse y aplicarse una política pública que contemple los especialistas, la infraestructura y el presupuesto necesarios en cada región. Enríquez agrega que la falta de investigaciones por parte de las fiscalías sobre las desapariciones y los hallazgos de cadáveres en lugares como fosas ilegales o predios donde se incineraron cuerpos o se diluyeron en ácido, conocidos como sitios de clandestinidad o exterminio, dificulta que los forenses puedan identificar a las víctimas. 

“Hasta ahora se ha recuperado una gran cantidad de cuerpos de personas fallecidas no identificadas en estos sitios de clandestinidad y no sabemos nada de esos lugares. No sabemos a partir de cuándo funcionaron ni tenemos análisis de contexto para elaborar hipótesis de quiénes podrían encontrarse en estos sitios, cuáles son los grupos que están operando, cuál es el perfil de las víctimas y, con ese antecedente de información, poder perfilar algunas hipótesis de identificación”, explica la directora del EMAF.

Involucrados desde hace años en el trabajo de los Semefos como parte de sus búsquedas, los colectivos de familiares de personas desaparecidas tienen ideas claras sobre lo que hace falta para paliar la crisis forense.

“[Las autoridades] no tienen los protocolos, no tienen el presupuesto, no tienen el personal, no están los centros regionales con capacidad de hacerlo [las identificaciones]. No existe la infraestructura y eso tiene que ver con voluntad política y coordinación entre autoridades. Eso sería fundamental para regresarles a casa”, argumenta Ugalde.

“Todos tenemos derecho a tener una identidad, y a ellos, lo primero que les quitaron al ser desaparecidos fue su identidad”, defiende Montoya. La buscadora lamenta que a los cuerpos NN se les vea solo como números. “Incluso dentro de las fiscalías son tratados como objetos, ya no como personas. Llegan y dicen ‘es un grupo de restos óseos’. Pero siguen siendo un ser humano, una persona que tuvo una familia y que, por una condición externa, fue desaparecida”. Por eso, devolverles el nombre, afirma, no solo es un acto de humanidad o un derecho de las víctimas, también es un acto de amor.

La base de datos, la nota metodológica y los documentos originales entregados por las autoridades forenses pueden descargarse en el siguiente enlace: https://quintoelab.org/project/crisis-forense-2024 

www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).

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AMEXI. Ciudad de México. 17 de septiembre de 2024.- Rosa Icela Rodríguez, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), recordó que desde que asumió el cargo ha mantenido reuniones con el gabinete de seguridad en el Palacio Nacional o en los estados donde se lleven a cabo las giras.

En el Palacio Nacional, Rosa Icela Rodríguez presentó un video ya que este martes es el último informe en materia de seguridad que se presentará en las conferencias con López Obrador.

En la proyección se dio cuenta de que se instalaron 32 mesas de seguridad estatales y 266 mesas regionales, además de que se atendieron las causas de la inseguridad con programas sociales del Bienestar, en especial para jóvenes.

Se detalló que se atendieron más de 264 mil estudiantes en las redes de prevención para violencias para jóvenes y se realizaron ferias de paz y canje de armas.

En el video se dio cuenta de que en junio de 2019 se creó la Guardia Nacional y con ello se dio prioridad a las acciones de inteligencia en contra de las organizaciones delictivas, creando ocho equipos de trabajo en siete entidades federativas.

En la numeralia, la SSPC informó que el homicidio bajó 19%, mientras que hubo una reducción de incidencia de delitos, además de que el robo de hidrocarburos disminuyó 94.2%, el secuestro cayó 77%, mientras que el robo se redujo 30% y el feminicidio, 41%.

Le pega la nostalgia a AMLO, encabeza sus últimas “mañaneras”

Previo al reporte, López Obrador anunció que la conferencia de prensa de este martes es prácticamente la última donde se presentarán datos en materia de seguridad, ya que está a 10 mañaneras de poner fin a su concepto de “diálogo circular”.

Recordó que el próximo 30 de septiembre termina su ciclo de conferencias por la mañana. “Ya estamos por concluir nuestro mandato, estaba haciendo la cuenta y nos faltan 10 conferencias matutinas”, comentó.

El promedio de oyentes de las conferencias en vivo anteriormente era de 180 mil, pero el pasado 2 de abril alcanzó los 225 mil espectadores.

En 2023, López Obrador alcanzó casi 50 millones de vistas en YouTube derivado de la emisión de ‘La Mañanera’; hecho que lo posicionó como el ‘streamer’ más visto de toda Latinoamérica, según Streams Charts.

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EFE. Ciudad de México. 01 de septiembre de 2024.- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, aseveró este domingo en su último Informe de Gobierno oficial que la economía de México creció un promedio de 1 % anual en su sexenio (2018-2024), con lo que ocupa ahora el lugar 12 en el mundo desde el sitio 15 previo.

«En el sexenio, aun con la pandemia (de covid-19), esa crisis no se había visto cuando menos en el último siglo de nuestra historia, esa caída en la economía por la pandemia que afectó a México y el mundo, aun con eso, vamos a terminar el sexenio con un crecimiento promedio del 1 %», declaró en el Zócalo de Ciudad de México.

López Obrador rindió este domingo su último Informe de Gobierno oficial, en el que hizo un balance de su sexenio (2018-2024) antes de entregar la banda presidencial el 1 de octubre a su sucesora, Claudia Sheinbaum, de su mismo partido, el Movimiento Regeneración Nacional (Morena).

En su discurso, el mandatario consideró el crecimiento del producto interior bruto (PIB) como «algo verdaderamente excepcional ante un entorno económico extremadamente difícil en el país y en el mundo”.

«A pesar de la pandemia y de la crisis mundial desatada por la guerra entre Rusia y Ucrania, y luego de la caída de hasta 8,5 % de la economía en el 2020, nos volvimos a levantar y del 2021 a la fecha hemos crecido 3,4 % promedio anual», manifestó.

El presidente destacó que, con base en datos del Banco Mundial de 2018 a 2023, «la pobreza en México pasó de 34,3 millones de personas a 24,7 millones, es decir, en 5 años 9,5 millones de mexicanos salieron de la pobreza”.

También aseveró que «México está considerado como uno de los países más atractivos para invertir y hacer negocios», al citar un récord de 36.000 millones de dólares de inversión extranjera directa (IED) en 2023 y de 31.000 millones de dólares en la primera mitad de 2024.

“En este sexenio desplazamos a China y a Canadá y hoy somos el principal socio comercial de Estados Unidos. Por primera vez, en más de 50 años, el peso no se ha devaluado, por el contrario, nuestra moneda ocupa el segundo lugar en el mundo en fortaleza con relación al dólar», señaló.

Además, expresó que la inflación general se ha controlado a una tasa de 5,16 % en la primera quincena de agosto.

Sobre trabajo, reportó más de 2,3 millones de empleos formales nuevos inscritos en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), hasta totalizar 22,38 millones.

Mientras que la tasa de informalidad cayó 4,2 puntos en el sexenio hasta el 54,3 %.

“Somos el segundo país del mundo, y eso que yo no prometí que iba a ser el presidente del empleo, con menos desempleo. En 2018 el salario promedio de los trabajadores inscritos en el seguro social era de 352 pesos diarios (17,6 dólares), hoy es de 587 pesos (29,35 dólares», expuso.

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Por Arturo Huerta González

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 04 de julio de 2024.- El subsecretario de Hacienda Gabriel Yorio el 25 de junio de 2024 dijo que la economía está creciendo y “se tiene estabilidad económica, una política monetaria que está coordinada con una política fiscal, la inflación está bajando”. Hacienda continúa justificando su política de austeridad fiscal sin reconocer el impacto negativo que ha tenido, que ha llevado a un crecimiento de 0.9% promedio anual en lo que va del sexenio y una inflación que no ha llegado a la meta establecida de 3%. No hay coordinación alguna entre la política monetaria y fiscal, pues las altas tasas de interés establecidas por Banxico han elevado el costo de la deuda pública y el déficit fiscal financiero que limita la capacidad de gasto e inversión del gobierno. La política predominante no garantiza la estabilidad económica. Se presentan presiones sobre el sector externo, sobre las finanzas públicas y privadas, aumento de insolvencia en el crédito al consumo y en las tarjetas de crédito y la economía depende de la entrada de capitales que la coloca en un contexto de vulnerabilidad. La estabilidad económica debe garantizar condiciones de crecimiento económico y alto empleo formal bien remunerado, lo que no acontece en la economía nacional.

Por otra parte, siguen predominando posiciones de que “la tarea más importante para la secretaría de Economía es aumentar las exportaciones, evitar controversias comerciales (comprometerse a respetar los acuerdos del T-MEC) y atraer más inversión extranjera”. Y se pronuncian por “replantear política productiva hacia nearshoring”. No se puede seguir apostando al crecimiento de exportaciones, pues ello no ha impulsado el desarrollo industrial y de la economía y además el comercio mundial se está desacelerándo. En esa estrategia de crecimiento hacia fuera son las empresas transnacionales las que ganan en ello, no el país. No se pude descansar el crecimiento en la entrada de inversión extranjera. Aquellos que dicen que se deben respetar los acuerdos del T-MEC, no reconocen que el gobierno de EUA no los ha venido cumpliendo al otorgar subsidios a sus empresas que el tratado los prohíbe. El T-MEC no ha sido beneficioso para el país. México debe pronunciarse por generar condiciones endógenas de crecimiento para depender menos del exterior, para lo cual hay que incrementar el gasto público, bajar la tasa de interés, establecer políticas agrícola e industrial para sustituir importaciones y crecer hacia el mercado interno, como para incrementar el valor agregado nacional de lo que se exporta para reducir el déficit de comercio exterior y los requerimientos de entrada de capitales.

Hay una posición generalizada por parte de académicos y empresarios de que se requiere una reforma fiscal progresiva para incrementar ingresos públicos para solventar necesidades de gasto, que ayude a combatir a la pobreza y la desigualdad y señalan que hay “insuficiencia en la disponibilidad de recursos públicos”. Estos son planteamientos tradicionales que colocan al gobierno como si fuese una empresa o una familia que dependen de sus ingresos para poder gastar. Un gobierno soberano que controla la moneda simplemente gasta y recauda lo que gasta. Si el gobierno quiere recaudar más, debe gastar más a favor de la producción y el empleo, y así incrementar el ingreso nacional para ver aumentada su recaudación, que financiaría el mayor gasto realizado. No hay insuficiencia de recursos públicos. El gobierno no requiere de impuestos ni emitir deuda para gastar, simplemente que la política monetaria acompañe a la política fiscal. La deuda pública se emite después de haber gastado y es para regular la liquidez y las reservas bancarias. Lo que limita el gasto público son los recursos reales con los cuales cuenta la economía. No se puede gastar más de la plena capacidad productiva existente, pues generaría inflación e incremento de importaciones. La economía cuenta con capacidad ociosa y desempleo y subempleo que pueden ser usados con la expansión del gasto sin que ello ocasione inflación. Los impuestos deben gravar al sector bancario-financiero y a las grandes empresas para reducir la desigualdad de la riqueza existente en el país.

En un seminario organizado por la Cepal y la Friedrich Ebert Stiftung el 26 de junio, los participantes mencionaron que para el caso de México es “necesario el Estado para crear políticas de desarrollo productivo y que se requiere reconstruir el Estado debido a que ha habido destrucción de las capacidades institucionales del mismo”. Pero, no se dijo nada respecto de los cambios constitucionales y de leyes que los gobiernos neoliberales llevaron a cabo para realizar la destrucción de las capacidades institucionales del Estado. En ello se ubica la autonomía del banco central, que le quitó el control de la moneda al gobierno y lo ha obligado a trabajar con austeridad fiscal, lo que ha reducido el tamaño y participación del Estado en la economía. Y dentro de estos cambios constitucionales y de leyes se ubica también el libre comercio, la libre movilidad de capitales y la desregulación del sector bancario-financiero, que terminaron con el control del Estado sobre el movimiento de mercancías y capitales y el sector financiero, y las consecuencias de ello han sido el pobre crecimiento, mayor pobreza y desigualdad del ingreso que la economía viene enfrentando desde que esas políticas pasaron a predominar desde los años ochenta del siglo pasado.

Banxico por su parte mantiene la alta tasa de interés al 11.0%, lo que implica que continuarán las presiones sobre las finanzas públicas y privadas, dados sus niveles de endeudamiento y con ello los recortes de gasto e inversión para cubrir el alto costo de la deuda. Ello contraerá más la actividad económica y con esa alta tasa de interés la banca seguirá con sus excesivas ganancias, que se reducirán conforme aumenten los problemas de incapacidad de pago de la deuda y de hecho las ganancias en el 2024 están siendo menores que en el 2023.

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