Por Humberto Musacchio

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 30 de mayo de 2025.- “No iré a votar el próximo domingo porque no conozco a la mayoría de los candidatos; no voy a votar porque conozco a unos pocos por los que nunca votaría.” Así comienza una reflexión que expresa el hartazgo y el escepticismo frente al proceso mediante el cual se pretende renovar —o más bien desmantelar— el Poder Judicial mexicano. No se trata de apatía cívica, sino de una denuncia hacia lo que se percibe como una simulación democrática orquestada desde el poder.

El texto expone una paradoja dolorosa: el sistema judicial que se pretende demoler es efectivamente corrupto e ineficaz, pero su destrucción no equivale a su transformación. La crítica apunta a que, en lugar de emprender una reforma profunda y honesta que sancione a jueces corruptos y vigile sus finanzas, se ha optado por sustituir a profesionales del derecho por improvisados, bajo el pretexto de una elección popular impulsada por el Ejecutivo.

Este escenario —calificado como “circo, farsa, vodevil”— tiene su origen en decisiones tomadas por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, apodado irónicamente como “el Fantasma de Palenque”. A él se le atribuye la responsabilidad de una política de seguridad fallida, una relación ambigua con el estado de derecho y, ahora, la embestida contra el Poder Judicial. Su famosa frase “no me vengan con que la ley es la ley” cobra nuevo sentido en el marco de una elección que no busca fortalecer instituciones, sino anularlas.

El texto no escatima en señalar que esta elección abre las puertas para que grupos de poder —políticos influyentes, sindicatos charros, mafias partidistas, organizaciones religiosas e incluso grupos criminales— coloquen a sus allegados en las futuras judicaturas. Así, lo que debió ser un proceso de depuración y profesionalización se convierte en una lotería controlada por cúpulas de intereses diversos. En este contexto, la frase sarcástica del senador Gerardo Fernández Noroña sobre “elegir a un juez pedorro” se torna profética.

Se denuncia también el derroche presupuestal: más de 8 mil millones de pesos destinados a esta consulta, cuando el país arrastra necesidades urgentes como la compra de medicinas, el apoyo a las madres buscadoras o la atención al magisterio democrático, golpeado tanto por la desinformación como por la represión institucional.

El INE, con recursos limitados, no instalará casillas suficientes y no operará con PREP. Las boletas que sobren —advierte el autor— no serán invalidadas, lo que abre la sospecha sobre un posible relleno de urnas. Además, la mayoría de los “observadores ciudadanos” pertenecen a Morena, lo que cuestiona la imparcialidad del proceso.

El texto responsabiliza directamente a AMLO y a los legisladores que aprobaron la reforma. Ellos, dice, no sufrirán las consecuencias. Será el Poder Ejecutivo —ya sin control sobre la designación de jueces— quien afronte la debacle institucional y política en los años venideros.

El autor no deja fuera el papel de figuras polémicas como Yasmín Esquivel, ministra aún en funciones pese a las acusaciones de plagio en su tesis. Su presencia en medios defendiendo el proceso como “histórico” y apelando a valores como “honestidad” y “transparencia” es, a juicio del texto, una afrenta más a la inteligencia ciudadana.

Frente a todo esto, la conclusión es clara: no hay confianza ni en el mecanismo, ni en sus promotores, ni en sus resultados. Lo que se presenta como un ejercicio democrático es, para muchos, un acto de demolición institucional disfrazado de reforma.

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