Periodistas Unidos. Ciudad de México. 19 de agosto de 2025.- La reciente Reforma Judicial ha generado cambios significativos que afectan la dinámica del Instituto Federal de la Defensoría Pública, encargado de representar a los 56 mazatecos y mazatecas defensoras comunitarias de Eloxochitlán, así como a los 14 que aún no han regresado a sus hogares tras más de una década de lucha.

La audiencia programada para Antonio, Adán y Gaspar no pudo realizarse debido a que las y los abogados federales no estuvieron presentes. Por ser la defensa de confianza de la comunidad, se decidió posponer la sesión y se espera la asignación de una nueva fecha en el juzgado de Huautla de Jiménez. La comunidad permanece atenta a la reincorporación de sus defensores federales.

La lucha de Eloxochitlán lleva años marcada por la resistencia y la exigencia de justicia. Durante dos años y medio, las mujeres de la comunidad sostuvieron un plantón frente al Consejo de la Judicatura Federal, logrando el derecho a ser representadas por el Instituto Federal de la Defensoría Pública. Este hito fue una respuesta a las violaciones sistemáticas cometidas por jueces locales y federales de Oaxaca, quienes, entre 2020 y 2021, negaron siete libertades y siete amparos a la comunidad, contradiciendo resoluciones previas en las mismas instancias.

Un abogado particular de la comunidad expresó en aquel entonces su indignación: “Es inaudito, con esta actuación de los magistrados dan ganas de echar el título al bote de la basura. ¡No sirve! La actuación profesional de la defensa, ¡no sirve!”. Esta situación se agravó con el respaldo inicial del Congreso Federal, a finales de 2019, a la narrativa fabricada por Elisa Zepeda Lagunas, hoy diputada local en Oaxaca. Sin embargo, en 2021, la diputada Susana Prieto Terrazas desmintió esta versión en el propio Congreso, presentando evidencia documental del expediente penal y visitas carcelarias. El trabajo del Alto Comisionado de la ONU en 2022 reforzó estas pruebas, desmantelando el cerco político contra la comunidad.

Hoy, la situación no dista mucho de aquellos años. Con más de 200 órdenes de aprehensión reactivadas contra 56 personas defensoras comunitarias y jueces locales señalados por actuar bajo consigna, la lucha de Eloxochitlán se centra en la defensa del Río Xangá Ndá Ge, la autonomía y el territorio. La comunidad, respaldada por el Instituto Federal de la Defensoría Pública, exige justicia frente a las violaciones sistemáticas de derechos humanos.

En este contexto, se convoca a una movilización el próximo 2 de septiembre en Boca del Río, Veracruz, para demandar amparos contra las órdenes de aprehensión y la libertad de los 14 defensores que aún no han vuelto a casa. La comunidad llama a mantener los ojos puestos en Eloxochitlán, en su lucha por la justicia y en la defensa de sus derechos colectivos.

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