EFE. Bogotá, Colombia. 25 de octubre de 2024.- La Procuraduría abrió este viernes una investigación a Álvaro Moisés Ninco, exembajador de Colombia en México; el viceministro de Juventud, Gareth Sella, y otros dos funcionarios públicos por las presuntas calumnias contra la periodista Diana Giraldo publicadas en la red social X.

Los investigados publicaron entre marzo y junio de este año mensajes en los que decían que una información dada por la periodista en la emisora Caracol Radio habría provocado el asesinato del líder social Josué Castellanos el 5 de marzo en el departamento de Arauca (este), cometido presuntamente por disidentes de las FARC.

Según detalló el Ministerio Público en un comunicado, las declaraciones de los cuatro investigados pudieron «atentar contra el buen nombre, honor y honra de la comunicadora» y «promover un escenario de violencia digital en su contra».

Por eso reconoció como víctima a Giraldo, quien podrá «solicitar, aportar e intervenir en la práctica de pruebas, interponer los recursos de ley, presentar las solicitudes que considere necesarias, y solicitar y obtener copias del proceso».

Las otras dos personas a las que se investiga son la exjefa de la Oficina de Servicios al Consumidor María Niny Echeverry y David Rozo, quien trabaja en el sistema de medios públicos RTVC, explicó la Procuraduría en un comunicado.

«Con la apertura de la investigación, el Ministerio Público busca determinar la ocurrencia de la conducta, determinar si es una falta disciplinaria, esclarecer los motivos determinantes, las circunstancias de tiempo, modo y lugar en las que se cometió y la posible responsabilidad de los investigados», apuntó la entidad.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, publicó en la misma red social sobre la investigación: «Esto se llama persecución de una policía política que limita la libertad de expresión y censura. ¿La Procuraduría quiere ser Gestapo?».

«Le pido a las víctimas de esta violación de derechos humanos poner las denuncias respectivas en la justicia nacional e internacional. En el gobierno del cambio los funcionarios no violan derechos humanos», añadió el presidente en la publicación.

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Por Jorge Meléndez Preciado

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 15 de noviembre de 2023.- Salvo la gran molestia de Nacho (Ignacio) Mier, en Puebla, que se presentaba como el legislador más cercano a López Obrador, y el de Antonio Pérez Garibay (papá de Sergio “El Checo” Pérez), en Jalisco, la larga y sinuosa nominación (por las mal calificadas encuestas) no trajeron mayores problemas en la organización guinda.

Es más, Clara Brugada, ex maoísta y símbolo de la izquierda, que fue superada por más de 13 puntos por el policía: Omar García Harfuch, logró el objetivo de ser candidata de la CdMx.

Lo mismo que Rocío Nahle, quien superó por menos de dos puntos a Manuel Huerta Ladrón de Guevara, lo que causó extrañeza, ya que ella fue una suspirante muy apoyada desde Palacio Nacional.

Y eso de que se conseguirán más de 31 millones de votos para que el partido en el poder logre mayoría calificada en 2024, está por verse dados los problemas actuales y los que están por venir.

Y no es que en el frente opositor vaya las cosas bien.

Al contrario, ¡por fin! Xóchitl Gálvez dijo que empezará su campaña. Aunque antes ya había señalado correctamente que Alito es un impresentable, aunque después corrigió. Y si a ello le sumamos que se le fue el sonido en un acto y continúa sin precisar qué pretende, muestra que los errores e incertidumbre continúan en su sinuosa alianza.

Tanto que hasta el PRD dijo que abandona la coalición en el Estado de México, para elegir sus propios candidatos.

Y en la capital del país, si bien los azules ya cerraron filas con Santiago Taboada.  El PRI con Adrián Ruvalcaba no cede. Y el PRD medita donde saca más provecho.

Pero que, en Chiapas, Morena lleve como suspirante a Eduardo Ramírez, subordinado de Manuel Velasco del PVEM, muestra que se cedió la plaza, incluso contra Adán Augusto, desaparecido hace tiempo

En Yucatán, Joaquín “Huacho” Díaz, un panista de toda la vida abanderará a esa izquierda que algunos aseguran es el morenismo.

Alejandro Armenta, no obstante que ya domó a su rijoso primo, Nacho Mier, tendrá problemas con Eduardo Rivera, el panista que va a la gubernatura, ya que éste tiene buena aceptación en la capital camotera, más luego del mal gobierno de la morenista, Claudia Rivera (sin parentesco con Lalo).

En síntesis, Morena debe cerrar filas, tener buenas estrategias y afinar un plan de gobierno que harán un trío disparejo e impredecible: Juan Ramón de la Fuente, Arturo Zaldívar y Omar García Harfuch, o Claudia Sheinbaum sufrirá, no obstante, el apoyo de Ya Saben Quién.

jamelendez44@gmail.com

@jamelendez44

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 04 de julio de 2023.- Témoris Grecko y Jorge Meléndez hablan de la supuesta rebelión del grupo Wagner en Rusia durante el programa «Después de la Letra… la Palabra de Periodistas Unidos.

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EFE. Ciudad de México. 28 de febrero de 2022.- El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, explicó este lunes que se investiga la supuesta masacre durante un velorio en el oeste del país, un hecho que continúa con incógnitas porque todavía no se han encontrado los cuerpos.

«Se está haciendo la investigación, pero en la mañana, en el informe que nos dieron, (nos informaron que) no se han encontrado cuerpos. Sí dos vehículos, casquillos, en unas bolsas pues partes de seres humanos, manchas de sangre, pero no tenemos más», subrayó el mandatario en la conferencia diaria desde el Palacio Nacional.

López Obrador reiteró que hay evidencia de un enfrentamiento, pero no de una masacre porque no se sabe qué pasó con los cadáveres.

Cuestionado por un periodista, no descartó que el video pudiera tratarse de una «manipulación».

«Quién sabe, pero me llama la atención. Ojalá y no sea cierto. No sea como lo están difundiendo», dijo el mandatario, quien señaló a varios medios de comunicación por divulgar el caso.

«Deseo con toda mi alma que no sea como ellos lo están dando a conocer», agregó.

UNA MASACRE CON INCÓGNITAS

Varios videos fueron divulgados el domingo en redes sociales en los que se observa que sicarios armados asesinaron a una decena de personas que habían asistido a un velatorio en el municipio de San José Gracia, en Michoacán.

De acuerdo con la información de medios locales -que extraoficialmente hablaron de hasta 17 muertos- la masacre se registró en el exterior del velatorio, a donde llegó el grupo armado y sacó a las víctimas para luego fusilarlas.

La Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Michoacán señaló este domingo que recibió un informe de «detonaciones de arma de fuego», por lo que desplegó un operativo con el Ejército y la Guardia Nacional.

Afirmó que el objetivo de dicho operativo es «ubicar a los posibles responsables y generar las condiciones para que el personal de la Fiscalía de Michoacán lleve a cabo las diligencias que permitan esclarecer los hechos».

La Fiscalía estatal emitió en la noche del domingo un comunicado en el que aseguró que inició una investigación por los hechos ocurridos horas antes.

La dependencia indicó que al llegar al lugar donde se reportaron los disparos «se observaba recién lavado, no se localizaron víctimas».

«En el lugar se recolectaron cartuchos percutidos de armas de fuego» de distintos calibres, agregó.

Estos homicidios habrían ocurrido en una región donde operan los cárteles Jalisco Nueva Generación (CJNG), de La Nueva Familia Michoacana y de Los Caballeros Templarios, los cuales se disputan a sangre y fuego el control de las actividades ilícitas de la zona.

En 2021, Michoacán ocupó el tercer lugar a nivel nacional en cuanto al número absoluto de homicidios dolosos, con 2.732 asesinatos, según las cifras oficiales del Gobierno.

México registró 33.308 homicidios en 2021 después de los dos años más violentos de su historia, bajo el mandato de López Obrador, con 34.690 víctimas de asesinato en 2019 y 34.554 en 2020.

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Foto: Presidencia de la República / FotorreporterosMx 

Por Arturo Huerta González

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 28 de enero de 2021.- El Secretario de Hacienda sigue sin comprender que por más que defienda la disciplina fiscal, el no endeudamiento y la llamada “estabilidad macroeconómica”, la economía sigue en caída y en este 2021, los pronósticos van a la baja y de continuar las altas tasas de interés y los recortes presupuestales, tampoco creceremos en este año.

La semana pasada en una de sus intervenciones Arturo Herrera reconoció que “México fue el país que menos apoyos fiscales otorgó el año pasado”, pero dijo que “no fue por terquedad, sino que hay una historia de crisis que ha enseñado de la forma más dura, que se debe mantener la disciplina fiscal y dar prioridad a la estabilidad macroeconómica”. Hay que reiterarle que la crisis es derivada de dichas políticas monetarias y fiscales restrictivas que priorizan la estabilidad del tipo de cambio a favor del capital financiero ubicado en el país, lo que se consigue a costa de desatender las demandas de asistencia a las empresas y no apoyar a los desempleados y a los que viven al día y que quedan expuestos a la pandemia porque no tienen condiciones de confinarse. La contracción del ingreso nacional que ocasiona la austeridad fisca y la alta tasa de interés, lleva a que disminuya la recaudación tributaria y siga el déficit fiscal y el aumento de la deuda pública.

Tenemos décadas en que los gobiernos neoliberales han venido priorizando la supuesta estabilidad macroeconómica: equilibrio fiscal, baja inflación, y equilibrio en la balanza de pagos a través de entrada de capitales que permite la estabilidad del tipo de cambio. Ello se ha conseguido a costa de dejar de lado los objetivos de crecimiento económico, generación de empleo formal bien remunerado y la distribución del ingreso. El llamado Gobierno de la 4T, ha continuado con la misma política macroeconómica neoliberal de sus antecesores, que pasa a tener los mismos resultados de menos crecimiento, más desempleo, mayor desigualdad del ingreso.

No se dan cuenta que el menor crecimiento real ha bajado el crecimiento potencial (el que se alcanza con la plena utilización de la capacidad productiva). De 1939 a 1981, cuando predominaba la Rectoría del Estado en la economía (éste controlaba la política monetaria, regulaba el movimiento de mercancías y capitales y al sector bancario y financiero, y había política fiscal, industrial y agrícola), se creció al 6.4% promedio anual. Con las políticas de más mercado y menos Estado, donde se ha privilegiado la disciplina fiscal, la “estabilidad macroeconómica” a favor de lo financiero, y se procedió a libre comercio y a la libre movilidad de capitales y a desregular al sector bancario-financiero y se dejó de tener política industrial y agrícola. La economía creció de 1982 a 2008 al 2.4% promedio anual y de 2010 a 2018 el crecimiento fue de 2.1% promedio anual. En el 2019 se cayó en 0.1% y los cálculos para el 2020 la caída será de 8.3%. Ello, junto con la caída de la inversión y el quiebre de empresas, reducirá el crecimiento potencial de la economía, por lo que ni siquiera volveremos a crecer como se creció antes del 2018. El menor crecimiento potencial disminuye el ingreso a empresas y familias y del gobierno y aumentará los problemas de deuda e insolvencia de unos y otros. Pero los tomadores de decisiones del país no les preocupa eso. Ellos quieren ser bien vistos por las calificadoras internacionales y el capital financiero para seguir recurriendo a los mercados financieros internacionales y no les aumenten la tasa de interés internacional. No se dan cuenta que al seguir cayendo la economía, se va a evidenciar la incapacidad de pago de su deuda, por lo que le terminarán bajando el nivel crediticio, lo que llevará a que el capital deje de fluir al país y que salga de éste, lo que desestabilizará el mercado de divisas y de capitales. Ello ocasionará que saldrán a flote los desequilibrios productivos del país, con las presiones sobre precios, sobre el sector externo, cayendo en la insolvencia del pago de la deuda externa.

El gobierno confía en que el nuevo gobierno de EUA impulsará los acuerdos multilaterales y al G-20, lo que junto a sus políticas de estímulo y al T-MEC, beneficiará a México. Ello evidencia que nuestro país no tiene condiciones internas para generar condiciones de crecimiento, sino dependemos del acontecer de la economía de EUA. Esa cercanía geográfica siempre ha existido y no nos ha llevado a disminuir las desigualdades existentes entre ellos y nosotros. Los que se benefician de las exportaciones manufactureras son las empresas transnacionales que las controlan, no la industria, ni la economía nacional. Tampoco la economía se estabilizará automáticamente después de la pandemia. Los problemas son derivados de la política económica predominante y mientras ésta no cambie, seguirá la crisis. No hay preocupación del Gobierno de la 4T de replantear nuestra inserción en el proceso de globalización, para retomar el manejo soberano de la política económica para responder a los propósitos nacionales de desarrollo productivo, generación de empleo formal bien remunerado, reducir la vulnerabilidad externa en que hemos caído, para poder alcanzar una dinámica sostenida, más soberana y equitativa.

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Foto: Facebook

Por Jesús Yáñez Orozco

• Armida “N” –Ramírez Corral– también está acusada por desaparición de personas
• Fue presidenta municipal de Jalapa, Veracruz
• Está relacionada, también, con el supuesto soborno a empresarios locales

Periodistas Unidos. Ciudad de México, 27 de julio de 2020.- La expresidenta municipal de Xalapa, Veracruz, Armida “N” –Ramírez Corral–, quedó vinculada a proceso por su presunta responsabilidad en el delito de desaparición de persona en agravio de Edgar Álvarez Flores, luego de que el Juez de Control determinó suficientes los datos de prueba presentados por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Ramírez es reconocida por diferentes sectores como la supuesta operadora en Veracruz de Ana Guevara titular de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deportes (Conade), y quien desarrolló varios eventos deportivos desde que ella tomó las riendas del deporte del país, hace alrededor de 18 meses, cuando el presidente Andrés Manuel López Obrador la designó en el cargo.

Ante la algarabía  de colectivos y familiares de Edgar Álvarez, quienes permanecieron afuera del Juzgado de Control en Poza Rica, esperando la resolución judicial, el juez mantuvo su decisión de otorgarle la misma medida cautelar que un día antes a los empresarios Jesús Chaín Oceguera y Rafael Sánchez Cano, acusados del mismo delito.

La FGE considera que hizo una correcta integración de la carpeta de investigación, trabajo de los peritos, área de inteligencia y diligencias de policías ministeriales y fiscales y que, por ello, se pudo obtener la vinculación a proceso en contra de Armida “N”.

El Juez de Control resolvió la vinculación contra Armida “N”, además de decretar que continúe la misma medida cautelar de prisión preventiva oficiosa por el tiempo que dure el proceso.

Se logró acreditar la participación de Armida “N” en la desaparición de Edgar Álvarez Flores, de quien su último paradero fue en las oficinas de los empresarios Oceguera y Sánchez, en el fraccionamiento Costa de Oro, en el municipio de Boca del Río.

Los empresarios fueron detenidos la madrugada del pasado 21 de julio en las oficinas del periódico ContraRéplica Veracruz en Boca del Río, mientras que Armida Ramírez fue arrestada un día después.

El 10 de junio Sánchez Cano y Chaín sobrevivieron a un atentado con armas de alto calibre gracias al blindaje del automóvil en el que se trasladaban y de acuerdo a sus declaraciones, minutos antes vieron en uno de carros de sus agresores a Armida Ramírez.

Ambos fueron detenidos la madrugada del pasado 21 de julio en las oficinas del periódico ContraRéplica Veracruz en Boca del Río, mientras que Armida Ramírez fue arrestada un día después.

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Foto: José Méndez / EFE

EFE. La Paz, Bolivia. 04 de diciembre de 2019.- Un comité investigará supuestos casos de persecución política e ideológica durante los casi catorce años de Gobierno de Evo Morales, que el Ejecutivo interno de Bolivia asegura que alcanzan los 1.300.

«No es un acto de venganza, es un acto de responsabilidad», aseguró la presidenta interina de Bolivia, Jeanine Áñez, tras recibir la resolución que crea esa instancia de manos del ministro de Justicia, Álvaro Coimbra, en el palacio de Gobierno en La Paz.

El comité estudiará casos de «perseguidos y exiliados políticos de manera injusta en estos catorce años de dictadura del Gobierno de Morales, puedan retornar al país para asumir su defensa», sentenció la mandataria de transición.

El denominado Comité Interinstitucional de Defensa a las Víctimas de Injusticia por motivos Políticos e Ideológicos atenderá los casos con «con inmediatez y celeridad», afirmó Áñez.

No obstante, no incorporará «delitos comunes, delitos de lesa humanidad y tampoco narcotráfico», precisó.

La instancia está conformada por reparticiones del Ministerio de Justicia y coordinará su labor con el poder Judicial.

A su turno, Coimbra, en rueda de prensa, precisó que quienes salieron de Bolivia «debido a motivos políticos, ideológicos y una persecución judicial» suman alrededor de 1.300 en los casi catorce años de Gobierno de Morales.

El ministro de Justicia, que no dio nombres ni identificó casos, manifestó que los afectados podrán retornar a Bolivia sin necesidad de que se los aprehenda, para que se acerquen a instancias judiciales y después al comité.

Algunos de los considerados perseguidos son el exgobernador de la región boliviana de Tarija Mario Cossío, que se encuentra desde hace años en Paraguay y anunció su retorno a Bolivia este mes, o el expresidente del Comité Cívico de Santa Cruz Branco Marinkovic, que lleva años en Brasil.

Cossío fue condenado a seis años de cárcel por delitos de corrupción, tras un proceso emprendido por el Gobierno de Morales, mientras que sobre Marinkovic pesaron demandas por terrorismo y asociación delictiva, entre otras.

Otras exautoridades que salieron del país por considerar que en su contra hubo una injusta persecución judicial fueron los exprefectos de Cochabamba y La Paz, Manfred Reyes Villa y José Luis Paredes, respectivamente.

Uno de los casos más emblemáticos de los detractores de Morales fue el del exgobernador de Pando Leopoldo Fernández, que cumple alrededor de once años de reclusión en Bolivia por lo que se conoce como la masacre del Porvenir en 2008, en los que murieron trece campesinos y dos funcionarios.

Áñez asumió la Presidencia interina después de que Evo Morales anunciara el pasado 10 de noviembre su renuncia, forzado por las Fuerzas Armadas, tras un informe de la Organización de Estados Americanos que advirtió graves irregularidades en los comicios del 20 de octubre.

Al día siguiente, Morales salió hacia México, donde está asilado,.

La renuncia de Morales ha sido calificada como «golpe de Estado» por varios Gobiernos y políticos latinoamericanos.

Otros países han reconocido al Ejecutivo interino de Áñez, mientras que parte de la comunidad internacional ha instado al diálogo sin pronunciarse sobre la crisis política.

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