Periodistas Unidos. Ciudad de México. 22 de julio de 2025.- En el marco del Día Mundial Contra la Minería a Cielo Abierto, la Colectiva Cambiémosla Ya exige la prohibición de la minería metálica a cielo abierto, una práctica que ha devastado territorios, desplazado comunidades y contaminado suelos y cuerpos de agua en México. Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum ha asegurado que no se otorgarán nuevas concesiones mineras, las 23,231 concesiones vigentes, que abarcan más de 13.4 millones de hectáreas, permiten la continuidad de esta actividad altamente perjudicial.

Actualmente, México cuenta con 874 operaciones mineras activas, de las cuales 249 extraen minerales metálicos. De estas, 95 emplean la técnica de tajo a cielo abierto, ocupando 61,172 hectáreas, incluyendo 5,510 hectáreas en cuatro áreas naturales protegidas y 1,541 hectáreas en humedales. Esta técnica, que remueve cobertura vegetal, consume grandes volúmenes de agua y genera residuos tóxicos, es la más destructiva para el medio ambiente y la salud humana. Alarmantemente, el 37% de estas operaciones no reporta las sustancias contaminantes vertidas en 17 años.

La minería a cielo abierto, además de sus impactos ambientales, ha provocado desplazamientos forzados de comunidades campesinas, violaciones de derechos humanos y la destrucción de modos de vida, como en el caso del Cerro de San Pedro, en San Luis Potosí, devastado por la minera San Xavier, o en Concepción del Oro, Zacatecas, afectado por la mina Aranzazú de la canadiense Aura Minerals. Las empresas optan por esta técnica para reducir costos, evadiendo la responsabilidad por los daños causados.

En 2024, la Cámara de Diputados aprobó una reforma constitucional para prohibir la minería a cielo abierto, pero en junio de 2025, Sheinbaum expresó reticencias, argumentando que afectaría la extracción de materiales como el balastro o el litio. Sin embargo, expertos y activistas sostienen que es posible prohibir la minería metálica a cielo abierto con excepciones para materiales pétreos, que no requieren procesos tóxicos como la lixiviación con cianuro, usada en la extracción de oro, plata y cobre.

El reciente informe del Consejo Episcopal Latinoamericano y Caribeño (CELAM) denuncia el “extractivismo depredador” que contamina, acapara agua y destruye territorios y comunidades. En México, ninguna de las concesiones mineras otorgadas fue consultada previamente con las comunidades afectadas, incumpliendo sus derechos. Solo a partir de la reforma a la Ley de Minería de 2023 se estableció la obligación de obtener consentimiento comunitario.

La Colectiva Cambiémosla Ya y otras organizaciones llaman a regular estrictamente la minería subterránea y prohibir la técnica a cielo abierto, un acto de justicia social y ambiental urgente para reparar el daño a las comunidades y proteger los ecosistemas mexicanos.

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