Periodistas Unidos. Caracas, Venezuela. 05 de enero de 2026.- Delcy Rodríguez, hasta ahora vicepresidenta ejecutiva, prestó juramento este lunes como presidenta encargada de Venezuela ante la Asamblea Nacional, en cumplimiento de una sentencia del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) que ordenó su asunción temporal tras la captura de Nicolás Maduro y su esposa Cilia Flores en una operación militar estadounidense.

En su discurso, Rodríguez expresó: “Vengo con dolor por el sufrimiento que se le ha causado al pueblo venezolano luego de una agresión militar ilegítima contra nuestra patria. Vengo con dolor por el secuestro de dos héroes que tenemos como rehenes en Estados Unidos: el presidente Nicolás Maduro y la primera combatiente Cilia Flores”. Insistió en que Maduro sigue siendo el “presidente constitucional” y llamó a la unidad nacional para defender la soberanía, jurando “como un solo país” sacar adelante a Venezuela en “estas horas terribles”.

El TSJ declaró la “ausencia temporal” de Maduro, permitiendo a Rodríguez ejercer las funciones presidenciales por hasta 90 días para garantizar la “continuidad administrativa y la defensa integral de la nación”. Las Fuerzas Armadas Bolivarianas, encabezadas por el ministro Vladimir Padrino López, reconocieron su autoridad y condenaron el “cobarde secuestro” de Maduro.

La juramentación ocurrió durante la instalación del nuevo período legislativo de la Asamblea Nacional, presidida por Jorge Rodríguez, hermano de la presidenta encargada. Figuras clave del chavismo como Diosdado Cabello asistieron al acto.

Mientras tanto, en Nueva York, Nicolás Maduro y Cilia Flores se declararon no culpables de cargos por narcotráfico y narcoterrorismo. El presidente estadounidense Donald Trump ha advertido que Rodríguez enfrentará consecuencias si no coopera en una transición democrática.

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AMEXI. Ciudad de México. 19 de agosto de 2025.- Los ministros salientes dejarán más de mil 500 asuntos pendientes, rezago que deberá resolver la nueva integración de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), quienes entrarán en funciones a partir del próximo 1 de septiembre.

Según datos de la Corte, hasta el 8 de agosto pasado, la actual conformación del máximo tribunal tenía como pendiente mil 507 temas:

• Impugnaciones constitucionales
• Recursos de reclamación
• Solicitudes de atracción
• Procedimientos administrativos, entre otros.

Como lo indican las estadísticas de la SCJN, solo 382 asuntos pendientes para resolución están listos para su análisis ante el pleno.

Las y los nueve ministros que integrarán el pleno de la Corte deberán elaborar los proyectos de más de mil 200 asuntos por resolver, así como perfilar un criterio de resolución.

Ponencias pendientes

El acuerdo de la Corte para la conclusión de sus funciones, el próximo 31 de agosto, establece que la totalidad de expedientes turnados a ponencias pendientes de resolución deberán remitirse a la Secretaría General de Acuerdos.

También serán enviados a la Subsecretaría General de Acuerdos o a la Sección de Trámite de Controversias Constitucionales y Acciones de Inconstitucionalidad, entre el 18 y el 22 de agosto de 2025.

Ministros electos por voto popular

La actual integración de 11 ministros de la SCJN tendrá el próximo 19 de agosto su última sesión, dado que el 1 de septiembre asumirán funciones las y los nueve ministros.

Los nueve integrantes fueron electos por primera vez en la historia de México el 1 de junio de 2025 mediante voto popular, como parte de la reforma judicial aprobada en septiembre.

Los nuevos ministros y ministras son:

1. Hugo Aguilar (próximo presidente de la SCJN por dos años, al ser el más votado).
2. Sara Irene Herrerías.
3. Estela Ríos.
4. Giovanni Figueroa.
5. Arístides Guerrero.
6. Irving Espinosa.
7. Lenia Batres (reelecta).
8. Yasmín Esquivel (reelecta).
9. Loretta Ortiz (reelecta).

Prisión preventiva oficiosa

Entre los principales asuntos pendientes de resolver por el máximo tribunal constitucional del país destaca la acción de inconstitucionalidad 49/2021, promovida por la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), sobre prisión preventiva oficiosa.

El proyecto de sentencia correspondiente es un asunto pendiente de resolución por el pleno de la SCJN.

Los nuevos ministros deberán resolver si declaran la invalidez como demanda la CNDH, de diversas disposiciones del Código Nacional de Procedimientos Penales, así como de la Ley General en Materia de Delitos Electorales.

También incluye la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, de la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

Además, de la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos, del Código Penal Federal, de la Ley General de Salud, de la Ley Federal contra la Delincuencia Organizada y de la Ley de Vías Generales de Comunicación, cuyo decreto fue promulgado el 19 de febrero de 2021.

A ello se suma el incumplimiento de la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que condenó al Estado mexicano por mantener la prisión preventiva oficiosa, considerada inconvencional.

Casos polémicos de la 4T

Entre los expedientes que quedan por resolver destacan al menos 76 que corresponden a controversias y amparos contra reformas de los gobiernos de la 4T, tanto del expresidente Andrés Manuel López Obrador como de la actual mandataria Claudia Sheinbaum.

Entre los casos más relevantes se encuentran:

• La reforma a créditos hipotecarios especiales, presentada por la presidenta Claudia Sheinbaum.
• Los llamados “superpoderes” otorgados a la titular del Instituto Nacional Electoral (INE), Guadalupe Taddei.
• La creación del Sistema de Salud para el Bienestar.
• Reforma al ISSSTE en créditos de vivienda: impugnada por organizaciones civiles y oposición.
• Eliminación del INAI y creación de la Secretaría Anticorrupción: nueva dependencia tendrá más facultades que la extinta Secretaría de la Función Pública.
• Participación de las Fuerzas Armadas en telecomunicaciones: aprobada en marzo de 2024, en el llamado “viernes negro”.

Otras reformas en disputa:

• Plan B electoral.
• Creación del Banco de ADN forense.
• Declaración del litio como bien de utilidad pública.
• Caso Salinas Pliego y Elektra por crédito fiscal.

Tipos de asuntos pendientes

• 194 acciones de inconstitucionalidad.
• 31 amparos directos.
• 216 amparos directos en revisión.
• 133 amparos en revisión.
• 275 controversias constitucionales.
• 65 contradicciones de criterio.
• 8 declaratorias de inconstitucionalidad.
• 53 recursos de reclamación.
• 50 incidentes de sin ejecución de sentencias.
• 17 impedimentos.

Desafío jurídico sin precedentes

Los nuevos ministros enfrentarán un desafío jurídico sin precedentes, con casos que definirán el rumbo de políticas clave en materia electoral, de transparencia, salud y seguridad. Su labor será determinante para la estabilidad institucional del país.

El 1 de septiembre marcará el inicio de una nueva etapa en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con decisiones que impactarán directamente en la vida de los mexicanos.

Entre los casos que permanecen sin resolverse se encuentra la acción de inconstitucionalidad contra la desaparición de 109 fideicomisos, uno de los recortes más polémicos de los últimos años.

Militarización de los puertos

También la militarización de los puertos, un tema que afecta directamente a la seguridad nacional y al control civil de las instituciones.

El rezago también alcanza a procesos judiciales de alto perfil, como el del extitular de la extinta Procuraduría General de la República, señalado de fabricar la llamada “verdad histórica” del caso Ayotzinapa.

También, los casos de corrupción que involucran al exdirector de Pemex, relacionados con los escándalos de Odebrecht y Agronitrogenados.

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EFE. Washington, Estados Unidos. 04 de marzo de 2025.- El Tribunal Supremo de Estados Unidos escuchó este martes en una audiencia a los fabricantes de armas demandados por México, que han pedido a los magistrados que no permitan que el caso proceda en los tribunales estadounidenses.

México exige una compensación de 10.000 millones de dólares a un grupo de fabricantes de armas estadounidenses, a quienes acusa de colaborar en el tráfico ilegal de armas hacia los cárteles del narcotráfico mexicanos. El caso, presentado en 2021, ha tenido un desarrollo accidentado en los tribunales estadounidenses debido a una ley federal de 2005 que otorga inmunidad a los fabricantes de armas frente a litigios derivados del uso que los individuos hagan de sus productos.

El año pasado, el Tribunal de Apelaciones del Primer Circuito, en Boston, revivió la demanda al considerarla ajustada a una excepción de la ley que sí permite exigir responsabilidades a las armamentistas.

Pero los fabricantes, encabezados por Smith & Wesson, reaccionaron pidiendo al Supremo que revierta esa decisión y no permita que el caso siga avanzando por tribunales estadounidenses.

Esta demanda de los fabricantes es uno de los casos que el Supremo aceptó para su actual periodo de sesiones, con las decisiones normalmente anunciadas a finales de junio.

La audiencia de este martes en el Supremo coincidió con un momento de tensión entre México y Estados Unidos por la imposición precisamente hoy de aranceles de importación del 25 % a productos mexicanos por parte del Gobierno de Donald Trump.

Trump ha vinculado los aranceles con el tráfico de fentanilo que llega procedente de México, pero el Gobierno de Claudia Sheinbaum insiste en que las organizaciones responsables del narcotráfico son poderosas gracias a las armas estadounidenses.

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EFE. Washington, Estados Unidos. 30 de junio de 2022.-  El Tribunal Supremo de EE.UU. autorizó este jueves al presidente, Joe Biden, a suprimir el programa «Quédate en México», una política migratoria instaurada por su antecesor, Donald Trump, que obliga a los solicitantes de asilo a esperar a que se resuelva su caso fuera del territorio estadounidense.

En su primer día en la Casa Blanca, Biden intentó acabar con este programa, pero un juez federal de Texas ordenó reinstaurarlo y el Gobierno recurrió ante el Supremo, que ha fallado a su favor al considerar que la decisión no vulnera la ley.

La máxima instancia judicial estadounidense no evaluó la política migratoria de Trump, conocida oficialmente como Protocolos de Protección a Migrantes (MPP, en inglés), sino la legalidad de la decisión de Biden de acabar con el programa.

Con cinco votos a favor y cuatro en contra, los jueces del Supremo consideraron que el memorándum emitido en octubre del año pasado por el Gobierno para acabar con el «Quédate en México» no violó la ley federal de inmigración.

Como parte de su política de tolerancia cero hacia la migración, Trump instauró en 2019 los MPP, una política muy criticada por organizaciones de derechos humanos, que afectó a más de 60.000 solicitantes de asilo, la mayoría de los cuales quedaron varados en campamentos en la frontera mexicana.

Biden intentó rescindir esta política el año pasado, pero se enfrentó a la oposición de los fiscales generales de Texas y Misuri, que lograron que un juez federal del primer estado ordenara el restablecimiento de los MPP.

En agosto, una corte federal de apelaciones y el Tribunal Supremo rechazaron los esfuerzos del Gobierno de bloquear la resolución del juez de Texas.

En octubre, el secretario de Seguridad Nacional, Alejandro Mayorkas, publicó un memorando por el que revocaba de nuevo «Quédate en México», pero el Ejecutivo tuvo que reactivar el programa tras otro fallo judicial.

Tras negociar con el Gobierno mexicano, Estados Unidos reactivó el programa en diciembre del año pasado.

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EFE. Washington, Estados Unidos. 24 de junio de 2022.- Los estados de Kentucky, Luisiana y Dakota del Sur han prohibido la interrupción del embarazo este mismo viernes nada más conocerse la decisión del Tribunal Supremo de Estados Unidos de anular hoy la protección del derecho al aborto vigente desde 1973.

Los tres estados habían aprobado con anterioridad estas leyes prohibiendo al aborto que han entrado en vigor tan pronto se ha hecho pública la decisión del Tribunal Supremo, según el Instituto Guttmacher.

Idaho, Tennnessee y Texas también aprobaron de forma automática la prohibición de la interrupción del aborto aunque sus efectos no entrarán en vigor hasta dentro de 30 días, añadió la institución dedicada a la investigación sobre derechos reproductivos.

Precisamente el gobernador de Texas, Greg Abbott, reaccionó en Twitter tan pronto como se conoció el fallo que revoca la sentencia «Roe versus Wade» que en 1973 legalizó la interrupción del aborto en todo Estados Unidos.

Abbott afirmó que «Texas es un estado en favor de la vida» y que siempre luchará «para salvar todos los niños de la devastación del aborto».

El gobernador de Texas valoró como correcta la decisión del Tribunal Supremo que permite a cada estado decidir sobre el aborto.

La mayoría conservadora del Tribunal Supremo de Estados Unidos falló a favor de derogar «Roe versus Wade» de 1973 al considerar que el aborto no está protegido por la constitución estadounidense.

También tumbó «Planned Parenthood versus Casey», otro fallo de 1992 que reafirmaba el derecho a abortar aunque permitía a los estados regular sobre el proceso.

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