Por Eduardo Ibarra Aguirre

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 21 de julio de 2026.- En el secuestro y traslado de Ismael (el Mayo) Zambada García del mexicano estado de Sinaloa al estadunidense de Nuevo México “estamos ante tres situaciones graves: una serie de violaciones al derecho mexicano e internacional, un pacto al margen de la ley, así como una mentira de un diplomático estadunidense”, (el entonces embajador Ken Salazar); lo que al decir de Ernestina Godoy, titular de la Fiscalía General de la República, representa una transgresión al principio angular de la buena fe en las relaciones diplomáticas previsto en tratados internacionales.

De acuerdo con Godoy Ramos se habrían cometido esas violaciones “de confirmarse la información respecto de que la FBI reconoce que se trató de una operación exitosa, planeada, organizada y ejecutada” por esa agencia gringa hace dos años en territorio estadunidense, donde permanece encarcelado, violó las normas mexicanas e internacionales, situación que fue negada por Ken Salazar el 9 de agosto de 2024.

“Salazar sostuvo (y sostiene todavía) que el gobierno de su país no participó en esta operación; que no fue una aeronave estadunidense, ni su piloto, ni sus agentes o su personal en México, sino que fue una operación entre cárteles”; recordó la fiscal General de la República Godoy y en una flagrante contradicción lo sigue repitiendo como perico el señor que se presentaba como amigo del entonces presidente Joseph Biden.

En lo que sí reculó el diplomático “a la carrera” que no es lo mismo que “de carrera”, fue en ya no contribuir en el tan estúpido como obcecado propósito de involucrar, sin presentar prueba alguna, como ya es deporte de las oposiciones de mediáticas y partidistas, al presidente Andrés Manuel López Obrador como vinculado al crimen organizado, en el libro de memorias de Ken Salazar de próxima aparición y que Reforma (Alejandro Junco de la Vega) presentó como sensacional revelación en “el pasquín inmundo”, como lo llamaba el clásico de Macuspana.

Una sola pregunta del periodista Jorge Ramos, agudo crítico de AMLO, fue suficiente para que reculara Kenneth Lee Salazar en los siguientes términos: “Yo nunca tuve evidencia de que el licenciado Andrés Manuel López Obrador estuviera haciendo cosas de ese tipo. Esa evidencia nunca se me presentó. Eso lo digo, y sí le tengo respeto yo al presidente López Obrador”. Y como ya es habitual, el diario de Junco y sus socios quedaron en ridículo, pero no se olvide que “la calumnia cuando no mancha tizna”, decía el tabasqueño.

Tizna tanto que la presidenta Claudia Sheinbaum destacó que persiste una “campaña negra, con mucho dinero” tanto en las redes sociales con mensajes robotizados sobre todo con “seguidores” de Argentina, Colombia y España, como en el duopolio televisivo, el oligopolio radiofónico y los autodenominados “diarios nacionales”, todos ellos a la baja en términos de credibilidad desde hace varios años.

Pidió Sheinbaum Pardo que “cada quien saque sus conclusiones” sobre quién es el empresario que Salazar bautizó como “el susurrador” en su más reciente libro de memorias, quien habría advertido al diplomático que el expresidente estaba sumamente preocupado por la información que las autoridades de Estados Unidos pudieran obtener de Ismael (el Mayo) Zambada García. Y si no obtienen la información la compran, la intercambian por favores en las penas carcelarias o de plano la fabrican, tal y como es la vieja costumbre en el imperio de las barras y las estrellas en decadencia y, por ello, sumamente agresivo (Irán, Líbano y Palestina) y atrabiliario como en Cuba y Venezuela.

Acuse de recibo

Recuento de Elba Pérez Villalba: “¡Por la paz en el mundo! La eliminación de escombros en Gaza llevará 140 años al ritmo actual: ONU. En su discurso por el 250 aniversario de la Independencia de EU, Donald Trump ‘revivió el fantasma del comunismo’; aunque no sabe qué es, qué significa. Lo que parece entender por comunistas son todos los que lo contradigan, y no estén de acuerdo con él, entre otros. Por ejemplo, los demócratas, y más. A pesar de la terrible situación que tiene Venezuela, EU no ha eliminado las sanciones, pero sí se apropió de su petróleo y de otras riquezas naturales. El servicio secreto alemán considera a la ultraderecha alemana un peligro para la democracia. Se dice que, en Mónaco, en la Costa Azul francesa, viven unos 84 oligarcas ucranianos. En la reunión de la OTAN, Trump les reclamó a los 32 gobernantes europeos, sus integrantes, que no lo apoyan ni responden a sus requerimientos. Trump les dijo que EU ha gastado billones de dólares en la protección de Europa frente a las amenazas de la Unión Soviética y de Rusia. Dicha organización entregará a Ucrania 70 000 millones de euros en implementos militares, y una cantidad equivalente el próximo año. Trump autorizó a Zelensky producir misiles Patriot para combatir a Rusia”. (…) “La invención del peligro ruso”, texto de la suramericana Inés Ortiz Villagómez: https://cambiavias.mx/2026/06/cambiavias/la-invencion-del-peligro-ruso/9012/

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Por Eduardo Ibarra Aguirre

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 07 de julio de 2026.- Nuevamente los conceptos de la relación entre iguales –en pie de igualdad, decía Joseph Biden quien por cierto no la practicaba mucho, como corresponde a los presidentes estadunidenses–, la coordinación sin subordinación y el respeto irrestricto a los convenios de colaboración en materia de seguridad y en otras, pasaron a ocupar un primer plano en la agenda de la presidenta de México.

Lo anterior fue y es así debido a que la FBI (Federal Bureau of Investigation) presumió como propio en una exposición el avión en el que fue trasladado de Sinaloa (México) a Nuevo México (Estados Unidos) Ismael Zambada García, mejor conocido como el Mayo, tras ser secuestrado por los hijos de Joaquín Guzmán Loera, todo indica que en perfecta coordinación con la Oficina Federal de Investigación y sin el menor conocimiento del gobierno del entonces presidente Andrés Manuel López Obrador, quien se cansó de solicitar información a Washington por todas las vías y el embajador gringo Ken Salazar, quien presumía de su amistad con Biden, juraba y perjuraba que ninguna agencia de EUA fue partícipe del secuestro en territorio sinaloense y traslado de Zambada, violentando tratados, acuerdos y convenios como es la inveterada costumbre de USA en Cuba, Irán, Líbano, Siria, Palestina, Venezuela y un larguísimo etcétera y que los distingue en el orbe en la milenaria historia de los imperios.

El sombrerudo gringo llegó incluso a proponer que EUA y México deberían estar de fiesta por la captura de Mayo, sin importar los ilegales e intervencionistas medios utilizados y que en los tiempos del hasta hoy casi sexenio de Donald John Trump es lo que impera por parte del imperio de las barras y las estrellas hacia el mundo, o por lo menos en los Estados que los gobiernos lo permiten por afinidad ideológica (neofascista) o por incapacidad para ejercer la soberanía nacional y popular.

Por si no fueran suficientes los elementos que contiene el alegato de Sheinbaum Pardo y que fue anunciado con un día de anticipación y el martes 7 comenzó la Conferencia del Pueblo con una hora de retraso –lo que da espacio a las conjeturas que ya arman sus adversarios–, presentó uno que da en el clavo en el grave problema global de los narcóticos y el crimen organizado: “¿Qué acuerdos tuvo esa agencia o quiénes hayan participado con el grupo delincuencial?”

Todavía más claridosa frente al corruptísimo dictador que impuso su voluntad a la FIFA para favorecer a la Selección de USA, derrotada enhorabuena por Bélgica por 4 a 1: “¿Quién acuerda con miembros de la delincuencia organizada?, porque nosotros no. Nosotros nunca vamos a hacer acuerdos con ningún miembro, ni con ninguna organización de la delincuencia organizada, jamás”.

Como bien apuntó Rosa Icela Rodríguez “De confirmarse la participación de la FBI, sin informar al gobierno de México, representa una violación a la carta de las Naciones Unidas, a la carta de (la Organización de) los Estados Americanos, a la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y a la Ley de Seguridad Nacional”.

Tres fechas son harto indicativas. El 5 de enero de 2023, Ovidio Guzmán, entonces líder del Cártel de Sinaloa, fue detenido en Culiacán, Sinaloa, en un operativo en el que perdieron la vida 10 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional. El 15 de septiembre de 2023, Ovidio Guzmán fue extraditado a EU por el gobierno de México y el 25 de julio de 2024, la embajada de Estados Unidos informó del cambio de medida cautelar al hijo de Joaquín Guzmán “sin consultar al gobierno de México, lo cual viola el tratado de extradición”; abundó la secretaria de Gobernación y, finalmente, el 9 de mayo de 2025 fueron recibidos por autoridades de USA 17 familiares de Ovidio Guzmán.

Acuse de recibo

Hablar de lunes a viernes al país por medio de la Conferencia del Pueblo y todo lo que se acumule durante la semana en los actos (llamados eventos) oficiales y las giras de trabajo de los sábados y domingos, por supuesto que tiene un muy alto grado de dificultad y el riesgo de cometer errores y hasta dislates; pero los asesores de la presidenta deben estar más al pendiente del uso y abuso de la expresión “es muy importante” debido a que puede dar lugar a confusiones entre lo que realmente es y lo que no, en las robustas audiencias de Sheinbaum. (…) Por supuesto que todos tenemos expresiones reiterativas y modismos al expresarnos, pero sólo la doctora se dirige y es escuchada por millones de ciudadanos y sus díceres son harto influyentes y tienen consecuencias. (…) Del economista Carlos Molina M.: “Utopía. DJT: No queremos comunistas. 6-VII-26. Gracias por compartir”. (…) Frases que no son para el bronce, el más reciente libro del escribidor de este espacio denominado Utopía, está en este enlace https://forumenlinea.com/libros/Libro_Frases.pdf (.) Y usted puede ejercer el derecho de réplica siempre que sea aludido, se incluirá en la segunda edición de enero de 2027, todos los dioses habidos y por haber mediante.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 27 de octubre de 2025.- El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México ha emitido una resolución clave al ordenar al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) que admita la demanda presentada por la organización Empower, en colaboración con el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC). Esta acción busca revertir la negativa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para investigar la importación de productos presuntamente fabricados bajo condiciones de trabajo forzoso en la Región Autónoma de Xinjiang, China.

El caso representa el primer intento ciudadano en México para activar el mecanismo establecido en el artículo 23.6 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que obliga a prevenir, investigar y sancionar la importación de mercancías producidas total o parcialmente mediante trabajo forzoso u obligatorio, incluyendo el trabajo infantil. La demanda cuestiona específicamente la adquisición de equipos de videovigilancia de las marcas Dahua y Hikvision, vinculadas a proveedores que operan en Xinjiang bajo presuntas violaciones laborales.

Organizaciones internacionales y reportajes periodísticos han documentado ampliamente violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Xinjiang, afectando a minorías étnicas y religiosas como la comunidad uigur. Estos incluyen campos de detención donde se reportan torturas y trabajo forzado, lo que ha generado preocupación global por la cadena de suministro en esa región.

La resolución del Tribunal Colegiado califica como ilegal la decisión previa del TFJA, que había desechado la demanda de nulidad de Empower, y ordena su reposición. Con esto, se reconoce que cualquier persona puede solicitar investigaciones sobre importaciones sospechosas de trabajo forzoso, y la STPS debe responder de manera adecuada.

Benjamin Cokelet, fundador y director ejecutivo de Empower, destacó: «Nuestra experiencia deja claro que el trabajo forzoso no se combate con acuerdos que existen solo en papel. Este mecanismo tendría que ser accesible y accionable para trabajadores y activistas, y aún no lo es. No hay que perder de vista que el Estado tiene la obligación de cumplir con sus compromisos en materia de derechos humanos».

Por su parte, Guillermo Torres, coordinador de Justicia Transnacional en ProDESC, señaló: «Esta decisión abre la posibilidad de que México fortalezca sus mecanismos de control y transparencia frente a las mercancías que pudieran provenir de trabajo forzoso. Es un paso hacia la coherencia entre el discurso y la práctica en materia laboral internacional».

En los próximos días, el TFJA deberá emitir el acuerdo de admisión de la demanda, obligando a la STPS a responder formalmente. Este avance podría permitir un análisis de fondo de la petición, representando una oportunidad para que México cumpla con sus obligaciones bajo el T-MEC y refuerce la prohibición de mercancías producidas con trabajo forzoso.

La información ha sido confirmada a través de publicaciones en redes sociales y sitios oficiales de las organizaciones involucradas, destacando el impacto potencial en las políticas laborales transnacionales.

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Periodistas Unidos. Nueva York, Estados Unidos. 08 de septiembre de 2025.- La ONU ha reiterado su posición de que cualquier intento por parte de Estados miembros, particularmente Estados Unidos, de vetar o bloquear la participación del presidente palestino, Mahmoud Abbas, en la Asamblea General viola los tratados internacionales y resoluciones que garantizan los derechos de los observadores no miembros, como Palestina. En un comunicado emitido hoy por el secretario general António Guterres, la organización enfatizó que tales acciones contravendrían la Resolución 67/19 de 2012, que otorga a Palestina el estatus de Estado observador, permitiendo su intervención plena en las sesiones.

El pronunciamiento surge en medio de tensiones crecientes, tras rumores de que la administración estadounidense podría presionar para limitar la agenda de Abbas en la 80ª Asamblea General de la ONU, programada para septiembre de 2025, donde se espera que aborde el genocidio en Gaza y reclame un asiento permanente. «La Asamblea General es un foro inclusivo; vetar a un Estado observador socavaría los principios de la Carta de la ONU y el derecho internacional«, declaró Guterres, citando violaciones potenciales a tratados como la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas de 1961. Expertos de la ONU recordaron que Palestina ha participado activamente desde 2012, con Abbas pronunciando discursos anuales sin interrupciones.

Esta insistencia de la ONU se alinea con su llamado reciente a un alto el fuego en Gaza, donde más de 41.000 palestinos han muerto desde octubre de 2023, según la OCHA. La Autoridad Palestina aplaudió el respaldo, calificándolo de «defensa de la justicia multilateral», mientras que la embajada israelí en la ONU lo criticó como «parcialidad contra el derecho de Israel a la autodefensa». En el contexto de la polarización global, esta declaración podría complicar las negociaciones en el Consejo de Seguridad, donde EE.UU. ha vetado resoluciones pro-palestinas en 17 ocasiones desde 1972.

Organizaciones como Human Rights Watch han respaldado la postura de la ONU, urgiendo a no «silenciar» a Palestina en foros internacionales.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 26 de agosto de 2025.- La organización internacional Artículo 19 ha alertado sobre un alarmante incremento en el uso de procesos judiciales como mecanismos de censura contra periodistas y medios de comunicación en México, una práctica que pone en riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información en el país. Según el informe Las leyes como mecanismo de censura: Aumento del acoso judicial contra periodistas en México, publicado este martes, en los primeros siete meses de 2025 se documentaron 51 casos de acoso judicial, superando el número de víctimas registradas en cualquier año anterior desde 2016.

De acuerdo con el reporte, estos casos involucran a 39 periodistas (28 hombres y 11 mujeres) y 12 medios de comunicación que han enfrentado procesos legales, lo que equivale a un nuevo procedimiento judicial o administrativo cada cuatro días. Artículo 19 señala que esta tendencia, conocida como litigios estratégicos contra la participación pública (SLAPPs), no busca necesariamente obtener victorias legales, sino desgastar a los comunicadores mediante demandas civiles, penales, electorales o administrativas, inhibiendo la crítica y enviando un mensaje colectivo de intimidación.

Un aspecto destacado por la organización es el uso indebido de la figura de Violencia Política en Razón de Género (VPEG), originalmente diseñada para combatir la discriminación estructural contra las mujeres. De los 51 casos registrados, 25 se iniciaron bajo esta normativa, lo que representa casi la mitad de los procesos de acoso judicial contra la prensa. Casos emblemáticos incluyen al periodista Jorge Luis González en Campeche, quien enfrenta denuncias por VPEG, procesos penales por supuesto delito de odio y demandas civiles por daño moral promovidas por la gobernadora Layda Sansores y su equipo de comunicación. Asimismo, el columnista Hernán Gómez y la editorial Penguin Random House enfrentan litigios por el libro Traición en Palacio: el negocio de la justicia en la 4T.

Artículo 19 subraya que, de los perpetradores identificados, 23 son funcionarios públicos, 14 de ellos de nivel estatal, cuatro municipales y tres federales, mientras que 18 casos fueron iniciados por particulares y 10 por partidos políticos o candidatos. Esta práctica, según la organización, refleja un “uso faccioso” del marco legal mexicano, trasladando la violencia contra la prensa de agresiones físicas a los tribunales, lo que constituye una nueva forma de censura.

Ante esta situación, Artículo 19 ha exigido al Estado mexicano reformar los marcos normativos que facilitan estos abusos y abstenerse de hostigar a la prensa mediante vías legales. La organización reitera que la libertad de expresión, protegida por la Constitución y tratados internacionales, debe garantizarse para salvaguardar el derecho a la información.

El informe concluye con un llamado urgente a las autoridades para atender esta problemática desde los distintos poderes e instituciones, advirtiendo que el acoso judicial no solo afecta a los periodistas directamente involucrados, sino que busca silenciar a toda la prensa y a defensores de derechos humanos que ejercen su libertad de expresión.

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