•  Colectivos y activistas critican la falta de metodología del gobierno federal para buscar desaparecidos,  califican como revictimizantes las visitas a las familias, a quienes aseguran que sus parientes están vivos sin darles pruebas ni información, y exigen parar

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 04 de agosto de 2023.- Mientras el gobierno de Andrés Manuel López Obrador emprende el “programa de búsqueda” casa por casa para actualizar el censo de personas desaparecidas, crecen las quejas de los familiares de víctimas que han enfrentado visitas a sus viviendas —en un caso con la presencia de la Guardia Nacional—, procedimiento que no ha aclarado la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y que colectivos califican como revictimizante. 

En su conferencia matutina del 31 de julio, López Obrador confirmó que las visitas de funcionarios de la CNB y de las comisiones estatales a familiares forman parte del nuevo censo “confiable” que anunció a principios de junio y que, previó, estará listo en “tres meses”. Ni entonces ni ahora se ha informado cuál es la metodología para elaborarlo.

Desde que A dónde van los desaparecidos publicó las denuncias de que personal de las comisiones de búsqueda de Veracruz, Coahuila y Durango acudían a casas de familiares de víctimas y les informaban que su pariente aparecía en un padrón como vacunado contra el covid-19, la CNB no ha respondido a las solicitudes de entrevista de este medio. Esta semana han crecido las quejas de que ese modus operandi se repitió en otros estados, como Hidalgo y Aguascalientes, y colectivos de familiares han manifestado su temor de que haya un rasuramiento del registro actual.

Según Jacobo Dayán, investigador e integrante del Movimiento por la Paz con Justicia y Dignidad, lo que quieren hacer es reducir artificialmente el número de personas desaparecidas. En entrevista agregó que la orden y la presión para que esto suceda viene “de arriba”, en alusión al presidente.

La lógica con la que este gobierno, al igual que los dos anteriores, pretende depurar el padrón sería: “Si se vacunó [contra el coronavirus], si [la persona buscada] tiene un programa social, quítalo de desaparecido y ponlo que apareció vivo”.

Respecto a la metodología, Dayán señaló que “la CNB iba a emitir un comunicado de todo este procedimiento que está echando a andar, pero no se lo permitieron porque no quisieron decir cómo van a dar de baja esos registros [de desapariciones]”.

Tras la inquietud que generó la noticia del uso de los registros de vacunación, en su conferencia matutina López Obrador aseguró que la búsqueda casa por casa —surgida de los casos que arroja el cruce de distintas bases de datos—  ha permitido a su gobierno localizar “un porcentaje considerable” de personas registradas como desaparecidas, aunque no precisó cifras.

La opacidad ha sido el sello de la administración obradorista respecto al registro de las desapariciones. Desde la publicación del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), la CNB, dirigida por Karla Quintana, ha negado la entrega completa de la base de datos, tampoco ha dado a conocer su metodología y, apenas en abril pasado, tras un retraso de tres años, emitió los lineamientos que deberían guiar a las autoridades para cargar la información. 

Desde que López Obrador asumió el poder en 2018, el número de desapariciones en México ha ido en aumento. El sexenio de Felipe Calderón Hinojosa terminó con 17,082 personas desaparecidas y no localizadas, mientras que el de Enrique Peña Nieto con 34,656. Actualmente la suma rebasa los 110,000 casos. En proporción, en este sexenio desaparece una persona cada hora. 

De acuerdo con el presidente, el personal que acude a los domicilios está capacitado en derechos humanos, pero este medio, además de las denuncias publicadas, ha documentado nuevos casos que señalan lo contrario. 

Inspección con todo y Guardia Nacional

El pasado 19 de febrero, funcionarios de las comisiones estatal y nacional de búsqueda, acompañados de elementos de la Guardia Nacional (GN), acudieron al domicilio de Óscar Muñoz Aguilar en el estado de Hidalgo. Le dijeron que su hijo Óscar Javier Muñoz Cortés se había vacunado contra el covid-19; por tanto, había sido localizado. Debía estar en su hogar. Ante la respuesta del padre de que Óscar permanecía desaparecido desde 2008, los funcionarios inspeccionaron la casa para cerciorarse de que no fuera una mentira. 

“Yo necesito que ustedes [los funcionarios] me hagan favor de darme la información de en qué ciudad se vacunó, en qué lugar”, les pidió Óscar. “Me dijeron que sí, inclusive que en menos de ocho días iba a tener una respuesta”.

Pero eso no ocurrió. “¿Qué finalidad tienen de venir a lastimar a la familia con una posibilidad de vida? Es una burla, es  volvernos a hacer pasar lo que hemos estado viviendo durante estos 14 años 7 meses 21 días que lleva hoy desaparecido mi hijo, y que en cada momento está presente: sus gustos, su música; no se vale”, dijo María Candelaria Cortés, madre del joven desaparecido. 

Al enterarse de la supuesta vacunación, ella dio gracias a Dios por haber tenido señales de vida de su hijo. La “noticia” le renovó la esperanza de encontrarlo.

El 28 de noviembre de 2008, Óscar Javier, estudiante de gastronomía de 21 años, salió con unos amigos a un bar de Pachuca; alrededor de la medianoche, dos patrullas cerraron el paso a su vehículo. Los agentes dijeron que habían recibido el reporte de que estaban tomando en la calle. Un policía municipal entregó al joven a un grupo criminal. Desde entonces no se sabe de su paradero.

Los dos funcionarios de la CNB y el integrante de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Hidalgo (CBPEH) que acudieron al hogar de los padres de Óscar Javier no han vuelto a comunicarse y con el tiempo dejaron de responder las llamadas de la familia. El titular de la CBPEH Abel Rodrigo Llanos Vázquez también les prometió obtener información, pero el resultado fue el mismo: cero respuestas.

María Candelaria llamó incluso a un teléfono de la CNB que le facilitaron en la comisión estatal. Quería preguntar sobre la vacunación de su hijo. “El [funcionario] de México me dijo que podía ser un homónimo; le dije: no se atreva a venir a mi casa con camionetas oficiales impactantes, porque iban de la comisión y venían con una de la Guardia Nacional, que impone. Los vecinos han de pensar que somos delincuentes, porque al ver entrar una camioneta así van a decir pues estos qué. Y le dije, no me venga a decir que no sabe dónde se vacunó”.

Para Dayán, el cruce de bases de datos oficiales para buscar a personas desaparecidas es una buena idea, pero el problema está en la ejecución. “La CNB le manda esto a las comisiones de búsqueda locales y a las fiscalías locales, que tendrían que tener gente capacitada para analizar caso por caso” 

La madre de Óscar Javier lamenta no haber podido anotar los nombres de las otras personas desaparecidas de la lista que incluía a su hijo y que le mostraron, pero recuerda que eran ocho hombres y dos mujeres, cada uno con un número de folio. “Cuando quise anotar el folio, me dijo [uno de los funcionarios] que no podía porque eran datos personales. Lo que sí le dije fue que ellos nos venían a dar la esperanza de vida porque mi hijo ya tiene más de 14 años desaparecido, y que se diera cuenta [de resultar falso] del daño que estaba haciendo”.

La lista de personas “localizadas” enviadas por la CNB a las fiscalías estatales son resultado del cruce entre el registro de personas desaparecidas en la entidad con la base de datos de la vacunación contra el covid-19. En el documento aparece la ciudad en que se vacunaron, pero no la sede. 

Este medio tuvo acceso a una copia del listado de casos de desaparecidos presuntamente vacunados que manejó la fiscalía del estado de Coahuila, y que le fue proporcionada por la CNB, que cuenta con 95 nombres. 

El archivo incluye también datos como el nombre completo, la edad, el CURP, la dirección, el teléfono, la fecha de vacunación, la dependencia que inició la denuncia por desaparición, el número de expediente, y observaciones como que la persona continúa sin ser localizada, o que la fecha de vacunación es anterior a la de desaparición. 

Precisamente, los trámites que debían seguir las personas para su vacunación, como presentar documentos que acrediten su identidad, fueron los que más confusión causaron en las familias. 

Tras la desaparición de Óscar Javier, sus familiares tuvieron que dejar su casa, pero los funcionarios llegaron a su dirección actual. 

“Nos cambiamos por seguridad, nos fueron a aventar una granada. Fue el Ejército con armamento a revisar, pero se equivocaron de casa y se metieron a la de unos vecinos, entonces nos cambiamos de ahí, pero mi hijo tenía ese domicilio [anterior]”, explicó el papá de Óscar Javier. 

De acuerdo con la titular de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV), Martha Yuriria Rodríguez Estrada, a las personas representadas por el organismo que han recibido visitas de funcionarios de la CNB para informarles de la “localización” de sus seres queridos se les brindará asesoría jurídica si lo solicitan —ya tienen registro de dos casos— y atención psicoemocional. 

“Son acciones que sabemos que tienen que estar acompañadas de un proceso de sensibilización y acompañamiento para las víctimas”, dijo en entrevista.

También se le informó a los familiares, agregó, que podían emitir una queja ante el órgano interno de control sobre la actuación de los funcionarios que llegaron a sus casas: “Sí tuvo que ver con un tema procedimental, principalmente, porque debe haber existido un protocolo”.

Familias exigen suspender censo

El Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) —que reúne más de 60 colectivos de familias buscadoras—, en un comunicado del 31 de julio califica las visitas de la CNB a los domicilios de familiares como revictimizantes. “Consideramos”, señala el documento, “que llegar con familias dos años después de tener un indicio de localización, como la aplicación de una vacuna en 2021, no habla de búsqueda efectiva sino de búsqueda profundamente tardía, y evidencia que las instituciones no se comunican entre sí”.

Alerta sobre el hecho de que el “nuevo censo” es en realidad una actualización del RNPDNO, y la estrategia parece diseñada para confirmar los casos en los que se presume la localización, con el propósito de disminuir las cifras del registro. El MNDM solicita que se suspenda la elaboración del censo hasta informar a los familiares la metodología que están aplicando.

En el comunicado exige que “se haga público el procedimiento de depuración de información y la forma en que están levantando el padrón de personas desaparecidas, toda vez que sabemos se está yendo a preguntar en los domicilios de las personas desaparecidas si viven allí, o en su defecto se aclare esta situación que causa extrañeza e indignación a las familias de personas desaparecidas”.

Pero no solo funcionarios de la CNB acuden a las casas para verificar las supuestas localizaciones, también los acompañan integrantes de la Secretaría de Bienestar (SB).

Una camioneta blanca se estacionó afuera de la casa de María Elena Vidal en Aguascalientes. Dos hombres tocaron a su puerta para decirle que personal de la CNB y de la SB estaban haciendo recorridos tanto en la ciudad como en el estado “con la finalidad de encontrar al mayor número de personas [desaparecidas] con vida”, se escucha en una grabación que se tiene de esa conversación.

“Regularmente no preguntamos ni domicilio ni nada; simplemente para nosotros es llegar, saber si todavía siguen desaparecidos, para seguir haciendo la labor, o si ya los encontraron. Tomar esas muestras y tomar esas pruebas de vida, y subirlas a la plataforma para eliminarlas”, le explicó un funcionario.

Preguntaron a María Elena si su hijo tenía 11 años de edad en el momento de su desaparición. Hugo Alberto López Vidal fue visto por última vez el 24 de abril de 2007, cuando tenía 19 años. Trabajaba junto a otras seis personas en labores de albañilería en el antro Maverick, y un grupo delincuencial se los llevó. En 16 años, no ha habido avances en la investigación.

Cuando María Elena les dijo que esa no era la edad de Hugo Alberto, los funcionarios respondieron: “¿Su hijo de qué caso es? Todavía nos aparece vigente el reporte [de desaparición]; como aparece vigente, desde la Ciudad de México en coordinación con la secretaría local [de Bienestar] los estamos yendo a buscar a los domicilios”.

“No hay una metodología”, lamentó Javier Espinosa, quien busca a su hijo Francisco Javier Espinosa, desaparecido también en el “caso Maverick”. “No pensaron en las víctimas, no visibilizaron más allá de lo que podría ocurrir con una base de datos así y, sobre todo, la empezaron a compartir como pan caliente y con una certeza de que ya encontramos y vamos a encontrar mucha gente y no es así”.

El personal que acudió con la mamá de Hugo Alberto dijo que, al tener un reporte de desaparición, cumplía con realizar la visita. “[Se busca] conocer si la persona se encuentra bien, si no está, o en su defecto hacer un levantamiento. Nos piden que levantemos una pequeña entrevista para tener datos, pues realmente tratamos de recabar el mayor número de indicios”.

Uno de los funcionarios precisó a la familia que en las visitas participan la fiscalía, las comisiones de búsqueda nacional y estatal, y la Secretaría del Bienestar, y que existe el acuerdo de que, aunque los gobiernos sean de partidos distintos, se comparta la información.

“En Bienestar conocen todos los programas, tanto de estudiantes de becas como de vacunas, apoyos para discapacidad, adultos mayores, madres solteras; conocen y dominan las áreas, los distritos, las colonias, conocen incluso a la gente, ese es el motivo de por qué estamos trabajando en conjunto”, se escucha en la grabación.

A la familia le aseguraron que la información que se recaba es cotejada con la fiscalía, sin especificar si la local o federal, y con la policía ministerial, que son las encargadas, dijeron, de continuar las búsquedas con los datos recolectados. Al terminar su visita, solicitaron a María Elena su número de teléfono y quedaron en comunicarla con “las autoridades encargadas de darle resolución a esto”. Hasta el momento, nadie se ha puesto en contacto con ella.

Investigación pendiente

Una de las dudas que el gobierno no ha resuelto es en qué sede se vacunaron las personas desaparecidas que presuntamente recibieron la dosis, así como el nombre del biológico suministrado. Al respecto, Dayán consideró que la CNB y las comisiones estatales de búsqueda “tendrían que hacer una investigación [de quienes presuntamente fueron localizados], cosa que no están haciendo porque no tienen ni personal calificado; entonces, lo peor del asunto es la presión por resolver esto”. 

Para Juan Carlos Trujillo Herrera, quien busca a sus cuatro hermanos desaparecidos: Raúl y Jesús en 2008, y Gustavo y Luis Armando en 2010, y forma parte de la Red de Enlaces Nacionales  —integrada por más de 160 colectivos de búsqueda de personas—, las acciones del gobierno federal muestran que “el Estado mexicano no tiene ruta, no tiene estrategia. Cualquier acción no pensada de una institución de este nivel, responsable de garantizar la búsqueda digna de las personas y que, en lugar de dar un paso adelante, vulnera de esta manera a las familias, es detestable”.  

Lamentó que al informar a los familiares de que sus seres queridos ausentes fueron vacunados les generen “la esperanza de que están vivos”, pero sin darles ninguna prueba.

Desde el gobierno federal optan por el silencio. A la Secretaría de Salud se le solicitó desde el 19 de julio una postura sobre este tema, sin que se haya tenido respuesta. La CNB no ha contestado a reiteradas peticiones de entrevista. También se pidió una cita con el subsecretario de Derechos Humanos, Alejandro Encinas, pero hasta la fecha no se ha concretado. 

**Con información de Efraín Tzuc y, desde Aguascalientes, Mónica Cerbón.

www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).

Germán Canseco estudió fotografía en la Escuela Activa de Fotografía. Trabaja en la revista Proceso desde hace más de 25 años, en la que ha realizado coberturas como el conflicto armado del EZLN en Chiapas. Desde hace once años documenta el movimiento de desaparecidos en México.

Lucía Flores es egresada de la carrera de Ciencias de la Comunicación con especialización en Comunicación Política por la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM y es fotógrafa desde hace 8 años. Actualmente trabaja en El Financiero, colabora en A dónde van los desaparecidos, y es fundadora de Obturador MX.

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EFE. San Diego, Estados Unidos, 05 de mayo de 2023.- Padres de familia apostados en la frontera de Tijuana (México) y San Diego (California) dijeron a EFE que la Patrulla Fronteriza de EE.UU. permitió el ingreso de sus esposas y sus hijos pero no el de ellos, lo que supone para activistas consultados una nueva forma de «separación de familias».

«No nos han dejado pasar, solamente pasaron nuestras señoras, nuestras mujeres», manifestó el colombiano Leonardo Acevedo.

El migrante hace parte de cientos que están acampando entre los dos muros paralelos de esta región fronteriza, en medio de la incertidumbre del fin de la aplicación del Título 42, de expulsión expedita de extranjeros, previsto para el próximo 11 de mayo.

El colombiano explicó que la Patrulla Fronteriza abrió una puerta del segundo muro para que entraran a California unas treinta mujeres con niños, pero que los hombres se quedaron atrás y sin saber a dónde las llevaban.

«Nosotros nos quedamos aquí hasta que nos dejen pasar porque queremos estar entre los primeros en cruzar cuando quiten Título 42», explicó.

Pedro Ríos, el director del Comité de Servicios de los Amigos Americanos, dijo a EFE que probablemente las autoridades fronterizas intentan ayudar a las personas que considera vulnerables, mujeres y niños, porque el clima ha tenido lloviznas y vientos fríos por estos días.

Sin embargo lamentó que el hecho de que separen a las familias contribuye a un mayor desconcierto entre los migrantes.

Otro colombiano que se abstuvo de proporcionar su nombre, dijo a EFE que desconocer cómo se llama el lugar donde ahora se encuentra.

«Aquí entre los dos muros no estoy seguro si es Tijuana o San Diego», señaló.

Explicó que planeaba rendirse ante oficiales fronterizos en busca de refugio porque «ya quitaron Título 42».

Entre tanto Ríos y dos voluntarios entregaban este jueves a través de los barrotes del segundo muro botellas de agua y algunos alimentos a los migrantes.

«Están en una situación muy difícil», manifestó al señalar que el proceso migratorio es muy largo y los migrantes deben esperar al aire libre y casi sin alimentos.

«Algunos de ellos se quedan varios días, porque el proceso de la Patrulla Fronteriza para recogerlos es muy lento, y dan oportunidad primero a las personas que posiblemente están en situación más vulnerable», dijo Ríos.

Entre ellos mencionó menores de edad, mujeres solas, con hijos, y personas lesionadas o enfermas.

«Esto significa que los hombres se quedan por más tiempo, y claro, separan familias», enfatiza.

«Quienes se quedan acá no saben qué pasa con las personas que se llevaron, a dónde fueron o si los volverán a ver» una vez que crucen la frontera, agrega.

Algunos grupos de migrantes han armado carpas improvisadas con plásticos para guarecerse de la lluvia y del rocío que han caído las madrugadas de las últimas semanas.

Por este lugar cruzaban la frontera grupos pequeños de personas, pero de acuerdo con organizaciones migratorias, por estos días se han acrecentado.

El Departamento de Seguridad Interior (DHS) de Estados Unidos sin embargo ha advertido que la frontera no está abierta, mientras anticipa un aumento en detenciones al terminar Título 42.

La Patrulla Fronteriza, que no ha respondido a EFE sobre la separación de familias en ese punto del condado de San Diego, ha señalado que en lo que va del año fiscal, que comenzó en octubre pasado, ha detenido en el sector a más de 109.000 personas.

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Foto: Sandra Sebastian / AP

Por Will Weissert y Nomaan Merchant

AP. Houston, Estados Unidos. 08 de febrero de 2021.- Durante casi 17 meses, el gobierno de Trump intentó deportar a la mujer salvadoreña y a su hija. Es posible que al final lo haga el gobierno de Biden.

Las dos están en un centro de detención familiar en la remota localidad de Dilley, Texas, y han estado varias veces a punto de ser expulsadas. El viernes antes de Navidad fueron conducidas en auto al aeropuerto de San Antonio y las subieron a un avión, sólo para bajar cuando abogados que trabajan para grupos de defensa de los inmigrantes presentaron nuevas apelaciones.

“Tengo fe en Dios y en el nuevo presidente que ha asumido el cargo, en que nos darán una oportunidad”, dijo la madre, que utiliza el apodo de “Barbi”. Dejó otros dos hijos en El Salvador y pidió no dar su nombre para no atraer la atención de las pandillas criminales en su país.

La hija de Barbi tenía ocho años cuando cruzaron la frontera estadounidense en agosto de 2019 y cumplirá 10 en unas pocas semanas. “No ha sido fácil”, dijo.

Es improbable que las cosas mejoren pronto.

El presidente Joe Biden se apresuró a enviar al Congreso la reforma más ambiciosa en una generación del sistema de inmigración del país y firmó nueve decretos para eliminar parte de las medidas más duras de su predecesor para reforzar la frontera entre México y Estados Unidos.

Pero una corte federal en Texas suspendió su moratoria de 100 días a las deportaciones, y es probable que la ley de inmigración se suavice mientras los legisladores abordan la gran ley de ayudas por el coronavirus y el segundo juicio político del expresidente Donald Trump.

Incluso si Biden consigue la mayoría de lo que quiere en materia de inmigración, aplicar por completo los grandes cambios prometidos llevaría semanas, meses y quizá incluso años. Eso implica que, por ahora, es más probable que haya más solapamiento de las políticas migratorias de Biden y Trump de lo que esperaban muchos de los activistas que respaldaron la exitosa campaña demócrata.

“Es importante que aprobemos políticas que no sólo sean transformadoras, inclusivas y permanentes, sino también que sean políticas que no aumentan el ritmo de las deportaciones”, dijo Genesis Renteria, director de programa de servicios de membresía y participación en Living United for Change en Arizona, que ayudó a movilizar votantes demócratas en un estado en disputa que fue clave para la victoria de Biden.

Las leyes federales permiten a los inmigrantes que afrontan amenazas creíbles de persecución o violencia pedir asilo en Estados Unidos. Biden ha ordenado revisar la política de Trump que envió a México a personas de Centroamérica, Cuba y otros lugares mientras se procesaban sus casos. A menudo, eso implicaba que acababan en campos de carpas apenas a unos metros del suelo estadounidense.

El nuevo mandatario también ha formado un equipo para reunir a los niños inmigrantes separados de sus padres y detener el financiamiento federal para ampliar los muros en la frontera entre Estados Unidos y México.

El gobierno de Biden empezó a retirarse el sábado de los acuerdos con El Salvador, Guatemala y Honduras que restringían las opciones de la gente de pedir asilo en Estados Unidos.

Pero es probable que esas órdenes no ayuden a Barbi y a su hija. Ellas pidieron asilo, pero se les negó debido a una norma del gobierno de Trump que negaba esa protección a personas que habían cruzado otros países antes de llegar a la frontera estadounidense. Esa medida fue derogada después en los tribunales.

Aun así, Barbi y su hija, como otros que llevan meses retenidos en Dilley, podrían ser expulsadas del país en cualquier momento.

Los activistas que elogiaron a Biden por defender una reforma migratoria temen ahora que no se haga suficiente. Omar Jadwat, director del Proyecto de Derechos de los Inmigrantes en la Unión Americana de Libertades Civiles, describió como “preocupante” que los esfuerzos de Biden “no incluían acciones inmediatas para rescindir y desactivar más de las políticas ilegítimas e inhumanas que heredó -y ahora ostenta- este gobierno”.

Miembros del equipo de Biden han pedido más tiempo, diciendo que las medidas de Trump tienen un alcance demasiado amplio como para rescindirlas de la noche a la mañana. Pero para muchos activistas, volver simplemente a las políticas previas a Trump -si es que Biden puede hacerlo- no será suficiente.

El expresidente Barack Obama fue descrito como “deportador en jefe” por expulsar a un número récord de inmigrantes durante sus ocho años en el cargo. Su gobierno también construyó el centro de detención done está Barbi y uno similar en otra localidad rural de Texas, Karnes City, 95 millas más al este.

Biden ha prohibido las prisiones privadas, pero su orden no afecta a centros como los de Dilley y Karnes City. Lejos de defender su cierre en el pasado, Biden viajó a Guatemala en 2014, cuando era vicepresidente, durante un repunte de las llegadas de menores no acompañados a la frontera de Estados Unidos y advirtió personalmente que su país aumentaría la detención de familias.

Otra medida que Biden no ha cambiado se introdujo en marzo, cuando el entonces vicepresidente Mike Pence ordenó medidas sanitarias de emergencia que pretendían impedir la entrada de inmigrantes o acelerar su expulsión de Estados Unidos para evitar contagios de coronavirus. Esas medidas se han mantenido pese a las solicitudes de asilo pendientes y a las pocas pruebas de que cerrar la frontera vaya a frenar la pandemia. Desde el 1 de octubre, 183.000 inmigrantes han sido expulsados de Estados Unidos amparándose en esa medida.

El objetivo es devolver el proceso de asilo en Estados Unidos “todo lo posible” a la normalidad anterior a Trump, señaló un portavoz de la Casa Blanca, aunque “vivimos limitados por la pandemia”.

Kennji Kizuka, investigador de alto nivel y analista de políticas de protección de refugiados en Human Rights First, señaló que “con la gente que corre peligro, Estados Unidos tiene una obligación legal de no devolverles a un lugar donde enfrentarían persecución, o tortura, o otros daños”.

“Eso no es algo que se aplace porque es incómodo en tu plan legislativo”, dijo Kizuka.

Las promesas de Biden de hacer mejoras rápidas habían dado esperanzas que ahora se desvanecen en la frontera. El día antes de su investidura el 20 de enero, una protesta de inmigrantes en la ciudad mexicana de Nogales terminó con la gente yendo hasta un puesto fronterizo en Arizona y pidiendo que se les procesara como solicitantes de asilo en Estados Unidos.

Un agente de fronteras dijo que no, pero añadió “Vuelvan a intentarlo mañana”.

Volvieron al día siguiente, pero nada había cambiado.

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Foto: Andrea Murcia / Cuartoscuro

AP. Ciudad de México. 26 de agosto de 2020.- Las autoridades mexicanas expresaron su preocupación de que el país haya llegado a una meseta en el número de infecciones de coronavirus luego de ligeros declives durante tres semanas.

La Secretaría de Salud informó el martes de 4.916 nuevos casos confirmados, para un total de 568.621 en el país. Además, se reportaron 650 decesos adicionales, para un total de 61.450, la tercera mayor cantidad a nivel mundial.

El director de epidemiología de la Secretaría de Salud, José Luis Alomía, dijo: “Mas bien la tendencia esta moviéndose hacia lo que puede ser una meseta”.

Las cifras oficiales son consideradas muy por debajo del número real, debido a la baja tasa de pruebas de diagnóstico que se realizan en el país. Pero lo que se ha mantenido constante es la cifra relativamente alta de trabajadores de salud infectados, posiblemente por la elevada exposición al virus y a una mayor tasa de pruebas de diagnóstico a las que se someten.

Desde que comenzó la pandemia, un total de 97.632 enfermeros, médicos y empleados de hospital han resultado positivos a la presencia del coronavirus, lo que equivale a un 17% de los casos a nivel nacional. Además, 1.320 trabajadores de salud han fallecido de COVID-19 en México.

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