Periodistas Unidos. Ciudad de México. 27 de agosto de 2025.- El gobierno mexicano, a través del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, ha descartado que el Cártel de Sinaloa esté “terminado” tras la detención de Ismael “El Mayo” Zambada en julio de 2024 en Estados Unidos. Durante la conferencia matutina presidencial, Harfuch afirmó que, aunque algunas facciones del cártel están “mermadas”, la organización criminal sigue activa debido a su estructura de múltiples liderazgos. “No puede estar terminado el Cártel de Sinaloa porque hay varias cabezas. Todavía hay células y líderes importantes que tienen que ser detenidos”, señaló.

La captura de Zambada, cofundador y líder histórico del cártel, ocurrió en un aeropuerto privado en Nuevo México, donde fue llevado contra su voluntad por Joaquín Guzmán López, hijo de Joaquín “El Chapo” Guzmán, según la versión del propio capo. Este evento ha intensificado las tensiones entre las facciones rivales del cártel, conocidas como “Los Chapitos” (liderada por los hijos de El Chapo) y “La Mayiza” (encabezada por Ismael Zambada Sicairos, hijo de El Mayo), desatando una guerra interna por el control en Culiacán, Sinaloa. Desde la detención, se han reportado enfrentamientos, secuestros y al menos 50 muertes en la región, según analistas.

Zambada, quien se declaró culpable de dos cargos de narcotráfico en un tribunal federal de Nueva York, admitió haber sobornado a políticos, policías y militares mexicanos durante más de cinco décadas, además de liderar el cártel desde 1989 hasta 2024. Estas declaraciones han generado reacciones en México, con la presidenta Claudia Sheinbaum abogando por investigar las acusaciones de sobornos, aunque enfatizó que cualquier señalamiento debe respaldarse con pruebas. “Estamos en contra de cualquier acto de corrupción, particularmente en seguridad. Cualquier investigación es buena”, afirmó la mandataria.

Por su parte, las autoridades estadounidenses han calificado al cártel como “decaptado” tras las recientes detenciones, esperando que Zambada proporcione información clave a cambio de beneficios carcelarios. Sin embargo, Harfuch insistió en que la organización sigue operando, destacando que nunca ha tenido un líder único, sino múltiples ramas, como las encabezadas por El Chapo, sus hijos, “El Guano” (hermano de El Chapo) y “El Chapo Isidro”. También descartó una alianza entre Los Chapitos y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), aclarando que ciertos indicios de colaboración eran intentos de amedrentamiento por parte de grupos de Sinaloa.

La situación en Sinaloa permanece volátil, con un reforzamiento constante de operativos de seguridad, incluyendo el despliegue de más de 200 soldados tras la captura de Zambada y la entrega de 100 patrullas el pasado fin de semana. Mientras tanto, el gobierno mexicano ha expresado su intención de solicitar a Estados Unidos parte de los 15,000 millones de dólares impuestos como multa a Zambada, para destinarlos a comunidades vulnerables, aunque Sheinbaum aclaró que dicho monto es un cálculo del Departamento de Justicia estadounidense y no necesariamente será pagado directamente por el capo.

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AMEXI. Ciudad de México. 27 de agosto de 2025.- La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo expresó este miércoles su respaldo a que se investigue a funcionarios públicos y actores políticos que presuntamente recibieron sobornos del narcotraficante Ismael “El Mayo” Zambada, líder histórico del Cártel de Sinaloa.

En la Mañanera del Pueblo desde Palacio Nacional, la mandataria federal subrayó que cualquier acto de corrupción, especialmente en el ámbito de la seguridad, se debe aclarar y sancionar conforme a la ley.

Estamos contra cualquier soborno: Sheinbaum

“Por supuesto estamos en contra de cualquier soborno o acto de corrupción que tenga que ver particularmente con el tema de seguridad. Cualquier investigación es buena”, afirmó Sheinbaum ante los medios.

Las declaraciones de la presidenta se producen tras la audiencia celebrada en la Corte Federal de Nueva York, donde “El Mayo” Zambada admitió haber pagado sobornos durante más de cinco décadas a autoridades mexicanas –incluidos mandos militares, policías y políticos– para garantizar la protección de las operaciones del cártel.

Aunque el capo no reveló nombres ni presentó pruebas, su confesión revive el debate sobre la infiltración del crimen organizado en las estructuras del Estado.

¿Qué es indispensable para que avancen las investigaciones?

Sheinbaum reiteró que, para que las investigaciones avancen, es indispensable que se presenten denuncias formales ante la Fiscalía General de la República (FGR).

“Tendría que haber una denuncia en particular”, insistió la presidenta, al tiempo que llamó a los medios de comunicación y a la sociedad civil a contribuir con información verificable.

¿Qué aclara titular de la SSPC?

Por su parte, el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch aclaró que la cifra de 15 mil millones de dólares mencionada por autoridades estadunidenses como parte del pago que Zambada tendría que cubrir no está relacionada con investigaciones en México, sino que se trata de un cálculo del Departamento de Justicia de Estados Unidos.

El Cártel de Sinaloa no está extinto: García Harfuch

El titularr de la SSPC indicó que, pese a los golpes recientes contra sus principales líderes, el Cártel de Sinaloa continúa operando en diversas regiones del país.

Subrayó que la organización criminal “no puede considerarse extinta” y que aún existen células activas y figuras de mando que deben ser detenidas.

“Todavía hay células y líderes delictivos muy importantes que tienen que ser detenidos. Están mermadas ciertas facciones del Cártel de Sinaloa”, declaró García Harfuch.

Monstruo de múltiples cabezas

El titular de la SSPC explicó que el grupo criminal no tiene una estructura jerárquica única, sino que opera históricamente con múltiples cabezas.

“El Cártel de Sinaloa nunca ha tenido un líder como tal, siempre ha tenido varios líderes. Es un cártel que tiene varias ramas”, puntualizó.

Entre ellas mencionó a Ismael “El Mayo” Zambada, Joaquín “El Chapo” Guzmán, sus hijos –conocidos como Los Chapitos–, así como a “El Guano” y “El Chapo Isidro”.

García Harfuch destacó que, aunque se debilitaron algunas facciones con detenciones y decomisos, la estructura criminal mantiene presencia operativa en distintas zonas del país. Por ello, reiteró que las labores de inteligencia y coordinación entre fuerzas federales deben continuar para desarticular por completo al grupo.

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Periodistas Unidos. Brooklyn, Estados Unidos. 25 de agosto de 2025.- Ismael «El Mayo» Zambada, cofundador del Cártel de Sinaloa y una de las figuras más elusivas del narcotráfico mexicano, se declaró culpable este lunes de cargos federales relacionados con el tráfico de drogas en un tribunal de Brooklyn, Nueva York. Zambada, de 77 años, admitió su responsabilidad en una conspiración de crimen organizado y en la operación de una empresa criminal continua, cargos que abarcan décadas de actividades ilícitas que inundaron Estados Unidos con cocaína, heroína, fentanilo y otras sustancias.

Durante la audiencia, Zambada expresó remordimiento por sus acciones a través de un intérprete en español: «Reconozco el gran daño que las drogas ilegales han causado a las personas en Estados Unidos y México. Me disculpo por todo ello y asumo la responsabilidad de mis actos». Según los fiscales, bajo su liderazgo junto a Joaquín «El Chapo» Guzmán, el Cártel de Sinaloa se transformó de una organización regional en el mayor imperio de tráfico de drogas del mundo, utilizando violencia, sobornos y asesinatos para mantener su dominio.

Zambada, quien evadió a las autoridades durante más de dos décadas, fue arrestado en julio de 2024 en un pequeño aeródromo en Nuevo México junto a Joaquín Guzmán López, hijo de El Chapo. Su captura, que según su abogado fue producto de un secuestro por parte de Guzmán López (algo que la defensa de este último niega), desató enfrentamientos violentos en Sinaloa entre facciones rivales del cártel. En el tribunal, Zambada reconoció haber ordenado asesinatos, incluido el de su propio sobrino, y haber pagado sobornos a policías, militares y políticos mexicanos para operar con impunidad desde los inicios del cártel en la década de 1970.

Como parte de su acuerdo de culpabilidad, Zambada aceptó una sentencia de cadena perpetua y la confiscación de 15 mil millones de dólares, considerados ganancias de sus actividades criminales. Su sentencia está programada para el 13 de enero de 2026. El acuerdo no incluye cooperación con el gobierno estadounidense, según su abogado, Frank Pérez, quien también transmitió un mensaje de Zambada pidiendo a Sinaloa evitar más violencia: «Nada se gana con el derramamiento de sangre; solo profundiza las heridas».

La declaración de culpabilidad de El Mayo marca el fin de una era para uno de los narcotraficantes más buscados, aunque las autoridades advierten que la lucha contra el Cártel de Sinaloa y sus facciones continúa, en un contexto de creciente presión de Estados Unidos sobre México para desmantelar estas organizaciones.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 14 de agosto de 2025.- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, anunció este jueves la detención de Carlos Alberto Treviño Medina, exdirector general de Petróleos Mexicanos (Pemex), en Estados Unidos. Treviño, acusado de corrupción y lavado de dinero en el caso Odebrecht, será deportado a México en los próximos días para enfrentar cargos ante la justicia mexicana.

La detención, confirmada por la Presidencia, ocurrió el 13 de agosto en territorio estadounidense, tras una orden de extradición emitida por México hace varios años. Según la Fiscalía General de la República (FGR), Treviño es señalado por recibir sobornos por aproximadamente 4 millones de pesos, relacionados con contratos adjudicados a la constructora brasileña Odebrecht, incluyendo el proyecto de la planta Etileno XXI. La FGR aseguró que las pruebas y testimonios recopilados sustentarán la causa penal una vez que Treviño sea entregado a las autoridades mexicanas.

En redes sociales, el arresto generó reacciones inmediatas. La periodista Alicia Salgado (@AliciaSalgadoMX) informó en X que Treviño fue detenido por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) y permanece en una instalación migratoria en EE.UU., a la espera de su traslado. Analistas en la plataforma destacaron que este caso será clave para evaluar la cooperación internacional en materia penal y la capacidad de México para procesar casos de alto perfil.

El caso Odebrecht, que destapó una red de sobornos en América Latina, ha sido un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción en México. Treviño, quien dirigió Pemex durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, se suma a otros exfuncionarios implicados, como Emilio Lozoya, quien también enfrenta procesos judiciales por este escándalo.

La FGR indicó que ampliará la información conforme avance el proceso, asegurando que se respetarán los derechos procesales de Treviño. Se espera que, tras su deportación, sea presentado ante un juez para determinar su situación jurídica.

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EFE. Ciudad de México. 17 de octubre de 2024.-  La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, presentó este jueves la nueva Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno para reducir los sobornos, al estimar que representaban el 4,5 % del valor de los contratos públicos antes del Gobierno de Andrés Manuel López Obrador (2018-2024).

La nueva dependencia del gabinete presidencial reemplazará a la Secretaría de la Función Pública (SFP) con un enfoque más transversal en todos los organismos del Gobierno federal y los estados, expuso su titular, Raquel Buenrostro, en la conferencia matutina de Sheinbaum.

«El ir acabando con la corrupción, y ustedes lo vieron, permitió tener mayores recursos públicos, el crecimiento de los recursos públicos ha sido histórico en esta Cuarta Transformación (el movimiento de López Obrador) y queremos mantenerlo», declaró la funcionaria.

Buenrostro era conocida como la ‘dama de hierro’ durante el Gobierno de López Obrador por su labor para implementar la austeridad y fiscalizar como oficial mayor de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), jefa del Servicio de Administración Tributaria (SAT) y secretaria de Economía.

Durante el Gobierno de López Obrador se redujo un 11,2 % la tasa de actos de corrupción en trámites por cada 100.000 habitantes de 2019 a 2023 hasta los 13.966, citó la funcionaria con base en datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

Además, cayó ocho puntos porcentuales la percepción de la población que opina que las prácticas de corrupción son «muy frecuentes» o «frecuentes» de 2017 a 2013, hasta un «mínimo histórico» de 83,1 %, agregó Buenrostro, también según el Inegi.

La nueva Secretaría pretende pasar de «un enfoque correctivo a un enfoque preventivo», por lo que el eje de «buen gobierno» será como el «policía bueno», que contempla dignificar la carrera del servidor público, acompañamiento preventivo, y modernizar a la administración pública federal para hacerla más eficiente e inhibir la corrupción.

También consolidará compras públicas transparentes «a precios justos» que fomenten la proveeduría nacional, y la transparencia proactiva.

Mientras que en el ramo «anticorrupción», la Secretaría fortalecerá la cultura de la denuncia en el sector público y privado, investigaciones que inhiban la corrupción y combatir la impunidad.

“Tenemos que hacer que violar la ley sea más caro que cumplir la ley, que no haya ningún incentivo para violar la ley. Ahorita para muchas empresas es más fácil decir: incumplo con el contrato porque la penalización es muy baja», expresó Buenrostro.

La meta de los primeros 100 días de la nueva dependencia será la reestructura de la administración pública federal, acompañamiento a obras como el Tren Maya y el sector salud, y elaborar reformas a la Ley de Adquisiciones y la Ley de Obras para ahorrar hasta un 70 % con subastas de contratos públicos.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 17 de febrero de 2024.- Eduardo Bautista habla con Alejandro Meléndez sobre los sobornos de marinos a Zona Maco; estrena la película “Bob Marley: One Love” y Presentan Romeo y Julieta en un musical en el Nuevo Teatro Libanés en el programa «Después de la Letra… la Palabra» de Periodistas Unidos.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 27 de octubre de 2021.- Una investigación internacional reveló este miércoles que la brasileña Odebrecht entregó sobornos en México de 2006 a 2011 por 9,2 millones de dólares, un monto adicional al que ahora indaga la Fiscalía General de la República (FGR).

Los 25 pagos ilegales se entregaron a siete funcionarios, cuya identidad es secreta, durante los sexenios de Vicente Fox (2006-2012) y Felipe Calderón (2012-2018), según la información obtenida por Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) y el Quinto Elemento Lab.

Estos recursos son adicionales a los 10,5 millones de dólares que habría recibido Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto (2012-2018).

Los documentos que revelan esta información corresponden a la Procuraduría de Brasil y al sistema contable del Departamento de Operaciones Estructuradas, «la oficina secreta de Odebrecht», que distribuía los sobornos a funcionarios de América Latina y África, indicaron las asociaciones.

«Revelan además que el alcance de las prácticas corruptas fue mucho más extenso que el reconocido originalmente por los exdirectivos cuando confesaron haber sobornado a Lozoya y cuando más tarde admitieron pagos ilegales a campañas políticas», reportó el Quinto Elemento Lab.

La investigación se revela en medio de la polémica que ha causado el rezago del caso Lozoya, quien tiene más de un año extraditado en México, donde solo hay un detenido por el escándalo de Odebrecht, el exsenador Jorge Luis Lavalle del Partido Acción Nacional (PAN).

La oposición ha acusado al Gobierno de Andrés Manuel López Obrador de usar el caso de Lozoya, quien se ha acogido al criterio de oportunidad para evitar la cárcel, para «vengarse» de sus enemigos políticos del PAN y del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

Los nuevos documentos evidencian que los pagos ilícitos de Odebrecht comenzaron en México en 2006, «a favor de personajes involucrados en la construcción de una obra hidráulica en Michoacán», conocida como la presa Francisco J. Múgica, aseveró MCCI.

«La obra de Michoacán a la que se hace referencia en los nuevos documentos se ejecutó durante el periodo de Lázaro Cárdenas Batel y Leonel Godoy como gobernadores de aquel estado, y durante los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón», añadió la organización.

La asociación matizó que las evidencias no mencionan que los expresidentes «hayan sido los receptores de algún pago ilegal, ni tampoco revela la identidad de los beneficiarios».

Los fiscales de Brasil mandaron los documentos, que contienen más de 250 páginas de información, tras una solicitud de la fiscalía de Perú, donde se han abierto nuevas líneas de investigación, de acuerdo con el Quinto Elemento Lab.

El paquete de información incluye cientos de órdenes de pagos y transacciones ilegales que sucedieron de 2004 a 2011 países de América Latina, como Perú, México, Argentina, Venezuela, República Dominicana, Ecuador y Panamá.

A diferencia de Perú, México «no ha sido tan activo» para solicitar ayuda de Brasil y ha rechazado la colaboración ofrecida por Odebrecht, señaló la asociación.

«Sin un acuerdo de colaboración firmado con la firma brasileña, para los fiscales mexicanos resulta más difícil conocer quiénes fueron los beneficiarios de los sobornos», indicó.

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Foto: Presidencia de la República / FotorreporterosMx

EFE. Ciudad de México. 05 de noviembre de 2020.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió este jueves que «se aplique la ley» en el caso de su hermano Pío López Obrador, quien presuntamente habría recibido sobornos en 2015 durante la campaña electoral del estado de Chiapas, como a cualquier persona.

«Que se aplique la ley como a cualquier ciudadano, aunque se trate de mi hermano y que sean los ministerios públicos y los jueces los que decidan», defendió el presidente en su conferencia de prensa matutina en el Palacio Nacional.

López Obrador aseguró que bajo su Gobierno, iniciado a finales de 2018, «no hay nepotismo, amiguismo ni influyentismo».

«No voy a proteger a ningún corrupto, no soy tapadera de nadie, aunque se trate de mi familia», agregó.

El pasado 20 de agosto se filtraron dos videos en los que Pío López Obrador, hermano del presidente, recibía en 2015 paquetes con lo que parecía dinero por parte de David León, quien años después fue nombrado coordinador nacional de Protección Civil en el Gobierno de López Obrador.

Los implicados alegaron en su momento que el dinero no era de procedencia ilegal, sino para financiar la campaña de su partido, el ahora oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), a las elecciones locales del estado de Chiapas que se iban a celebrar ese año.

Según publicó este jueves la prensa local, Pío López Obrador habría pedido ante el Tribunal Electoral que se archive el caso por considerarlo un tema prescrito.

«No me meto en esto, que lo decida la autoridad competente. No le voy a hablar a un juez, ni a un ministro ni a un fiscal», dijo López Obrador cuestionado por este asunto.

El pasado 19 de octubre, el mandatario lamentó que su hermano hubiera denunciado al periodista Carlos Loret de Mola, quien publicó los videos de Pío López Obrador y David León.

«No estoy de acuerdo con él, yo creo que no debe pedirse un castigo así para nadie y más si es mi hermano. Porque eso lo utilizan mis adversarios en contra de mi persona y del Gobierno que represento», dijo.

Estas grabaciones salieron a la luz el pasado agosto en plena guerra de videoescándalos entre el oficialismo y la oposición.

Días antes, unas grabaciones mostraron supuestamente a legisladores del opositor Partido Acción Nacional (PAN) recibiendo en 2013 bolsas de dinero de la trama Odebrecht para aprobar la reforma energética del entonces presidente Enrique Peña Nieto (2012-2018). 

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Foto: @jrisco

EFE. Ciudad de México. 19 de agosto de 2020.- El gobernador de Querétaro, Francisco Domínguez, afirmó que las acusaciones en su contra realizadas por Emilio Lozoya, exdirector de Petróleos Mexicanos (Pemex), quien lo involucró en el recibo de sobornos para aprobar la reforma energética de 2013 son con una «bajeza inaudita».

«El señor Emilio Lozoya ha pretendido involucrarme, con una bajeza inaudita, en actos de corrupción. Ha aportado sus dichos que valen lo que su prestigio: nada», señaló este miércoles el mandatario estatal durante la conferencia de prensa matutina.

Domínguez insistió en que en las acusaciones en su contra «hay intención política» pues, dijo, atacan a un gobernador de oposición «bien calificado».

Y denostó los dichos de Lozoya pues apuntó «no se puede creer en la palabra de un delincuente confeso, yo doy la cara aquí y ante la autoridad, no busco protección a cambio de inventar falsedades».

De acuerdo con las declaraciones del caso Odebrecht hechas por Lozoya, Domínguez, Ricardo Anaya, Miguel Barbosa, Ernesto Cordero, Jorge Luis Lavalle, David Penchyna y Salvador Vega Casillas, quienes se desempeñaron como legisladores en el Congreso de la Unión en las fechas señaladas, recibieron 80 millones de pesos (cerca de 3,6 millones de dólares).

Además, el pasado lunes se difundió un vídeo que muestra a colaboradores de Domínguez, Cordero y Lavalle recibir presuntos sobornos cuando trabajaban para senadores en 2013.

El martes, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, pidió una investigación «seria» sobre el vídeo y afirmó que la filmación exhibe «el dinero que se utilizaba para comprar voluntades, conciencias, para comprar votos».

El mandatario de Querétaro recordó este miércoles que siempre apoyó la reforma energética. Sin embargo, aclaró que lo hizo por «convicción», por lo cual no podrían haber comprado su voto ya que «nadie compra lo que ya se tiene».

Incluso, afirmó que él fue el encargado de presentar la reforma a diputados y senadores a nombre de su partido, el conservador Acción Nacional (PAN), e hizo 807 reservas y modificaciones.

Y señaló que, debido a ello, sufrió amenazas contra su vida ya que además quitó el control del Consejo de Administración de Pemex y cinco plazas en el sindicato.

Lozoya denunció la semana pasada al expresidente Enrique Peña Nieto y al exsecretario de Hacienda Luis Videgaray por «ordenarle» usar 120 millones de pesos (5,4 millones de dólares) para que cinco senadores y un diputado avalaran la reforma energética, que abrió el sector a la iniciativa privada en 2013.

El exdirector de Pemex enfrenta en libertad las imputaciones por la red de sobornos de la trama Odebrecht y de la compraventa irregular de una planta de fertilizantes durante el Gobierno de Peña Nieto (2012-2018).

López Obrador ha pedido tratar a Lozoya como «testigo colaborador» y «transparentar todo el proceso», incluido los vídeos, para revelar la identidad de los políticos y el dinero que recibieron para avalar la reforma energética de 2013, a la que él se opone. 

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