Periodistas Unidos. Ciudad de México. 26 de noviembre de 2025.- El Gobierno de México presentó este miércoles el proyecto ‘Coatlicue’, una supercomputadora pública que se convertirá en la más potente de América Latina al alcanzar 314 petaflops de capacidad de procesamiento, equivalente a 314 mil billones de operaciones por segundo. El anuncio, realizado durante la conferencia matutina presidencial, busca posicionar al país como líder regional en inteligencia artificial, investigación científica y toma de decisiones basadas en datos masivos.

José Antonio Peña Merino, titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, detalló que ‘Coatlicue’ formará parte del Plan México y estará equipada con alrededor de 15 mil GPUs, distribuidas en 7.500 chasises, lo que equivale al poder de 375 mil computadoras convencionales operando simultáneamente. “Estamos hablando de una computadora que casi ninguno de nosotros ha visto en su vida y que en dos años veremos construida en México”, afirmó Peña Merino, al explicar que esta infraestructura resolverá problemas que en una PC convencional tomarían meses o años.

La supercomputadora, nombrada en honor a la diosa azteca de la vida y la muerte, superará en siete veces a ‘Pegaso’, la actual más potente de la región ubicada en Brasil con 42 petaflops, y será más de 100 veces superior a ‘Yucca’, el sistema más avanzado de México hasta ahora en Sonora. Su construcción iniciará en 2026 y requerirá 24 meses, incluyendo diseño, obra civil, integración y pruebas, con un costo estimado de 6 mil millones de pesos y un equipo base de operación de 80 a 100 personas.

Impacto y accesibilidad

Rosaura Ruiz, secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, describió el proyecto como “un paso muy grande” para la ciencia mexicana, al encabezar la Red Nacional de Supercómputo integrada por instituciones como la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), el Instituto Politécnico Nacional (IPN), el Centro de Investigación y de Estudios Avanzados (Cinvestav) y universidades estatales. ‘Coatlicue’ permitirá procesar información que hoy demora semanas o meses, fomentando avances en áreas como la salud, el cambio climático y la economía.

La presidenta Claudia Sheinbaum enfatizó su carácter público: “Queremos que sea una supercomputadora del pueblo de México”. Instituciones académicas, gobiernos locales y empresas podrán acceder a su capacidad de cómputo, con un modelo autosustentable que incluye servicios para emprendimientos tecnológicos. El proyecto promueve la soberanía tecnológica, ya que será construida, gestionada y operada por especialistas mexicanos, fortaleciendo la colaboración entre el sector público y educativo.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 19 de noviembre de 2025.- El Gobierno de México dio un paso decisivo hacia la soberanía tecnológica al firmar un convenio de colaboración con el Barcelona Supercomputing Center (BSC), que permitirá la creación inmediata del Centro Mexicano de Supercómputo en las instalaciones españolas. Paralelamente, se adelantó la construcción de la supercomputadora más potente de América Latina, un proyecto 100% nacional que iniciará operaciones en enero de 2026 y estará lista en un plazo de 24 a 36 meses. La iniciativa, impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum, busca resolver problemas urgentes en clima, salud y economía mediante inteligencia artificial y cómputo de alto rendimiento.

Durante la conferencia matutina en Palacio Nacional, Sheinbaum enfatizó la necesidad de una «supercomputadora propia» para procesar datos críticos del país, comparándola con la importancia de tener «carreteras propias» para el desarrollo. «Queremos mayor desarrollo científico y tecnológico; no podríamos pensar en soberanía sin esto. El Estado tiene un rol clave para no depender de otros», declaró la mandataria, quien adelantó que el próximo 26 de noviembre se anunciarán detalles de la atracción de esta máquina, que superará ampliamente a la actual más potente de la región.

El director del BSC, Mateo Valero Cortés –quien acumula «110 visitas» a México–, firmó el acuerdo junto a autoridades mexicanas, destacando la evolución exponencial de la tecnología: «El MareNostrum ha multiplicado su capacidad 10 mil veces desde 2004. Un país soberano es el que controla sus cálculos y datos«. El convenio garantiza soberanía total sobre los datos mexicanos, que permanecerán bajo control gubernamental, y permitirá que al menos 177 investigadores nacionales accedan desde enero a la supercomputadora MareNostrum 5, capaz de realizar 314 billones de operaciones por segundo –lo que reduce de 30 días a horas tareas complejas en equipos convencionales.

El Centro Mexicano de Supercómputo, operando temporalmente en Barcelona, involucrará a instituciones como el Instituto Potosino de Investigación Científica y Tecnológica (Ipicyt), Infotec y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT). La secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación, Rosaura Ruiz Gutiérrez, detalló que el esquema incluirá estancias para doctorantes y posdoctorados en colaboración con el IPN y el Cinvestav, formando a 100 estudiantes en física, matemáticas e ingeniería. «Es un modelo único e intensivo para resolver problemas apremiantes con soberanía en el manejo de datos», afirmó.

Entre los proyectos prioritarios figuran la mejora de pronósticos climáticos y meteorológicos para prevenir desastres naturales, simulaciones sísmicas, análisis de calidad del aire, exploración petrolera con Pemex y modelos para aduanas y el SAT. También se impulsarán aplicaciones en salud, educación, agricultura y finanzas, beneficiando a entidades como la Secretaría de Agricultura y el Consejo Nacional de Productividad y Competitividad (CNPC). Colaboraciones previas con el BSC, como gemelos digitales para la industria energética, han sido premiadas internacionalmente y servirán de base.

El coordinador de Infraestructura Digital, Jorge Luis Pérez Hernández, subrayó la urgencia: «Si construimos todo desde cero, tardaríamos hasta 2028 en resolver problemas de hoy. Con Barcelona, arrancamos ya». El BSC, con 1.400 empleados –de los cuales 1.200 son investigadores–, ha atraído 600 millones de euros en inversiones en 20 años, posicionando a esta alianza como un puente hacia la autonomía mexicana en IA y supercomputación.

Expertos celebran el anuncio como un hito para el Plan México, que posicionará al país en la «liga de naciones líderes» en tecnología. Sin embargo, advierten que el éxito dependerá de la inversión continua en talento humano y ciberseguridad para mantener la soberanía prometida. Con esta iniciativa, México no solo acelera su innovación, sino que fortalece su rol en la ciencia global.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 27 de octubre de 2025.- Con la creación del Centro de Procesamiento de Imágenes Satelitales, el gobierno federal pretende ahorrar hasta 35 millones de pesos anuales y que las instituciones de la administración pública puedan obtener información geoespacial propia.

De acuerdo con la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), esta infraestructura generará una eficiencia económica directa y se podrá cubrir 52% de la demanda institucional nacional de imágenes satelitales.

El propósito de este Centro es que instituciones federales, gobiernos locales y universidades públicas puedan disponer de datos precisos, actualizados y de alta resolución que favorezcan el análisis de la observación de la tierra, también conocido como SPOT (Satellite Pour l’Observation de la Terre, por sus siglas en francés), sin depender de servidores externos.

Proyecto con eficiencia económica directa

Además, subraya, favorecerá a dependencias clave como las secretarías de Agricultura y Desarrollo Rural (Sader) y de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), y a la Comisión Nacional del Agua (Conagua), con datos precisos para el desarrollo de proyectos del servicio público que garanticen el bienestar social.

La utilidad para la planeación urbana y la conservación marina

A futuro, la ATDT planea utilizar las imágenes satelitales como herramientas para la planeación urbana, la conservación marina, la optimización del sector agrícola y de los recursos naturales.

Para 2026, busca desarrollar una plataforma de análisis, distribución que permita visualizar y gestionar las imágenes de la observación de la tierra.

La Agencia puntualiza que al ampliar los campos laborales y de investigación en el ámbito científico y tecnológico, México “avanza hacia un futuro, donde la ciencia y la tecnología espacial se afianzan hacia una política de innovación con enfoque social”.

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EFE. Ciudad de México. 01 de julio de 2025.-  La Cámara de Diputados de México aprobó este martes, en lo general y en lo particular, y sin cambios, la minuta con proyecto de decreto que expide la Ley en Materia de Telecomunicaciones y Radiodifusión, con la que se constituye la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones y la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones.

La ley obliga, entre otros puntos, a los concesionarios a colaborar con las autoridades en la geolocalización de dispositivos móviles en tiempo real, los opositores llamaron a esto un «Estado policiaco», mientras que la mayoría oficialista defendió el registro de usuarios de telefonía celular, ligado a la Clave Única de Registro de Población (CURP) con datos biométricos, para combatir, dijeron, los delitos de alto impacto.

La aprobación en lo particular se dio con 343 votos a favor, 129 en contra y cero abstenciones. El documento deriva de una iniciativa presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum y se envió al Ejecutivo Federal para sus efectos constitucionales.

Con el nuevo ordenamiento, se abroga la Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión publicada en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el 14 de julio de 2014.

Se apuntó que será de orden público y establece las bases de las políticas en ambas materias, regula el uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes públicas de telecomunicaciones, el despliegue y acceso a la infraestructura activa y pasiva, y los recursos orbitales.

Además de la comunicación vía satélite, los servicios espaciales y sus aplicaciones, la sostenibilidad espacial, la prestación de los servicios públicos de interés general de telecomunicaciones y radiodifusión, y la convergencia entre éstos, los derechos de los usuarios y las audiencias.

También, se apuntó, busca garantizar el desarrollo eficiente de los sectores de telecomunicaciones y radiodifusión, que contribuyan a los fines y al ejercicio de los derechos establecidos en los artículos 6, 7, 27 y 28 de la Constitución mexicana.

Entre otros puntos, se indicó, la citada ley garantiza el acceso al internet para toda la población; fortalece el derecho a la información y la accesibilidad a las telecomunicaciones de las zonas en marginación o de alta vulnerabilidad, mediante concesiones de uso social, comunitario o indígena exentándolas del pago de derechos.

También impulsa el acceso a la población en vulnerabilidad y con discapacidad; protege la soberanía con la limitación de propaganda política extranjera, sin afectar la libertad de expresión; refuerzan los derechos de las audiencias, estableciendo la diferencia entre información noticiosa y las opiniones; garantiza la certeza jurídica para los concesionarios.

Además, crea la Comisión Reguladora de Telecomunicaciones, la cual será un órgano administrativo desconcentrado de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, con independencia técnica, operativa y de gestión.

Esta actuará con imparcialidad para dictar resoluciones, cuyo objeto es garantizar el desarrollo eficiente de las telecomunicaciones y la radiodifusión, y estará integrada por cinco personas propuestas por la Presidencia y ratificadas por el Senado.

Este martes en su conferencia diaria, la presidenta Claudia Sheinbaum apuntó que la Ley de Telecomunicaciones «no espía ni censura» y que solo sigue la legislación vigente y recordó que «sólo por orden judicial es posible intervenir teléfonos».

Mientras que el titular de la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT), José Merino, detalló que la norma establece que los operadores están obligados a colaborar con las autoridades de seguridad y procuración de justicia en los términos que establecen las leyes, a través de mandamiento escrito, fundado y motivado de la autoridad competente.

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