EFE. Ciudad de México. 12  de marzo de 2022.- Autoridades mexicanas detuvieron este viernes a Nelson Francisco Toledo, hermano del exdiputado Mauricio Toledo, acusado de presunto enriquecimiento ilícito.

«Personal de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México (FGJCDMX) cumplimentó una orden de aprehensión contra un ex servidor público de la pasada administración, por su probable participación en el delito de enriquecimiento ilícito», informó la Fiscalía en un boletín.

De acuerdo con las autoridades, tras su detención, al ex funcionario le hicieron saber sus derechos constitucionales para después certificarlo médicamente en la Fiscalía de Investigación Estratégica Central y trasladarlo ante el juez que lo requirió en el Reclusorio Preventivo Varonil Norte.

La dependencia detalló que el acusado probablemente incrementó su patrimonio sin poder justificarlo, mientras se ejerció como servidor público entre 2013 y 2018, cuando fue jefe de Departamento de Análisis Normativo; Subdirector Consultivo y de Apoyos a Comité; subcontralor de Atención Ciudadana y Normatividad en el Instituto Electoral de la Ciudad de México.

Su hermano, Mauricio Toledo, quien se encuentra en proceso de extradición en Chile, es investigado por la FGJCDMX, quien detectó en 2016 que el exlegislador tenía varias propiedades que no eran acordes a su salario y que, además, no había logrado demostrar su procedencia.

En agosto de 2021, la Cámara de Diputados de México, erigida como Jurado de Procedencia, determinó el desafuero de Toledo.

Sin embargo, la Fiscalía informó entonces de que el exdiputado había huido a Chile desde julio, algo que confirmó el propio Toledo, quien alegó que viajó a ese país por motivos personales.

Ese mismo mes, se logró obtener una orden de arresto contra Toledo, además de la autorización de la ficha roja por parte de la Interpol para tramitar su detención a nivel internacional.

Desde Chile, el exdiputado del Partido del Trabajo, ha denunciado en diversas ocasiones ser víctima de una persecución política y ha dicho que ha colaborado con las autoridades chilenas para ponerse a disposición de la justicia.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 31 de enero de 2022.- El periodista Roberto Toledo fue asesinado por un grupo armado, en Zitácuaro, Michoacán.

La noticia fue compartida por Armando Linares López, director del portal Monitor Michoacán, donde colaboraba Roberto Toledo, quien en un breve mensaje informó lo sucedido.

Toledo, de 55 años aproximadamente, llevaba tres años como colaborador de Monitor Michoacán. En un video ya habían anunciado las amenazas de muerte que recibió.

(Con información de mimorelia.com)

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Periodistas Unidos,. Ciudad de México. 16 de octubre de 2021.- La filtración de documentos confidenciales pertenecientes a 14 entidades especializadas en la creación de sociedades en paraísos fiscales ha revelado la existencia de una industria enfocada a ocultar la riqueza de un grupo de personas: ofrecen anonimato y baja o nula tributación. Los documentos retratan también a los clientes de esta industria y a los intermediarios que les sirven de puente para acceder a estos servicios.  Como ha señalado El País (05112021), el desvío de beneficios por parte de empresas y la ocultación de grandes fortunas generan agujeros millonarios en las haciendas públicas.

La lista de nombres relevantes que aparecen como clientes de estos proveedores en los documentos filtrados en los “Papeles de Pandora” (PdeP) es larga. Hay 35 jefes y exjefes de Estado de los cuales 14 son de América Latina, 46 oligarcas rusos, millonarios, personalidades del mundo de la cultura e incluso congregaciones religiosas.

Como lo demuestran diversas investigaciones, estos paraísos o refugios (havens en inglés), son parte de la maquinaria de un mundo más desigual. Al evitar el pago de impuestos, contribuyen a aumentar la disparidad de ingresos, la riqueza y el poder.  Brooke Harrington, autor del libro “Capital Without Borders: Wealth Managers and the One Percent.” (Capital sin fronteras: los administradores de la riqueza y el uno por ciento), afirmó recientemente (NYT, 08102021): para que las reglas fiscales puedan cumplirse hay que atacar el problema de la secrecía: solo se puede gravar al propietario legal de los bienes, quien no es necesariamente la persona que se beneficia de ellos. Los trusts (fideicomisos) dividen la propiedad legal del beneficiario de tal manera que un fideicomiso en las Islas Caimán puede ser el propietario de un Castillo en Francia, pero la persona que vive en él y lo disfruta plenamente no necesariamente es el dueño legal de ese inmueble. Los fideicomisos o sociedades registradas en esos refugios producen esa ambigüedad. Se requiere entonces que las leyes exijan el registro de los verdaderos beneficiarios, para atacar este problema.

Hay más. La novedad de los Pandora, en comparación con otras filtraciones previas, como los “Papeles de Panamá”, revela que los Estados Unidos se han convertido en un refugio fiscal y destino global de riqueza ilícitas (The Nation, 05102021). Albergan muchos fideicomisos (trusts) secretos u opacos. De esta manera se desmiente la idea tradicional de que esos paraísos están localizados únicamente “offshore” es decir, fuera de EU. Estados como Dakota del Sur, Delaware, Texas, Florida y Nevada rivalizan con naciones del caribe y protectorados europeos. En Dakota del Sur, por ejemplo, hay sociedades de este tipo que tienen fondos de, al menos, 367 mil millones de dólares.

Por su parte, Nicholas Shaxson autor de varios libros, entre otros, “Las islas del tesoro” publicado en español por el FCE, señala (NYT, 08102021) que el corazón del sistema de los refugios fiscales es la Gran Bretaña. La ciudad de Londres se convirtió en “la capital del lavado de dinero”.

Se trata, dice, Shaxson, de un sistema complejo, con instrumentos opacos y enredados que incluyen trusts registrados en distintos territorios, lagunas fiscales y compañías fantasmas o de fachada. Además, el secreto bancario, y una regulación financiera laxa que da cobertura a la riqueza escondida mediante coberturas aparentemente legales. Un papel central lo juegan los centros financieros que se encuentran en las Islas Cook, la Vírgenes Británicas, y Jersey (una de las pequeñas islas situadas en el Canal de la Mancha). Hay también países europeos como Suiza, Luxemburgo, Irlanda que ofrecen varias rutas para esconder las riquezas. En Asía, por supuesto, están Hong Kong y Singapur.

Sin embargo, agrega, la red británica es la más grande. El Índice de Opacidad Financiera (Financial Secrecy Index, disponible en https://fsi.taxjustice.net) muestra que la Gran Bretaña (GB) y sus satélites se colocan en el primer lugar. Más de dos tercios de las 956 compañías que los PdeP vinculan con funcionarios públicos, fueron establecidas en las Islas Vírgenes.

La City es el nervio central del sistema global de los paraísos fiscales, un conducto crucial para que transiten capitales internacionales de todo tipo. Un momento clave para entender cómo llegó a ocupar este papel, fue cuando el Banco de Inglaterra permitió al país jugar el papel de huésped del nuevo mercado de los eurodólares. Londres se convirtió en un espacio financiero casi sin regulaciones y altamente rentable, separado de la economía británica, en el cual los bancos extranjeros, la mayoría estadounidenses, podrían realizar operaciones prohibidas en su país.

La riqueza escondida en estos refugios es sorprendente. Las estimaciones van de los 6 a los 36 billones de dólares. En el caso de la red que incluye a la City de Londres y sus oficinas de ultramar, representa una pérdida fiscal, solo para las empresas, sin tomar en cuenta a las personas físicas, de aproximadamente entre 245 y 600 mil millones de dólares.

La exposición pública de algunos personajes políticos ha dado ya algunos resultados: en Ecuador, el Congreso votó el domingo pasado en favor de abrir una investigación del presidente Lasso para averiguar si violó la ley al depositar parte de su riqueza en un paraíso fiscal. En Chile, la Fiscalía de la nación abrió una investigación contra el presidente Piñera por la venta de la empresa Minera Dominga. Hay la sospecha de que esta operación implicó sobornos y evasión fiscal.

En el caso de nuestro país, como ya se ha publicado, hay más de 3.000 mexicanos que figuran en los PdeP. Figuran (hasta ahora) Julio Scherer; Jorge Arganis; el senador Armando Guadiana; y Julia Abdala, pareja de Manuel Bartlett, titular de la Comisión Federal de Electricidad.  Incluye también a antiguos aliados del expresidente Enrique Peña Nieto, Enrique Martínez y Martínez, exgobernador de Coahuila y ex secretario de Agricultura; Ricardo Pierdant, el empresario que en 2014 pagó el predial de un departamento en Miami propiedad de la entonces esposa de Peña Nieto, la actriz Angélica Rivera; Francisco Labastida Gómez de la Torre, hijo del candidato presidencial del PRI en el 2000, Francisco Labastida Ochoa. Hay, asimismo, celebridades y sobre todo multimillonarios como Germán Larrea y María Asunción Aramburuzabala. Y, qué causalidad, las Islas Vírgenes Británicas fue el destino predilecto de estos mexicanos.

En síntesis, los PP revelan la existencia de cuentas de los superricos del mundo, incluyendo ciudadanos mexicanos que, por lo pronto, no han recibido ninguna sanción a pesar de su posible involucramiento en crímenes tan graves como: la fuga de capitales, la evasión fiscal, el ocultamiento de patrimonios mal habidos, el registro de empresas fantasma, y el abuso de poder. Cometer un crimen puede ser «legal», dependiendo de la legislación que resulte conveniente para el delincuente. Sin embargo, en todos los casos, las personas que se aprovechan de los refugios fiscales lo hacen para depositar sus cuantiosas fortunas personales fuera del territorio en el que residen; evitar el pago de impuestos; esconder su riqueza; y atentar contra sus propios gobiernos y sociedades. Lastiman y agravian, principalmente, a los más pobres e indefensos. No deben justificarse, atenuarse, o perdonarse estas conductas. Investigar y actuar legalmente contra estas personas es indispensable. También fortalecer la coordinación internacional para acopiar información. Hay que cerrar todos los paraísos fiscales. Son una plaga contra la humanidad. Mientras tanto, a sus beneficiarios, hay que denunciarlos ante los ciudadanos del mundo como lo que son: violadores del derecho a una vida digna de la gran mayoría de las personas que no tienen ni los ingresos ni la capacidad para hacer uso de los «tax havens». La impunidad no puede seguir dominado al mundo.

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AP. Ciudad de México. 25 de agosto de 2021.- Un juez ordenó la detención y la emisión de alerta roja de arresto en contra del político mexicano Mauricio Toledo, después de que la Cámara de Diputados le retiró el fuero a principios de este mes luego de ser acusado de enriquecimiento ilícito, anunció el martes la Fiscalía General de la Ciudad de México. Toledo se encuentra actualmente en Chile.

Casi dos semanas después de que la cámara baja saliente votó en favor de desaforar a Toledo, un legislador federal de la fuerza pro oficialista Partido del Trabajo (PT), la Fiscalía General dijo en un comunicado que se obtuvo la orden de aprehensión del político y se solicitó el alerta roja a través de Interpol México.

“Esta Fiscalía buscará su detención conforme a tratados internacionales, ya que no puede ser asegurado con el apoyo de la Notificación Roja, dado al alcance que esa herramienta de búsqueda internacional tiene en la República de Chile, país en el que se encuentra el fugitivo”, indicó el Ministerio Público.

Asimismo, la Fiscalía General negó que Toledo sea un “perseguido político”, tal como sostiene el político, y señaló que “no toleraremos más abusos de quienes pretenden esconderse al amparo de la política para cometer delitos. Al margen de la Ley, nada, y por encima de la Ley, nadie”.

Toledo anunció en un comunicado que se presentó la víspera ante la Dirección de Asuntos Internacionales de la Suprema Corte de Chile para ponerse a disposición de la justicia ante cualquier requerimiento y para informar sobre su domicilio actual. Dijo además que estaba dispuesto a presentarse ante las autoridades.

De acuerdo a un informe ante la Cámara de Diputados, Toledo consignó en sus declaraciones patrimoniales de 2012 a 2018 ingresos cercanos a los 9,4 millones de pesos (unos 470.000 dólares) “situación que no corresponde con la realidad de los ingresos netos percibidos en ese lapso, que ascienden a un monto mayor a los 20,8 millones de pesos (un millón de dólares)”.

Además de Toledo, la Cámara de Diputados aprobó el 11 de agosto el desafuero del legislador del partido oficialista Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Benjamín Saúl Huerta, quien ha sido acusado de violación y abuso sexual contra menores de edad.

La Fiscalía General cumplió este martes la segunda orden de aprehensión contra Huerta quien se encuentra recluido en las instalaciones del Reclusorio Oriente de la capital mexicana.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 12 de julio de 2021.- El sábado 10 de julio, volverá a sesionar la Comisión Instructora de la Cámara de Diputados para llevar a cabo una nueva votación en el caso del todavía diputado, Mauricio Toledo, con el fin de que en los siguientes días se presente ante la Comisión Permanente su posible desafuero por enriquecimiento ilícito, entre muchos delitos.

Por otro lado, se giró orden de aprehensión contra Miguel Alemán Magnani, el nieto del presidente de la República, del mismo nombre y primer apellido, cuyo lema en su sexenio fue que la Revolución Mexicana se bajó del caballo y se subió al Cadillac. Tiempos modernos, pero fue cuando se dio el primer gran saqueo de la nación a través de la clase política.

Notable coincidencia entre dos personajes muy disímbolos, uno que viene de las esferas de abajo, pero ha extorsionado a quien se atraviesa en su camino, y otro que es de familia de alcurnia, como se dice, pero debido a sus ambiciones y torpezas está en la ruina.

El saqueo, el poder, el desprecio por los individuos y más prendas del capitalismo que son parte de su esencia, ha traído una crisis de grandes proporciones, como anotaba hace decenios el barbón: Carlitos Marx.

En el caso de Mauricio Toledo, será el tercer intento para llevarlo ante el pleno. En las dos ocasiones previas, lo salvaron su compañera del PT, Mari Carmen Bernal, y la legisladora priista, Claudia Pastor Badilla.

La del Tricolor (señora Pastor) hizo en la más reciente ocasión una argumentación tan contradictoria, leguleya y torcida, señalando que el caso debería pasar a la siguiente etapa, pero ella se abstenía. El presidente de la Comisión, Pablo Gómez, le insistió que el voto sólo podría ser a favor o en contra, pero la diputada Claudia volvió a entramparse en sus retorcidas argumentaciones.

Alguien le llamó la atención, y dirigió un escrito para que la Comisión se reúna, nuevamente, el 10 de julio y, al parecer, ya no hará tanto rollo para que se analice el desafuero de Toledo en seis días más.

Es clarísimo que este sujeto es un rufián en toda la extensión de la palabra. Manejó la delegación Coyoacán desde que fue delegado (2012-2015) y dos trienios más con incondicionales: Valentín Maldonado y Manuel Negrete, a su antojo.

En ese lapso: extorsionó a constructores, cobraba el diezmo a trabajadores y directivos bajo su mando, utilizaba grupos de choque contra opositores (reventó dos mítines de Claudia Sheinbaum en la campaña electoral de 2018), amedrentaba a quienes se pusieran en su camino (un legislador se exilió porque lo amenazó de muerte) y compró casas y departamentos, propios y por familiares de por medio, millonarios. Toledo era uno de los consentidos de Miguel Ángel Mancera y Héctor Serrano, cuando manejaron para su benefició el gobierno capitalino.

Renunció al PRD para sumarse a Morena, y al no aceptarlo se fue al PT, con la bendición de Fernández Noroña y Alberto Anaya.

Esperamos que le llegue su hora.

Mientras que el nieto de un presidente de la República e hijo de un personaje que fue importante en Televisa, y luego se enroló en la política donde fue senador, gobernador y aspiraba a ser candidato del PRI al Ejecutivo, ambos de nombre Miguel Alemán, está en gravísimos problemas y puede ser compañero de prisión del mencionado Toledo.

En el caso segundo, se trata de Miguel Alemán Magnani. Él junto con su padre eran parte del consejo asesor de Andrés Manuel, y buscaron en varias ocasiones al mandatario para que les ayudara con sus graves problemas económicos.

Uno principalísimo fue la quiebra de la línea aérea Interjet por malos, pésimos manejos en toda la operación. Pero no sólo eso, invirtieron en infinidad de negocios con resultados catastróficos. Además, como es común en los ricos, debían “la pequeña cantidad de tres mil millones de pesos en impuestos”, algo que descubrió el SAT.

Esta fue la bomba que explotó el caso, aunque la orden de aprehensión contra Alemán Magnani, es actualmente por la evasión de 65 millones de pesos.

Javier Tejado Dondé (El Universal, 8 de julio) hizo un artículo muy puntual y duro contra los Alemán, lo cual muestra que su salida de Televisa no fue nada pacífica, ya que el columnista es un alto ejecutivo de la televisora.

Dos personajes aparentemente contrapuestos y un Dios común: el dinero como el único deseo humano, esto en tiempos de explosión de un sistema que muestra fisuras por todos lados: el capitalismo.

jamelendez44@gmail.com

@jamelendez44

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Foto: @FiscaliaCDMX

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 25 de enero de 20201.- La Fiscal General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy Ramos instruyó, esta mañana, al titular de la Fiscalía para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos para que, en cumplimiento a lo previsto en el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acuda el día de hoy a la Cámara de Diputados para que presente la solicitud para retirar la inmunidad procesal al ciudadano Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez, ex jefe delegacional de Coyoacán, exdiputado local de la CDMX y actual diputado federal.

Y una vez que esto ocurra, esta Fiscalía proceda penalmente en contra de esta persona.

En cada una de las fases de este procedimiento, el Ministerio Público de la Ciudad de México probará la responsabilidad penal del diputado mencionado en la comisión del delito de enriquecimiento ilícito, acreditado con un incremento injustificado e inexplicable en su patrimonio lo que resulta incongruente con sus ingresos reportados.

Godoy expresó «Con transparencia y respeto al debido proceso, me permito informar que el 4 de septiembre del año 2020, el Fiscal para la Investigación de los Delitos Cometidos por Servidores Públicos inició una carpeta de investigación en contra del exjefe delegacional en Coyoacán, en la cual se acreditó que la persona imputada cuenta con inmuebles, cuyo valor excede a los ingresos legalmente manifestados como servidor público.»

La investigación incluye el análisis de las declaraciones patrimoniales presentadas por el servidor público referido del período comprendido del 2006 a la fecha; información registral y notarial de diversos inmuebles proporcionada por el Registro Público de la Propiedad y del Comercio; dictámenes periciales diversos que determinan el valor mercado en la fecha de adquisición de diversos inmueble; dictámenes contables e información proporcionada por la Comisión Nacional Bancaria sobre los estados financieros del diputado Mauricio Alonso Toledo Gutiérrez.

Las actuaciones realizadas por el Ministerio Público nos permiten contar con los elementos probatorios objetivos que acreditan la existencia de hechos constitutivos de delitos cometidos por el exjefe delegacional en Coyoacán, lo que nos obliga a hacerlo del conocimiento de un juez para que éste resuelva conforme a la Ley.

Pero para que la persona imputada comparezca ante un juez y enfrente un juicio justo y apegado a derecho como cualquier otro ciudadano, la Cámara de Diputados debe retirarle la protección constitucional que tiene por su condición de diputado federal.

El fuero constitucional protege el funcionamiento del Poder Legislativo y las opiniones de sus integrantes, pero no es sinónimo de impunidad.

Justamente, el artículo 111 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y la Ley Federal de Responsabilidades de los Servidores Públicos establece claramente el procedimiento que habrá de seguir el Ministerio Público cuando tenga conocimiento de la existencia de algún delito por parte de alguna de las personas protegidas con inmunidad procesal.

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Foto: Cuartoscuro

Por Saúl Escobar Toledo

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 09 de septiembre de 2020.- La “denuncia de hechos posiblemente constitutivos de delito” presentada por el Sr. Emilio Lozoya al Fiscal General de la República en contra de Enrique Peña Nieto, Felipe Calderón Carlos Salinas de Gortari y otras personas más se difundió profusamente en los medios de comunicación y las redes sociales. El debate que provocó se ha concentrado casi exclusivamente en sus efectos políticos y jurídicos. Se ha destacado así la corrupción reinante en los sexenios anteriores y la posibilidad de que expresidentes, funcionarios públicos y legisladores implicados sean llamados a declarar y hasta puedan ser sujetos de sanciones penales. El documento parece confirmar la idea de que la corrupción es el principal problema de México y la necesidad imperiosa de su erradicación, tal como lo ha planteado muchas veces el presidente López Obrador. Sin duda, desprestigia también a la oposición representada por el PAN y el PRI.

Sin embargo, el escrito del Sr. L. puede ser revisado como un testimonio histórico que retrata   una etapa de la vida de México. Más allá de las anécdotas, los nombres y su valor jurídico presente o futuro, la denuncia del ex director de PEMEX nos describe un régimen político que tiene las siguientes características:

1. El punto central de la trama reside en que un grupo de empresas y empresarios, encabezados por el consorcio Odebrecht sobornó y de esa manera doblegó al gobierno de México y al poder legislativo para servir a sus intereses. Un mecanismo que comenzó en el gobierno de Calderón y culminó en el de Peña Nieto con la aprobación de la llamada reforma energética.
2. El esquema de sobornos recorría un circuito preciso: la empresa extranjera depositaba millones de dólares en la cuenta de una empresa que era propiedad de un funcionario público. Tanto la empresa que hacía el depósito como la que lo recibía eran fantasmas (sólo existen legalmente en el papel, pero no realizan ninguna labor gerencial o de cualquier otra índole) y declaraban como residencia un paraíso fiscal. Una vez que el funcionario recibía el dinero en su cuenta bancaria, lo retiraba para depositarlo en otra empresa fantasma de su propiedad, también en un paraíso fiscal, o lo retiraba en efectivo para sobornar a otras personas (legisladores, funcionarios, dirigentes de partidos políticos). En el caso del PRI, el documento hace sospechar que los depósitos a cuentas de consultores extranjeros eran, igualmente, empresas fantasmas que ocultaron a los verdaderos beneficiarios, probablemente funcionarios públicos, ya que no expedían facturas o lo hacían “por un servicio distinto”.
3. A cambio de estos sobornos, las empresas extranjeras y nacionales conseguían contratos que las beneficiaban enormemente  ( Etileno XXI, Grupo Higa, Agronitrogenados, etc. ) y que diputados y senadores tanto del partido oficial como de la oposición (particularmente el PAN) aprobaran leyes en las que estos empresarios influyeron (no se sabe si en su redacción o en sus fines generales) y que eran muy importantes para ellos pues les abrían nuevas oportunidades de inversión y, se entiende, de negocios turbios.

• El mecanismo fue tan eficaz que, según el señor L., Odebrecht no sólo logró contratos sino literalmente “doblegar al presidente de la república y al estado mexicano” por lo menos en materia energética. Este servilismo llevó a abusos de poder y corrupción extremos y a una asociación que el declarante califica como “si se tratara de crimen organizado”.  Un “aparato organizado de poder para obtener beneficios que afectaron la soberanía de México sometiéndolo a personas y grupos nacionales y extranjeros”,

Documentos como el que comentamos deben ser tomados con mucha cautela. En muchos casos faltan a la verdad por distintas razones: aún con la mejor intención los testimonios se basan en la memoria y ya se sabe que ésta es frecuentemente débil y lo es más en la medida en que pasa el tiempo. Muchas veces recordamos cosas que no sucedieron tal cual las imaginamos o las contamos aun cuando se trate de hechos particularmente decisivos de nuestra biografía. Pero los dichos de una persona pueden ser aún más discutibles cuando se busca una ventaja personal: en el asunto que nos ocupa, que la fiscalía le proporcione al denunciante “una salida alterna respecto a los procedimientos que hay en mi contra y en contra de mi familia”.

Por otro lado, los historiadores saben que un testimonio no sólo describe la realidad que el narrador ve: también retratan a la propia persona que la cuenta. Al leer la denuncia, el señor L. se describe a sí mismo como una persona fácilmente manipulable; obediente al punto de la ignominia; temeroso de faltar a las instrucciones de sus jefes; y que sólo en este momento, años después de los acontecimientos, se da cuenta de la gravedad de los hechos. Se describe como una persona que acepta sobornos sin ningún remordimiento o justificación. Dice por ejemplo que en 2012 Odebrecht prometió aportar 4 millones de dólares de los cuales 2.5 serían para la campaña del PRI y “recordemos (sic) que el 1.5 restante fue para mí”. Y, finalmente, se pinta como un arribista que llega a la dirección de PEMEX por invitación del presidente “dada mi experiencia en el sector privado, aunque yo no conocía bien ni a Peña Nieto ni a Luis Videgaray”.

La lectura del escrito del Sr. L. me recordó a Hanna Arednt y sus observaciones sobre el juicio a Eichmann, acusado de millones de asesinatos de judíos bajo el nazismo. Su contacto personal con el acusado le impresionó “por su superficialidad …Los actos fueron terribles pero el responsable era totalmente corriente, del montón, ni demoníaco ni monstruoso.”

El Sr. L. quiere verse reflejado en su propia narración de una manera similar: como una persona que recibe instrucciones y las cumple; ni el único culpable ni completamente inocente. Una persona cuyos rasgos también podrían definir a Enrique Peña Nieto: un político advenedizo, oportunista, superficial, sin más motivaciones que enriquecerse a toda costa; ni muy inteligente ni extremadamente estúpido; sin ideas que lo distingan, pero capaz, medianamente, de repetir un discurso.  

En fin, el documento del Sr. L, nos plantea la existencia histórica de un régimen que utiliza el poder para el beneficio de intereses privados, aunque, a diferencia del pasado (los años dorados del PRI), es sometido por ellos.  Un sistema político que existe en muchas partes del mundo y que se caracteriza, en consonancia con los tiempos neoliberales, por su obediencia, casi exclusiva, a los grandes consorcios mundiales. Un sometimiento que vive y se reproduce gracias a la impunidad financiera y fiscal y permite que grande sumas de dinero negro circulen por todo el mundo cobijadas por empresas ilegales, bancos piratas y refugios fiscales que no rinden cuentas a nadie. Una forma de gobierno que se puede justificar con teorías muy elaboradas sobre la libertad de los mercados pero que, al final de cuentas, se reduce a la gestión de políticos advenedizos que encuentran en los grandes consorcios privados la razón y motivo del ejercicio del poder del estado.

Por ello, el problema de la corrupción no reside solamente en los controles y castigos de la clase política sino sobre todo en la impunidad de las grandes corporaciones. El escrutinio y transparencia de las empresas privadas resulta tanto o más importante que la de los entes de la administración pública.

El testimonio del Sr. L fue elaborado sin duda para obtener una ventaja personal; bajo, hay que reconocer que describe una situación que en México y en otras partes del mundo se ha vuelto normal y ha privado a los ciudadanos de una democracia real, un estado que los proteja, y una economía más equitativa. Es el sistema impuesto por el 1% más próspero que ha logrado concentrar la riqueza y el ingreso mundial en proporciones inimaginables.

 saulescobar.blogspot.com

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Foto: Alejandro Meléndez / FotorreporterosMx

Por Saúl Escobar Toledo

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 13 de mayo de 2020.- Ese día las calles estuvieron vacías. Los trabajadores no marcharon. Por primera vez en toda la historia de México, desde el primer primero de mayo de 1913, sólo algunas voces representativas del movimiento obrero se pudieron escuchar por medio del internet. El gobierno, por su parte, en Palacio Nacional, rememoró la fecha frente a un puñado de reporteros, sin la presencia de alguna representación sindical. La razón fue evidente: la epidemia estaba (y está) en la fase más peligrosa. Llevar a cabo una concentración de personas, sobre todo en la capital del país, representaba un serio peligro de contagio masivo.

Un panorama similar se observó en muchas partes del mundo, pero ello no debe ocultarnos el hecho de que, a pesar de todo, las organizaciones de los trabajadores siguen vivas. Tal cosa podría parecer intrascendente. No lo es si tomamos en cuenta que están enfrentando, todos los días y en la vida real, una lucha singular: defender la vida frente a la presión de las empresas para echar andar las máquinas, lo más pronto posible, sin proteger debidamente la salud de sus empleados; y, al mismo tiempo, tratar de evitar los despidos, las reducciones salariales y los recortes de los contratos colectivos. Lo están haciendo como pueden, en condiciones muy adversas. En muchos casos, sin la presencia física de sus dirigentes y en otros negociando con los representantes patronales.

En México, ante la ausencia casi total de sindicatos representativos, son los trabajadores, de manera directa, sin el respaldo de sus gremios, los que están dando la batalla. Como sucede en las maquiladoras del norte del país, los obreros se niegan a entrar a trabajar, protestan dentro o fuera de la fábrica, y dan a conocer su situación con grandes dificultades. Son también, junto con el personal de salud que busca salvar vidas, los héroes de estas jornadas, aunque su reconocimiento sea muy escaso.

Desgraciadamente, las presiones serán cada vez más fuertes. La acumulación de días sin el acceso a insumos, sin producción y sin ventas harán más imperiosa la necesidad de “volver a la normalidad”. Los trabajadores, de igual manera, resentirán cada vez más la necesidad de acudir al trabajo ante el riesgo del despido o la falta de ingresos.

Lo que viene será más difícil. Una confrontación más intensa y al mismo tiempo más desigual. Ante ello, el papel de los gobiernos y los juzgados laborales será muy importante. La política laboral deberá regirse en primer lugar por el objetivo de salvar vidas y no por las presiones de nuestros socios comerciales. De ahí la urgencia de llevar a cabo un programa de rescate mediante un salario o ingreso básico dirigido a las familias más pobres, y legislar un seguro de desempleo. Sin estos instrumentos, no hay muchas opciones para los trabajadores, quienes pueden caer presa de la enfermedad, la pobreza, o de ambas.

Frente a esta situación, vale la pena recordar los pronunciamientos hechos este primero de mayo. La declaración del gobierno de la república aludió a los logros obtenidos: una nueva política de salarios mínimos que ha logrado la recuperación de su valor en un 35%; la reforma laboral que busca “pasar de los contratos de protección, de la corrupción sindical,… a la autonomía e independencia de los sindicatos para que sean fuertes y defiendan a los trabajadores”; el programa de capacitación Jóvenes Construyendo el Futuro; el principio de proporcionalidad de género en la representación sindical; el programa piloto para incorporar a las y los trabajadores del hogar a la seguridad social. También se comprometió a erradicar las prácticas ilegales de la subcontratación.

Sin embargo, todos esos avances, sin duda importantes, ya existían antes de esta crisis. En cambio, a pesar del reconocimiento de estos “momentos difíciles”, no hay ninguna medida adicional que responda a la nueva situación.

Por su parte, las organizaciones independientes, particularmente la Unión Nacional de Trabajadores (UNT), la Nueva Central de Trabajadores (NCT), así como la Confederación Internacional de Trabajadores (CIT), aunque esta última de manera más discreta pues no planteó ninguna agenda o programa frente a la crisis, difundieron sus propios manifiestos. La UNT puso en el centro la necesidad del diálogo social y el establecimiento de un Acuerdo Nacional que conduzca a un nuevo Pacto Social. Además, entre otras cosas planteó:  control de precios de medicamentos y alimentos de la canasta básica; suspensión temporal de cobro de créditos de Infonavit, Fovissste y Fonacot; establecimiento del seguro de desempleo; erradicar el outsourcing (seguramente se refieren a la subcontratación laboral); y solución a los conflictos laborales: Notimex, Chapingo, UNTyPP y Universidad Michoacana. Sorprende que no haya sugerido ningún apoyo especial para los trabajadores informales o para las familias más afectadas por la crisis.

Por su parte la NCT llamó en primer lugar  a una Convención Nacional Democrática de los Trabajadores y a la solución de las huelgas existentes y  propuso un  Seguro de Desempleo Universal para el sector formal e informal; la abrogación del outsourcing (subcontratación); un Ingreso Básico Universal para las familias de bajos recursos; la suspensión temporal de pago de hipotecas y rentas domiciliarias; la abrogación del sistema de AFORES y el restablecimiento de una sistema solidario de jubilaciones; nacionalización de empresas que cierren total o parcialmente; la suspensión de pagos de la deuda externa; y a detener los mega proyectos (seguramente en alusión  a los planes del gobierno anunciados por el presidente: la refinería de Dos Bocas, el Tren Maya, y el corredor transístmico). Hay que destacar, finalmente que la NCT se manifestó por una negativa a “los pactos promovidos desde el empresariado y el sindicalismo corporativo”.

Aunque existen varias coincidencias entre estas dos organizaciones, aparentemente la discrepancia mayor puede encontrarse en el llamado a un Acuerdo Nacional. Probablemente también en otros asuntos como la nacionalización de empresas; la suspensión del pago de la deuda externa y la oposición a los megaproyectos. Estas últimas posibles diferencias quizás podrían zanjarse o ponerse a un lado en aras de la unidad.

Sin embargo, lo que más llama la atención de los discursos de las partes aquí citadas es la ignorancia que se manifiestan. El gobierno señala que todos debemos “ser solidarios y corresponsables” pero no hace un llamado al diálogo, la colaboración, o el apoyo de los sindicatos para enfrentar la crisis. Ni a los agrupamientos más representativos ni a aquellos que encarnan mejor la corrupción y el sindicalismo de protección que, asegura, será combatido por la reforma laboral. Por su parte, la UNT y la NCT no aluden directamente al gobierno de la república ni al Congreso de la Unión. Tampoco aceptan ni rechazan la política laboral llevada a cabo hasta ahora, y por lo tanto no hacen una evaluación de sus logros o fallas.   Además, ninguna de las dos agrupaciones independientes se reconoce mutuamente como, por cierto, lo hicieron muchas veces en el pasado inmediato en ocasión del 1o de mayo. Como si nunca se hubieran visto.

Esta indiferencia mutua representa algo más que un calculado desdén. Nos habla de la existencia de un posible desconcierto. El gobierno de la república ha decidido llevar a cabo un plan que no quiere poner a discusión pública. Las organizaciones democráticas, por su parte, tampoco se han propuesto en serio un diálogo que permita  construir la unidad del sindicalismo ni desatar acciones conjuntas para imponer una agenda legislativa que incluya algunos planteamientos en los que hay consenso, como el seguro de desempleo. Cosa, esta última, muy urgente y necesaria.

Los agrupamientos sociales democráticos pueden y deben impulsar la unidad y la búsqueda de acuerdos.  El gobierno más tarde o más temprano tendrá que responder a sus exigencias. Lo malo es que, soliloquios aparte, el tiempo apremia…

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Por Saúl Escobar Toledo

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 04 de febrero de 2020.- Desde la década de los años sesenta, en las escuelas de economía y en una parte de la literatura especializada, se insistía en comprender la diferencia entre crecimiento y desarrollo. El primer término aludía al aspecto meramente cuantitativo mientras que el segundo se refería a la calidad de la dinámica económica. La crítica más importante que sostenía esta diferenciación se basaba en la idea de que el crecimiento de aquellos años, por cierto, muy alto comparado con el presente, estaba basado en un modelo concentrador y excluyente. Este fenómeno -decía por ejemplo Pedro Vuscovic hace cincuenta años- se manifestaba especialmente en las características y las tendencias de la distribución del ingreso (Cf. www.eltrimestreeconomico.com.mx).  El economista chileno, uno de los más importantes representantes de la CEPAL, agregaba que:

“las formas actuales de funcionamiento de los sistemas económicos latinoamericanos no apoyan el concepto de que el crecimiento pudiera llevar más o menos espontáneamente a un mejoramiento en la distribución del ingreso; por el contrario, en condiciones de funcionamiento espontáneo del sistema parecen ser más poderosas las fuerzas concentradoras que los efectos positivos de ciertos cambios en la estructura sectorial de la economía”

Por ello, consideraba necesario “un cambio sustancial del esquema de crecimiento, la definición de una nueva estrategia de desarrollo, con todo lo que ello supone en términos de factores favorables y obstáculos, así como de requisitos y consecuencias políticas… una nueva estrategia que podría caracterizarse como un esfuerzo para provocar modificaciones drásticas en la concentración de la propiedad y en la distribución del ingreso.”

Sin embargo, los esfuerzos por el cambio chocaron con los intereses dominantes, incluyendo dictaduras militares, y las condiciones que conoció el mundo en los años setenta caracterizadas por la inestabilidad y lo que se llamó entonces la estanflación, estancamiento con inflación.

En los años ochenta las cosas empeoraron y América Latina viviría la llamada década perdida que significó graves retrocesos en el crecimiento y el nivel de vida de la población. Debido a esto y a la globalización mundial que empezó a dominar a casi todas las sociedades del planeta, y a cambios políticos significativos como el derrumbe de la URSS, el debate sobre crecimiento y desarrollo se diluyó casi totalmente. Ahora lo importante era volver a crecer, recuperar todos los años perdidos y, para ello, ajustarse a los nuevos dictados de política económica: liberalizar los mercados, flexibilizar el trabajo y reducir los presupuestos públicos.

La calidad del crecimiento dejó de tener importancia ya que la teoría en boga aseguraba que pocos años el mundo sería plano, es decir, las desigualdades (económicas, tecnológicas, sociales y políticas) se reducirían casi totalmente gracias a las nuevas tecnologías de la informática y la comunicación, y al flujo sin trabas de capitales y mercancías por todo el orbe.

Las ilusiones del final de la historia, la prosperidad generalizada y el triunfo de la democracia liberal en todos lados tuvieron un serio descalabro con la Gran Recesión de 2008. A partir de entonces, las economías, significativamente las del mundo desarrollado, sufrieron caídas severas y prolongadas. De ahí se derivó un descontento político que hoy afecta a muchas partes del mundo. En varias regiones del planeta, la economía volvió a crecer, pero no la tranquilidad y la conformidad de los ciudadanos. Para entender esta situación, la discusión sobre la calidad del crecimiento ha regresado, y en particular, el tema de la desigualdad.

Como ha señalado recientemente el economista Dani Rodrik,

“La desigualdad está ocupando un lugar preponderante que desde hace mucho tiempo no se veía… Frente a la violenta respuesta política y social contra el orden económico establecido, que alimenta el ascenso de los movimientos populistas de extrema derecha y las protestas callejeras desde Chile hasta Francia, los políticos de todos los colores han convertido a este tema en una prioridad urgente”.

La preocupación por la calidad del crecimiento económico ha llevado a una reflexión sobre los indicadores, en particular, el más importante, el Producto Interno Bruto (PIB). Economistas tan distinguidos como Thomas Piketty, Emmanuel Saez, y Gabriel Zucman han propuesto el “PIB 2.0” un parámetro que incluiría datos desagregados de ingreso de diferentes sectores de la población de tal manera que se puedan observar las diferencias.

Por su parte, una comisión de economistas encabezada por Joseph Stiglitz, Amartya Sen y Jean-Paul Fitoussi, se dio a la tarea de identificar los límites del PIB como un indicador del funcionamiento de la economía y del progreso social. Sugieren que se debe cambiar el énfasis de medición, apoyado en indicadores orientados al producto, a otros enfocados en el bienestar (well-being) de la actual y las futuras generaciones. Ello plantea una visión multidimensional que engloba los estándares de vida materiales, y asimismo la evaluación de la   salud, la educación, las actividades laborales, la voz del ciudadano en actividades políticas y en las tareas de gobierno, las relaciones sociales, el medio ambiente, y la inseguridad.

Hoy, a diferencia de hace cincuenta años, la calidad se debe entender no sólo en razón de la desigualdad del ingreso, sino igualmente, de un medio ambiente sano y sustentable, de la existencia y creación de empleos dignos, y del cierre de la brecha entre hombres y mujeres.

Y, sin embargo, el mismos Stiglitz aclaró hace poco que “Por muy desacertada que sea la obsesión con el incremento permanente del PIB (y los riesgos de una catástrofe ecológica), sin crecimiento económico miles de millones de personas seguirán careciendo de una provisión adecuada de alimentos, vivienda, vestimenta, educación y atención médica”.

Desde luego, en todos estos años, el asunto de la calidad de la expansión económica no fue olvidada por completo. Sobre todo, las Naciones Unidas han hecho esfuerzos por evaluar los países con base en los índices de desarrollo humano. La UNCTAD y la CEPAL, por su parte, han elaborado propuestas para impulsar las economías mejorando sus componentes sociales.

En México tampoco estuvieron ausentes las voces críticas del modelo neoliberal. Además, afortunadamente, contamos con CONEVAL para medir mejor los fenómenos sociales y económicos. El INEGI también ha hecho esfuerzos para ofrecer indicadores que vayan más allá del comportamiento del PIB.

 El presidente de la república también se ha manifestado alegando, ante las cifras que dan cuenta de un estancamiento del PIB, que le interesa más abatir la desigualdad que acelerar el crecimiento.  No obstante, si vemos las cosas más de cerca, el impulso al nuevo Tratado Comercial; su respuesta frente a las amenazas de EU, endureciendo la política migratoria; los repetidos anuncios de compromisos con los grandes empresarios para estimular la inversión; y algunos proyectos como la refinería, el corredor transístmico y el rescate de PEMEX revelarían su preocupación por elevar las cifras de crecimiento. Algunos dirían incluso, que a costa de su calidad.

En el momento actual, entonces, la tarea consiste en impulsar un mayor desarrollo en sus dos vertientes, tanto en cantidad como en calidad. En el fondo, sin embargo, como se afirmó hace medio siglo, el reto es llevar a cabo una nueva estrategia, con todo lo que ello supone, incluyendo sus consecuencias políticas.

El debate sobre la calidad de la dinámica económica está otra vez en un lugar destacado en las agendas de los gobiernos, los organismos multilaterales y los círculos académicos. Bienvenidos los nuevos términos de la polémica. En México, sin embargo, quizás tengamos, además, que discutir un índice o al menos un mapa de ruta de los conflictos políticos que un cambio de rumbo necesariamente provoca para medir acertadamente hacia dónde vamos y sus posibilidades reales de éxito.

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Foto: Galo Cañas / Cuartoscuro

Por Saúl Escobar Toledo

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 25 de septiembre de 2019.- El gobierno de la república entregó el llamado paquete económico el pasado domingo 9 de septiembre. Las metas que ahí se exponen para el próximo año parecen modestas: un crecimiento de alrededor del 2 %, ligera pero claramente mayor al esperado para este año (que oscilará entre 0.6 y 1.2%) y que contrasta con el obtenido en los últimos meses, que se situaba en cero.

Lo anterior se deriva según los cálculos de Hacienda, de un ligero aumento de la recaudación por impuestos (3.7%) y una todavía pequeña recuperación de los ingresos petroleros (4.5%). Por lo tanto, el gasto programable (sin el pago de la deuda) se incrementará apenas 0.8%.

El documento advierte riesgos que pueden poner en peligro estas metas, tanto internos como externos. Entre estos últimos, que el crecimiento económico mundial se caiga, dando un brusco viraje a la expectativa (según el FMI) de que 2020 sea un poco mejor que 2019. Esto puede suceder por una mayor tensión política y comercial entre China y Estados Unidos y/o porque el ciclo económico muestre una tendencia negativa más rápida de lo esperado, sobre todo en el sector industrial estadounidense. Otro problema reside en que el Tratado Comercial, el T-MEC, se detenga y no sea ratificado por alguno de los otros dos socios, en este caso, sobre todo, nuestro por vecino del norte. En una palabra, los problemas mundiales están centrados en el gobierno de un señor llamado Trump, aunque siendo realistas la evolución de las economías también tienen que ver con la fase del ciclo en que nos encontramos.  Para discutir este último asunto, tendríamos que recurrir a una argumentación muy larga y polémica. Lo cierto es que los economistas y amigos que los acompañan (políticos, administradores de gobierno, gerentes, inversionistas, etc.) están de acuerdo por lo menos en una cosa: el capitalismo es un sistema económico cíclico y los periodos de auge son seguidos por otros de vacas flacas. Desde luego, los factores sociales y políticos pueden retardar, acelerar o sortear estos fenómenos, lo que hace todavía más imprevisible la llegada de una recesión. Todavía peor cuando el clima mundial está bastante revuelto como sucede en la actualidad.

El hecho de que el clima internacional esté cargado de tensiones y problemas no resulta propicio, concluyen nuestras autoridades hacendarias, para andarse arriesgando y poner en práctica una política más audaz y decidida para estimular el crecimiento. De ahí, subrayan, que se requiera mucha responsabilidad, lo que se traduce en ajustes menores al esquema económico que ha vivido el país desde hace casi tres décadas. Según el secretario del ramo, éste es el momento adecuado para apostarle a una mayor integración con Estados Unidos, dada la pelea de este país con el gigante asiático.

Pero además hay otros problemas, los internos. Los Criterios Generales de Política Económica señalan la posibilidad de que ocurra una mayor debilidad de la inversión privada. Lo explican de esta manera:

“Para la segunda parte del año, se espera una disipación gradual en la incertidumbre generada por las dudas en algunos sectores de la sociedad, por el cambio de rumbo y de objetivos en las políticas públicas de la nueva administración. En este sentido, la SHCP y el Poder Ejecutivo en general, está en constante comunicación con los principales agentes; entre ellos, empresarios, inversionistas nacionales y extranjeros, agencias calificadoras y organismos internacionales. En este sentido, el Gobierno de México está llevando a cabo acciones para generar mayor certidumbre, entre las que destaca la negociación exitosa para solucionar las controversias sobre los contratos de los gasoductos”.

Según lo anterior, debemos concluir que la incomprensión o la inconformidad con el cambio de rumbo y los objetivos de las políticas públicas de la nueva administración han sido una causa del lento crecimiento y, peor aún, pueden ser un serio obstáculo para el futuro. El gobierno parece sacar dos conclusiones de esta situación: primero, la necesidad de una política económica cautelosa, lo que significa un bajo déficit público; descartar una posible reforma fiscal; y controlar la inflación. Y dos, la necesidad de una relación frecuente e intensa con todos esos actores: empresarios, inversionistas nacionales y extranjeros, agencias calificadoras y organismos internacionales. A cambio de estas dos, digamos, concesiones, el gobierno espera que lo dejen hacer lo que considera prioritario: ejercer el gasto social mediante la entrega de recursos monetarios a la población para combatir la pobreza y la desigualdad; y tratar de pacificar al país, fortaleciendo a la Fiscalía General de la República y la Guardia Nacional. Otra pieza fundamental, ahora más explícita, es la recuperación de PEMEX que tendrá más recursos que el año pasado, al igual que la CFE (8.8% y 1.4%). 

Otras medidas como el incremento decidido de la inversión en infraestructura física se han relegado. Hay que reconocer, por otro lado, el esfuerzo para hacer más eficiente el gasto realizando algunos ajustes en los programas. Bajan algunos (como Jóvenes construyendo el futuro) y aumentan otros (como la pensión para Adultos mayores y Sembrando Vida). Por su parte, a pesar de que el presupuesto de la Secretaría de Salud no crece, el IMSS y el ISSSTE contarán con un aumento real.

Es encomiable también que se busque una mayor recaudación tributaria, combatiendo la evasión y la elusión fiscal, gravando los servicios de las plataformas digitales, la subcontratación laboral y elevando los impuestos a refrescos y cigarros. Sin embargo, el nivel de ingresos que se proponen captar para el próximo año sigue siendo bajo si lo comparamos internacionalmente con otros países de América Latina y desde luego para impulsar la expansión económica y superar las carencias más importantes en materias como salud, agua, medio ambiente, y otros.

La apuesta del gobierno actual se reduce entonces a un cambio muy gradual. La recuperación del liderazgo del Estado para conducir el desarrollo tendrá avances casi marginales. Y, con ello, el crecimiento del producto que, en el mejor de los casos, seguirá la pauta histórica de los gobiernos neoliberales. Sin embargo, argumentan los Criterios, en el futuro cercano, habrá menos desigualdad, menos pobreza, menos violencia y se habrán sentado las bases para la recuperación de nuestra industria energética.

Esta formulación, si se ajusta a lo que realmente se propone la estrategia gubernamental, tiene pros y contras. A favor, pudiera decirse que busca garantizar la estabilidad política y económica, y descartar la repetición de episodios ocurridos en el pasado, particularmente en la crisis de 1982. Y otras experiencias negativas de la izquierda en América Latina. Cualquier avance, así sea pequeño pero consistente, en el terreno de la seguridad y la violencia podría verse, sin duda, como un gran logro. Y poner de pie a PEMEX después de tantos años de desmantelamiento sería igualmente otro acierto indudable.

En contra de esta lógica, debería subrayarse que el comportamiento de la economía puede ser demasiado frágil sin un liderazgo del sector público fortalecido. La recesión o desaceleración mundial serán más difíciles de asimilar si persiste un aparato estatal fiscal   y productivamente débil. De igual manera, las presiones internas, también podrían resistirse mejor si el gobierno decidiera poner sobre la mesa un plan de recuperación económica que exija a todos los actores productivos una contribución mayor, proporcional a la riqueza y los ingresos de cada quien, bajo la premisa de que se puede y se debe, al mismo tiempo, crecer y distribuir mejor.

Por lo pronto, esta última opción se ha descartado. Habrá que ver si definitivamente. pues los escenarios pueden cambiar más rápido de lo que se piensa. Se tendrá que revisar entonces la estrategia planteada.  Y seguir insistiendo en que se requiere un plan B.

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