EFE. Ciudad de México. 05 de junio de 2026.- Petróleos Mexicanos (Pemex) invertirá 93.000 millones de pesos (unos 5.339 millones de dólares) entre 2026 y 2030 en la industria petroquímica y de fertilizantes del país, con el objetivo de reducir la dependencia de importaciones y fortalecer la soberanía energética y alimentaria de México.

El anuncio fue realizado este viernes en Coatzacoalcos, Veracruz (este), durante una conferencia encabezada por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, en la que el director general de Pemex, Juan Carlos Carpió Fragoso, destacó el carácter estratégico de ambos sectores para el desarrollo económico nacional.

“La industria petroquímica y la de fertilizantes son clave para el desarrollo de México”, afirmó el funcionario, al señalar que estas actividades permiten transformar el gas natural y los derivados del petróleo en insumos utilizados por sectores como el farmacéutico, automotriz, textil, químico y agroalimentario.

Carpió Fragoso sostuvo que durante décadas estas industrias fueron relegadas, lo que provocó una creciente dependencia de productos importados y limitó el aprovechamiento de los hidrocarburos nacionales.

“Durante décadas, en nuestro país se abandonó a la industria petroquímica, haciéndonos dependientes de las importaciones, desaprovechando la oportunidad de multiplicar el valor de los productos asociados a nuestros hidrocarburos”, señaló.

El directivo aseguró que la nueva estrategia, impulsada por la presidenta Sheinbaum, busca recuperar capacidades productivas y fortalecer cadenas industriales consideradas fundamentales para la economía mexicana.

Como parte del plan, Pemex prevé elevar la producción nacional de petroquímicos hasta 849.000 toneladas anuales y aumentar la fabricación de fertilizantes a más de cuatro millones de toneladas por año en los próximos años.

La estrategia contempla tanto la rehabilitación de instalaciones existentes como la construcción de nueva infraestructura.

Entre los proyectos prioritarios se encuentran los complejos petroquímicos de Cangrejera, Morelos y Cosoleacaque, así como las plantas de fertilizantes ubicadas en Poza Rica, Coatzacoalcos y Lázaro Cárdenas.

De acuerdo con Pemex, las inversiones previstas estarán orientadas a fortalecer sectores productivos estratégicos como el agrícola, automotriz, plástico, textil y farmacéutico, con el propósito de incrementar el contenido nacional en las cadenas industriales y reducir la dependencia de insumos provenientes del exterior.

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Por Arturo Huerta González

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 25 de noviembre de 2025.- El viernes 21 de noviembre de 2025 la presidenta de la República expresó “su confianza en que la economía mexicana cerrará 2025 con resultados favorables y mantendrá una tendencia positiva en 2026, al sostener que el país atraviesa un periodo de solidez económica respaldado por el modelo impulsado por la Cuarta Transformación”. Reiteró el mismo planteamiento de su antecesor de que la fortaleza económica no puede medirse únicamente por el crecimiento del Producto Interno Bruto, que ello tiene limitaciones para reflejar avances en reducción de pobreza, acceso a la educación o disminución de desigualdades, factores que también muestran la generación real de bienestar”. El problema es que la economía mostró una caída anualizada de -0.2% en el tercer trimestre, por lo que no aumenta el empleo formal. El no crecimiento productivo ha llevado a la economía a depender más de importaciones y de la entrada de capitales para lo cual siguen estableciéndose altas tasas de interés y recortes presupuestales que siguen ahondando la contracción económica, como los problemas financieros de los sectores endeudados (público y privado), lo que lleva al gobierno a disminuir la inversión y el gasto en educación y salud, deteriorando el nivel de vida de la población a pesar de las políticas sociales.

La presidenta señaló que la desaceleración que enfrenta la economía se “debe principalmente a factores externos, entre ellos la caída en la demanda de Estados Unidos —especialmente de automóviles— y dinámicas arancelarias globales”. Cabe señalar que todos los presidentes siempre adjudican la caída de la actividad económica a factores externos. La crisis de 1982 se adjudicó a la caída del precio internacional del petróleo y al alza de la tasa de interés internacional. La crisis de 1994-95 se dijo que era a causa del surgimiento del movimiento zapatista y del asesinato de Colosio y de Ruiz Massieu. La crisis del 2020 a la pandemia del Covid 19. Nunca aceptan que los problemas que la economía enfrenta son consecuencias de las políticas económicas que instrumentan, que atentan sobre las condiciones endógenas de crecimiento y nos llevan a depender del comportamiento de las exportaciones y de la entrada de capitales.

La presidenta se enorgullece de que “México continúa siendo un destino atractivo para la inversión extranjera directa”. Ello evidencia que no hay política económica para impulsar el crecimiento económico desde dentro y dependemos de la inversión foránea. El problema es que, a pesar de dicha entrada de capitales, la economía no crece. Ganan las empresas transnacionales, las cuales no impulsan la producción nacional, debido a que trabajan con alto componente importado y transfieren a su matriz de origen gran parte de sus ganancias, ocasionando presiones sobre el sector externo que llevan a la economía a seguir promoviendo más entrada de capitales para financiarlo, a costa de no tener política económica para el crecimiento.

Al igual que su antecesor sigue festejando que “el fortalecimiento del peso es evidencia de la confianza de los mercados internacionales”. Lo que no dice es que ello se consigue con la alta tasa de interés, los recortes presupuestales y entrada de inversión extranjera que promueven para aumentar reservas internacionales y abaratar el dólar, lo que nos ha llevado al no crecimiento económico, a mayor endeudamiento externo y a la creciente extranjerización de la economía. El peso fuerte y el consecuente dólar barato hacen que las importaciones desplacen a la producción industrial y agrícola, aumentan el desempleo y que los salarios sean bajos y se incremente el déficit de comercio exterior, todo lo cual reduce el crecimiento económico y aumenta los requerimientos de entrada de capitales.

La presidenta también dijo que “la revisión del tratado comercial dará aún mayor certidumbre a los inversionistas”. Continúa apostando al T-MEC como si ello estuviera impulsando la producción nacional y lo que estamos observando son las manifestaciones de los productores de granos básicos protestando por ser excluidos y afectados por las importaciones de tales productos. El gobierno ofreció a los productores diálogo con diputados, senadores y representantes de la secretaría de Agricultura y Economía que se realizó el 18 y 19 de noviembre, a la cual asistieron agricultores de 28 estados de la República y en dichas reuniones solo asistieron dos diputados, los cuales señalaron de que no saldrán los granos básicos del T MEC y que no existen condiciones de satisfacer sus demandas. La inasistencia de parlamentarios y autoridades a la reunión y la reiterada posición de éstos de no acceder a las solicitudes de los productores de granos básicos, evidencia que no dimensionan las consecuencias que ello ocasionará.

Mientras sigan las políticas monetarias y fiscales restrictivas y la libre movilidad de mercancías y capitales, que favorecen a los intereses del sector bancario y a los que nos venden productos desde EUA, no hay viabilidad de satisfacer los reclamos de los productores agrícolas y de los transportistas, por lo que seguirán las movilizaciones de los afectados exigiendo que la política económica atienda las necesidades nacionales.

Los productores agrícolas, junto con los transportistas del país que exigen seguridad en las carreteras, han dicho que no están por más diálogos, sino que se cumplan sus solicitudes. Anunciaron que realizarían bloqueos el lunes 25 en diferentes carreteras en protesta al gobierno por no atender el problema agrícola que genera impactos negativos para todo el país por la importancia de los granos básicos en la autosuficiencia y soberanía alimentaria.

El gobierno y el Congreso no pueden continuar desatendiendo las diferentes demandas que vienen expresándose en el país. Son legítimas los reclamos en contra de la corrupción de funcionarios públicos y de llevar a la cárcel a los funcionarios y congresistas con vínculos con el crimen organizado, así como la petición por seguridad en la vida nacional y de que se proteja a la producción nacional y no seguir favoreciendo importaciones y a los productores agrícolas estadounidenses como ha venido aconteciendo. Son muchas las solicitudes insatisfechas y al no atenderlas, continuará el descontento y las manifestaciones que debilitarán al gobierno y a los partidos que no abanderan las demandas nacionales.

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Por Arturo Huerta González

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 13 de noviembre de 2025.- Los gobiernos neoliberales han priorizado bajar la inflación con granos importados baratos, lo cual ha sido a costa de actuar en detrimento de los productores nacionales, de relegar la autosuficiencia alimentaria, de reducir el crecimiento económico y aumentar nuestra dependencia de la entrada de capitales para financiar las crecientes importaciones. Ello ha llevado a que la política económica se dirija a promover entrada de capitales a través de alta tasa de interés y austeridad fiscal a costa de no tener política económica a favor del crecimiento y del empleo.

Las demandas de los productores agrícolas del maíz han sido principalmente: 1) sacar los granos básicos del T-MEC y 2) incrementar el precio de tonelada a 7,200 pesos para poder cubrir sus costos y evitar caer en sobreendeudamiento y cartera vencida. La demanda de sacar los granos básicos del T-MEC, es para que las importaciones de éstos no desplacen la producción nacional y la demanda de un precio de 7,200 pesos la tonelada de maíz es para que el precio se fije en torno a las condiciones productivas nacionales y no en torno al precio que fija la Bolsa Mercantil de Chicago que está en función de las condiciones productivas de EUA, con el cual los productores de México no tienen capacidad de competir y han terminado siendo desplazados. Ante ello, el secretario de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), ignoró la primera y dijo que era una cuestión política, lo que evidencia es que su decisión política es seguir favoreciendo las importaciones de los granos básicos y no impulsar la autosuficiencia interna de tales productos y no aceptó fijar el precio de tonelada en 7,200 pesos, por lo que muchos productores se levantaron de la mesa de negociación y terminó pactando con los que se quedaron en la negociación, que fueron los productores de Jalisco, Guanajuato y Michoacán. A éstos les otorgarán un subsidio de 950 pesos por tonelada, los cuales serán cubiertos por el gobierno federal (800) y los gobiernos estatales (150) para que junto a los 5,200 pesos por tonelada vigentes se llegue a 6,150 pesos por tonelada. Además, el secretario del ramo ofreció otorgar créditos a los pequeños y medianos productores a una tasa de interés de 8.5%. Dicho funcionario dijo que ello “beneficiará a productores de hasta 20 hectáreas, que representan entre el 96 y 98% de los agricultores del Bajío. En total, se respaldará la producción de un millón 400 mil toneladas de maíz, con un límite de 200 toneladas por productor”. Al respecto cabe decir que ello no resuelve el problema que enfrentan los productores agrícolas que han visto caer su producción por no haber una política agrícola a su favor. Ello ha llevado a que las importaciones agrícolas representen el 48% de la producción nacional, dada la apertura comercial y el dólar barato que ha predominado. Hay que señalar que la producción anual de maíz en el país oscila alrededor de 27-28 millones de toneladas y el programa de la SADER solo apoya a productores que producen 1.4 millones de toneladas. La tasa de interés de los créditos ofrecidos de 8.5% está por arriba del crecimiento del ingreso nacional y de los productores, por lo que les será imposible cubrir el pago de dichos créditos.

También dicha Secretaría informó que “no se establecerá un precio específico de comercialización para dejarles márgenes para negociar un precio mejor”. Al no establecer un precio específico de comercialización, se deja su determinación a la oferta y demanda en un contexto de economía abierta, donde las importaciones de estos productos son más baratas, por lo que los productores nacionales no podrán fijar un precio en función a sus condiciones de producción, sino seguirán como hasta ahora, siendo tomadores de precios, frente a los precios fijados en la Bolsa Mercantil de Chicago.

Además, dicho funcionario señaló que se creará un nuevo Sistema de Ordenamiento de Mercado y Comercialización del maíz para buscar mejores precios. Pero para que ello se logre se tendría que sacar los granos básicos del T-MEC, cosa que el gobierno no contempla. La resolución de continuar importando dichos productos es una decisión política del gobierno en contra de los productores nacionales y a favor de los productores de EUA.

La presidenta del país continúa con la política gubernamental de su antecesor de no apoyar al gran productor nacional de Sinaloa. La política gubernamental se ha centrado en el apoyo a productores de máximo dos hectáreas, que es política de autoconsumo, que no resuelve los problemas del campo mexicano en su conjunto, ni la autosuficiencia en granos básicos, por lo que se tiene que recurrir a importaciones, favoreciendo a los grandes productores de EUA, así como a proseguir instrumentando una política a favor de la entrada de capitales a costa de continuar sacrificando la autosuficiencia alimentaria y el crecimiento económico.

También la presidenta dijo que el apoyo se otorgará “sin chantajes, evidentemente, porque ellos pedían muchísimas cosas y nosotros dijimos: ‘lo que se puede es esto, porque nosotros tampoco podemos prometer cosas que no se pueden cumplir”. Las demandas de los agricultores por un precio justo y que se deje de importar granos básicos para proteger la producción nacional y avanzar en la autosuficiencia y soberanía alimentaria, no son “chantajes” y no es pedir muchísimas cosas, y el decir por parte de la presidencia que “tampoco podemos prometer cosas que no se pueden cumplir”, implica que el gobierno seguirá favoreciendo las importaciones de estos productos para no cuestionar el T-MEC, lo que implica favorecer a los productores de EUA, a costa de seguir relegando la soberanía alimentaria.

Mientras sigan los granos básicos dentro del T-MEC, las grandes empresas harineras de maíz, como Minsa, Maseca y Cargill continuarán recurriendo a las importaciones de estos productos por resultarles más baratos y más por el dólar barato con que trabaja Banxico para reducir inflación, bajando el precio de los productos importados, por lo que la producción nacional seguirá siendo desplazada y la economía estancada y continuará el descontento y las protestas legítimas de los productores de granos básicos y muchos más.

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AMEXI. Ciudad de México. 05 de noviembre de 2025- La Asamblea Nacional Indígena Campesina y Social (ANICS) demandó la cancelación del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) para recuperar la soberanía alimentaria del país.

Las organizaciones campesinas integrantes de la ANICS afirmaron que en los 30 años de vigencia del T-MEC, el campo mexicano se desmanteló en beneficio de grandes monopolios agroalimentarios internacionales, dejando en ruina a millones de campesinos.

Con el T-MEC “nos ha hundido obviamente en la miseria a todo el campo mexicano, acabó con toda la pequeña y mediana empresa rural… acabó con las granjas de cerdos, de pollos de gallinas, acabó con las granjas lecheras”, aseveró José Jacobo Femat, dirigente de la ANICS y presidente de la Central de Organizaciones Campesinas y Populares (COCYP).

Competencia desigual y pérdida de soberanía por T-MEC

La competencia desigual entre los productores agrícolas mexicanos y los agroindustriales norteamericanos, que reciben subsidios del gobierno de Estados Unidos, junto con el abandono del campo mexicano por parte de las autoridades, provocó en las últimas tres décadas la ruina de los campesinos del país.

El dirigente explicó que empresas norteamericanas como Berry, Cargill, Nestlé y Nescafé, además de unas cuantas nacionales como Maseca, Minsa, Bachoco y Bimbo, concentran toda la producción agrícola de México.

El doctor Alberto Montoya Martín del Campo señaló que, mientras México destina 75 mil millones de pesos para apoyar a los productores nacionales, Estados Unidos invierte más de 59 mil millones de dólares en subsidios directos a sus agricultores.

Estados Unidos impone aranceles y México no puede gravar importaciones subsidiadas

El campo mexicano no se encuentra en crisis por causas naturales, sino por 30 años de T-MEC, un tratado que favorece a los monopolios agroindustriales estadounidenses. Cuando les conviene, los empresarios de ese país simplemente desconocen el acuerdo, como ocurre con los aranceles que Estados Unidos aplica a productos mexicanos, entre ellos el jitomate, a pesar de que el tratado prohíbe esas medidas.

El doctor Montoya aseguró que el T-MEC funciona como un tributo imperial que el expresidente Carlos Salinas de Gortari entregó a Estados Unidos, ya que impide a México imponer aranceles a los productos agrícolas subsidiados por el gobierno norteamericano.

“No podemos firmar un tratado que ate la economía y el desarrollo del país por otros 15 años; el T-MEC limita la soberanía nacional”, reafirmó Jacobo Femat.

ANICS exige consulta popular sobre el T-MEC

La ANICS llamó al pueblo de México a defender la soberanía nacional y rechazar la ratificación del T-MEC, cuyo proceso de revisión ocurrirá el próximo año. Según la organización, mantener el tratado profundizaría la dependencia económica del país frente a Estados Unidos y Canadá.

Para garantizar la participación ciudadana, la ANICS propuso realizar una consulta nacional antes de aprobar cualquier modificación al tratado.

“El pueblo debe decidir si México continúa atado al T-MEC o recupera su soberanía”, subrayó la organización.

Campesinos quedan fuera de los foros de consulta

En relación con los foros de consulta organizados por la Secretaría de Economía (SE) rumbo a la revisión del T-MEC, Jacobo Femat denunció que ninguna de las 27 organizaciones integrantes de la ANICS recibió invitación.

“Sabemos de los foros por la convocatoria pública, pero nadie nos ha llamado”, declaró el dirigente campesino.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 29 de octubre de 2025.- Tras intensas negociaciones que se extendieron hasta la madrugada, agricultores del Bajío mexicano reconocieron este miércoles el acuerdo alcanzado con el Gobierno federal, que establece un precio de garantía de 6.050 pesos (equivalentes a 328 dólares) por tonelada de maíz, más un subsidio adicional que eleva el apoyo total a 950 pesos por tonelada. Este pacto pone fin a los bloqueos carreteros que paralizaron más de 30 vías en Jalisco, Guanajuato y Michoacán durante dos días, afectando el transporte de mercancías y el flujo vehicular en al menos 20 estados.

Los productores, que inicialmente demandaban 7.200 pesos (unos 390 dólares) por tonelada para cubrir costos de producción ante la caída del 21% en los precios internacionales del maíz, aceptaron la oferta tras mesas de diálogo en la Secretaría de Gobernación. «Es un avance que da certidumbre a 90 mil pequeños agricultores, que representan el 98% de los productores en la región«, declaró el secretario de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán, durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum. El funcionario destacó que el subsidio federal de 800 pesos por tonelada se complementa con 150 pesos de los gobiernos estatales, beneficiando hasta 200 toneladas por productor con parcelas de máximo 20 hectáreas.

La protesta, que involucró a unos 90 mil maiceros y el uso de tractores y maquinaria pesada para obstruir casetas y autopistas, surgió por la sobreproducción global de maíz –con un stock mundial récord de 1.300 millones de toneladas– y una cosecha nacional superior al doble de la del año anterior. Inicialmente, la oferta de 6.050 pesos fue calificada de «burla» por los líderes agrarios, pero el incremento en el subsidio y compromisos adicionales convencieron a las bases locales de firmar la minuta a las 2:00 horas.

Principales compromisos del acuerdo:

Sheinbaum enfatizó que los pagos serán directos a los productores individuales, excluyendo intermediarios, y exhortó a las grandes empresas harineras –principales compradoras del maíz del Bajío– a elevar sus adquisiciones a precios superiores al mercado spot, que oscila entre 5.000 y 6.000 pesos (271-325 dólares). «El diálogo es el camino, no la confrontación. Este acuerdo fortalece la soberanía alimentaria y apoya a quienes alimentan a México«, afirmó la mandataria.

Desde tempranas horas, los bloqueos comenzaron a levantarse, restaurando la movilidad en la región central. Sin embargo, organizaciones como la Unión Nacional de Técnicos y Académicos (UNTA) criticaron el pacto como «parche temporal» y demandan reformas estructurales para combatir la volatilidad de precios internacionales. Berdegué anunció que en 2026 se impulsarán incentivos adicionales para el maíz nativo, preservando la biodiversidad y el patrimonio cultural.

Este convenio alivia la presión inmediata sobre el sector, pero expertos advierten que la dependencia de subsidios coyunturales podría no bastar ante proyecciones de mayor sobreoferta global en 2026.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 29 de octubre de 2025.- El Gobierno de México puso fin a los bloqueos carreteros que paralizaron decenas de vialidades en el país, al firmar esta madrugada un acuerdo con productores de maíz de Jalisco, Guanajuato y Michoacán, quienes exigían precios justos por su cosecha ante la caída de los valores en el mercado internacional.

Las protestas, que iniciaron el lunes y se extendieron por casi dos días, involucraron a unos 90 mil agricultores del Bajío –región clave en la producción de maíz– quienes bloquearon al menos 33 carreteras con tractores, cosechadoras y volquetes. Los manifestantes demandaban 7 mil 200 pesos por tonelada, frente a la oferta inicial gubernamental de 6 mil 50 pesos, afectando el tránsito de mercancías y personas en más de 20 entidades.

Tras intensas mesas de diálogo en la Secretaría de Gobernación, lideradas por el titular de Agricultura, Julio Berdegué Sacristán, y con la participación de los gobernadores de los estados afectados, se concretó el pacto a las 2:00 horas de este miércoles. «Esto es el acuerdo para los productores del Bajío«, celebró Berdegué en la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, quien confirmó el levantamiento inmediato de los cierres.

Los puntos clave del convenio:

Sheinbaum enfatizó que los pagos serán directos a productores individuales, no a organizaciones, y exhortó a la industria harinera a elevar sus compras. «Se busca siempre el diálogo, no la represión«, afirmó la mandataria.

Aunque la Unión Nacional de Técnicos y Académicos (UNTA) calificó el arreglo como «simulación» y exige cambios estructurales, los líderes locales confirmaron el retiro de tractores desde tempranas horas, restaurando la movilidad en el Bajío y otras zonas.

Este pacto representa un alivio temporal ante la sobreproducción global de maíz, pero deja abierta la puerta a más diálogos para garantizar la soberanía alimentaria.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 29 de septiembre de 2025.- En el marco del Día Nacional del Maíz, la Procuraduría Agraria (PA) y Alimentación para el Bienestar suscribieron un convenio de colaboración que busca consolidar la soberanía alimentaria, la defensa de la propiedad social y la alimentación saludable en México. Este acuerdo, calificado como histórico, beneficiará a productores e integrantes de núcleos agrarios, alineándose con los objetivos del segundo piso de la Cuarta Transformación impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

La firma estuvo encabezada por María Luisa Albores González, directora general de Alimentación para el Bienestar, y Víctor Suárez Carrera, procurador agrario, quienes destacaron la importancia de la coordinación interinstitucional para alcanzar estas metas. Albores González explicó que el convenio permitirá acciones como el acopio de maíz y frijol a precios justos, la transformación de productos estratégicos como café, cacao y miel, la creación de comités de contraloría social y la instalación de Tiendas Bienestar en núcleos agrarios.

Por primera vez, México establecerá precios de referencia basados en los costos reales de producción campesina, rompiendo con la dependencia de la Bolsa de Valores de Chicago. “Con Acopio Bienestar garantizamos un precio justo de 7,200 pesos por tonelada de maíz blanco, y en un programa piloto en Tlaxcala, Puebla y Estado de México, hasta 8,200 pesos para maíz nativo, impulsando la producción campesina y la autosuficiencia alimentaria”, afirmó Albores.

Alimentación para el Bienestar, surgida del compromiso 66 de la presidenta Sheinbaum, retoma la tradición de abasto social de Conasupo con un enfoque renovado. “Este convenio asegura que ejidos y comunidades sean protagonistas de la política alimentaria del Estado”, subrayó la funcionaria.

Por su parte, Víctor Suárez Carrera celebró el acuerdo como un hito en la defensa de la propiedad social y la soberanía alimentaria. “No permitiremos que la tierra y el maíz sean mercancías subordinadas al mercado internacional. Este convenio alinea el compromiso 53 de la presidenta, reconociendo los derechos agrarios plenos de al menos 150 mil mujeres ejidatarias y comuneras”, afirmó.

Suárez destacó que la Procuraduría Agraria se transforma para estar más cerca de los productores, con casi 500 Centros de Atención Agraria (CDAA) en operación y la meta de alcanzar mil. “Estos centros serán la voz de Alimentación para el Bienestar, llevando información directa a los productores”, aseguró.

El convenio reafirma el compromiso del gobierno con la justicia agraria y el bienestar del campo, posicionando a ejidos y comunidades como pilares de la soberanía alimentaria y la preservación del patrimonio biocultural de México.

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Por Arturo Huerta González

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 28 de septiembre de 2025.- La apertura comercial indiscriminada, la eliminación de aranceles, la apreciación del tipo de cambio (dólar barato), las altas tasas de interés, la austeridad fiscal, han actuado en detrimento de la producción nacional y las importaciones baratas han desplazado la producción nacional, comprometiendo ello la seguridad alimentaria de los granos básicos, además de aumentar el déficit de comercio exterior y llevar a la economía a depender de la entrada de capitales. Ello ha ocasionado que la política monetaria y fiscal se encaminen a promover la entrada de capitales a través de alta tasa de interés y recortes presupuestales para que el capital invierta donde el gobierno deja de hacerlo, a costa de no tener política económica para impulsar la producción nacional y el empleo, cayendo la economía en un círculo vicioso, de depender más y más de importaciones para satisfacer la demanda nacional. Según el Grupo Consultor de Mercados Agrícolas a mediados de 2025, la autosuficiencia de granos está al nivel de 43.9%, es decir, importamos el 56.1% de lo que el país consume. Datos del INEGI señalan que las importaciones de productos agrícolas en relación con el PIB agrícola, pasó de ser el 10% en 1993 (antes del TLCAN) a ser 48% en el 2024.

Los gobiernos del país, para bajar la inflación, determinan el precio de los granos básicos en función del que es fijado por la Bolsa Mercantil de Chicago, el cual considera las condiciones productivas de EUA, que son muy diferentes a las nacionales, y si a eso se suma que se ha trabajado con un dólar barato y que los productores nacionales no reciben los subsidios que tienen los productores de EUA, las importaciones son más baratas que la producción nacional, por lo que ésta termina siendo desplazada. El costo de bajar la inflación con importaciones baratas ha resultado en caída de la producción nacional, que nos lleva a pérdida de ingresos de los productores y sobre endeudamiento de los productores y trabajadores, a déficit de comercio exterior y a seguir actuando a favor de la entrada de capitales y a no tener política a favor de los productores nacionales y del empleo, y a comprometer la seguridad alimentaria y soberanía alimentaria.

La política de austeridad fiscal ha restringido desde hace décadas el presupuesto al sector agrícola, colocándolo indefenso frente a las importaciones, por lo que éstas han incrementado su participación en el abasto nacional. Las importaciones de productos agropecuarios de 1993 al 2024 crecieron en 6.7% promedio anual, mientras el PIB nacional lo hizo en 2.0% promedio anual. En el mismo período las importaciones de frijol crecieron en 15.8% promedio anual. Las importaciones de maíz lo hicieron en 15.0% promedio anual.

Después de haber sido prácticamente autosuficientes en maíz antes del Tratado de Libre Comercio, México ha pasado a ser el país que más importa maíz en el mundo, como consecuencia de no existir política a favor de los productores nacionales y dejarlos desprotegidos frente a importaciones cuando los nacionales no tenían los niveles de productividad, ni los apoyos crediticios y de subsidios para hacerles frente.
Menos alcanzaremos la autosuficiencia alimentaria con la revisión del T-MEC donde el gobierno de EUA está encaminado a reducir el déficit de comercio exterior que tiene con México y está por que nuestro país le compre más y le venda menos, y el gobierno mexicano en aras de mantener el T-MEC todo apunta que cederá en ello.

El gobierno ha señalado que el llamado “Plan México va por la sustitución de importaciones de granos básicos”. El problema es que dicho plan no cuenta con política monetaria, crediticia, cambiaria, comercial y fiscal que actúe a favor del sector productivo. Éste requiere de bajas tasas de interés, tipo de cambio competitivo, aranceles a las importaciones, subsidios e incremento del gasto público que aumente la demanda para así incrementar la inversión, y dicha política económica no existe en el país.
El gobierno ha fijado metas de incremento de la producción de granos básicos y bajar el precio de la tortilla en 10% para el 2030. No puede fijar metas para el mediano plazo, cuando urge encarar los problemas que el campo mexicano viene enfrentando desde hace décadas. No es a través de los programas de fertilizantes y de precios de garantía a un grupo limitado de productores de autosuficiencia como se logrará la soberanía alimentaria. Se tiene que apoyar a todos los productores, lo que pasa por sacar los granos básicos del T-MEC y que los precios no se fijen en torno a la Bolsa Mercantil de Chicago. Se requieren créditos baratos, subsidios a los productores, así como ampliar la construcción de presas para aumentar las tierras de riego. Para ello se tiene que cambiar la política monetaria, crediticia, comercial y fiscal, las cuales deben dejar de actuar a favor del sector financiero y deben trabajar a favor del sector productivo nacional y del empleo.

De no revisarse la política agrícola, continuará la caída de la producción nacional, el bajo crecimiento de la economía, el desempleo, con las consecuencias de mayor delincuencia, comprometiendo más la soberanía alimentaria, que, al no contar con divisas para financiar las importaciones, o al encarecer el dólar, habrá escasez de alimentos en el país, lo que aceleraría la inflación y la pobreza y acentuará la inestabilidad social.

A propósito de este análisis, el jueves 25 de septiembre de 10 am a las 14 horas, se realizará, en el Auditorio Narciso Bassols de la Facultad de Economía de la UNAM, un encuentro con productores de granos básicos de 9 estados de la República, donde manifestarán sus demandas para recuperar la agricultura nacional, al cual están invitados todos los interesados.

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AMEXI. Ciudad de México. 28 de julio de 2025.- El Gobierno de México lanzó oficialmente la convocatoria para que tortillerías de todo el país se adhieran al Acuerdo Nacional Maíz–Tortilla, una estrategia integral para reducir gradualmente el precio de este alimento esencial, que actualmente alcanza hasta 32 pesos por kilo en algunos estados.

La iniciativa, impulsada como parte del compromiso número 62 de la presidenta Claudia Sheinbaum, tiene como meta lograr una disminución de al menos 5% en el precio final al consumidor, dentro de los próximos seis meses, y está diseñada para favorecer la economía familiar y fortalecer la seguridad alimentaria nacional.

Kilo de tortillas llega a 32 pesos en algunos estados 

De acuerdo con el Sistema Nacional de Información e Integración de Mercados,durante el mes de julio el precio del kilo de tortilla llegó hasta 31.71 pesos en Mexicali, Baja California, y de 31.33 pesos en Hermosillo, y 31 pesos en San Luis Río Colorado, Sonora.

El precio promedio del kilo de la tortilla en el país, es de 23 pesos, durante el mes de julio del presente año.

Un esfuerzo conjunto por la justicia alimentaria

Este acuerdo representa una acción coordinada entre las Secretarías de Agricultura, Trabajo y Economía, junto con el programa Alimentación para el Bienestar, la Profeco y los Fideicomisos Instituidos en Relación con la Agricultura (FIRA). Juntos, buscan consolidar una política pública que garantice el derecho a una alimentación suficiente, nutritiva y de calidad.

Las tortillerías formalmente constituidas que se inscriban podrán recibir beneficios significativos que les permitirán mantener costos bajos sin comprometer la calidad del producto. El registro ya está abierto en dos modalidades: presencial e híbrida, en sedes estatales y distritos rurales de AGRICULTURA. Toda la información y el directorio de sedes están disponibles en https://bit.ly/4fbhDbo.

Beneficios directos para quienes se sumen

Entre los principales beneficios destacan el acceso a 25 mil toneladas de maíz blanco a un precio preferencial de 6 mil pesos por tonelada, descuentos especiales en la compra de harina de maíz nixtamalizado, y la posibilidad de acceder a créditos con intermediarios financieros avalados por FIRA.

Además, las tortillerías registradas podrán integrarse al programa Jóvenes Construyendo el Futuro como centros de capacitación, recibir una certificación oficial de competencias laborales, y obtener un distintivo de “tortillería adherida”, símbolo de compromiso social y respaldo del gobierno federal.

Un directorio nacional con precios justos

Como parte del acuerdo, se creará un directorio público de tortillerías con precio justo, para que las y los consumidores puedan identificar fácilmente los establecimientos adheridos. Este listado permitirá promover el consumo responsable, apoyar al comercio formal y reforzar el vínculo entre la ciudadanía y el campo mexicano.

“Cuando una tortillería se suma, gana México: tú te beneficias, las familias ahorran, y todas y todos comemos mejor”, expresa el comunicado conjunto, en el que se invita a los establecimientos de todo el país a participar activamente en esta política prioritaria del Segundo Piso de la Cuarta Transformación.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 07 de abril de 2025.- La Procuraduría Agraria dio a conocer hoy un nuevo Reglamento Interior (RI) que busca fortalecer los derechos de los ejidos y comunidades agrarias, promoviendo su desarrollo social, económico y sustentable. El decreto, firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y la titular de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu), Edna Elena Vega Rangel, fue publicado el pasado 2 de abril en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y entró en vigor al día siguiente.

En un evento realizado en las oficinas centrales de la institución, el procurador agrario, Víctor Suárez Carrera, destacó que este cambio normativo representa “un primer paso muy importante” para transformar a la Procuraduría Agraria y alinearla con la nueva política agraria del gobierno federal, en el marco del “segundo piso de la Cuarta Transformación”. “Dejamos atrás el marco neoliberal que propició la privatización y el despojo de ejidos y comunidades, para poner en el centro su papel estratégico en la soberanía alimentaria, la construcción de paz y el bienestar rural”, afirmó.

El nuevo reglamento introduce una estructura organizacional renovada, con funciones y responsabilidades claras para las unidades administrativas, tanto en oficinas centrales como en las representaciones territoriales. Entre los cambios más relevantes está la creación de la Coordinación General de Organización y Desarrollo Agrario, a cargo de María de la Luz Rodríguez Morales, quien fue designada hoy en el cargo. Esta instancia impulsará procesos de formación, gobernanza y organización comunitaria en los más de 32 mil núcleos agrarios del país.

Otro avance significativo es la transformación de los Visitadores Agrarios en Organizadores Agrarios, quienes ahora tendrán un rol más activo en el acompañamiento jurídico, técnico y organizativo de las comunidades. Además, se implementarán programas de capacitación continua para fomentar la autogestión y se fortalecerá la toma de decisiones colectivas.

En su intervención, el subprocurador general, Wolfgang Rodolfo González Muñoz, subrayó que este reglamento es el resultado de una visión iniciada hace seis meses para acercar la institución a los sujetos agrarios. “La figura del organizador agrario y la creación de un comité consultivo que incorpore a quienes trabajan en el territorio son herramientas clave para lograrlo”, señaló.

Por su parte, la secretaria general, Carmina Enciso Sánchez, explicó que los cambios buscan mejorar la transparencia y eficiencia en los procesos administrativos. “Queremos facilitar la gestión interna y hacerla más ágil y clara”, afirmó. En tanto, el titular del Órgano Interno de Control (OIC), Francisco Javier Coquis Velasco, destacó que el reglamento refuerza el principio de legalidad y proporciona instrumentos para combatir la corrupción y la impunidad, en línea con los valores de honradez y eficiencia de la Cuarta Transformación.

Con estas reformas, la Procuraduría Agraria se posiciona como un pilar para el desarrollo integral de los ejidos y comunidades, reafirmando su compromiso con la justicia social y la sustentabilidad en el campo mexicano.

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