Periodistas Unidos. Ciudad de México. 22 de octubre de 2025.- La Secretaría de Salud de la Ciudad de México confirmó este miércoles que la cifra de fallecidos por la explosión de un camión cisterna de gas en la alcaldía Iztapalapa ascendió a 32, un mes después del siniestro que conmocionó a la metrópoli. La última víctima, identificada como Tiffany Odette Cano González, una joven de 16 años, perdió la vida en el Instituto Nacional de Rehabilitación (INR), donde luchaba contra las graves secuelas de las quemaduras sufridas en el accidente.

El incidente ocurrió el pasado 10 de septiembre alrededor de las 14:20 horas en el Distribuidor Vial La Concordia, sobre la Calzada Ignacio Zaragoza, una de las arterias más transitadas de la capital que conecta con Puebla y el oriente del Estado de México. El camión, con capacidad para 49.500 litros de gas licuado de petróleo (GLP) y propiedad de la empresa Transportadora Silza, volcó en una curva tras impactar contra una barrera de concreto. La maniobra provocó una fuga masiva que generó una nube tóxica de gas, la cual se expandió en un radio de 180 metros y se inflamó al entrar en contacto con una fuente de ignición no identificada aún.

El estallido creó una onda expansiva que dañó 32 vehículos cercanos, incendiando autos, microbuses y tráilers en una escena de caos y horror que se viralizó en redes sociales. Videos de cámaras de vigilancia captaron el momento exacto en que el vehículo, circulando a una velocidad moderada según las imágenes, pierde el control y estalla en una bola de fuego que alcanzó alturas de varios metros. El fuego se propagó rápidamente, dejando un saldo inicial de tres muertos y más de 90 heridos, muchos con quemaduras de segundo y tercer grado que cubrían gran parte de sus cuerpos.

Entre las víctimas se cuenta el conductor del camión, Fernando Soto Munguía, quien falleció días después en el hospital. Las autoridades, encabezadas por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX), atribuyen el accidente a un exceso de velocidad superior a los 40 kilómetros por hora y a la falta de pericia del operador, pese a que el vehículo se encontraba en buen estado mecánico y sin fugas previas. Sin embargo, peritos independientes de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) aclararon que no se trató de una explosión directa del tanque, sino de una deflagración de la nube de gas, lo que evitó un desastre aún mayor.

El suceso ha reavivado el debate sobre la seguridad en el transporte de sustancias peligrosas en México, donde miles de pipas recorren diariamente las carreteras para abastecer hogares y comercios dependientes del GLP. La empresa Silza, que cargó el combustible en una terminal de Tomza en Tuxpan, Veracruz, se deslindó inicialmente de la propiedad del camión, pero luego asumió responsabilidad y prometió apoyo a las familias afectadas. No obstante, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) reveló que la compañía operaba sin póliza de seguro actualizada para el transporte de hidrocarburos, lo que podría derivar en sanciones adicionales.

La alcaldesa Clara Brugada, en conferencia de prensa posterior al accidente, calificó el evento como una «emergencia horrible» y anunció el cierre temporal de la vialidad, así como la suspensión de servicios de transporte público en la zona. El Ejército, la Marina y Protección Civil auxiliaron en las labores de rescate, que duraron horas bajo el riesgo de nuevas detonaciones. Hasta la fecha, 16 personas permanecen hospitalizadas en nosocomios como el Hospital General Dr. Rubén Leñero, mientras que 38 han sido dadas de alta. Al menos cuatro menores figuran entre los fallecidos, incluyendo casos como el de Jazlyn Azulet, de dos años, quien fue trasladada a un hospital en Texas para tratamiento especializado.

Familiares de las víctimas velan a las afueras de los hospitales, exigiendo justicia y mayor regulación. «Mi hija solo iba de regreso de la escuela, ¿por qué tuvo que pagar con su vida la negligencia de otros?», relató la madre de Tiffany Odette en un testimonio difundido por medios locales. La FGJCDMX continúa las indagatorias, con análisis periciales pendientes que podrían esclarecer si baches en el pavimento o fallos en la infraestructura vial contribuyeron al volcamiento.

Este no es el primer incidente de este tipo en el país. En 2020, un accidente similar en Nayarit dejó 13 muertos, y en 2015, una fuga de propano en un hospital de maternidad capitalino causó cinco fallecimientos. Tras la deflagración de Iztapalapa, la jefa de Gobierno implementó restricciones temporales al transporte de materiales tóxicos en distribuidores viales clave, un paso que expertos esperan se convierta en política permanente para prevenir futuras tragedias.

La capital mexicana guarda luto por las 32 vidas truncadas, en un recordatorio doloroso de la fragilidad de la movilidad urbana y la urgencia de protocolos más estrictos en el manejo de combustibles.

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