Periodistas Unidos. Ciudad de México. 22 de septiembre de 2026.- El Tribunal Judicial de París llevará a cabo el próximo 24 de septiembre de 2026, a las 13:30 horas (tiempo local), la audiencia sobre el fondo del caso presentado por habitantes de la comunidad indígena de Unión Hidalgo, Oaxaca, en contra de la empresa Électricité de France (EDF). El proceso legal, acompañado por el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), se centra en las violaciones a los derechos de los pueblos originarios derivadas del desarrollo del proyecto eólico Gunaa Sicarú.

La demanda se fundamenta en la legislación francesa sobre el deber de vigilancia de las corporaciones multinacionales, constituyendo el primer juicio en esa nación europea que analiza la afectación a derechos territoriales y colectivos de comunidades indígenas fuera de su territorio. La representación comunitaria sostiene que la compañía incurrió en omisiones al omitir la consulta previa, libre e informada, ignorar el régimen de propiedad comunitaria de la tierra y omitir el consentimiento para el uso de sus predios, además de asociarse a episodios de acoso y agresiones contra defensores locales.

Pese a que la empresa EDF anunció en enero de 2026 la cancelación definitiva de las obras de infraestructura energética en el Istmo de Tehuantepec, la representación jurídica confirmó la continuación del litigio. El procedimiento busca el deslinde de responsabilidades y la reparación integral por los daños sociales y comunitarios ocasionados durante las fases previas de implementación del parque eólico.

Integrantes de la comunidad oaxaqueña y la dirección ejecutiva de ProDESC, encabezada por Alejandra Ancheita, destacaron que el fallo sentará un precedente internacional sobre las obligaciones corporativas en materia de derechos humanos dentro de los proyectos de transición energética en el Sur Global. Por su parte, la coordinación jurídica de la organización señaló que la responsabilidad de las casas matrices abarca las operaciones de sus filiales en el extranjero.

La resolución que emita la corte francesa tras el desahogo de pruebas fijará los criterios de aplicación de las normas de debida diligencia para empresas europeas con inversiones en América Latina.

Las partes procesales emitirán sus posturas públicas al término de la comparecencia ante los magistrados parisinos.

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