AMEXI. Ciudad de México. 22 de enero de 2025.- En un acto de unidad, los 32 gobernadores y gobernadoras de la Conferencia Nacional de Gobernadores (Conago) expresaron su respaldo absoluto a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo frente a las recientes amenazas del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En un comunicado, los integrantes de la Conago destacaron la defensa de la soberanía nacional y el bienestar de los mexicanos, especialmente aquellos que residen en Estados Unidos.

Los gobernadores subrayaron que México es un país libre, independiente y soberano, y que ha demostrado su capacidad para superar cualquier adversidad.

Apoyo a Sheinbaum

“Expresamos nuestro pleno apoyo a la presidenta de los Estados Unidos Mexicanos, Claudia Sheinbaum Pardo, y su liderazgo, reconociendo su compromiso con los principios democráticos, la unidad nacional y el fortalecimiento de nuestro país. Reafirmamos nuestra disposición para colaborar de manera institucional en beneficio de todos los mexicanos”, expusieron los gobernadores.

El comunicado enfatiza el compromiso de los gobernadores de fortalecer las acciones de apoyo, protección y defensa de los derechos de los mexicanos mediante iniciativas que garanticen su bienestar.

Además, la Conago reafirmó su disposición para colaborar institucionalmente en beneficio de todos los mexicanos.

México te Abraza

“Asumimos el compromiso de apoyo y solidaridad nacional con las y los mexicanos que viven en Estados Unidos. En este contexto, coadyuvaremos a la implementación del programa ‘México te Abraza’ para garantizar un retorno digno y respetuoso a nuestros connacionales, quienes contarán con todo nuestro apoyo. Asimismo, rechazamos cualquier intento de injerencia externa que vulnere nuestra soberanía nacional”, señaló la Conago.

Ante las amenazas de Trump, el gobierno federal implementará el programa México te Abraza, destinado a asegurar un retorno digno y respetuoso de los mexicanos que residen en Estados Unidos.

Los gobernadores se comprometieron a colaborar en la implementación de este programa y a rechazar cualquier intento de injerencia externa que vulnere la soberanía nacional.

Este respaldo de la Conago a la presidenta Sheinbaum Pardo refleja la unidad y el esfuerzo conjunto de los gobernadores para enfrentar los desafíos impuestos por las acciones de Trump y fortalecer la soberanía y el bienestar de México.

La entrada Conago cierra filas en torno a Sheinbaum ante hostilidades de Trump se publicó primero en Periodistas Unidos.

AMEXI. Ciudad de México. 10 de junio de 2024.- El presidente Andrés Manuel López Obrador presentó en su conferencia mañanera los resultados electorales tras la conclusión del cómputo distrital en el Instituto Nacional Electoral (INE).

En Palacio Nacional, López Obrador se refirió al debate que se ha generado por la sobrerrepresentación de Morena y sus aliados, y dijo que debe ser el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) el que resuelva este asunto.

Además, dijo que la Constitución “es bastante” clara sobre cómo se conforma el Congreso de la Unión y la asignación de diputados y senadores plurinominales.

“Hay un debate de que si está bien resuelto lo de la representación de plurinominales para que no haya sobrerrepresentación, eso también la autoridad lo va a decidir y la Constitución es bastante clara en eso, pero eso también es el Tribunal Electoral [del Poder Judicial de la Federación]”, señaló el mandatario federal.

En su mensaje, el jefe del Ejecutivo Federal también aprovechó para felicitar a los mexicanos en el extranjero por haber participado en el proceso electoral 2024.

Destacó que lo hicieron en orden, pues “la gente supo actuar de manera responsable”.

“Yo quiero de todas formas agradecer a todos los migrantes, muchos estuvieron todo el día esperando para votar y así tenemos que seguir. Lo hicieron con bastante orden a pesar que no había boletas suficientes y faltó organización; la gente supo actuar de manera responsable, todos los mexicanos, fueron elecciones muy grandes, votaron más de 60 millones de ciudadanos”, puntualizó.

La entrada La Constitución es clara en torno a la sobrerrepresentación legislativa se publicó primero en Periodistas Unidos.

Por Adriana Rufino* 

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 20 de enero de 2024.- En este artículo comparto mis experiencias y aprendizajes apoyando en el proceso de sistematización de la información forense documentada por el Colectivo “Regresando a Casa Morelos” en torno a los hallazgos de las fosas comunes de Tetelcingo y Jojutla en dicho estado. La información documentada por las integrantes de Regresando a Casa, en su participación como observadoras de los procesos de exhumación, dan cuenta no sólo de las irregularidades de los servicios forenses, sino de los patrones sistemáticos de ocultamiento de pruebas que posibilitan la desaparición de personas.

Estas bases de datos, muchas de ellas registradas a mano, son parte de los archivos de la impunidad que los colectivos de familiares de personas desaparecidas han venido construyendo. Contribuir a la sistematización de esta información, es una manera de construir puentes solidarios entre quienes nos formamos en las ciencias forenses y quienes buscan a sus familiares desaparecidos. Este escrito es una forma de agradecerles las enseñanzas de estos meses de trabajo compartido.

De acuerdo con los Reglamentos de Panteones para los municipios de Cuautla y Jojutla, en el estado de Morelos, se entiende que las fosas comunes bajo custodia estatal son aquellas destinadas para la inhumación de cadáveres y restos humanos no identificados [1][2]. Sin embargo, algunas autoras, como la Dra. Aida Hernández, han identificado a las “fosas clandestinas estatales” como aquellas que, si bien son fosas comunes que se encuentran bajo custodia estatal, han sido utilizadas de forma ilegal y clandestina, ya que en dichas fosas se realizan inhumaciones sin ningún tipo de protocolo ni documentación; lo anterior apunta a la responsabilidad del Estado en la desaparición de personas. [3][4]

Contexto de las fosas de Tetelcingo y Jojutla 

En el 2014, Tetelcingo fue la primera de dos fosas en las que se evidenció la complicidad del Estado con la desaparición forzada en territorio morelense. Este sombrío panorama de violencia comenzó con la búsqueda de Oliver Wenceslao, un joven de 31 años de edad, comerciante de Cuautla, Morelos, quien fue desaparecido el 24 de mayo de 2013. 

A pesar de que su cuerpo sin vida fue hallado el 3 de junio de 2013, e identificado por su familia el 24 de junio del mismo año [5], no fue entregado debido a que era necesario realizar más peritajes (aunque se desconoce cuáles eran) para llevar el caso a un juzgado. Meses más tarde, sus familiares supieron que el cadáver de Oliver se encontraba en una fosa común en Tetelcingo. La presión ejercida por su madre y su tía, María y Amalia Hernández, obligó al Estado a abrirla, lo que reveló que no sólo el cuerpo de Oliver se encontraba ahí, sino también los restos de otras 119 personas, de las cuales solamente 12 habían sido identificadas a octubre de 2021. [6]

Debido a la atención pública y mediática generada por los sucesos acontecidos en Tetelcingo, las miradas comenzaron a tornarse hacia el panteón de la colonia Pedro Amaro, en Jojutla, en donde al igual que en la fosa de Tetelcingo, se reportó que por las noches acudían camionetas negras a depositar cuerpos en esa fosa común. Esto, de acuerdo con los hechos narrados por integrantes del colectivo “Regresando a Casa Morelos”. 

Fue así que gracias al incansable movimiento de colectivos y familiares que demandaban verdad y justicia, en marzo del 2017 se iniciaron las exhumaciones en la fosa común del panteón de Jojutla. Un mes después, concluidas las exhumaciones, se dio a conocer que se recuperaron alrededor de 85 cuerpos, acompañados de numerosos restos que aún no han sido individualizados; es decir, que no han pasado por el proceso necesario para establecer si corresponden a uno o más de uno de los cuerpos exhumados. A la fecha, solo se ha logrado restituir a una persona de entre los restos exhumados encontrados en esta fosa común.

Los trabajos de exhumación en Jojutla se vieron interrumpidos al descubrirse que la fosa abarcaba espacios de fosas particulares, lo cual evidencia aún más la complicidad del Estado, cuyos funcionarios a sabiendas de la presencia de cuerpos en su fosa común clandestina, permitieron que se colocaran fosas particulares sobre esta. Sin embargo, cinco años después, en el 2022, la fosa de Jojutla fue nuevamente abierta, recuperándose 10 cuerpos, según el registro del colectivo. Lamentablemente, una vez más, sólo se repitieron los patrones de irregularidades con que los cuerpos habían sido inhumados en ocasiones anteriores. También, es preciso mencionar que actualmente se desconoce si alguno de los cuerpos exhumados ha sido identificado, esto debido a que los cuerpos fueron trasladados al SEMEFO de Cuautla, y a la fecha, las integrantes del colectivo “Regresando a Casa Morelos” no han tenido acceso a información relativa a los cuerpos exhumados en el 2022.

Las familiares de desaparecidos toman lo forense en sus manos 

Durante las exhumaciones de Jojutla en el 2017, las integrantes del colectivo “Regresando a Casa Morelos” demandaron su derecho a participar como observadoras en la apertura de las fosas, documentando los procesos y los hallazgos realizados por los funcionarios estatales. Para ello, se dieron a la tarea de capacitarse en temas forenses: desde comprender los términos empleados por las autoridades presentes, hasta elaborar sus propias fichas de registro. Adicionalmente, la experiencia previa en Tetelcingo les permitió tener conocimientos acerca de estos procesos. 

El trabajo realizado por las familias durante este proceso fue fundamental para documentar el uso clandestino que se hizo de las fosas, y sus voces de denuncia han alertado a los colectivos de otros estados sobre la importancia de reclamar la apertura y regularización de las fosas comunes. La información a la que tuve acceso en sus bases de datos revela detalles minuciosos acerca del proceso seguido, desde la prospección del terreno hasta los análisis practicados en campo de todos los restos recuperados. 

En el 2022, durante la segunda exhumación en Jojutla, a pesar de que las integrantes del colectivo estuvieron presentes y dispuestas a continuar con su documentación, se les negó la misma participación activa que tuvieron en 2017. De acuerdo con las integrantes del colectivo, las autoridades decían “estar haciéndoles el favor de reabrir la fosa”, por lo que tampoco se les permitió ingresar a peritos independientes, tal como ocurrió en la primera intervención de la fosa de Jojutla, cuando la Universidad Autónoma del Estado de México intervino para la realización de peritajes en materia de genética, por parte de los familiares y colectivos de búsqueda. 

La creación de una base de datos forenses

Después de consultar los registros del colectivo, de dialogar con sus integrantes y realizar investigación bibliográfica en torno a las desapariciones en México, en colaboración con la antropóloga física Isabel Beltrán, integrante del GIASF, creamos una base de datos que recopila toda la información obtenida de las exhumaciones en Jojutla 2017 y 2022. 

El propósito de la base de datos, además de facilitar la visualización de los registros, fue contar con un respaldo, ya que toda la información recopilada se encontraba en fichas de papel. Por otro lado, contar con esta base ha permitido evidenciar las irregularidades cometidas en los procesos de exhumación e inhumación. 

Durante el llenado de la base se identificaron algunas áreas de oportunidad para mejorar la recopilación de información en campo. Si bien la labor llevada a cabo por las integrantes del Colectivo ha sido muy importante para documentar las malas prácticas de las autoridades encargadas de investigar, se observó la necesidad de contar con fichas de registro que permitan documentar la información de manera más eficaz. A partir de esta revisión de la información se recomendó el uso de esquemas anatómicos para el registro del inventario óseo y la ubicación de lesiones, elementos individualizantes y ligaduras, así como la estandarización de términos, por ejemplo, la definición de la palabra “desarticulado”, pues no se hacía una clara distinción de si se refería a la amputación traumática de una parte del cuerpo o a la separación de los huesos por la ausencia de ligaduras. 

Partimos del reconocimiento del importante trabajo realizado hasta ahora y del derecho que las familias tienen a participar y documentar los procesos de exhumación; sin embargo, consideramos importante recordar que las tareas de búsqueda identificación son obligación del Estado y no pueden recaer en las familias. 

Las irregularidades documentadas durante las exhumaciones de Jojutla: evidencias halladas durante el vaciado de información en la base de datos

Una vez concluido el proceso de creación y llenado de la base de datos, salieron a relucir las irregularidades y malas prácticas que la fosa de Jojutla albergaba. Entre ellas, se destacan las siguientes: 

• Durante el 2017 se omitió la documentación planimétrica (esta es la representación a escala de las medidas de una superficie y su contenido) y el registro estratigráfico (el cual consiste en realizar una representación esquemática de las diferentes capas o estratos presentes en el suelo, que han ido depositándose uno sobre otro a través del tiempo), los cuales son relevantes para establecer el contexto y la relación que guardan los hallazgos entre sí. 
• Malas técnicas de extracción de los cuerpos de las fosas, donde la arqueóloga y antropóloga presentes estaban dentro de la misma y jalaban los cuerpos, sin tener cuidado con su manipulación. 
• Extracción simultánea de cuerpos, lo que impedía dedicar el tiempo adecuado para realizar el análisis preliminar in situ de cada cuerpo. 
• Los cuerpos extraídos se encontraban envueltos en bolsas de plástico (en su mayoría, bolsas negras de basura), en sábanas, o incluso no presentaban ningún tipo de embalaje.
• La mayoría de los cuerpos no contaban con carpeta de investigación previa a las exhumaciones. 
• Sólo algunos de los cuerpos extraídos presentaban indicios de haber sido sometidos a procesos de necropsia. 
• En varios casos, los cuerpos presentaban signos de violencia, ya sea por la presencia de ligaduras en extremidades inferiores y superiores, o porque se encontraban mutilados (algunos sin extremidad cefálica). 
• Muchos cuerpos contaban con prendas de vestir y pertenencias, elementos que deberían ser almacenados en una bodega de indicios. 
• En 2017, los cuerpos se volvieron a inhumar en el panteón ministerial “Jardines del Recuerdo”, pero nunca se les practicaron más análisis en laboratorio. Al respecto, las autoridades se apegaron únicamente a la prueba genética para determinación de sexo, dejando de lado otros métodos de identificación como la odontología, dactiloscopía o la identificación a través de características individualizantes. 
• En 2022, se descubrieron y realizaron las mismas prácticas. En esta ocasión, los cuerpos fueron trasladados al SEMEFO de Cuautla, donde se realizarían análisis complementarios a los hechos en campo. Hasta la fecha, el Colectivo Regresando a Casa Morelos desconoce qué es lo que ha sucedido con dichos cuerpos. 

Los datos forenses documentados permiten dar cuenta de las complicidades estatales en la desaparición de personas. Si bien en algunos casos puede que las autoridades estatales no hayan tenido participación directa con la privación de la libertad de la persona en cuestión, sí han obstaculizado el acceso a la verdad al tener conocimiento de la presencia de todos estos cuerpos en las fosas de Tetelcingo y Jojutla, y han contribuido así a negar dicha información a los familiares en búsqueda. Además, han continuado con prácticas negligentes respecto a la preservación de evidencia y la ausencia de análisis exhaustivos, lo que perpetúa el ciclo de impunidad. 

Los hechos ocurridos durante las exhumaciones de Tetelcingo y Jojutla, dejan en evidencia la atroz realidad que se vive a lo largo del país, pero también demuestran la importancia de la participación de la sociedad civil, ya que han sido una parte vital para la exigencia de rendición de cuentas y defensa de los derechos humanos. 

Es importante que autoridades, organismos internacionales y sociedad civil continúen promoviendo el esfuerzo colectivo para garantizar no sólo la evidencia de hechos como los tratados en este artículo, sino también para establecer medidas de prevención a futuras tragedias. Adicionalmente, es importante recordar que si bien, se promueve la participación de familiares y colectivos de búsqueda, esto no significa que los procesos de búsqueda y exhumación deban recaer sobre ellos, pues quienes tienen la obligación de llevar a cabo estas acciones son las autoridades estatales; es necesario recordar la participación de la sociedad civil a través del diálogo y la colaboración, más no en el deslinde de las obligaciones y responsabilidades del Estado. 

Referencias

[1] Reglamento de panteones para el municipio de Cuautla, Morelos. 11 de enero de 2017. Periódico Oficial 5464 “Tierra y Libertad”. Consultado en http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/reglamentos_municipales/pdf/RPANTEONESCUAMO.pdf 

[2] Reglamento de panteones del municipio de Jojutla, Morelos. 15 de agosto de 2012. Periódico Oficial 5012 “Tierra y Libertad”. Consultado en http://marcojuridico.morelos.gob.mx/archivos/reglamentos_municipales/pdf/Reg00220-5012.pdf 

[3] Hernández, R. (2021). Las violencias burocráticas y la triple desaparición de personas en Morelos: Los casos de las fosas clandestinas estatales ante la ONU. Rompe Viento. Consultado en https://www.rompeviento.tv/las-violencias-burocraticas-y-la-triple-desaparicion-de-personas-en-morelos-los-casos-de-las-fosas-clandestinas-estatales-ante-la-onu/ 

[4] Robledo, C. (2019). Peinar la historia a contrapelo: reflexiones en torno a la búsqueda y exhumación de fosas comunes en México. Encartes. 2(3), pp. 13-42. Consultado en https://ciesas.repositorioinstitucional.mx/jspui/bitstream/1015/861/1/02-robledo.pdf 

[5] Villanueva, R. y Brito, J. (2016). “Yo soy Oliver Wenceslao Navarrete Hernández, y también pensaba que a mi, no me iba a pasar nada…hoy, ya no estoy aquí, ¿y mañana, quién sigue?”. Resiliencia. 2, pp. 42-49. Consultado en https://lekilkuxlejal.org/wp-content/uploads/2019/02/Revista-Resiliencia-2_Lekil-Kuxlejal.pdf 

[6] Ayala, A. (2021). Tetelcingo: Regresar al origen del dolor. A dónde van los desaparecidos. Consultado en https://adondevanlosdesaparecidos.org/2021/10/17/tetelcingo-regresar-al-origen-del-dolor/) 

 ***

*Adriana Rufino es Egresada de la Licenciatura en Ciencia Forense de la UNAM y becaria técnica del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS) bajo la asesoría de la Dra. Rosalva Aida Hernández Castillo. 

El Grupo de Investigaciones en Antropología Social y Forense (GIASF) es un equipo interdisciplinario comprometido con la producción de conocimiento social y políticamente relevante en torno a la desaparición forzada de personas en México. En esta columna, Con-ciencia, participan miembros del Comité Investigador y estudiantes asociados a los proyectos del Grupo, así como personas columnistas invitadas por el mismo (Ver más: www.giasf.org).

La opinión vertida en esta columna es responsabilidad de quien la escribe. No necesariamente refleja la posición de adondevanlosdesaparecidos.org o de las personas que integran el GIASF.

La entrada Desenterrando verdades: Reflexiones en torno a la búsqueda forense y los procesos de exhumación en las fosas de Tetelcingo y Jojutla, en el estado de Morelos. se publicó primero en Periodistas Unidos.

• Las familias de Ricardo Lagunes Gasca y Antonio Díaz Valencia, desaparecidos hace siete meses, señalan omisiones en la investigación, como la falta de un plan de búsqueda, y aguardan a que se defina la situación jurídica de los dos detenidos por los hechos, mientras la lucha legal de la comunidad nahua contra la minera Ternium continúa

Periodistas Unidos / A dónde van los desaparecidos Acciones. 15 de agosto de 2023.- de presión para exigir la aparición con vida del profesor y líder comunal de Aquila, Antonio Díaz Valencia, y del abogado Ricardo Lagunes Gasca; llamados internacionales para su búsqueda y localización; paro forzado de actividades en la minera Ternium, y dos detenidos por los hechos, son el saldo de los siete meses que han transcurrido desde la desaparición de los defensores el 15 de enero, sin que hasta ahora se haya logrado el principal objetivo: conocer su paradero y que regresen a casa. 

Díaz Valencia y Lagunes Gasca desaparecieron tras asistir a una asamblea comunal en el pueblo nahua de Aquila, en Michoacán. Ese día, alrededor de las 18:50 horas, un comando armado interceptó la camioneta en que se trasladaban a Colima; horas después, el vehículo fue localizado con impactos de bala en la localidad colimense de Cerro de Ortega.

Familiares, comuneros de Aquila y organizaciones no gubernamentales han señalado a Ternium, concesionaria de la mina Las Encinas, como responsable de la desaparición de los defensores, debido a la lucha social y legal que mantenían contra la trasnacional. 

Según datos del Inegi, en 2020 la explotación de la mina significó más del 11 por ciento de la producción nacional de hierro, ubicándose Aquila en el quinto lugar entre los principales municipios productores de ese metal en México, mientras que  a nivel mundial Ternium es considerada la principal productora de acero en América Latina.

Estas son algunas claves para entender qué ha sucedido en torno a la desaparición del abogado y el líder comunal.

En pie de lucha

Díaz Valencia, de 71 años, lidera a la mayoría de los 469 comuneros dueños de tierras concesionadas a la minera y reconocidos en el padrón del Registro Agrario Nacional, un grupo al que desde 2018 representa legalmente Lagunes Gasca, de 41 años. 

Tras la desaparición de los defensores, el abogado nahua Carlos González García asumió la representación de los comuneros de Aquila. Especialista en derecho agrario e integrante del Congreso Nacional Indígena, ha trabajado en casos de despojo en comunidades indígenas, y con pueblos como el wixárika en la defensa de su territorio.

Las acciones legales que se han llevado a cabo son para exigir el pago de regalías de 3.8 dólares por cada una de las 218,000 toneladas mensuales de hierro que extrae la minera —según datos de 2017—, un acuerdo que según los comuneros ha infringido la empresa, que les paga una cantidad menor por tonelada. Le urgen también a saldar un adeudo superior a tres millones de pesos por ocupación temporal, es decir, por la renta de las tierras, en cumplimiento de los convenios firmados en 2012 y 2017.

Otra pelea legal es la que sostienen con el Tribunal Unitario Agrario (TUA) 38 de Colima para que emita la convocatoria para la elección del Comisariado de Bienes Comunales, debido a que Ternium les advirtió que, por no contar desde 2018 con representación ante las autoridades agrarias, los acuerdos establecidos en el convenio de 2017 no eran válidos. 

Amenazas y crímenes

Antes de ser desaparecidos, al menos en tres ocasiones los defensores recibieron amenazas, les pusieron “halcones” para vigilarlos, y fueron perseguidos por la carretera Cofradía-Cerro de Ortega y por el camino de Jiquilpan hacia Aquila.

En 2022 se les previno de que sus nombres formaban parte de una lista de cinco personas acusadas de “entorpecer” con su activismo social y legal los trabajos de la minera y las acciones delictivas de los grupos del crimen organizado que controlan la región: los Cárteles Unidos, conocidos también como La Resistencia, y el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

A las amenazas anónimas se sumaron las de directivos de Ternium el pasado 13 de diciembre durante una asamblea comunal en Aquila, cuando los defensores afirmaron que se detendrían los trabajos en la empresa perteneciente al grupo italoargentino Techint si no atendían sus demandas. “Se las hizo el gerente […], les dijo que los iban a ‘levantar’ en cualquier momento y que tenían que sujetarse a los intereses de la minera”, informaron a este medio varios comuneros presentes en la asamblea.

Luego de la desaparición del abogado y el líder comunal, las amenazas se intensificaron en contra de comuneros que se movilizaron para exigir la aparición con vida de sus compañeros y públicamente denunciaron la situación de violencia que prevalece en la zona por la presencia de grupos criminales y por los conflictos con pobladores afines a los intereses de la minera. Los nombres y fotografías de algunos de los comuneros fueron difundidos en volantes con mensajes intimidatorios y advertencias.

El 4 de abril fue asesinado Eustacio Alcalá Díaz, defensor del medio ambiente y el territorio en San Juan Huitzontla, comunidad ubicada a 20 kilómetros de distancia de Aquila. Como autoridad comunal firmó en 2018 un amparo para cancelar seis concesiones mineras otorgadas a Ternium y ArcelorMittal sin consultar a los pobladores. En 2022, la comunidad ganó el amparo.

El 1 de agosto fue desaparecido Lorenzo Froylán de la Cruz Ríos, guardia comunal de Santa María Ostula; ocho días después, su cuerpo fue encontrado con huellas de tortura.  En un comunicado del 7 de agosto, las autoridades tradicionales de la comunidad nahua señalaron como responsables del asesinato a miembros del CJNG: “Este grupo criminal busca, a toda costa, expandir las actividades de la empresa minera Ternium, y de esta forma lograr una gran ganancia económica”.

Es el cuarto guardia comunal asesinado este año, tras los crímenes de Isaul Nemecio Zambrano, Miguel Estrada Reyes y Rolando Mauno Zambrano, ocurridos el pasado 12 de enero y atribuidos a un comando del mismo cártel. Santa María Ostula es una localidad aliada de Aquila en la defensa del territorio y de los recursos naturales.

Omisiones

Tras la desaparición de Díaz Valencia y Lagunes Gasca, sus familiares presentaron denuncias ante las fiscalías estatales de Colima y Michoacán, y se abrió una investigación en la Fiscalía General de la República (FGR). El Comité contra la Desaparición Forzada (CED, por sus siglas en inglés) de la Organización de las Naciones Unidas activó el mecanismo de Acciones Urgentes para la búsqueda y localización de los defensores, y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) solicitó medidas cautelares urgentes. 

En mayo, a solicitud de las familias, se realizó una mesa de trabajo con el subsecretario de Derechos Humanos Alejandro Encinas; la titular de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) Karla Quintana, representantes de la FGR y otras autoridades para conocer los avances en las investigaciones y obtener información sobre las estrategias de búsqueda. 

Durante estos meses, familiares de los defensores y organizaciones que los acompañan, como el Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez, Global Rights Advocacy e Idheas, han manifestado una serie de omisiones de las autoridades para dar con el paradero de Lagunes Gasca y Díaz Valencia: la CNB no ha preparado un plan de búsqueda ni un análisis de contexto; no se han presentado los dictámenes forenses de los restos hallados en fosas clandestinas de Colima y Michoacán; no se ha definido la situación jurídica de dos presuntos responsables de los hechos detenidos en abril; no se ha investigado si hubo una participación de la empresa minera en la desaparición de los defensores, y la Fiscalía General del Estado de Colima ha obstaculizado la búsqueda “al negarse a cooperar con las demás instituciones y a compartir información relacionada con el caso”.

“Es desesperante contar con instituciones que solo se dedican a simular y a encubrir a los perpetradores intelectuales y materiales”, señaló el pasado 15 de julio el padre del abogado, Arturo Lagunes Moreno. 

Dos detenidos

Fue el 24 de abril cuando la FGR informó sobre la detención de José “N” y Fernando “N”, quienes estarían involucrados en la desaparición de los defensores. Ambos fueron vinculados a proceso por un juez federal por el delito de “desaparición cometida por particulares”. 

Un detenido fue identificado como José Cortés Ramos, señalado como uno de los líderes del grupo minoritario de comuneros que se ostentan de manera ilegal —al no haber sido elegidos por la comunidad ni cumplir con lo establecido en la Ley Agraria—como representantes de la comunidad nahua, a quienes se acusa también de operar a favor de la minera. Fue presidente municipal de Aquila en el periodo 2008-2011, y uno de los once alcaldes detenidos en 2009 por presuntos vínculos con el crimen organizado durante el operativo federal conocido como el “michoacanazo”; posteriormente fue liberado. A propuesta del gobierno federal, asumió la presidencia del Comisariado de Bienes Comunales de 2016 a 2019.

Búsquedas en campo

Tras la desaparición de los defensores, familiares, comuneros, activistas y organizaciones civiles realizaron acciones como un plantón en el Zócalo de la Ciudad de México, protestas coordinadas en varios estados, y entregaron cartas al presidente Andrés Manuel López Obrador para exigir su búsqueda y aparición con vida.

Con el paso de los días y ante la falta de información que permitiera conocer el paradero del abogado y el líder comunal, sus familiares se unieron a jornadas de búsqueda en campo junto a colectivos de personas desaparecidas y autoridades, principalmente en Cerro de Ortega. 

“Su deber era encontrarlos rápido y con vida, y fallaron”, dijo Antoine, hermano de Lagunes Gasca, durante la audiencia pública de la CIDH del 9 de marzo.

La Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas de Colima informó que entre abril y junio fueron localizadas 55 fosas clandestinas en tres predios de Cerro de Ortega, de las que se exhumaron 92 “restos humanos u óseos”. Hasta la fecha no se ha informado sobre los resultados de los dictámenes forenses.

“Caminaba uno sobre los restos humanos, se veían por todo el cerro, presuntamente desenterrados por la fauna. Caminábamos sobre costillas, sobre espinas dorsales”, señaló alguien que acudió a la búsqueda y pidió anonimato por seguridad, al igual que otras personas consultadas para este texto cuyo nombre se omite.  

Destraban elección de comisariado

El 15 de junio, el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa y de Trabajo del Decimoprimer Circuito de Morelia falló a favor de los comuneros representados por Díaz Valencia y Lagunes Gasca, al sobreseer el juicio de amparo 259/2022, y dar así la razón a los defensores sobre la ilegalidad de que Juan Carlos Martínez Ramos, José Macías Analco y Guadalupe López Paulino se ostentaran como presidente, secretario y tesorero, respectivamente, del Comisariado de Bienes Comunales de Aquila, pues no fueron elegidos conforme a lo establecido en la Ley Agraria ni cuentan con las facultades que señala esta normativa.

Este fallo, que por cuatro años pelearon, obliga al TUA 38 de Colima y a la Procuraduría Agraria de Michoacán a emitir la convocatoria para la realización de la asamblea comunal en la que se elegirá el nuevo comisariado, el órgano de representación común y vigilancia que Díaz Valencia aspiraba a presidir. Hasta la fecha no se ha fijado un plazo para la convocatoria.

Minera reactiva operaciones 

Seis días después de la desaparición de los defensores, el sábado 21 de enero, los comuneros irrumpieron en Las Encinas durante el cambio de turno para impedir el ingreso de los trabajadores y detener las actividades de extracción como una forma de presión para que la minera interviniera en la búsqueda y aparición con vida de los defensores. 

Tras seis meses en paro, la mina reactivó sus operaciones en medio de acusaciones de engaño y de manipulación de firmas, según afirmaron comuneros y familiares del abogado y el profesor, al señalar que las firmas de asistencia a la asamblea se utilizaron de forma irregular para respaldar el reinicio de actividades.

A través de un comunicado fechado el 5 de julio, Ternium informó que la reactivación se determinó tras recibir “de parte de la comunidad la petición de iniciar nuevamente operaciones”.

Días antes, el 25 de junio, la asamblea general de comuneros emitió un pronunciamiento en el que advertía que no permitirían la reapertura de las actividades por parte de la minera en tanto no se emitiera la convocatoria para elegir el Comisariado de Bienes Comunales y se llevara a cabo el proceso. 

Además, los comuneros desconocieron al representante de la Secretaría de Gobernación, Ignacio Ocampo Barrueta, como mediador en el conflicto que sostienen con la minera, debido a que, “olvidando su función mediadora, asumió un papel parcial en apoyo a los intereses de la empresa Ternium”, señala el comunicado, sin que especifiquen los motivos. 

www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).

Analy Nuño. Es una periodista independiente y fixer, egresada de la Licenciatura en Periodismo de la Universidad de Guadalajara. Actualmente forma parte del equipo de investigación periodística del proyecto A dónde van los desaparecidos.

La entrada Siete claves en torno a la desaparición de los defensores de Aquila se publicó primero en Periodistas Unidos.

EFE. Los Ángeles, Estados Unidos. 09 de junio de 2022.- La inmigración, un tema que pasará de puntillas en la IX Cumbre de las Américas, centró las protestas convocadas este miércoles en las calles de Los Ángeles al tiempo que los líderes del continente se reunieron para inaugurar el foro político.

Sin desentonar con la tónica de esta cumbre, la mayoría de protestas quedaron deslucidas, con poca afluencia de personas y alejadas del Centro de Convenciones por el fuerte dispositivo de seguridad desplegado ante la llegada del presidente estadounidense, Joe Biden, y sus homólogos de la región.

Además de las reclamaciones por concretar una regulación migratoria, tanto para los solicitantes de asilo como para aquellos que llevan décadas en EE.UU. con permisos temporales, también se escucharon consignas que criticaban la futura reunión Biden-Bolsonaro y protestaban por la ausencia de los mandatarios de Cuba, Venezuela y Nicaragua.

Esta amalgama de movilizaciones, repartidas por la calles del centro de Los Ángeles, integró lo que diferentes grupos de colectivos y activistas han denominado Cumbre del Pueblo para dar cabida a los temas que consideran que no han recibido la atención que merecen en la agenda oficial.

«Es muy desafortunado que la inmigración no se esté discutiendo al más alto nivel, no tienen liderazgo», denunció a Efe Angélica Salas, directora ejecutiva de la Coalición por los Derechos Humanos de los Inmigrantes (CHIRLA, por sus siglas en inglés); una de las organizaciones convocantes de las protestas.

Desde primera hora de la mañana, medio centenar de manifestantes reclamó una solución firme para el millón de personas que vive en EE.UU. con permisos temporales como DACA (Acción Diferida para los LLegados en la Infancia, en español) o TPS (Estatus de Protección Temporal).

El 70 % de personas que se acogen a estos dos programas proceden de México o Centroamérica.

La decepción entre los asistentes por la falta de medidas se sumó a la poca concreción con la que los Gobiernos están abordando los flujos migratorios en el continente.

«Biden va a anunciar una declaración sobre la inmigración y la protección pero no sabemos qué va a contener ni qué mandatarios se van a acoger a ella. Así que nos han fallado y ha desperdiciado la oportunidad», sostuvo Salas.

Maira Matías, una mujer nacida en México que llegó con 7 años y lleva más de 20 con un estatus temporal, resumió el sentir de muchos de los presentes.

«Quiero que el presidente y el Congreso nos tengan en cuenta, no es justo estar en este limbo porque contribuimos a la economía estadounidense y queremos una solución permanente ya», protestó esta «dreamer», como se conoce a los migrantes indocumentados que llegaron a EE.UU. junto a sus padres siendo muy pequeños.

La inacción del actual inquilino de la Casa Blanca ante el asunto migratorio fue una constante en las quejas de manifestantes como Vladimir Carrasco, quien trabajó en la campaña electoral del propio Biden.

«Nosotros peleamos duro para ponerlo en la Casa Blanca y nos ha decepcionado”, afirmó.

“La única diferencia entre la administración Trump y la de Biden es que él nos prometió terminar con medidas racistas como el Título 42 y sigue reforzándolo», añadió Carrasco sobre esta política que prohíbe cruzar la frontera estadounidense, y permite deportar, a aquellos migrantes que se considere que puedan propagar enfermedades infecciosas.

CRÍTICAS A LA REUNIÓN BIDEN-BOLSONARO Y A LA EXCLUSIÓN DE CUBA

Asimismo, Biden fue criticado en otras movilizaciones alrededor de Los Ángeles por su reunión con el presidente brasileño, Jair Bolsonaro, a lo largo de la cumbre.

Amazon Watch, entre otras organizaciones sin ánimo de lucro, coordinó una movilización frente al Ayuntamiento de Los Ángeles en la que se cargó contra este encuentro entre presidentes debido a los «ataques y la no protección» de la Amazonia por parte del Ejecutivo brasileño.

«La administración Bolsonaro no es democrática, si Biden se reúne con Bolsonaro saldrá reforzado y lo utilizará como argumento para político», explicó Elcio Filho Manchineri, asesor de la Coordinadora de Organizaciones Indígenas de la Amazonia Brasileña (COIAB, en portugués).

Por su parte, el presidente del Foro Permanente de las Naciones Unidas sobre Cuestiones Indígenas, Darío Mejía, atendió a Efe para pedir «responsabilidad» y «cuidar» la Amazonia con «compromisos reales, no con palabras» en las diferentes reuniones de los líderes políticos americanos.

Una cita en la que no hay representantes de Cuba, Venezuela o Nicaragua, que no fueron invitados por no ser consideradas democracias de facto por el Gobierno de Estados Unidos.

Esta posición que fue catalogada de «error» por un reducido grupo de inmigrantes cubanos, quienes achacaron a Biden tener una «actitud imperialista».

La entrada La inmigración acapara las protestas en torno a la Cumbre de las Américas se publicó primero en Periodistas Unidos.

Llegada a Palacio Nacional de la delegación de madres designada para entregar solicitud de veto a Ley #FGR a @lopezobrador_ pic.twitter.com/M0HA21Ad70

— @movNDmx (@movNDmx) May 10, 2021

A la sociedad en general

A los medios de comunicación

El día de hoy, 10 de mayo de 2021, una delegación de personas víctimas parte de los colectivos que integramos el Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM) nos dirigimos de manera pacífica y respetuosa al Presidente de México.

La mañana de hoy, en punto de las 7:00 horas, hemos acudido a Palacio Nacional para entregar de manera formal una solicitud al Licenciado Andrés Manuel López Obrador para que haga uso de su facultad de veto legislativo con relación al proyecto que le fue remitido el pasado 29 de abril, para expedir una nueva Ley de la Fiscalía General de la República (en adelante Ley de la FGR) así como la reforma a diversas disposiciones
legales, incluida la Ley General en Materia de Desaparición.

La petición de veto atiende a que luego de un análisis minucioso del dictamen legislativo observamos con preocupación que el proyecto de Ley de la FGR incluye artículos y propuestas de reformas a diversas leyes especializadas, que implican un retroceso en los derechos y garantías para toda la población, pero de manera particular para las familias de personas víctimas de desaparición.

La reciente discusión legislativa para la expedición de esta ley pretendió escuchar los cuestionamientos a dicha Ley a través de dos foros, uno en la Cámara de Senadores y otro en la de Diputados. Lamentablemente no se escuchó a todas las voces y no terminaron de resolverse las legítimas preocupaciones sociales al respecto. Ni para el caso de las escuchadas y menos para las no escuchadas.

La legislación fue aprobada ante el descontento manifiesto por parte de víctimas y colectivos de familiares, quienes con el acompañamiento de organizaciones de la sociedad civil y personas especialistas en temas de procuración de justicia expresamos no sólo expusimos los problemas, sino incluso las posibles soluciones.

Muchas observaciones valiosas vertidas en aquellos ejercicios parlamentarios no fueron retomadas en el dictamen legislativo remitido a Presidencia, Si bien del proyecto de dictamen original se lograron realizar cambios positivos que implican mantener a la FGR dentro del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas Desaparecidas (SNBP), la fracción III del artículo 45 así como sus párrafo finales fueron modificados de tal forma que, pese a que la FGR se mantiene dentro del SNBP, su participación quedó condicionada al entendimiento ambiguo de lo que es autonomía y subordinación jerárquica.

En reiteradas ocasiones el Presidente nos ha expresado que su gobierno no escatimará en emplear los recursos necesarios para atender el problema de las desapariciones en México; actualmente existen en México más de 87 mil personas desaparecidas, así como un gravísimo rezago forense cuantificado en la existencia de por lo menos 50,505 cuerpos no identificados en México.

Ante esto, desde el MNDM hemos solicitado que el Presidente envíe de vuelta al Senado de la República el dictamen de Ley de la FGR y de reforma a diversas disposiciones. Para ello le hemos presentado, en una solicitud que incluimos con esta nota de prensa, algunas consideraciones técnicas a algunos de los artículos propuestos tanto de la Ley General en Materia de Desaparición como de la Ley de la FGR que hemos construido de la mano de especialistas y sociedad civil, en aras de fortalecer los derechos de las víctimas de este país y colaborar en el combate al crimen y a la impunidad en México.

De la misma forma le estamos solicitando el derecho de audiencia, a fin de sostener un encuentro entre el Presidente y un grupo de representantes del MNDM y de las organizaciones que nos acompañan, con el fin de explicar con mayor detalle las preocupaciones de las víctimas respecto de las reformas legislativas que el día de hoy nos ocupan.

Nuestra lucha, AMLO lo sabe, es incansable. Nuestra voluntad es buscar a nuestros familiares, hasta encontrarles, sin cejar en nuestra exigencia de verdad y justicia. Reiteramos nuestra disposición de retomar los canales de diálogo que este gobierno se comprometió a tener con nosotros como MNDM. Estamos en disposición de establecer rutas de atención conjunta que permitan fortalecer a las diversas instituciones encargadas de atender la crisis de desaparición en México y dar una respuesta pronta a las miles de familias que seguimos esperando que nuestros seres queridos vuelvan con nosotras.

Con respeto y en solidaridad con la X Marcha de la Dignidad Nacional Madres Buscando a sus Hijos e Hijas, Verdad y Justicia.

¡Hasta encontrarles!

¡Sin las familias no!

Atentamente
Movimiento por Nuestros Desaparecidos en México (MNDM)
Conformado por 74 colectivos de 22 estados de
la República mexicana y de 3 países de Centroamérica

La entrada MNDM solicita a AMLO ejercer facultad de veto en torno a aspectos de la reforma a la FGR que implican un retroceso en los derechos de las víctimas se publicó primero en Periodistas Unidos.