EFE. Veracruz, México. 23 de febrero de 2024.- Siete personas fueron asesinadas este viernes cuando viajaban en una camioneta en la región serrana de Veracruz (este de México), que sufre una ola de violencia relacionada con el narcotráfico y conflictos políticos.

De acuerdo con fuentes policiales, el ataque ocurrió por la mañana en el municipio de Acultzingo, asentado en la región montañosa central, donde autoridades locales, la Guardia Nacional y el Ejército mexicano montaron un operativo de seguridad.

Las víctimas, cinco hombres y dos mujeres, quedaron tendidos sobre el suelo, la mayoría alrededor de la camioneta, que quedó bajo resguardo de la Fiscalía General del Estado (FGE) para iniciar las investigaciones e identificar los cuerpos.

Las autoridades no informaron de las identidades de las personas asesinadas, ni de posibles sospechosos, ni de una teoría sobre el motivo del crimen.

Durante este año, Veracruz ha sufrido un aumento de la violencia en medio del proceso electoral para renovar el Gobierno estatal y 50 diputaciones locales.

A finales de enero pasado, aparecieron al menos ocho cuerpos desmembrados en dos vehículos en el puerto de Tuxpan. También, se presentó el asesinato de un dirigente local del partido izquierdista de la Revolución Democrática (PRD) y del presidente municipal de Sayula de Alemán, Andrés Valencia Ríos, perteneciente al partido opositor Acción Nacional (PAN).

En las últimas dos décadas, Veracruz ha sufrido de la violencia relacionada con la operación de cárteles de la droga, que han diversificado sus actividades al secuestro, tráfico de migrantes y la extorsión a empresarios.

Las autoridades atribuyen la mayoría de los hechos a la disputa entre distintos grupos delincuenciales.

Durante 2023, Veracruz se ubicó en la séptima posición nacional con el mayor número de hechos de extrema violencia, según documentó la organización civil Causa en Común.

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EFE. Chilpancingo, México. 21 de febrero de 2024.- La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero, sur de México, localizó cinco cuerpos calcinados en la sierra de la Tierra Caliente, en un hecho relacionado con la pugna entre grupos de la delincuencia organizada por el control de la zona.

Este martes se difundieron videos de una presunta masacre que habría ocurrido en la sierra del municipio de San Miguel Totolapan contra presuntos integrantes del grupo delictivo la Familia Michoacana.

Los datos y las cifras que se obtuvieron del presunto asesinato en grupo fueron obtenidos de los propios videos y en ellos los integrantes del grupo Los Tlacos presumían que eran 20 los hombres que habían asesinado.

También mencionan que se trataba de la comunidad de Las Tunas y que los agresores era precisamente de Los Tlacos.

En cinco videos se observaron a hombres, algunos jóvenes, asesinados a balazos, quienes vestían ropa tipo militar y un grupo en un parapeto hecho de rocas.

A pesar de que los sujetos ya estaban muertos, los atacantes continuaban con los disparos y ráfagas en su contra. En uno de los videos se mostró cómo apilaban cuerpos, posteriormente les prendían fuego y continuaban con los disparos.

Hasta la noche de este martes, la FGE informó que tras la difusión de los videos se trasladó al sitio un grupo de la Policía Investigadora Ministerial, peritos, Policía Estatal y Ejército Mexicano para intentar corroborar los hechos.

“Se trasladaron a la comunidad Las Tunas, en la sierra del municipio de San Miguel Totolapan para corroborar los hechos, en donde localizaron los cuerpos de cinco personas calcinadas”, precisó.

Además, la FGE informó que se abrió una investigación por el delito de homicidio calificado y que los cuerpos sin identificar se trasladarán al Servicio Médico Forense (Semefo) para las indagatorias complementarias.

En enero de 2024 se registró una situación similar en la sierra de Heliodoro Castillo, en donde la Familia Michoacana habría atacado a por lo menos 30 pobladores, pero al llegar las autoridades encontraron una camioneta calcinada con los restos de cinco cuerpos.

La violencia en la sierra de Guerrero, entre las regiones Costa Grande y Tierra Caliente, se ha recrudecido desde 2023 por el avance de la Familia Michoacana en el territorio, de acuerdo con lo denunciado por pobladores.

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• El pasado 24 de noviembre, a Higinio Trinidad de la Cruz lo desaparecieron después de acudir a una cita en las oficinas de la presidencia municipal de Cuautitlán de García Barragán, en Jalisco. Un día después, su cuerpo fue localizado en la Sierra de Manantlán.  

• Higinio Trinidad, al igual que otros integrantes de la comunidad indígena de Ayotitlán, era beneficiario del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras del gobierno federal desde abril de 2021. Su desaparición y asesinato ocurre un mes después de que personal del mecanismo visitó a pobladores de la Sierra de Manantlán. 

• El nombre de Higinio Trinidad de la Cruz se suma al de Celedonio Monroy Prudencio y al de J. Santos Isaac Chávez, defensores de Manantlán que también fueron desaparecidos y asesinados. Los tres denunciaron la tala, la minería ilegal y el control del territorio por parte de grupos del narcotráfico en la Sierra de Manantlán; también participaron en los procesos legales en contra de la mina que, desde 1975, extrae hierro en la región. 

• Con su caso se eleva a 37 el número de personas defensoras de ambiente y territorio en México que, desde diciembre de 2006, han sido víctimas de desaparición y han sido localizadas sin vida.

Por Analy Nuño

Periodistas Unidos / A Donde Van los Desaparecidos. 30 de noviembre de 2023.- Higinio Trinidad de la Cruz hablaba fuerte y directo, saludaba con un apretón de manos, siempre vestía camisa y pantalón de mezclilla; su atuendo también incluía un maletín con documentos. Desde la desaparición de su compañero en la defensa del territorio, Celedonio Monroy, en 2012, aprendió a torear los ataques y amenazas. Él no quería irse de Lagunillas, no quería dejar la Sierra de Manantlán, esa región de Jalisco que ha estado marcada por la tala, la minería legal e ilegal y la presencia de los grupos del narcotráfico. Desde 2022, las amenazas en su contra aumentaron. Aún así no abandonó su tierra. La última vez que se le miró con vida fue entrando a una oficina de gobierno.

La mañana del pasado viernes 24 de noviembre, Higinio Trinidad de la Cruz acudió a la presidencia municipal de Cuautitlán de García Barragán, ahí lo citó el presidente municipal Jesús Delgado Camberos Durante. El resto del día y la noche, su familia no tuvo noticias de él. Incluso, la organización no gubernamental Tsikini, que acompaña legalmente a la comunidad de Ayotitlán, alertó en la red social X sobre la desaparición del defensor indígena nahua, quien al igual que una veintena de pobladores de la Sierra de Manantlán se encontraba dentro del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras del gobierno federal.

El sábado 25 de noviembre, el cuerpo de Higinio Trinidad fue localizado sin vida —con huellas de violencia y un disparo— cerca del puente Arroyo Hondo en el poblado Las Marías del Ejido de Ayotitlán, en la Sierra de Manantlán. 

A principios de octubre de este año, una investigación realizada por Mongabay Latam, Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos documentó que 93 personas defensoras del ambiente y el territorio habían sido víctimas de desaparición desde el 1 de diciembre de 2006 hasta el 1 de agosto de 2023. Entre esos defensores estaba Higinio Trinidad de la Cruz. Antes de su desaparición y asesinato, él ya había recibido varias amenazas por su defensa al territorio.

El 20 de mayo de 2022, Higinio Trinidad fue sacado de su domicilio, en la comunidad de Lagunillas, por integrantes del crimen organizado. Minutos antes esos hombres realizaron la misma acción en contra de otro defensor, de quien se reserva su nombre por seguridad. Ambos fueron trasladados hasta el crucero de Tequesquitlán. Ahí fueron interrogados y amenazados. Un hombre que se identificó como “El Jefe” les advirtió que debían detener su lucha en contra de las actividades mineras en la región; y ordenó su liberación en medio de un operativo federal de búsqueda encabezado por la Guardia Nacional. A las 16:00 horas de ese mismo día, fueron liberados.

Esa desaparición temporal de Higinio Trinidad de la Cruz abrió el camino para que las amenazas en su contra comenzaran a ser más recurrentes. Aún así, el defensor no dejó la Sierra de Manantlán; incluso, comenzó a visibilizarse más cómo el mejor prospecto a candidato al Comisariado del Ejido de Ayotitlán para las elecciones que se realizarán en abril de 2024. 

El nombre de Higinio Trinidad de la Cruz, quien tenía 44 años, ahora se suma al de Celedonio Monroy Prudencio y al de J. Santos Isaac Chávez, quienes también fueron desaparecidos y asesinados. Los tres denunciaron la tala, la minería ilegal y el control del territorio por parte de grupos del narcotráfico en la Sierra de Manantlán; también participaron en los procesos legales en contra de la mina Peña Colorada que extrae hierro en la región y que desde 2005 pertenece a las empresas ArcelorMittal y Ternium.

Con su caso, además, se eleva a 37 el número de personas defensoras de ambiente y territorio que, desde diciembre de 2006, han sido víctimas de desaparición y han sido localizadas sin vida. 

“Desaparecen a Celedonio Monroy y yo fui víctima de persecuciones, de amenazas; yo no dormía en mi casa, en las noches me iba a otro lado. Del 2012 para acá las cosas empezaron a cambiar, empezamos a sufrir señalamientos y amenazas; me persiguieron en una camioneta, una persecución y me fugué, ahí empezó a cambiar mi vida. A partir de ahí empezaron a ocurrir otros levantamientos, pero yo nunca huí del pueblo, siempre los estuve toreando”, contó Higinio Trinidad de la Cruz, en febrero pasado, en un lugar a más de 100 kilómetros del Ejido de Ayotitlán, a dónde se trasladó para tener una entrevista con esta reportera.

Primero, Celedonio; después, J. Santos y ahora, Higinio

Oriundo del poblado de Lagunillas, del ejido de Ayotitlán, el defensor del territorio y abierto opositor a la minería fundó en 2009 la asociación civil Promejico Nueva Ruralidad Jalisco, filial de una organización con presencia en 12 estados de México. Ahí trabajó de la mano con Celedonio Monroy, defensor de la Sierra de Manantlán desaparecido en 2012 y que, hasta ahora, sigue sin ser localizado. 

Los años siguientes, con una importante presencia política en la zona y la defensa activa de los recursos naturales, impulsó y gestionó proyectos productivos vía subsidios estatales y federales. Cuando fue asesinado era miembro del Consejo Consultivo de la Comisión Estatal Indígena.

Durante 2020 y 2021, acompañó y apoyó activamente la campaña al Comisariado Ejidal de J. Santos Isaac Chávez, desaparecido el 1 de abril de 2021 y tres días después localizado sin vida con huellas de violencia en la localidad de Las Marías, cerca de la zona donde fue encontrado el cuerpo de Higinio Trinidad de la Cruz.

Después de que fue víctima de desaparición, en mayo de 2022, Higinio Trinidad elevó su perfil como defensor del territorio e inició juicios sucesorios para el reconocimiento de los derechos agrarios de 140 familias de la comunidad indígena de Ayotitlán. Hasta el día de su asesinato había logrado sentencias en las que se reconocen a 140 personas como titulares de las tierras de sus padres fallecidos, y con ello se sumaran como ejidatarios con voz y voto en las elecciones de comisariado ejidal. 

De acuerdo con integrantes de la comunidad, esta situación molestó al actual Comisariado Ejidal, Roberto Cobián Gutiérrez, ya que significaba actualizar el padrón del Registro Agrario Nacional. Además, los nuevos 140 ejidatarios serían acreedores al pago por ocupación temporal de tierras ejidales concesionadas a la minera Benito Juárez Peña Colorada, que desde 2005 pertenece a dos trasnacionales del acero que poseen, cada una, el 50 % de las acciones: ArcelorMittal, la mayor compañía siderúrgica y minera del mundo por producción, y Ternium, parte del grupo italoargentino Techint, que se presenta como la siderúrgica líder en Latinoamérica.

Anualmente, estas empresas extraen de Peña Colorada 4.1 millones de toneladas de pellet o hierro molido, lo que representa el 33 % del consumo anual de la industria en el país.

La cercanía y visibilidad que tomó Higinio en los últimos dos años lo colocaron como el mejor prospecto a candidato al Comisariado Ejidal para las elecciones que se realizarán en abril de 2024. En febrero de 2023, durante la entrevista con esta reportera, manifestó abiertamente su interés por contender al cargo. Sin embargo, dos meses antes de su asesinato, reconoció que valoraba esa posibilidad ante las amenazas que estaba recibiendo y la vigilancia constante de personas armadas afuera de su domicilio o cuando se trasladaba a algún lugar.

“Qué mejor que un día nos toque representar el Ejido para checar todo eso, en primer lugar parar las minas y revisar convenios (con Ternium y ArcelorMittal), y decir: ‘vamos a parar esto y nos vamos a meter con la Ternium para ver qué onda’. Es lo que queremos hacer, trabajando, haciendo sinergia, creando un equipo. Todo lo que hemos hecho lleva algo positivo pero ya necesitamos ver algo concreto”, dijo en la entrevista realizada en febrero pasado.  

Días después del asesinato de Higinio Trinidad de la Cruz, integrantes de la comunidad indígena de Ayotitlán fueron amenazados. Hombres armados se presentaron en las casas de varios ejidatarios y les advirtieron que “hay cinco personas en lista; que les va a pasar lo mismo”. Fue por ello que el pasado martes 28 de noviembre, los líderes de mayor edad del ejido salieron de la región. 

Un mecanismo de protección que no funcionó 

En abril de 2021, tras la desaparición y posterior asesinato de J. Santos Isaac Chávez, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió medidas cautelares para salvaguardar la integridad de una veintena de integrantes de la comunidad indígena de Ayotitlán ante “actos de violencia perpetrados por el crimen organizado”. Cuatro meses después, ese grupo de la comunidad, del cual era parte Higinio Trinidad, ingresó como beneficiario al Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.

Las medidas cautelares dictadas por la CNDH y acciones de protección del mecanismo gestionado por la Secretaría de Gobernación, incluían dotar a integrantes de la comunidad de equipos de comunicación, de un botón de emergencia y asistencia, así como patrullaje de la Guardia Nacional, entre otros aspectos. Además, cada seis meses el mecanismo debe “re-evaluar” la situación de seguridad de la comunidad, para determinar si continúan activas las medidas o se concluye el expediente y retira la protección.

Pese a las medidas de protección implementadas, los ataques contra los integrantes de la comunidad indígena de Ayotitlán y pobladores de la Sierra de Manantlán no cesaron, por el contrario continuaron en forma intensa. La mejor muestra es la desaparición y asesinato de Higinio Trinidad de la Cruz.

Además, el mecanismo del gobierno federal no cumplió con los plazos establecidos para realizar las re-evaluaciones. En abril de 2022 se llevó a cabo una evaluación y se programó una visita para noviembre de ese año, la cual fue pospuesta hasta febrero de 2023. Al final, esa visita se canceló de último momento y fue hasta finales de octubre de este año que integrantes del mecanismo acudieron a Manantlán.

Una visita tardía que no dio seguridad

Treinta y ocho días antes de la desaparición forzada y asesinato de Higinio Trinidad, a finales de octubre, en el barrio de La Chinera, frente al panteón del poblado de Telcruz, una veintena de habitantes de la región se reunió con representantes del mecanismo de protección.

Después de varios meses de espera y múltiples peticiones para que acudiera una comitiva del mecanismo, Ricardo Luviano Chino y Diana Karina Serrano, integrantes de la Unidad de Evaluación de Riesgos de la Secretaría de Gobernación, visitaron la zona para hacer la “re evaluación de la seguridad” y documentar los ataques, amenazas y desplazamientos a consecuencia de la defensa del territorio y el ambiente ocurridos en los últimos 18 meses en la Sierra de Manantlán.

Bajo una palapa con un fogón de adobe del que salía humo de los últimos trozos de leña que fueron prendidos horas antes, los pobladores de Manantlán esperaron su turno para pasar, uno a uno, con alguno de los visitadores del mecanismo que levantaron las encuestas de seguridad y anotaron cada uno de los detalles narrados.

“Aquí estamos solos completamente, entre puro malandro, donde quiera tienen halcones, ahorita uno pensaría que estamos solos pero no, nos están escuchando, aquí andan y varios se acercaron. Nosotros después de esto (la visita del Mecanismo) nos vamos con miedo (a sus poblados) porque ya sabemos cómo se maneja aquí. A muchos los han levantado en los caminos; a todos nos conocen y todos estamos amenazados”, relató uno de los hombres incorporados al mecanismo que acudió a la cita y que, por seguridad, se resguarda su identidad.

“Van a ser tres años de estar amenazados, desde que mataron a Santos durante la campaña, y seguimos adelante siempre. Uno piensa que ya nos van a proteger y va a parar todo, pero aquí nos dicen que tienen varios en la lista para que nos levanten, somos varios que estamos expuestos por defender aquí”, dijo otro defensor del territorio y abierto opositor a la minería en la región.

Las amenazas, ataques, vigilancia y rondines de hombres encapuchados y fuertemente armados han sido sistemáticas en esa zona rica en minerales como el hierro y en donde también se encuentra la Reserva de la Biósfera Sierra de Manantlán. 

“Es un contexto complicado, es una zona complicada de difícil acceso, en donde también la seguridad o la protección se ve dificultada para poder asistir o llegar a esos sitios”, señaló Ricardo Luviano Chino, subdirector del área de Análisis de Riesgo, tras el levantamiento de testimonios en el poblado de Telcruz.

Luviano Chino explicó que las entrevistas se realizaron tanto a personas beneficiarias del mecanismo como a miembros de la comunidad que aún no ingresan, pero que solicitaron ser escuchados para su posible incorporación al plan de seguridad.

Durante las entrevistas, los señalamientos constantes fueron en torno a la violencia y amenazas generadas a raíz de la defensa del territorio y el ambiente, así como la postura en contra de la minería. Fueron reiterativos los señalamientos sobre la falta de acceso a la seguridad y de autoridades confiables. 

Luviano Chino señaló que la situación que se registra en la Sierra de Manantlán no es distinta a lo que sucede en otras zonas de México, donde defensores de derechos humanos están siendo agredidos y el contexto general es adverso.

“Afortunadamente, las personas que están incorporadas dentro de este mecanismo, sobre todo personas defensoras del medio ambiente, no tenemos registro de tantas agresiones fuertes. Sí tenemos registro de amenazas fuertes, de situaciones en donde hemos actuado junto con el gobierno de cada entidad, en dar protección a las personas. Entonces, sí es muy complicado y el contexto es adverso, pero se está trabajando, sobre todo en reuniones, también medidas políticas tanto con el gobierno como algunas otras instituciones que puedan dar apoyo”, señaló Luviano Chino.

Las acciones y actuaciones de las que habló entonces el representante del mecanismo no sirvieron para evitar la desaparición y asesinato de Higinio Trinidad de la Cruz. 

Tras las entrevistas y escucha de los incidentes ocurridos en los últimos 18 meses —tiempo transcurrido desde la última evaluación—, los integrantes del mecanismo tuvieron que identificar el nivel de riesgo en el que podrían encontrarse las personas de la comunidad, así como crear un plan de protección y determinar si continuaban las mismas medidas de protección que entonces tenía la comunidad. 

La Junta de Gobierno del mecanismo tenía planificado realizar el análisis el 30 de noviembre, pero como no podían asistir algunos miembros de la comunidad, ya que iban a estar en audiencias por el homicidio de Rogelio Rosales Ramos (ocurrido en 2020), hijo de  un activo defensor de la región, la discusión del caso se pospuso para diciembre o enero de 2024.

Para este texto se solicitó entrevista con algún representante del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero no se tuvo respuesta. 

Después de la visita, más amenazas

Los días siguientes a la visita de los evaluadores del mecanismo a la Sierra de Manantlán, miembros de la comunidad reportaron persecuciones y vigilancia de personas encapuchadas y armadas que circulaban en camionetas y motocicletas. En vídeos y fotografías a los que está reportera tuvo acceso, se puede observar cómo al pasar por las viviendas de los defensores, ubicadas en distintos poblados que están dentro del Ejido de Ayotitlán, los vehículos bajan la velocidad y observan detenidamente al interior de las casas. En algunos casos, los sujetos han permanecido afuera de las viviendas por varios minutos.

Uno de los defensores que reportó rondines de personas armadas cerca de su vivienda fue Higinio Trinidad de la Cruz. El hostigamiento y amenazas que sufrió por años, se cumplieron la mañana del 24 de noviembre cuando entró al edificio del ayuntamiento de Cuautitlán de García Barragán para reunirse con el presidente municipal, Jesús Delgado Camberos, quien la noche anterior, a través de un mensaje, lo citó en el recinto. 

La organización Tsikini ha recabado testimonios de personas que estaban en el lugar y que señalan que gente armada y encapuchada sacó a Higinio Trinidad de la Cruz del edificio de la presidencia por una puerta trasera.

La mañana del sábado, alrededor de las 10 horas, un cuerpo sin vida fue localizado en una brecha junto al río en la localidad de Las Marías. A la 1:36 de la tarde se confirmó que era Higinio Trinidad de la Cruz.

Personal del Mecanismo de Protección y elementos de Guardia Nacional acudieron a la zona para verificar los hechos, apoyar en los trámites e iniciar una evaluación de seguridad para el resguardo de la familia del defensor.

Tras darse a conocer la desaparición forzada y el asesinato del defensor, el Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos se pronunció a través de sus cuentas oficiales de redes sociales: “El defensor indígena había sufrido distintos incidentes previamente y era beneficiario de medidas de protección. Hacemos un llamado a las autoridades de los tres niveles a adoptar las medidas necesarias para garantizar la seguridad de quienes defienden los derechos humanos en esa región. Destacamos la necesidad de una investigación pronta y efectiva que permita sancionar a los responsables”. 

Mientras que la organización Tsikini exigió el esclarecimiento del homicidio, que la Fiscalía General de la República atraiga el caso, que se incluya como línea de investigación la participación del presidente municipal de Cuautitlán de García Barragán y este sea separado del cargo; el desarme de la policía municipal y la instalación de la una base de la Guardia Nacional en la zona así como mayor patrullaje.

Para este reportaje se llamó al ayuntamiento de Cuautitlán de García Barragán para solicitar una entrevista con el alcalde, pero no se tuvo respuesta. 

En entrevista para una televisora, el alcalde Jesús Delgado Camberos se refirió al homicidio como un hecho preocupante y evitó hablar de los señalamientos directos en torno a que fue él quien citó en palacio municipal al defensor antes de su desaparición.

“Es una situación indignante y preocupante —dijo— porque creo que habla de una situación complicada. Haremos lo que esté en nuestra parte y de la mano en lo que nosotros podamos cooperar y participar con la Fiscalía; estaremos atentos”.

* Este reportaje es parte del proyecto periodístico Defensores desaparecidos realizado por Mongabay Latam, Quinto Elemento Lab y A dónde van los desaparecidos. 

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• Se presentará en el Centro de Espectáculos La Maraka el próximo sábado 21 de octubre a partir de las nueve de la noche

• Boletos a la venta en el Sistema Ticketmaster y en taquillas del inmueble

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 24 de septiembre de 2023.- La legendaria banda del regional mexicano, K-Paz de la Sierra, regresa a la Ciudad de México para un concierto que promete ser inolvidable. La agrupación, reconocida por sus inconfundibles melodías duranguenses, se presentará en el Centro de Espectáculos La Maraka el próximo sábado 21 de octubre. Boletos a la venta en el Sistema Ticketmaster y en taquillas del inmueble.

Fundada en Chicago, Illinois en diciembre de 2002 por los talentosos músicos Sergio Gómez, Armando Rodríguez y Rafael Solís, ex miembros del renombrado grupo Montez de Durango, K-Paz de la Sierra ha dejado una marca imborrable en el mundo de la música regional mexicana.

El grupo lanzó su primer álbum de estudio, «Arrasando con fuego», en 2003, seguido de «Pensando en ti» en 2004, el cual incluyó el exitoso sencillo «Volveré». Esta canción se convirtió en un auténtico fenómeno, escalando rápidamente a los primeros lugares de popularidad en las listas de música tanto en México como en Estados Unidos.

Con una destacada trayectoria, K-Paz de la Sierra ha dejado un legado musical inigualable. Temas como «Volveré», «Mi credo» y «Pero te vas a arrepentir» se han convertido en himnos del regional mexicano, continuando su resonancia en fiestas, canales de televisión y emisoras radiales especializadas.

Además, la banda presentará su más reciente tema, «El día que puedas», en lo que promete ser una velada única y llena de emociones en el Centro de Espectáculos La Maraka. La cita es el sábado 21 de octubre a partir de las nueve de la noche.

No pierda la oportunidad de ser parte de este evento histórico y revivir los éxitos que han marcado generaciones. Las entradas estarán disponibles a través de los puntos de venta autorizados y en línea.

Con una exitosa carrera, K-Paz han conquistado los corazones de fans en México y más allá con sus icónicos temas duranguenses. Su legado musical sigue vigente, y continúan siendo una de las bandas más influyentes en el género regional mexicano.

K-Paz de la Sierra se presentará en el Centro de Espectáculos La Maraka el próximo sábado 21 de octubre a partir de las nueve de la noche. Boletos a la venta en el Sistema Ticketmaster y en taquillas del inmueble.

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EFE. Ciudad de México. 20 de septiembre de 2023.- El presidente mexicano, Andrés Manuel López Obrador, defendió este miércoles que fue “completamente legal” la extradición a Estados Unidos de Ovidio Guzmán, hijo de Joaquín “el Chapo” Guzmán, ante las quejas de los abogados del narcotraficante.

“Eso tiene que resolverlo la Fiscalía; es la que decide sobre los términos, los plazos, pero estoy seguro de que es totalmente legal, apegado a lo que establece la ley”, expresó el mandatario en su rueda de prensa diaria.

El presidente respondió a las acusaciones de la defensa de Ovidio, que el martes afirmó que la extradición del capo el viernes pasado a Estados Unidos “fue realizada fuera de los cauces legales y trastocó sus derechos fundamentales”.

Los abogados argumentaron que no se informó a su defensa “sobre dicha determinación de extradición” y “no se respetó el plazo de 30 días para impugnar mediante amparo el acuerdo de la Cancillería”.

Cuestionado por el tema, López Obrador contestó “que eso lo decide la Fiscalía General de la República” y “ellos pueden informar sobre este asunto”, pero justificó los plazos del proceso.

“La notificación de que se autorizaba la extradición corresponde a la Secretaría de Relaciones Exteriores y se hizo el día 13 de septiembre, el 13 se hace la solicitud, el 14 se notifica al detenido y el día 15 se lleva a cabo la extradición, eso es”, zanjó.

Ovidio, uno de los hijos más buscados del Chapo, se declaró este lunes no culpable de los cinco cargos de los que está acusado en el Tribunal de Distrito de Chicago.

El también conocido como “el Ratón”, detenido en enero pasado por México, está acusado de conspirar para distribuir droga, formar parte de una empresa criminal, exportar narcóticos a Estados Unidos, efectuar transacciones financieras con el producto de actividades ilegales y usar y portar ilícitamente armas de fuego.

Aunque la extradición ha despertado temores de una reacción violenta del Cártel de Sinaloa, López Obrador expresó que “claro que sí” hay condiciones para que acuda a Badiraguato, cuna de la organización criminal, a inaugurar una carretera.

“Sí voy a ir a la inauguración de ese camino de Badiraguato a Guadalupe y Calvo, Chihuahua, es un camino que atraviesa la sierra, que ayuda mucho a comunidades marginadas”, comentó.

“Para que le demos contexto y colorido, para que tengan los adversarios nota, fue el camino que fui a supervisar cuando llegó la mamá de Guzmán Loera (en marzo de 2020) a entregarme una carta para pedirme que interviniera para que sus hijas pudiesen ir a Estados Unidos a visitar a su hermano, a su hijo, Guzmán Loera”, añadió.

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AP: Cerocahui, México. 27 de junio de 2022.- El último viaje de los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora a su querida sierra Tarahumara en el noroeste de México, donde serán enterrados el lunes, fueron casi 400 kilómetros llenos de dolor pero endulzados con incienso, música y danzas de los indígenas rarámuris, a quienes dedicaron su vida.

Los restos de los sacerdotes de 79 y 80 años reposarán en las montañas donde trabajaron durante décadas en Cerocahui, en cuya iglesia fueron asesinados hace una semana junto a un guía turístico local al que intentaron ayudar cuando huía de un líder criminal de la zona.

En el último adiós a los religiosos, que comenzó el sábado con una misa en la ciudad de Chihuahua y culminará el lunes en Cerocahui, resuena una frase que resume la crítica no sólo de los jesuitas sino de toda la Iglesia católica y gran parte de la sociedad mexicana a la estrategia de seguridad del gobierno, que no ha logrado en más de tres años reducir la violencia: “Los abrazos ya no nos alcanzan para cubrir los balazos”.

Así lo afirmó el sábado el jesuita Javier Avila en alusión al lema presidencial que apuesta por luchar contra la inseguridad dando “abrazos, no balazos”, durante una misa de cuerpo presente en la ciudad de Chihuahua, lo que desató los aplausos de los asistentes y dejó sin voz por la emoción al compañero de los asesinados.

Desde ahí los féretros iniciaron la subida a la sierra, con paradas en varias localidades, por unas montañas de carreteras sinuosas, muchas todavía sin asfaltar, de gran pobreza y marginación y donde la violencia del crimen organizado, que tala esos bosques para plantar amapola y marihuana y utiliza los profundos cañones para operar sin ser visto, no ha hecho más que crecer en los últimos años, según denunciaron las víctimas.

Mientras tanto, las autoridades buscan al presunto asesino, identificado por un sacerdote superviviente como un conocido líder criminal local que andaba a sus anchas por la zona aunque tenía una orden de aprehensión desde 2018 por el asesinato de un turista estadounidense.

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AP. Ciudad de México. 12 de marzo de 2022.- Un defensor de los derechos indígenas del noroeste de México fue asesinado al salir de su casa en una comunidad de la Sierra Tarahumara, informó el viernes la fiscalía del estado de Chihuahua.

Según indicaron las autoridades en un comunicado, el homicidio de José Trinidad Baldenegro tuvo lugar el lunes 7 de marzo en la comunidad de Coloradas de la Virgen cuando el activista fue baleado al salir de su domicilio para ir a trabajar. Posteriormente, la casa fue incendiada.

Baldenegro, de 47 años, era parte de la comunidad tarahumara que combatía la tala ilegal y otras explotaciones de la tierra, como concesiones mineras, en el territorio ancestral de esta etnia. En las zonas de bosque talado hay cultivos de amapola o marihuana.

La fiscalía de este estado del noroeste de México señaló que Baldenegro no había pedido protección “ni se tiene conocimiento sobre si la persona hubiera recibido alguna amenaza”.

Su hermano Isidro, también activista y ambientalista, fue asesinado en 2017 y en la misma comunidad de Coloradas de la Virgen mataron en octubre de 2018 a Julián Carrillo, otro líder indígena cuya casa había sido incendiada dos años antes. Cuatro de los familiares de Carrillo fueron asesinados antes que él.

Isela González, una activista del colectivo Alianza Sierra Madre, explicó a The Associated Press que Baldenegro había estado mucho menos activo desde el asesinato de su hermano. Según González, desde 2009 la violencia en la comunidad no ha cesado, hay más de 200 personas desplazadas y una “ausencia total del estado de Derecho”.

Según la reconstrucción de los hechos realizada por las autoridades, justo cuando Baldenegro salió de la casa, los habitantes de la misma escucharon detonaciones de arma de fuego y al salir vieron en el monte a un grupo de personas armadas.

“Minutos más tarde un grupo de ocho hombres armados tocaron a la puerta y les dijeron que se fueran, ya que llegarían más personas y matarían a todos los presentes”, señaló el texto. Ante la amenaza, todos huyeron.

Dos horas después vieron humo saliendo de la casa y al llegar se percataron de que la vivienda estaba incendiada y, a un lado, yacía el cuerpo sin vida de Baldenegro.

Colorada de la Virgen es la cabecera de una serie de ranchos donde un millar de personas viven en una extensión de unas 49.000 hectáreas.

En la zona, una escarpada cordillera donde hay actividad del crimen organizado, se desplegaron operativos conjuntos del Ejército y la Guardia Nacional, entre otras autoridades.

En los tres primeros años del gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, que comenzó en diciembre de 2018, fueron asesinados 96 defensores de derechos humanos, según datos ofrecidos a finales del año pasado por Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos.

El funcionario reconoció entonces que la impunidad en este tipo de crímenes contra activistas, al igual que en el caso de los de periodistas, supera el 90%.

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