EFE. Ciudad de México. 20 de mayo de 2026.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México anunció este miércoles que está investigando a doce personas y dos entidades legales señaladas por Washington por sus vínculos con el Cartel de Sinaloa, por lo que realizó un análisis financiero, fiscal y corporativo para identificar posibles redes o operaciones con recursos de procedencia ilícita.

A través de un comunicado, el organismo de la Secretaría de Hacienda de México informó que está «reforzando» las acciones contra estas personas, sancionadas por el Departamento del Tesoro estadounidense por estar relacionadas con el tráfico de fentanilo y con grupos criminales del Cartel de Sinaloa, también conocido como el del Pacífico.

«Las acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras financieras de la delincuencia organizada», apuntó la dependencia del Gobierno federal.

En este sentido, recordó que la UIF mantiene «coordinación permanente» con autoridades internacionales para «proteger la integridad del sistema financiero y mitigar riesgos asociados a operaciones con recursos de procedencia ilícita».

En concreto, Washington acusa a estas personas de tráfico de drogas y lavado de dinero derivado de la venta de fentanilo mediante criptomonedas.

Una de las redes está liderada por Armando de Jesús Ojeda Avilés, señalado como responsable de coordinar la recolección de grandes cantidades de efectivo procedentes de la venta de fentanilo y otras drogas en Estados Unidos, que posteriormente eran convertidas en activos digitales para su transferencia a México.

Entre los sancionados figuran también Jesús Alonso Aispuro Félix, identificado como operador financiero clave en transacciones con criptomonedas; Rodrigo Alarcón Palomares, acusado en Estados Unidos de lavado de dinero; y el empresario Alfredo Orozco Romero, junto con empresas y familiares que presuntamente actuaban como testaferros.

El Cartel de Sinaloa es una de las organizaciones mexicanas del narcotráfico que la Administración del presidente estadounidense, Donald Trump, designó como terrorista desde su llegada a la Casa Blanca.

Recientemente, el Departamento de Justicia estadounidense solicitó la detención urgente de diez funcionarios mexicanos, incluido el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, al acusarlos de narcotráfico por colaborar, supuestamente, con Los Chapitos a cambio de sobornos y favores políticos.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 12 de enero de 2025.- El 9 de enero de 2026, en el Centro de Justicia Penal Federal del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México, más de 200 familias afectadas por el presunto fraude de la empresa yucateca Inversión Colectiva Inmobiliaria (INVERCO) realizaron una manifestación y participaron en una audiencia clave para su reconocimiento como víctimas indirectas en una investigación por lavado de dinero.

El abogado Jesús Othón Baca Cacho, representante legal del colectivo Familias Unidas contra Inverco, anunció durante una conferencia de prensa que esta audiencia sienta las bases legales para que las víctimas colaboren activamente con la Fiscalía General de la República (FGR) en la investigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivadas del delito antecedente de fraude cometido por la empresa en el proyecto inmobiliario Pedregales de Misnébalam, ubicado en Mérida y Progreso, Yucatán.

Baca Cacho explicó que la denuncia por lavado de dinero, presentada en junio de 2025 ante la FGR con base en información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), busca esclarecer el desvío de fondos a destinos fuera del país. Solicitó a la FGR revisar con detenimiento los escritos presentados y reconocer la calidad de víctimas indirectas, lo que permitiría impulsar actos de investigación diligentes y, eventualmente, el ejercicio de la acción penal contra los responsables.

El abogado destacó que el fraude involucra a más de 200 familias representadas por su despacho, que equivalen aproximadamente a una cuarta parte de las unidades vendidas (al menos 500 de más de 700 proyectadas), con un monto defraudado superior a 200 millones de pesos (parte de un total estimado mayor en el caso general). Muchas víctimas pertenecen a grupos vulnerables: adultos mayores, personas con problemas de movilidad y migrantes mexicanos radicados en Estados Unidos, Canadá y otros países, quienes invirtieron sus ahorros con el sueño de regresar a México para una jubilación tranquila, atraídos por campañas de marketing digital dirigidas a perfiles vulnerables.

En la manifestación, los afectados corearon consignas como “¡Cárcel a Inverco!”, “¡Justicia, justicia!” y “¡Ernestina, escucha y apoya nuestra lucha!”, dirigidas a la fiscal general Ernestina Godoy. Expresaron confianza en su gestión para combatir la impunidad en fraudes inmobiliarios y delitos de cuello blanco, recordando su trayectoria previa en la Fiscalía de la Ciudad de México. Pidieron sensibilidad y colaboración para recuperar su patrimonio, y llamaron al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, a escalar el caso a la Mesa de Seguridad Nacional como prioritario en materia de cárteles inmobiliarios y lavado de dinero. Baca Cacho confirmó que han buscado entrevistas con Harfuch desde meses atrás y presentaron escritos en diversas dependencias federales.

Los manifestantes enfatizaron que, tras cobrar casi la totalidad del valor de las propiedades prometidas sin construirlas ni entregarlas, los fondos fueron presuntamente lavados por los accionistas y la empresa misma. Paralelamente, avanzan investigaciones por fraude en la Fiscalía de Yucatán y un juicio mercantil para la devolución de recursos.

Esta acción forma parte de una estrategia legal sostenida por el colectivo, que ha interpuesto denuncias múltiples y obtenido dictámenes favorables en instancias como la PROFECO en etapas previas. El grupo reiteró su exigencia de reconocimiento oficial como víctimas para coadyuvar en la procuración de justicia y recuperar lo invertido.

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EFE. Ciudad de México. 05 de diciembre de 2025.- La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) del Gobierno mexicano bloqueó las cuentas bancarias de Raúl Rocha Cantú, empresario y actual dueño del 50 % de la franquicia del certamen de belleza Miss Universo, en medio de investigaciones por presuntos lazos con el crimen organizado.

La versión fue adelantada este viernes por el periódico mexicano La Jornada.

El pasado 26 de noviembre, la Fiscalía General de la República (FGR) de México confirmó que investigaba a Rocha Cantú como parte de un caso de presunta vinculación con el crimen organizado, particularmente por narcotráfico, contrabando de combustible y tráfico de armas.

En un comunicado, la FGR apuntó que desde el 29 de noviembre de 2024 se abrió la carpeta de investigación contra 13 personas «por delincuencia organizada, en relación con narcotráfico, huachicol y tráfico de armas».

El informe de la FGR ocurrió luego de que ese mismo día la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, pidió a la fiscalía informar con claridad si existe una investigación o una orden de aprehensión contra el dueño de la marca Miss Universo.

Medios mexicanos indicaron que Rocha habría sido imputado por las autoridades por su presunta responsabilidad en el tráfico de drogas, de armas y de combustible entre Guatemala y México

Sin embargo, cuatro días después, el pasado domingo, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, negó que existan indicios de que el certamen Miss Universo esté financiado por el crimen organizado.

«No tenemos ningún inicio de que haya dinero del crimen organizado en el concurso de Miss Universo, no lo tenemos, ni tenemos relacionado nada que tenga que ver con el concurso, como tal en el concurso, con las investigaciones correspondientes», afirmó García Harfuch en una conferencia de prensa, en la capital mexicana.

Cuestionado sobre dicha investigación, el funcionario precisó que las pesquisas derivaron en 13 órdenes de aprehensión, entre ellas, la de Rocha Cantú, en «plena coordinación» con la FGR

Desde 2024, la Organización Miss Universo es propiedad conjunta, a partes iguales, de la compañía de medios tailandesa JKN y Legacy Holding Group USA Inc., una división de una compañía mexicana propiedad de Rocha Cantú.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 12 de noviembre de 2025.- La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), a través de su Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), bloqueó las cuentas bancarias y suspendió las operaciones de 13 casinos en ocho entidades federativas, tras detectar operaciones sospechosas de lavado de dinero vinculadas al crimen organizado. La medida, coordinada con la Secretaría de Gobernación (Segob) y el Gabinete de Seguridad, revela patrones de depósitos masivos en efectivo, transferencias internacionales a países como Estados Unidos, Rumania, Albania, Malta y Panamá, y el uso de plataformas digitales no reguladas para dispersar fondos ilícitos. Los establecimientos operan en Jalisco, Nuevo León, Sinaloa, Sonora, Baja California, Estado de México, Chiapas y la Ciudad de México, y se sospecha que facilitan la reinserción de recursos de procedencia ilegal en el sistema financiero.

Entre los casinos afectados destacan dos filiales de Grupo Salinas —propietario de TV Azteca—, Ganador Azteca SAPI de CV y Operadora Ganadora TV Azteca SAPI de CV, del empresario Ricardo Salinas Pliego. El conglomerado respondió con un comunicado en redes sociales, calificando la acción como «una más de acoso y persecución sistemática del Estado», atribuida a la obstinación de la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF) y su titular, Grisel Galeano. Grupo Salinas defendió el cumplimiento de sus subsidiarias con regulaciones antilavado, incluyendo estándares internacionales de socios en el Reino Unido, y alegó un uso faccioso de las instituciones para asediar al grupo en medio de disputas fiscales por créditos atrasados. La UIF, por su parte, detalló que estas plataformas reclutaban a personas con perfiles económicos bajos —como amas de casa, estudiantes o jubilados— para transferir fondos a cambio de un porcentaje, legitimando ingresos aparentes de apuestas.

Esta operación se enmarca en un endurecimiento antilavado impulsado por presiones internacionales, apenas un mes después de sanciones de Estados Unidos a bancos mexicanos como Intercam, CIBanco y Vector por blanqueo de recursos de cárteles como el de Sinaloa y el Jalisco Nueva Generación (CJNG). Durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum, el secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, confirmó que las indagatorias —de varios meses— identificaron movimientos de hasta 50 millones de pesos en operaciones sospechosas, y reafirmó la colaboración con FinCEN y OFAC del Departamento del Tesoro estadounidense, alineada con recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI). La UIF presentará denuncias ante la Fiscalía General de la República (FGR) por lavado, asociación delictuosa y delitos fiscales, notificando también a la PFF para evasiones adicionales.

La noticia ha polarizado opiniones: Transparencia Mexicana aplaudió la intervención, pero exigió la lista completa de casinos para descartar sesgos políticos, mientras la Asociación Nacional de Casinos y Juegos de Azar lamentó el impacto en miles de empleos y pidió revisiones imparciales para no estigmatizar al sector. Analistas anticipan más clausuras en los próximos meses, en línea con la agenda de Sheinbaum para cortar financiamiento al crimen transnacional. «El amparo no puede proteger delitos», advirtió recientemente el exministro Arturo Zaldívar, ante posibles impugnaciones. México intensifica su batalla contra el blanqueo —estimado en 50 mil millones de dólares anuales—, pero el caso de TV Azteca resalta las tensiones entre poder económico y poder estatal.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 18 de septiembre de 2025.- Hilda Araceli Brown Figueredo, diputada federal por Morena en Baja California y exalcaldesa de Playas de Rosarito, denunció este jueves como una «infamia» las sanciones impuestas por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos, que la vinculan con la facción «Los Mayos» del Cártel de Sinaloa, lo que derivó en el bloqueo de sus cuentas bancarias por parte de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de México. La legisladora rechazó cualquier nexo con el crimen organizado y atribuyó las acusaciones a un intento por desacreditar su labor política.

Brown Figueredo, originaria de Rosarito y con una licenciatura en Ciencias de la Educación, ha ocupado diversos cargos públicos, incluyendo regidora, diputada local y alcaldesa de Playas de Rosarito entre 2019 y 2021. En 2021, fue elegida como diputada federal por el distrito 8 de Baja California, donde participa en comisiones relacionadas con desarrollo metropolitano y asuntos fronterizos. Durante su gestión municipal, según informes de inteligencia, se reportó una consolidación de operadores del Cártel de Sinaloa en el gobierno local, lo que ha generado escrutinio internacional.

Las sanciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Tesoro estadounidense se basan en la Orden Ejecutiva 14059, que apunta a redes de lavado de dinero vinculadas al narcotráfico. Brown es señalada por presuntamente ceder control del municipio a miembros de «La Mayiza» o «Los Mayos«, una célula liderada por Ismael Zambada Sicairos, hijo de Ismael «El Mayo» Zambada. Específicamente, se le acusa de mantener una relación cercana con Candelario Arcega Aguirre, operador político del cártel, quien habría influido en nombramientos clave y en la recolección de extorsiones para los hermanos Arzate García —Alfonso «El Aquiles» y René «La Rana»—, jefes de plaza en la región. Junto a Jesús González Lomelí, otro colaborador sancionado, habrían asegurado protección policial para actividades ilícitas como el tráfico de fentanilo, cocaína y metanfetaminas hacia Estados Unidos.

Las medidas incluyen el bloqueo de activos en territorio estadounidense y la prohibición de transacciones con personas o entidades bajo control de EE.UU. Además, se sancionaron 15 empresas vinculadas a González Lomelí, como clubes nocturnos y restaurantes en Baja California, y una compañía de transporte de Arcega Aguirre. En respuesta, la UIF mexicana procedió a congelar las cuentas de Brown y los demás implicados como medida preventiva, con el fin de analizar posibles actividades ilícitas y, de ser necesario, remitir el caso a la Fiscalía General de la República (FGR). La UIF enfatizó que esta acción no implica una determinación judicial, sino un esfuerzo para evitar la dispersión de fondos ilícitos en la economía nacional.

En un comunicado difundido en su cuenta de Facebook, Brown negó rotundamente las acusaciones y afirmó que no ha recibido notificación alguna sobre el bloqueo de sus cuentas. «Mi compromiso siempre ha sido con el movimiento. Seguramente como consecuencia de esta lucha soy objeto de una infamia que pretende desacreditarme», declaró la diputada, quien aseguró haber estado en un hospital de San Diego, California, el pasado domingo para visitar a un familiar, lo que demostraría que sus finanzas no están restringidas. Reiteró su disposición a comparecer ante cualquier autoridad y rechazó cualquier acto de corrupción o colusión con el narcotráfico durante su administración.

Este caso pone de relieve la infiltración del crimen organizado en instituciones locales de México, particularmente en zonas fronterizas como Baja California, donde grupos como el Cártel de Sinaloa compiten por el control de rutas de tráfico de drogas. Las autoridades estadounidenses han incrementado recompensas por información sobre líderes como «El Ruso«, mientras que en México se debate la efectividad de las medidas anticorrupción en el ámbito político.

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AMEXI. Ciudad de México. 15 de septiembre de 2025.- En vísperas del 215 aniversario del inicio de la lucha por la independencia nacional, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo presentó un video documental que revela el meticuloso proceso de confección de la banda presidencial, símbolo máximo del Poder Ejecutivo en México.

El gesto no sólo marca un precedente histórico por tratarse de la primera mujer en portar esta insignia durante el Grito de Independencia, sino que también visibiliza el trabajo artesanal de mujeres militares que participaron en su elaboración.

¿Cuánto dura el proceso?

El proceso, que se realizó en las Fábricas de Vestuario y Equipo de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), ubicadas en la alcaldía Iztapalapa, duró 10 días.

Desde la toma de medidas hasta el bordado del escudo nacional, cada etapa se ejecutó con precisión y dedicación.

La banda está compuesta por tres lienzos de raso americano en los colores patrios, unidos con hilo de poliéster y planchados constantemente para conservar su forma y calida.

Uno de los momentos más destacados del proceso fue el bordado a mano del escudo nacional, realizado con hilos canutillo en tonos oro y plata, una tarea que requirió más de 30 horas de trabajo. Posteriormente, se colocó el fleco canelón y se bordó el nombre de la Presidenta.

La prenda fue finalmente resguardada en una caja de madera y cristal, lista para ser entregada oficialmente en Palacio Nacional.

Honor y privilegio

“Portar la banda presidencial es un verdadero honor y privilegio”, expresó Sheinbaum en sus redes sociales, reconociendo la creatividad, patriotismo y profesionalismo de las mujeres militares que participaron en su confección.

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Periodistas Unidos. Asunción, Paraguay. 15 de septiembre de 2025.- El titular de la Secretaría Nacional Antidrogas (Senad) de Paraguay, Jalil Rachid, afirmó este lunes que la detención de Hernán Bermúdez Requena, presunto líder del grupo criminal La Barredora vinculado al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), frustró sus planes de instalar operaciones delictivas en el territorio paraguayo, donde el mexicano se ocultaba desde marzo bajo identidad falsa. La revelación, hecha en una rueda de prensa en Asunción donde Bermúdez permanece bajo custodia, subraya la amenaza de expansión transnacional del narcotráfico y fortalece la cooperación bilateral con México, que ya inició trámites de extradición para juzgarlo por asociación delictuosa, extorsión y secuestro.

Rachid detalló que Bermúdez Requena, de 60 años y conocido como «El Abuelo» o «Comandante H», ingresó ilegalmente a Paraguay a finales de enero de 2025 vía el puente binacional de Foz de Iguazú –que une Brasil con Ciudad del Este–, procedente de Panamá y Brasil, donde evadía una orden de aprehensión emitida por la Fiscalía de Tabasco en febrero. «La detención frustró su intento de instalar sus operaciones en el país», enfatizó el funcionario, basado en informes de inteligencia que indican que el exsecretario de Seguridad Pública de Tabasco (2019-2024) buscaba establecer una red para tráfico de drogas, lavado de dinero y extorsión, aprovechando la posición de Paraguay como ruta clave para cocaína sudamericana hacia México y EE.UU. El detenido fue ubicado en marzo por la Secretaría Nacional de Inteligencia (SNI) paraguaya, alertada por su contraparte mexicana, tras rastrear movimientos financieros sospechosos.

La captura, ejecutada el 13 de septiembre en una lujosa residencia en el barrio cerrado Surubí de Mariano Roque Alonso –con piscina, auto de alta gama y bienes incautados como joyas y efectivo–, fue un operativo conjunto entre la Senad, la Policía Nacional paraguaya, el Ministerio Público y agencias mexicanas como el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). Rachid resaltó que Bermúdez, con un «amplio historial delictivo» marcado por corrupción y nexos con el narco, coordinaba desde su cargo en Tabasco operaciones de tráfico internacional, homicidios y desapariciones forzadas, utilizando su posición para favorecer a La Barredora, grupo surgido en 2021 en Villahermosa y dedicado a narcomenudeo, huachicol, trata y control de giros nocturnos en el sureste mexicano.

El presidente paraguayo Santiago Peña celebró la acción como un «golpe contundente al crimen organizado transnacional», reafirmando que «Paraguay no será refugio de criminales». La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum, quien agradeció previamente la colaboración de Peña, reiteró este lunes su compromiso con la «cero impunidad», vinculando la detención a la reducción de violencia en México mediante estrategias de atención a causas y depuración policial. Bermúdez, egresado de Derecho por la UNAM en 1991, escaló en la policía tabasqueña hasta ser designado por el entonces gobernador Adán Augusto López Hernández –hoy senador de Morena–, cargo que abandonó en enero de 2024 ante acusaciones crecientes.

El caso, que incluye una ficha roja de Interpol desde julio y filtraciones como Guacamaya Leaks que lo señalan como fundador de La Barredora en alianza inicial con el CJNG, ha revivido escrutinio sobre López, quien en 2022 desestimó las denuncias como «calumnias». La oposición mexicana –PAN y PRI– exige investigaciones en el Senado, comparándolo con el de Genaro García Luna. Analistas del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) advierten que la expansión fallida en Paraguay evidencia la globalización del CJNG, designado terrorista por EE.UU. en febrero, y urgen mayor inteligencia compartida en el Cono Sur.

Mientras Bermúdez enfrenta audiencia preliminar en Asunción para su extradición –posible en semanas–, esta revelación no solo cierra un capítulo de su huida de siete meses, sino que alerta sobre las ambiciones sudamericanas del narco mexicano. En un continente interconectado por rutas ilícitas, la frustración de sus planes en Paraguay reafirma que la justicia cruza fronteras, pero el crimen siempre busca nuevos horizontes. Para México y sus vecinos, es un recordatorio: vigilar no basta, hay que actuar antes de que el polvo de la frontera se convierta en tormenta.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 10 de septiembre de 2025.- El secretario de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Édgar Amador Zamora, anunció este miércoles que las autoridades mexicanas están próximas a levantar las intervenciones temporales impuestas a los bancos CI Banco e Intercam, así como a Vector Casa de Bolsa, tras ser señalados por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos por presunto lavado de dinero ligado al tráfico de fentanilo. “Todo está transcurriendo de manera normal, incluso ya estamos por levantar las intervenciones”, afirmó Amador Zamora durante la conferencia matutina de la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional.

Las intervenciones, iniciadas en julio por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) y la SHCP, se implementaron como medida preventiva tras las acusaciones del Tesoro estadounidense el 25 de junio, que vinculaban a estas instituciones con una red de blanqueo de capitales para cárteles mexicanos, incluyendo los de Sinaloa, del Golfo y Jalisco Nueva Generación. Las sanciones estadounidenses provocaron dificultades operativas, restricciones en transferencias internacionales, cancelaciones de inversiones y problemas de liquidez, lo que llevó a la CNBV a asumir el control administrativo y legal de las entidades para proteger a ahorradores y garantizar la continuidad operativa.

Amador Zamora destacó que los procesos de transferencia de algunos negocios de estas instituciones ya están en marcha. La licencia bancaria de Intercam fue adquirida por Kapital, mientras que el negocio fiduciario de CI Banco se trasladó a Multiva. En el caso de Vector Casa de Bolsa, la intervención también avanza conforme a la normativa. “El sistema de pagos y los bancos están funcionando con normalidad”, aseguró el secretario, quien señaló que las operaciones se han estabilizado y que los avances se anunciarán por etapas, incluyendo el “acomodo de los activos”.

La presidenta Sheinbaum ha insistido en que no se han recibido pruebas contundentes del Departamento del Tesoro para respaldar las acusaciones. En julio, afirmó que las evidencias se limitaban a transferencias ordinarias entre empresas mexicanas y chinas, en el contexto de un comercio bilateral de más de 139,000 millones de dólares anuales. La SHCP y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) detectaron irregularidades administrativas, sancionadas con multas por 134 millones de pesos, pero no hallaron vínculos con actividades ilícitas. “No vamos a proteger a nadie, pero se necesita información verificable para actuar”, reiteró Sheinbaum.

Las sanciones estadounidenses, que prohíben ciertas transferencias financieras, han generado incertidumbre entre ahorradores, con reportes de clientes enfrentando dificultades para acceder a sus fondos. Las agencias calificadoras Fitch y HR Ratings rebajaron las calificaciones crediticias de las tres entidades, y algunos clientes, como los fideicomisos Fibra Inn y Terrafina, desvincularon a CI Banco como fiduciario. A pesar de ello, las autoridades mexicanas subrayan que el sistema financiero nacional mantiene niveles históricos de capitalización y liquidez.

El caso ha avivado el debate sobre la cooperación bilateral en la lucha contra el lavado de dinero. Mientras el Tesoro estadounidense destaca la colaboración con México, Sheinbaum ha exigido reciprocidad, señalando que EE.UU. también debe investigar operaciones financieras en su territorio. “No somos piñata de nadie, a México se le respeta”, afirmó la presidenta en junio, enfatizando la soberanía nacional.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 20 de agosto de 2025.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) reportó que, de enero a julio de 2025, 184 empresas fueron identificadas como “factureras” por simular operaciones ante el fisco mexicano. Estas compañías emitieron comprobantes fiscales sin contar con los activos, personal, infraestructura o capacidad material para prestar los servicios o entregar los bienes declarados, según datos oficiales del SAT.

El número de casos detectados en los primeros siete meses de 2025 supera los 140 registrados en todo 2024, marcando un incremento significativo y rompiendo la tendencia a la baja observada desde 2020, año en que la pandemia COVID-19 impactó las actividades fiscales. Comparativamente, en 2019 se notificaron 2,202 empresas fantasma, en 2020 fueron 935, en 2021 sumaron 1,145, en 2022 se reportaron 145 y en 2023, solo 38. El repunte en 2025, con 223 empresas fantasma identificadas en los primeros 10 meses del gobierno de Claudia Sheinbaum, refleja un fortalecimiento en las estrategias de fiscalización.

Las empresas señaladas, notificadas entre el 24 de enero y el 11 de julio de 2025, tuvieron 15 días hábiles para presentar pruebas que desvirtuaran las acusaciones. Sin embargo, solo cuatro lograron demostrar que no operaban como fachada, mientras que las restantes no pudieron comprobar la legitimidad de sus operaciones, lo que llevó a la cancelación de los comprobantes fiscales emitidos y de cualquier operación relacionada, conforme al artículo 69-B del Código Fiscal de la Federación.

El SAT, en colaboración con la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y la Procuraduría Fiscal de la Federación (PFF), ha intensificado el uso de tecnologías analíticas y el intercambio de información con otras autoridades, como la Fiscalía General de la República (FGR), el IMSS y el Infonavit, para detectar estas prácticas. Estas empresas fantasma son comúnmente utilizadas para evadir impuestos o lavar dinero, lo que representa una amenaza significativa para las finanzas públicas. El Plan Maestro 2025 del SAT, que busca una recaudación de 5.3 billones de pesos, prioriza la lucha contra la evasión fiscal mediante la vigilancia de facturación irregular y solicitudes atípicas de devolución de impuestos.

El organismo exhorta a los contribuyentes a revisar su facturación y, en caso de duda, acudir a las oficinas del SAT o contactar a través del correo denuncias@sat.gob.mx o el teléfono 0155-62722-728 para regularizar su situación. Este esfuerzo se enmarca en una estrategia más amplia para fortalecer la recaudación tributaria, que entre enero y julio de 2025 alcanzó 3.28 billones de pesos, un 7.2% más que en el mismo periodo de 2024, según el SAT.

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AMEXI. Ciudad de México. 08 de julio de 2024.- El presidente Andrés Manuel López Obrador justificó la decisión de evidenciar a LatinUS hace unos días, ya que en ese medio de comunicación “están constantemente denunciando supuestos casos de corrupción en contrapuesta y están a favor de la transparencia.

Debido a eso, López Obrador envió un mensaje a LatinUS: “¿Por qué les molesta? El que nada debe nada teme”, remarca.

Ante las críticas de las que ha sido objeto por difundir la información sobre el financiamiento de LatinUS, el jefe del Ejecutivo Federal aprovechó la conferencia de prensa mañanera en Palacio Nacional para responder a Carlos Loret de Mola y a Lorenzo Córdova Vianello: “Nosotros no somos autoritarios, nada más que ya basta de hipocresías”, argumentó.

“Es característica del conservador que son muy hipócritas, corruptos y autoritarios. Lo puedo probar científicamente. Es histórico”, atacó una vez más el presidente de México a Loret de Mola y a Córdova Vianello.

López Obrador insistió en que si se ha dicho que LatinUS tiene recursos públicos y de ahí se le paga a periodistas que están en contra de la transformación del país, y lo probamos. ¿Cuál es el delito?

El mandatario federal también utilizó el momento para enviar un abrazo a Pablo Gómez Álvarez, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público después de que «le estaba dando un ‘patatús’”.

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