Foto: Presidencia de la República

Por Saúl Escobar Toledo

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 04 de febrero de 2021.- El jueves pasado tuvo lugar la quinta y última mesa de dialogo convocada por la Secretaría del Trabajo y Previsión Social del gobierno de la república con el tema: “Posibles efectos o distorsiones en el Reparto de Utilidades una vez aprobada la reforma en materia de Subcontratación”.  En dichas mesas, los participantes presentaron sus puntos de vista por medio de una plataforma digital, las cuales pueden revisarse en el portal que la Secretaría ha dispuesto en Facebook y You Tube. Acudieron a este diálogo representantes de los trabajadores y los empresarios y fueron encabezadas por la secretaria, Luisa María Alcalde.  En la del día 28, dicha funcionaria invitó a algunos académicos y tuve la oportunidad de participar.

Los voceros del sector privado expresaron reiteradamente dos argumentos: el primero, que la carga que tienen que soportar las empresas es demasiado alta, sobre todo por la elevada tasa impositiva y la participación de los trabajadores en el reparto de utilidades (PTU); y segundo, que México debe mantener su atractivo para la inversión extranjera en un mercado mundial altamente competitivo. Por ello, manifestaron su oposición a lo que ellos consideraron una “prohibición” de la subcontratación y, con más insistencia, propusieron la necesidad de cambiar la ley para que la PTU no se aplique de acuerdo con un porcentaje (10%), sino con un tope de (o se convierta en un bono equivalente a) treinta días de salario como máximo.

Ambas razones son en cierta manera contradictorias pues si en México los impuestos a las empresas y la PTU son ya muy elevados, no se entiende porqué nuestro país es atractivo para la inversión extranjera. Por otro lado, algunos participantes insistieron en que la iniciativa de ley presentada por el presidente prohíbe cualquier forma de subcontratación cuando en realidad lo hace sólo en el caso de aquellos consorcios o empresas que “proporcionen o ponga disposición trabajadores propios en beneficio de otra”. Algunos llaman a esta modalidad “insourcing”, lo cual es inexacto ya que con este término se designa más bien la ejecución de tareas por una empresa que antes realizaba otra.

En realidad, lo que se intenta prohibir es que haya una simulación y que una empresa (frecuentemente del mismos consorcio o dueño) maneje la nómina y la administración de personal que labora en otro establecimiento. De esta manera, el corporativo puede eludir el pago de algunas prestaciones, incluyendo el reparto de utilidades, pero también la negociación colectiva y la sindicalización. Se trata en realidad, como expresé en el turno de mi intervención, de una forma de contratación arreglada para omitir diversas obligaciones legales. Los empleados subcontratados bajo este esquema tienen los salarios más reducidos del mercado, muy pocos están inscritos en el IMSS, y, en su gran mayoría, no cuentan con un sindicato ni un contrato colectivo pactado.

En cuanto al asunto de la PTU, me permití señalar que México es un país muy desigual: el decil más pobre de la población apenas recibe el 1.8% del ingreso total mientras que el diez por ciento más rico acapara casi el 34%. Incluso el ochenta por ciento de la población recibe el 50% del ingreso mientras que el veinte por ciento más afortunado concentra el 50 por ciento restante. Esto ha provocado un Índice de Gini de 0.469 que es uno de los más altos (y por lo tanto indica una mayor desigualdad) de los países de la OCDE.

Lo anterior es en parte debido al desequilibrio entre salarios y ganancias en la producción. En el cuarto trimestre de 2019, según cifras del INEGI, la remuneración de los asalariados fue de 27.75% del PIB mientras que el excedente bruto de operación concentraba casi el 45%. Como se sabe, los salarios promedio (no sólo el mínimo) de México son también muy reducidos ocupando casi el último lugar de los países de la OCDE. En cuanto a la carga fiscal, destaca el hecho de que los impuestos a la propiedad son casi insignificantes, apenas 0.328 % del PIB, mientras que en otros países, por ejemplo, Chile o Colombia, representan entre el 1. 118 y el 1.787%. El promedio de la OCDE es de 1.856%, es decir, seis veces mayor.

De esta manera puede afirmarse que hay un espacio muy amplio para mantener las disposiciones vigentes del reparto de utilidades y que las dificultades de las empresas no obedecen a un alto costo de la fuerza de trabajo. Hay que señalar, además, que esquemas similares, de “profit-sharing”, existen en varios países del mundo, entre ellos, Canadá, Francia, Alemania, Reino Unido y Estados Unidos, aunque con distintas particularidades.

Sin duda, las bajas remuneraciones de la mano de obra han sido un atractivo para las inversiones externas pero este modelo se está agotando. El T-MEC formado con Estados Unidos y Canadá dedica todo un capítulo y un conjunto de previsiones dedicados a México, para impedir las empresas sigan abusando de estas condiciones.  Insistir en esa ventaja comparativa y en reducir o cancelar la PTU, y mantener el artificio de esa modalidad de subcontratación, va en contra de la letra y el espíritu del Tratado y puede generar un malestar entre los gobiernos y parlamentos de nuestros socios comerciales. Y, sobre todo, hay que reiterarlo, la PTU es un mecanismo redistributivo que mal haríamos en suprimir dadas los niveles de desigualdad existentes y la porción tan reducida que corresponde al trabajo en el PIB total.

Según mi apreciación, los representantes patronales, desafortunadamente, no mostraron voluntad para mejorar, de alguna manera, la situación deplorable de desigualdad y pobreza laboral existente en nuestro país y, en cambio, insistieron en sacar ventaja del diálogo abierto por el gobierno para mantener los esquemas de subcontratación fraudulentos, o para cambiar la ley y la naturaleza de la PTU si se aprueban las reformas a la LFT. Según su punto de vista, este mecanismo debe convertirse en una prestación de un monto fijo en lugar de una forma de compartir la bonanza de las empresas. Este intento de cambalache, catafixia o quid pro quo, es una mala señal de la llamada iniciativa privada; un intento oportunista y perverso para terminar con una conquista laboral que se obtuvo desde el Constituyente de 1917.

Es cierto que ha faltado, por parte del gobierno, una política de recuperación económica que incluya mayores apoyos a las empresas, sobre todo a las micros y pequeñas. Sin embargo, en lugar de intentar formar un frente común con los sindicatos y la sociedad para construir un plan que ofreciera mejorías para todos, simplemente se decidieron por la táctica de la presión política basada en falsedades o hipótesis muy cuestionables, manifestando una falta de solidaridad con la población trabajadora y con la desgracia que ha sufrido la inmensa mayoría de los mexicanos debido a la pandemia.

Si realmente quisieran discutir un plan de recuperación económica inclusiva, que abarcara ventajas o ayudas a las empresas y los asalariados, sería bueno, por ejemplo, poner en la mesa de diálogo, la posibilidad de mejorar la recaudación que grava la propiedad, no sólo de activos inmobiliarios sino también financieros en manos de personas físicas. Con ello mejorarían las finanzas públicas, habría mayores recursos para la recuperación económica y se afectaría sólo a una porción de la sociedad, la que posee grandes propiedades inmobiliarias e instrumentos financieros cuantiosos. A cambio de estas aportaciones a cargo de las personas más prósperas (acaso el 1%), las empresas podrían obtener mejores condiciones fiscales, los trabajadores podrían conservar sus empleos (hoy en riesgo por los cierres motivados por las medidas sanitarias), y negociar sus salarios y prestaciones en mejores condiciones. La negociación que escuché en esos diálogos, por voz de los representantes empresariales, va en sentido contrario: lo que algunos llaman un juego de suma cero. Ganar a costa de las pérdidas de los otros.

saulescobar.blogspot.com

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Foto: Especial

Por Jorge Meléndez Preciado

            Periodistas Unidos. Ciudad de México. 06 de diciembre de 2020.- La subcontratación, llamada comúnmente como outsorcing, por las generaciones de mexicanos nacidos y educados en el espanglés, parafraseando a Carlos Monsiváis, es un negocio millonario que ha traído ausencia de impuestos altos al gobierno, la falta de inscripción de trabajadores en los servicios de salud, la ausencia de pensiones en millones de personas, el despido y contratación arbitrarias y que empresas de un mismo patrón tengan varias denominaciones, entre otras cuestiones.

            El gobierno propuso una ley, en la cual hay sanciones mayúsculas, como la cadena perpetua, aunque como era lógico, hasta los empresarios más progresistas, se han opuesto al máximo. Por ello, se ha dificultado aprobarla, pero en la próxima semana, aparentemente el martes 8 de diciembre, se pondrá a discusión y votación.

            Es necesario hacer notar que los contrarios a la propuesta son los supuestos partidos opositores a la Cuatro T: PRD, PRI, PAN y MC. Y ello no les causa asco, como dice la legisladora panista, Cecilia Romero, quien afirmó que siente nauseas coaligarse con el PRI, aunque todo sea en aras de menguar la fuerza de López Obrador. Se le olvida a dicha señora que tal confluencia de objetivos ha existido, a sotto voce, desde el sexenio de Carlos Salinas de Gortari.

            Según un estudio de las investigadoras del Colegio de México: Graciela Bensunsán, Landy Sánchez y María Edith Pacheco, el asunto ha crecido de 2004 a 2014, en casi el doble, ya que antes había 9 por ciento de cada 100 trabajadores en subcontratación y hoy existen 17 por ciento.

            En el 60 por ciento de las empresas grandes, con altos rendimientos, se han implantado tales formas de emplear a los que se suman al trabajo, ello porque tanto el IMSS, la secretaría de Hacienda y el Sistema de Administración Tributaria (SAT) han estado ausentes de inspección en los multimillonarios negocios. Lo que muestra el favoritismo para la ganancia y la ausencia de apoyo a los trabajadores.

            Cerca de cinco millones de empleados, de más de 22 millones, sufren esta situación que los pone al borde cotidiano del despido, la ausencia de las garantías del artículo 123 (uno de los fundamentales en la Constitución y pionero en Latinoamérica) que posibilita salario digno y justo, reglamento del trabajo y posibilidades de salud, educación, vacaciones y aguinaldo, entre otras cuestiones.

            Pero a quien ahora están contratado sin muchos de los derechos fundamentales, se encuentran como decía hace muchos años el prócer Valentín Campa de los ferrocarrileros que no tenían contrato: eran “los pelones”, ya que su salario cada ocho días resultaba lo único que obtenían.

            En el actual régimen capitalista, lejos de aumentar las posibilidades para los que realizan algún trabajo gocen de una vida mejor, la involución ha sido tremenda. Ya que hasta las jornadas de trabajo son más largas y peligrosas.

            En esta situación se encuentran el 90 por ciento de los empleados bancarios, incluso de consorcios como Bank of America y Volkswagen Bank, no se diga del principal ganador de utilidades en el país BBBVA, el cual obtiene el 35 por ciento de sus utilidades aquí, tres veces más de lo que logra en su matriz, España.

            Esto lo ha difundido ampliamente el Centro de Investigación Laboral y Asesoría Sindical (Cilas).

            La mayoría de bancos pequeños, incluido uno en quiebra como Famsa, los cuales obtuvieron concesiones durante el gobierno de Vicente Fox, a través del secretario de Hacienda, Francisco Gil Díaz, han operado como si no existieran leyes laborales.

            Otros lugares donde la situación es anómala es en el sector salud y asistencia, done el 46 por ciento de las desprotegidas son mujeres. También destaca el caso de la educación, cuyos maestros obtienen salarios ridículos, cargas de trabajo largas por las tareas a calificar y ninguna posibilidad de obtener lo elemental.

            La industria automotriz, extranjera toda, es un sitio donde asimismo existe esta también llamada tercerización, ya que las armadoras, en las cuales hay cada vez mano de obra femenina está en la indigencia.

            En la construcción y las actividades agropecuarias, cuando menos el 16 y el 12 por ciento de su plantilla se encuentra en malísimas condiciones. En ambas actividades, por cierto, el trabajo infantil es frecuente y los accidentes o fallecimientos de menores van en aumento.

            Según la secretaria del Trabajo, Luisa María Alcalde, en ocasiones hay 13 empresas de subcontratación en una sola plantilla, con el objeto de hacer más complicado encontrar y distinguir las contrataciones.

            Hay otras muy conocidas que hacen de esta práctica un credo: las de comida rápida, las de hamburguesas y pizzas, de reparto alimenticio y hasta una buena cantidad de oficinas gubernamentales, ya que sus servicios de limpieza y de policía, están fuera de los sindicatos.

            Según, Carlos Romero Aranda, Fiscal de la Federación, el gobierno deja de recibir 200 mil millones de pesos al año por la subcontratación.

            El punto clave ahora en la discusión es si la ley entra en acción el primero de enero de 2021, como plantean Morena y PT, o hasta un año después, propuesta de toda la oposición: PRI, PAN, PRD y MC.

            La segunda iniciativa permitiría una nueva simulación con diversas modalidades, al decir de especialistas.

jamelendez44@gmail.com

@jamelendez44

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Foto: Cuartoscuro

Por Humberto Musacchio

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 20 de noviembre de 2020.- Hay que aplaudir que, por fin, tanto el Poder Ejecutivo como el Congreso se dispongan a legislar en torno a la subcontratación (outsourcing). El senador Napoleón Gómez Urrutia lo viene planteando prácticamente desde que ocupó su escaño, pero hasta ahora no había tenido apoyo porque Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política de la llamada Cámara alta, según declaró públicamente, se había comprometido con los líderes empresariales a no tocar el tema.

Pero algo cambió en Palacio porque el Ejecutivo ya envió la iniciativa en torno al asunto y ahora, como ya es costumbre en este sexenio, hay quienes pretenden suprimir del todo esa forma de la relación laboral e incluso se habla de imponer penas de cárcel a quienes incurran en esa práctica (hasta nueve años de prisión, dijo Ya Saben Quién).

El presidente López Obrador declaró anteayer que “si los diputados quieren que se mantenga la subcontratación, son libres, pero el Ejecutivo no quiere que existan estos mecanismos”. Es de celebrarse que, casi dos años después de haber tomado posesión como mandatario, AMLO haya salido a fijar su posición en términos tan claros.

El Ejecutivo fue más lejos, pues declaró que si en el gobierno hay subcontratación, ésta será eliminada, “porque es inmoral e ilegal” y él no quiere ser “cómplice de una maniobra que afecta a los trabajadores”. Muy bien, pero decir que “si en el gobierno hay subcontratación” es una forma condicional que, de entrada, no acepta que la mitad de la burocracia se halla laborando bajo ese esquema, de modo que el gobierno federal es el principal cliente de las empresas de outsourcing.

El Consejo Coordinador Empresarial dice que son cuatro millones 600 mil los mexicanos encuadrados en ese esquema, aunque otros cálculos estiman que son cinco y hasta siete millones los trabajadores sometidos a esa fórmula. Solamente la banca múltiple tiene a la mitad de sus empleados bajo ese régimen y BBVA Bancomer, desde 2007, creó una empresa filial encargada de reclutar personal para dotar al grupo financiero de los trabajadores que requiriera, por supuesto, sin responsabilidad laboral para éste, pues la gente que trabaja bajo esta relación con la firma outsourcing tiene contratos que, sencillamente, se renuevan a voluntad de la empresa que alquila personal a otras empresas, entre las cuales hay algunas que tienen a la totalidad de su personal bajo ese régimen.

Mediante ese esquema, los trabajadores reciben menos de lo que les correspondería por medio de contrato directo, carecen de estabilidad en el empleo, están sujetos a la firma de contratos de corta duración y se les priva de diversos derechos laborales. Pero nadie piense que esa relación bárbara sea ilegal. No lo es hasta ahora porque lo autoriza la legislación, por supuesto, en detrimento de las disposiciones de la Ley Federal del Trabajo y de la propia Constitución.

Pese a todo, el hecho de que sea legal no lo hace mejor. El outsourcing es uno de los muchos frutos podridos del neoliberalismo y es plausible que se someta al análisis y las necesarias modificaciones propias de un régimen laboral menos injusto y con equilibrio entre los factores de la producción.

El señor Carlos Salazar, presidente del Consejo Coordinador Empresarial, dice que la iniciativa para legislar en materia de subcontratación “viola el compromiso expreso de las autoridades de consultar a las organizaciones del sector privado”, augura quebrantos para la economía nacional, desempleo y despidos masivos, lo que repiten no pocos periodistas proempresariales.

Sin embargo, quienes hoy tienen una relación laboral como subcontratados ocupan plazas donde son necesarios. Si la ley obliga a las empresas a contratarlos de manera directa, no por eso sus funciones pasarán a ser prescindibles. El gran riesgo es que hoy se proceda a rajatabla, como lo ha hecho este gobierno con las guarderías o los fideicomisos. En diversas actividades, la subcontratación es necesaria y no resulta lesiva para los trabajadores ni para el interés social. De lo que se trata no es de erradicar la subcontratación, sino de regularla para suprimir sus aspectos aberrantes y anticonstitucionales. Ojalá los legisladores lo entiendan de la misma manera.

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Foto: Mario Guzmán / EFE

Por Pedro Pablo Cortés

EFE. Ciudad de México. 24 de febrero de 2020.- Empresas mexicanas afrontan este año la mayor transformación laboral en la historia reciente ante los cambios que deben implementar por el nuevo tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y la lucha del Gobierno federal contra la subcontratación abusiva u «outsourcing».

Entre los cambios que se avecinan están la garantía de la democracia de los sindicatos, las negociaciones colectivas, el aumento al salario mínimo y la creación de un sistema de tribunales que resuelvan las disputas laborales, explican activistas, académicas y empresarios consultados por Efe.

Aunque la negociación del T-MEC «tuvo un rol para acelerar las cosas», por las exigencias de Estados Unidos y Canadá, la reforma laboral aprobada en mayo pasado era «una deuda pendiente» con los trabajadores mexicanos, considera este lunes Rogelio Gómez, coordinador de la asociación Acción Ciudadana Frente a la Pobreza.

“En los ámbitos empresariales, de toma de decisiones y de construcción de agenda común del sector privado, nosotros vemos una actitud muy positiva, de que el ‘statu quo’ era insostenible y que a nadie le conviene una situación donde no hay justicia laboral”, manifiesta.

El experto se refiere al panorama en el que 78 % de los trabajadores, unos 25,5 millones, no tiene un empleo «digno», lo que incluye un salario suficiente, seguridad laboral, días de descanso, libertad de asociación, y acceso a salud y seguridad social, como reveló este mes el Observatorio de Trabajo Digno.

Pese a la «apertura» de los empresarios, que incluso proponen un gradual salario mínimo de bienestar de 6.500 pesos al mes (343 dólares), casi el doble del actual, Gómez advirtió un «temor» a la formación de sindicatos conocidos como «charros», que en México suelen controlar los patrones o líderes corruptos.

“Yo no veo señales en México de renovación del sindicalismo, yo lo que veo es cómo los liderazgos de siempre se acomodan en el discurso, pero van a tratar de mantener el ‘statu quo’, que no defiende derechos laborales», señala.

RETO AMBICIOSO

La renovada Ley Federal del Trabajo proviene a su vez de una reforma constitucional aprobada en febrero de 2017, que se considera «la más importante en materia de empleo» desde la Revolución mexicana de 1910, asevera Joyce Sadka, profesora investigadora del Instituto Tecnológico Autónomo de México (ITAM).

Esto implica, precisa, reemplazar las actuales Juntas de Conciliación y Arbitraje, que dependen del poder Ejecutivo, por tribunales laborales a cargo del poder Judicial para erradicar la corrupción e ineficacia en la resolución de conflictos laborales.

“Es un reto muy grande, sobre todo el tema de los tiempos. La implementación es sumamente ambiciosa. Tiene que ocurrir en un lapso de cuatro años, ya vamos a la mitad del primer año, entonces sí es un reto en cuanto a los recursos», menciona la especialista en economía y derecho.

La Junta Federal de Conciliación y Arbitraje (JFCA) reportó el año pasado un rezago de 438.000 expedientes, de los que «varios» son anteriores al 2012.

Esto ocurre, detalla Sadka, porque los casos demoran en promedio más de tres años en resolverse, aunque la ley establece que deben concluirse en menos de 105 días.

Aun así, la investigadora califica de «sólida y buena» la agenda laboral del Gobierno actual.

«Están alineados los incentivos porque queremos que el tratado de libre comercio funcione, pero también queremos que los derechos de los trabajadores de verdad se respeten, entonces me parece que es una coincidencia feliz de objetivos”, opina.

EL «OUTSOURCING»

Otro punto de incertidumbre es el combate a la subcontratación, conocida como «outsourcing», pues hay un dictamen en el Senado que «prácticamente prohíbe» y «criminaliza» la actividad, advierte Elías Micha, director general de la agrupación empresarial Tallentia MX.

«Legislar de manera punitiva o retrógrada sería lanzar a varios trabajadores a la informalidad y México tiene una arquitectura laboral bastante disfuncional porque hay menos de 21 millones de personas que tienen un trabajo formal contra más de 35 millones que están en la informalidad”, argumenta.

En México 8 millones de personas tienen un contrato bajo este esquema, que representa al 40 % de los trabajadores formales, informa el representante del sector privado.

Legisladores del gobernante Movimiento de Regeneración Nacional (Morena) acusan a la subcontratación de prácticas como la evasión fiscal y registrar a los trabajadores con un menor salario al real ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS).

Aunque Micha reconoce que estas acciones ocurren, sostiene que no son un mal inherente del «outsourcing», pues también sucede en la contratación ordinaria, además de estar prohibidas desde 2012.

Por esta razón, aplaude la postura del Gobierno federal de no hacer mayores ajustes a la ley y de combatir la subcontratación abusiva con un grupo interinstitucional, anunciado el mes pasado.

“Las políticas públicas que se han implementado son lo suficientemente robustas y le dan una enorme capacidad al Estado para hacer cumplir la ley. Entonces lo que nosotros decimos es: no es necesario modificar, es necesario hacer cumplir”, afirma. 

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