Periodistas Unidos. Ciudad de México. 26 de agosto de 2025.- La organización internacional Artículo 19 ha alertado sobre un alarmante incremento en el uso de procesos judiciales como mecanismos de censura contra periodistas y medios de comunicación en México, una práctica que pone en riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información en el país. Según el informe Las leyes como mecanismo de censura: Aumento del acoso judicial contra periodistas en México, publicado este martes, en los primeros siete meses de 2025 se documentaron 51 casos de acoso judicial, superando el número de víctimas registradas en cualquier año anterior desde 2016.

De acuerdo con el reporte, estos casos involucran a 39 periodistas (28 hombres y 11 mujeres) y 12 medios de comunicación que han enfrentado procesos legales, lo que equivale a un nuevo procedimiento judicial o administrativo cada cuatro días. Artículo 19 señala que esta tendencia, conocida como litigios estratégicos contra la participación pública (SLAPPs), no busca necesariamente obtener victorias legales, sino desgastar a los comunicadores mediante demandas civiles, penales, electorales o administrativas, inhibiendo la crítica y enviando un mensaje colectivo de intimidación.

Un aspecto destacado por la organización es el uso indebido de la figura de Violencia Política en Razón de Género (VPEG), originalmente diseñada para combatir la discriminación estructural contra las mujeres. De los 51 casos registrados, 25 se iniciaron bajo esta normativa, lo que representa casi la mitad de los procesos de acoso judicial contra la prensa. Casos emblemáticos incluyen al periodista Jorge Luis González en Campeche, quien enfrenta denuncias por VPEG, procesos penales por supuesto delito de odio y demandas civiles por daño moral promovidas por la gobernadora Layda Sansores y su equipo de comunicación. Asimismo, el columnista Hernán Gómez y la editorial Penguin Random House enfrentan litigios por el libro Traición en Palacio: el negocio de la justicia en la 4T.

Artículo 19 subraya que, de los perpetradores identificados, 23 son funcionarios públicos, 14 de ellos de nivel estatal, cuatro municipales y tres federales, mientras que 18 casos fueron iniciados por particulares y 10 por partidos políticos o candidatos. Esta práctica, según la organización, refleja un “uso faccioso” del marco legal mexicano, trasladando la violencia contra la prensa de agresiones físicas a los tribunales, lo que constituye una nueva forma de censura.

Ante esta situación, Artículo 19 ha exigido al Estado mexicano reformar los marcos normativos que facilitan estos abusos y abstenerse de hostigar a la prensa mediante vías legales. La organización reitera que la libertad de expresión, protegida por la Constitución y tratados internacionales, debe garantizarse para salvaguardar el derecho a la información.

El informe concluye con un llamado urgente a las autoridades para atender esta problemática desde los distintos poderes e instituciones, advirtiendo que el acoso judicial no solo afecta a los periodistas directamente involucrados, sino que busca silenciar a toda la prensa y a defensores de derechos humanos que ejercen su libertad de expresión.

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