AMEXI. Ciudad de México. 22 de noviembre de 2025.- Los cinco presos políticos defensores de San Juan Cancuc recuperaron su libertad tras la resolución del Tribunal Colegiado, que ordenó su liberación definitiva. El Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) celebró el hecho como un triunfo de la justicia y de la solidaridad colectiva: “al fin hizo justicia”.

Manuel Santiz Cruz, Agustín Pérez Domínguez y Juan Velasco Aguilar fueron detenidos el 29 de mayo de 2022, permaneciendo 1272 días en prisión. Martín Pérez Domínguez y Agustín Pérez Velasco fueron detenidos el 1 de junio de 2022, acumulando 1269 días privados de su libertad. Hoy, tras más de tres años de encierro injusto, los cinco defensores están libres.

Fiscalía y montaje judicial

La Fiscalía General del Estado de Chiapas, bajo el gobierno de Rutilio Escandón Cadenas (Morena), fue la instancia que los mantuvo en prisión, acusándolos de homicidio calificado por la muerte de un policía municipal. Diversas organizaciones de derechos humanos denunciaron que el proceso estuvo lleno de anomalías:

• Falta de intérpretes tseltales.
• Incomunicación inicial de tres detenidos.
• Testimonios débiles y contradictorios.
• Presunta fabricación de delitos. El caso fue señalado como un montaje judicial para criminalizar a los defensores comunitarios.

Qué defendían los presos políticos de San Juan Cancuc

Los cinco defensores eran reconocidos por su activismo en:

• Defensa del territorio y medio ambiente, en oposición a megaproyectos como la autopista San Cristóbal–Palenque.
• Resistencia a la militarización en la región, junto al Pueblo Creyente y otras organizaciones sociales.
• Derechos humanos y autonomía indígena, vinculados a la preservación de las tradiciones comunitarias tseltales. En particular, Manuel Santiz Cruz presidía el Comité de Derechos Humanos de la parroquia de San Juan Cancuc, lo que lo hacía una figura visible en la defensa comunitaria.

La muerte del policía como pretexto

El caso se originó tras la muerte de un policía municipal en un operativo en San Juan Cancuc. La Fiscalía los vinculó al hecho, pero nunca presentó pruebas sólidas. Organismos como la ONU concluyeron que la acusación fue usada como pretexto para encarcelarlos, en un proceso arbitrario y discriminatorio.

Solidaridad comunitaria con los presos políticos de San Juan Cancuc

El Frayba agradeció las acciones de solidaridad de personas, colectivos y organizaciones que exigieron juntos la libertad. “Hoy es un hecho: nuestros compañeros están en libertad y les abrazamos con la energía colectiva que rompe las cadenas de la opresión”, expresó el organismo. La liberación confirma lo que siempre se denunció: eran presos políticos de San Juan Cancuc.

Confirmación del carácter político del castigo a los defensores

La orden de libertad representa un triunfo de la resistencia comunitaria y de la solidaridad colectiva, que logró revertir un proceso marcado por irregularidades y criminalización. El caso muestra que en México sigue presente el riesgo de la prisión política, aunque también reafirma la importancia de la organización social en la defensa de los derechos humanos frente a la represión estatal y la imposición de megaproyectos.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 27 de octubre de 2025.- El Noveno Tribunal Colegiado en Materia Administrativa de la Ciudad de México ha emitido una resolución clave al ordenar al Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA) que admita la demanda presentada por la organización Empower, en colaboración con el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC). Esta acción busca revertir la negativa de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) para investigar la importación de productos presuntamente fabricados bajo condiciones de trabajo forzoso en la Región Autónoma de Xinjiang, China.

El caso representa el primer intento ciudadano en México para activar el mecanismo establecido en el artículo 23.6 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que obliga a prevenir, investigar y sancionar la importación de mercancías producidas total o parcialmente mediante trabajo forzoso u obligatorio, incluyendo el trabajo infantil. La demanda cuestiona específicamente la adquisición de equipos de videovigilancia de las marcas Dahua y Hikvision, vinculadas a proveedores que operan en Xinjiang bajo presuntas violaciones laborales.

Organizaciones internacionales y reportajes periodísticos han documentado ampliamente violaciones sistemáticas a los derechos humanos en Xinjiang, afectando a minorías étnicas y religiosas como la comunidad uigur. Estos incluyen campos de detención donde se reportan torturas y trabajo forzado, lo que ha generado preocupación global por la cadena de suministro en esa región.

La resolución del Tribunal Colegiado califica como ilegal la decisión previa del TFJA, que había desechado la demanda de nulidad de Empower, y ordena su reposición. Con esto, se reconoce que cualquier persona puede solicitar investigaciones sobre importaciones sospechosas de trabajo forzoso, y la STPS debe responder de manera adecuada.

Benjamin Cokelet, fundador y director ejecutivo de Empower, destacó: «Nuestra experiencia deja claro que el trabajo forzoso no se combate con acuerdos que existen solo en papel. Este mecanismo tendría que ser accesible y accionable para trabajadores y activistas, y aún no lo es. No hay que perder de vista que el Estado tiene la obligación de cumplir con sus compromisos en materia de derechos humanos».

Por su parte, Guillermo Torres, coordinador de Justicia Transnacional en ProDESC, señaló: «Esta decisión abre la posibilidad de que México fortalezca sus mecanismos de control y transparencia frente a las mercancías que pudieran provenir de trabajo forzoso. Es un paso hacia la coherencia entre el discurso y la práctica en materia laboral internacional».

En los próximos días, el TFJA deberá emitir el acuerdo de admisión de la demanda, obligando a la STPS a responder formalmente. Este avance podría permitir un análisis de fondo de la petición, representando una oportunidad para que México cumpla con sus obligaciones bajo el T-MEC y refuerce la prohibición de mercancías producidas con trabajo forzoso.

La información ha sido confirmada a través de publicaciones en redes sociales y sitios oficiales de las organizaciones involucradas, destacando el impacto potencial en las políticas laborales transnacionales.

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