AMEXI. Ciudad de México. 30 de noviembre de 2025.- La Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) construirá un nuevo cuartel militar en Uruapan, luego de que autoridades locales informaron que el municipio carece de una instalación propia para sus corporaciones de seguridad.

Así lo confirmó el titular de la dependencia federal, Ricardo Trevilla Trejo, al detallar las acciones del Plan Michoacán por la Justicia y la Paz.

Trevilla explicó que, tras una reunión con autoridades estatales y municipales realizada el pasado 13 de noviembre, se determinó enviar ingenieros militares para comenzar la obra, que tendrá las mismas características de los cuarteles edificados para la Guardia Nacional.

Además, la Sedena entregó 4 mil cartuchos a la Policía Municipal y contempla otorgar en comodato mil 069 fusiles a la Policía Estatal y 70 más al municipio de Uruapan.

Despliegue de fuerza y operaciones

En el marco del Plan Michoacán, el Ejército desplegó 10 mil 506 elementos a partir del 11 de noviembre en los municipios prioritarios: Morelia, Uruapan, Zamora y Apatzingán.

De ellos, mil 980 llegaron recientemente para reforzar los cuatro mil 386 ya presentes, además de cuatro mil 140 efectivos de mandos territoriales.

La Sedena estableció 376 servicios operativos, apoyados con helicópteros, drones, vehículos desminadores, sistemas anhidro y torres de inspección.

También instaló un puesto de mando alterno en Uruapan para coordinar operaciones específicas.

Inteligencia y coordinación

Para fortalecer la investigación, se integró un Centro Programador de Inteligencia en la 21 Zona Militar, con participación del Centro Nacional de Inteligencia, la Fiscalía estatal, la SSP de Michoacán y la Guardia Nacional, lo que ha permitido generar 19 órdenes técnicas de investigación y conformar dos células tácticas en Morelia y Apatzingán.

Asimismo, se han realizado 54 diligencias, 25 órdenes de investigación y 29 órdenes de aprehensión, junto con la instalación de 126 bases de operaciones interinstitucionales.

Extorsión y reuniones con sectores productivos

El secretario informó que mandos militares han sostenido reuniones con el sector empresarial en Morelia, Uruapan y Apatzingán, principalmente para atender casos de extorsión.

También se llevaron a cabo encuentros con productores limoneros y aguacateros, así como con presidentes municipales —cinco de ellos con la alcaldesa de Uruapan— para coordinar acciones de seguridad.

Resultados operativos

Del 10 al 28 de noviembre, las fuerzas federales detuvieron a 135 personas, aseguraron 57 armas, casi siete mil cartuchos, 444 kilogramos de droga y más de 28 mil litros de precursores químicos para la elaboración de metanfetaminas.

También incautaron 110 vehículos, destruidos ocho campamentos criminales y localizaron 14 tomas clandestinas.

Disminución de homicidios

Trevilla destacó que en Michoacán se registra una reducción en homicidios dolosos, al pasar de 111 casos en septiembre a 58 en noviembre. En Uruapan, los asesinatos descendieron de 20 a siete en el mismo periodo.

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Por Humberto Musacchio

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 23 de noviembre de 2025.- Todo ciudadano tiene derecho a manifestar su inconformidad u oposición a la autoridad. Eso hicieron los ciudadanos que marcharon el domingo. Voceros oficialistas dijeron que sólo marcharon seis mil personas, otros soltaron que siete mil y los más generosos hablaron de 17 mil. El hecho es que en la marcha participaron miles de personas.

Se pretende descalificar la manifestación con el peregrino argumento de que fue convocada por jóvenes, pero que en la multitud iban adultos. En realidad marcharon jóvenes, adultos también e incluso niños y ancianos, familias enteras que no están de acuerdo con la inseguridad que priva en el país.

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Algo destacable es que participó en su silla de ruedas la abuela de Carlos Manzo, el alcalde Uruapan que fue asesinado hace unos días, lo que ha desatado una ola de protestas que las autoridades pretenden minimizar con el envío de tropas a Michoacán y todo un plan que, hasta ahora, sólo ha mostrado su ineficacia, pues el domingo pasado los delincuentes bloquearon carreteras del estado con automóviles a los que prendieron fuego.

Alberto Capella, quien de manifestaciones conoce el derecho y el revés, pues fue organizador de protestas ciudadanas y también jefe de policía en Tijuana, dice que “durante más de tres horas, desde Reforma hasta Eje Central, el flujo fue un río humano ininterrumpido”. Otros observadores aportan datos que muestran una participación mayor a la declarada por los funcionarios morenistas.

El hecho es que se tomaron diversas medidas para desalentar la participación y hacerla más complicada e insegura. Las autoridades cerraron con vallas el eje Lázaro Cárdenas y la avenida Madero; dejando la calle 5 de Mayo como único acceso al Zócalo, donde se colocaron vallas metálicas frente a Catedral y el Palacio Nacional.

Quien conoce de esta disposición geográfica y tales medidas, agrega Capella, “sabe que este tipo de configuración genera confusión, lentitud, fragmentación y temor”. Pero había más: “Al ingresar por 5 de Mayo —sigue Capella—, lo primero que encontramos fue a un grupo de jóvenes atacando las vallas” dispuestas frente a Catedral, justo en el punto donde entraba la ciudadanía pacífica. Ante el espectáculo de “humo, golpes, gritos, confusión y rostros llenos de miedo, miles de personas se detuvieron o se regresaron”, que era precisamente lo que buscaba la autoridad.

Luego los mismos jóvenes se trasladaron a la valla que resguardaba Palacio y ahí dieron un combate más encarnizado, pues lograron derribar parte de la barrera metálica y atacaron al personal uniformado que tenía órdenes de no responder, pero las cosas llegaron a tal punto que finalmente recibieron autorización y, como es costumbre, no buscaron quién se las debía, sino quién se las pagara, y desplegaron su salvajismo ciego contra los que presenciaban los hechos, incluso contra periodistas que estaban ahí haciendo su trabajo.

En fin, que la estrategia gubernamental terminó como una exhibición de inoperancia, como una nueva demostración de que los asesores de quien manda envían señales confusas o de plano equivocadas y comprometedoras.

Esa estrategia se desplegó verbalmente días antes antes de la manifestación. Una y otra vez fueron descalificados los convocantes, pues si inicialmente se trataba de la llamada Generación Z, con el paso de los días se mencionaron nombres como el de Claudio X González o Salinas, hasta sugerir que desde el extranjero se patrocinó una campaña en favor de la manifestación y, por supuesto, en contra de las autoridades. Tanta insistencia en descalificar la marcha sólo sirvió para despertar más interés. Los resultados están a la vista.

Se insistió en que el actual gobierno no reprime y, finalmente, lo tuvo que hacer, de manera indiscriminada y hasta criminal. De los hechos se desprenden algunas preguntas: ¿por qué se ordena a los cuerpos policiacos no intervenir cuando el llamado Bloque Negro ataca a policías e incluso a manifestantes? ¿Por qué la autoridad se niega a cumplir su obligación de aplicar la ley? ¿Por qué el Bloque Negro aparece en las manifestaciones de protesta o de la oposición y no en las de Morena? Alguien debe responder esas preguntas… si es que tiene las respuestas.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 22 de noviembre de 2025.- A más de un año del asesinato del periodista Mauricio Cruz Solís, perpetrado el 29 de octubre de 2024 en el centro de uUruapan, el caso sigue sin resolverse por completo en medio de una ola de violencia que ha marcado la región. Cruz Solís, director del medio digital Minuto x Minuto y conductor de La Jiribilla Night Show, fue acribillado minutos después de concluir una entrevista en vivo con el entonces alcalde Carlos Manzo Rodríguez, durante una transmisión sobre el Festival de Velas. Este crimen lo convirtió en el primer periodista asesinado en el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum. En retrospectiva, la respuesta inicial de Manzo al homicidio ha sido criticada: tardó 12 horas en pronunciarse públicamente, no atendió directamente a la familia de la víctima ni participó en las manifestaciones de periodistas, y ordenó la remoción y destrucción de pancartas colocadas por comunicadores exigiendo justicia, argumentando que daban «mala imagen» durante el festival. En una transmisión en vivo, Manzo afirmó tener «la consciencia tranquila» y sugirió que algunos buscarían «sacar raja política» del incidente, lo que fue interpretado como una denostación a las protestas de los periodistas, quienes respondieron con una pancarta adicional acusando de «mataperiodistas» a quien las quitara.

Avances en la investigación incluyen la detención en enero de 2025 de Víctor Manuel «El Sierra», presunto autor material, y la identificación de un segundo implicado sin detalles adicionales sobre su captura. El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, ha ligado el asesinato a represalias por la cobertura de Cruz sobre temas de seguridad y crimen organizado, en una zona controlada por grupos como el CJNG y la Familia Michoacana.

El primer aniversario del crimen, en octubre de 2025, fue marcado por protestas de colegas, familiares y organizaciones como Artículo 19 y el CPJ, demandando justicia y destacando la impunidad en ataques a la prensa mexicana. La UNESCO condenó el hecho en noviembre de 2024, instando a proteger a los comunicadores.

El contexto se agravó con el asesinato de Carlos Manzo el 2 de noviembre de 2025, días después de reiterar detalles sobre el caso de Cruz en una aparición pública. Manzo, conocido por su confrontación con el narco, fue baleado en una plaza durante el Día de Muertos y falleció horas después. Su viuda, Grecia Quiroz, ha demandado investigaciones contra políticos locales como Leonel Godoy, Raúl Morón y Nacho Campos, alegando posibles vínculos con el crimen organizado.

El 17 de noviembre de 2025, autoridades capturaron a Jorge Armando «El Licenciado», señalado como autor intelectual del homicidio de Manzo y vinculado al CJNG. Aunque no hay conexión probada entre los dos asesinatos, expertos ven en ambos el colapso de la seguridad en Michoacán, con más de 1,100 homicidios en los primeros diez meses de 2025. El gobierno federal impulsa el «Plan Michoacán por la Paz y la Justicia» con despliegue de fuerzas, pero las demandas por claridad persisten.

Grupos de derechos humanos urgen una investigación profunda del caso Cruz, considerando el contexto de la administración Manzo, plagada de amenazas y tensiones con el crimen organizado. Hasta noviembre de 2025, no hay progresos públicos significativos más allá de las detenciones iniciales, y la posible relación con la violencia que llevó a la muerte de Manzo permanece como especulación.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 22 de noviembre de 2025.- Un juez de control impuso este sábado prisión preventiva oficiosa a Jorge Armando «N», alias «El Licenciado», presunto autor intelectual del homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Alberto Manzo Rodríguez, así como a siete de sus escoltas, acusados de homicidio calificado por omisión. La medida se dictó tras una audiencia de más de ocho horas en el Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) número 1 «El Altiplano», en el Estado de México, donde se vinculó el crimen al Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG).

El homicidio de Manzo ocurrió el 1 de noviembre durante las celebraciones del Día de Muertos en la Plaza de los Mártires de Uruapan, un evento público en el que el edil repartía velas a los asistentes. Un adolescente, Víctor Manuel Ubaldo, de 17 años, disparó contra el alcalde, quien falleció minutos después por heridas de bala. El joven agresor fue abatido en el lugar por uno de los escoltas de Manzo, utilizando su propia arma, según peritajes balísticos presentados en la audiencia. Sin embargo, testimonios revelaron contradicciones: un paramédico afirmó que no se le permitió auxiliar al menor hasta la intervención de la Guardia Nacional, cuando ya había fallecido.

La defensa de los imputados argumentó irregularidades en las detenciones, alegando fallas en el debido proceso, pero el juez Luis Fernando Díaz Parra rechazó los argumentos y ordenó la prisión preventiva mientras se desahogan más pruebas. La próxima audiencia está programada para el miércoles 26 de noviembre, en los juzgados del penal del Altiplano, donde se integrará el caso completo.

Detenciones: De Morelia a Uruapan, el cerco se cierra

«El Licenciado», detenido el 18 de noviembre en una casa rentada en Morelia, Michoacán, es señalado como operador logístico del CJNG bajo las órdenes de Ramón Álvarez Ayala, alias «R-1», líder regional del cártel y quien habría autorizado el ataque por un pago de al menos dos millones de pesos. Según la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), el detenido coordinaba un chat donde se filtraban movimientos en tiempo real del alcalde, incluyendo un mensaje clave a las 18:56 horas del día del crimen: «Vamos retrasados porque anda el Presidente repartiendo velas». Investigaciones apuntan a que un informante infiltrado en el círculo cercano de Manzo proporcionaba esta información, lo que facilitó el operativo de sicarios en motocicletas que cerraron rutas de escape en el centro de Uruapan.

Las detenciones de los escoltas se concretaron el viernes 21 de noviembre en un operativo conjunto del Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán. Seis hombres y una mujer, con edades entre 21 y 56 años, fueron aprehendidos en las inmediaciones de la Casa de Cultura de Uruapan –antigua sede del ayuntamiento, a metros del lugar del atentado– y trasladados al Centro Penitenciario «Lic. David Franco Rodríguez» (Mil Cumbres) en Charo. Están acusados de no haber evitado el homicidio pese a su rol de protectores, y uno de ellos es el que disparó contra el adolescente abatido. La FGE los imputa por «homicidio calificado en comisión por omisión, en agravio del presidente municipal».

El gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla, confirmó que un octavo guardia permanece prófugo tras huir durante los arrestos, y se le considera pieza clave para reconstruir los hechos previos al ataque. «La investigación es integral y amplia para esclarecer el homicidio», enfatizó el mandatario en entrevista con medios locales.

El trasfondo: CJNG y la violencia en Michoacán

El crimen de Manzo ha sacudido al país, exponiendo la infiltración del narco en gobiernos locales. El alcalde, quien asumió el cargo en septiembre de 2024, había denunciado amenazas del CJNG por su oposición a actividades ilícitas en Uruapan, bastión aguacatero y ruta clave del narcotráfico. «R-1», detenido en 2012 y liberado hace tres años, es el cerebro señalado detrás de las instrucciones transmitidas por «El Licenciado». La indagatoria revela la participación de al menos diez personas más en la planeación, incluyendo el reclutamiento de menores como el ejecutor.

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad federal, destacó que las detenciones debilitan al CJNG en al menos cuatro municipios michoacanos. La FGE, encabezada por Carlos Torres Piña, advierte que habrá más aprehensiones, tanto intelectuales como materiales. Mientras, Uruapan vive bajo un manto de tensión, con un despliegue federal reforzado para prevenir represalias.

Este caso subraya la vulnerabilidad de funcionarios públicos en zonas de alta conflictividad, donde el narco no solo atenta contra vidas, sino que corrompe estructuras de protección. La justicia mexicana avanza, pero el camino para desmantelar estas redes criminales luce largo y sinuoso.

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Por Carolina Verduzco

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 20 de noviembre de 2025.- La marcha convocada por la supuesta generación z, salió en términos monetarios muy cara, porque si la cantidad de millones de pesos invertidos por quienes la financiaron se divide entre el número de manifestantes, resulta que cada “manifestante” les costó una verdadera fortuna.

Lo que sus promotores buscaban con la marcha –y seguirán buscando– es convertir el asesinato del presidente municipal de Uruapan, Carlos Manzo, en “el punto de inflexión” de la estrategia de seguridad del gobierno de Claudia Sheinbaum.

Para estos promotores casi no hay acción alguna del gobierno actual que no descalifiquen: si son abrazos está mal; si son balazos también está mal; si es el Plan Michoacán está super mal, etc. ¿Qué es lo que sí aceptarían? ¿Qué es lo que anhelan que ocurra con el pretendido cambio de la estrategia? Sin duda lo único que ellos aprobarían es que el gobierno mexicano acepte total y abiertamente lo que Trump y otros gobernantes de EE. UU. han estado “ofreciendo” (presionando) al gobierno de México, que no es otra cosa que intervenir, haciéndose cargo directamente de la seguridad nacional mexicana.

Las visitas de connotados dirigentes del PRI y del PAN a EE. UU. para pedirle al gobierno de ese país que venga a salvarnos, no son más que la parte que les toca protagonizar a los actores mexicanos, dentro de la estrategia ideada por el imperio.

Pero los dirigentes partidarios no son los únicos títeres mexicanos, sino que también están trabajando con los mismos propósitos imperialistas la mayor parte de los medios de comunicación y sus más destacados periodistas. Antes de que la movilización convocada formalmente por la autodenominada Generación Z lanzara sus acusaciones contra el gobierno (“Carlos no murió, el gobierno lo mató”; “MORENA lo mató”, “Fue el Narco-Estado”, “Gobierno asesino” etc.), muchos periodistas habían expresado lo mismo.

Federico Arreola llamó la atención sobre una nota en El Financiero, en la cual “Raymundo Riva Palacio expresó que con la muerte de Manzo “los criminales y el gobierno, por consecuencia, eliminaron una piedra incómoda en su camino”. https://www.sdpnoticias.com/opinion/oposicion-maravillosa-la-muerte-de-carlos-manzo-salinas-p-ya-tomara-chocolate/

Carlos Manzo: mártir político fabricado

En el mismo artículo, Arreola recupera algunas frases reveladoras de actores políticos de la derecha respecto al asesinato de Manzo, como las de Ricardo Salinas Pliego, quien dijo en sus redes sociales que al asesinado se lo “quitaron de encima”, que “mandaron silenciar a uno más”.

Y como las externadas por Diego Fernández de Cevallos: quien dijo que había sido una “muerte maravillosa” de “consecuencias valiosas”, como las protestas en Uruapan contra el gobierno federal de izquierda, que ojalá “sean preludio de lo que pronto veamos en las calles y plazas del país”.

Como bien dice Arreola sobre esas declaraciones, “son un llamado a la totalmente inaceptable violencia política callejera, que dado el contexto deberá ser investigado con toda seriedad por las autoridades mexicanas”

Sin duda tiene razón, y los actores activos del contexto también deberían ser investigados, especialmente los periodistas y los medios que él mismo exhibe como cómplices que participaron en el “evidente ejercicio de nado sincronizado con la oposición política”, en la preparación del ambiente (es decir, de la manipulación de la opinión pública) para que el asesinato produjera el cambio de timonel en la estrategia de seguridad.

La pregunta de Federico Arreola es elocuente: “¿Se trataba de construir artificialmente la popularidad de alguien condenado a morir?” Y concluye: “en efecto, de eso se trataba: de fabricar un mártir político”.

Él observó que meses antes de que el alcalde fuera sacrificado, se le había dado más relevancia (promoción) mediática que la que reciben la mayoría de los gobernadores(as) de México a pesar de que Uruapan es un pequeño municipio. Entre los que lo habían entrevistado o lo iban a entrevistar están los “formadores de opinión” más influyentes: Ricardo Raphael, Pascal Beltrán del Río, Jorge Fernández Menéndez, Carmen Aristegui, Carlos Marín, Joaquín López Dóriga, Carlos Alazraki, etcétera.

Yo acuso con verdad a los falsos acusadores

El valiente artículo de Federico Arreola recuerda al “Yo acuso” de Emilio Zolá, porque, guardadas las proporciones, así como éste pidió al presidente de Francia que se hiciera justicia a Dreyfus y acusó en primer lugar al coronel Du Paty du Clam, como el artífice de incriminar del caso a un inocente, y acusó además a todos los que intervinieron en esa misma línea, incluyendo a quienes promovieron una “abominable campaña a fin de desorientar a la opinión pública”, Arreola dice que las autoridades mexicanas deberán investigar los llamados a la violencia política callejera, dado el contexto que él mismo contribuye a denunciar sobre el papel cómplice de los periodistas que señala.

En la época de Zolá, seguramente no había alguna figura jurídica como las “Pruebas del Dolo” que hoy sí se tiene establecida en el Derecho Internacional y en las Leyes particulares de algunos países. Estas pruebas son hechos concatenados que demuestran la PREPARACIÓN del crimen, el MATERIALIZARLO y posteriormente beneficiarse de él con un PROPÓSITO POLÍTICO.

La resolución judicial del caso 2 de octubre de 1968 dejó establecido que fue un genocidio porque en la demanda se aportaron las pruebas del dolo, es decir, los elementos que demostraron que sí hubo la intención de destruir total o parcialmente a un grupo nacional (el CNH). Esa INTENCIÓN pudo probarse por la cantidad de hechos que dejaron fuera de toda duda que fue un crimen PLANEADO, pues lo sucedido no se debió a que los autores materiales se hubieran salido de control.

En el Derecho Internacional, las pruebas de dolo son esenciales para establecer la responsabilidad penal individual en casos de crímenes internacionales, como genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad.

Las pruebas de dolo fueron analizadas en el Tribunal Penal Internacional para la ex Yugoslavia (TPIY) y en el Tribunal Penal Internacional para Ruanda, entre otros casos.

Si ellos se atrevieron, nosotro(as) también nos atreveremos

Es de suponerse que cualquier mexicano tiene interés legítimo de obtener justicia (como tercero perjudicado), por un asesinato cuyo propósito fue contrario a la soberanía nacional y por lo tanto puede interponer una demanda en alguna instancia internacional de la ONU.

Lo que sí es seguro es que hay quienes estamos dispuestos a retomar los datos y los argumentos aportados por Federico Arreola, para alzar la voz y decir “Nosotros acusamos del crimen del presidente municipal de Uruapan a …”.

Buscando la verdad y la justicia en favor de Dreyfus, Zolá acusó al autor intelectual y a sus cómplices subordinados del caso. Entonces dijo: “si ellos se atrevieron, yo también me atreveré. Mi deber es hablar, no quiero ser cómplice”. En el caso mexicano, en busca de la verdad y la justicia para Manzo y en defensa de la soberanía nacional podríamos decir, parafraseando al revolucionario francés:

Por el asesinato de Carlos Manzo, si ellos se atrevieron, y si Raymundo Riva Palacio se atrevió a acusar al gobierno de haberlo “eliminado”, nosotro(as) nos atrevemos a acusar a los gobernantes de EE. UU. que se empeñan en intervenir militarmente en México, como lo están intentando también en otros países de América Latina.

Acusamos a los líderes políticos de la derecha mexicana y ultraderecha que instrumentan acciones para propiciar tal intervención estadounidense, incluyendo las solicitudes al gobierno de EE. UU. y la fabricación de un mártir político que olvidarán cuando ya no sea útil.

Acusamos a los periodistas y a los medios que prepararon el ambiente político propicio para el crimen que ahora buscan convertir en un “punto de inflexión” en beneficio de la derecha nacional e internacional

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Por Eduardo Ibarra Aguirre

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 16 de noviembre de 2025.- Pasada la tormenta michoacana que privó de la vida al alcalde Carlos Manzo, las aguas de la política adquieren un nivel más natural que emotivo por la tragedia, y surgen preguntas que aún no tienen respuestas convincentes y es pertinente retomarlas si en verdad se busca que la impunidad en Uruapan no acabe por predominar.

Una de las interrogantes la formula Alfredo Ramírez Bedolla contra el que desde el 1 de noviembre se concentraron las baterías para exigir su renuncia y exhibir «el desgobierno de Sheinbaum» por parte de la dictadura mediática en todas sus variantes, incluidas las redes sociales, que alcanzaron decibeles muy altos con el uso de robots y que seguramente costó mucho dinero y concertó esfuerzos y directivas de los que mandaban y pujan por volver el reloj de la historia mexicana al 30 de noviembre de 2018.

Ramírez Bedolla informó el lunes 10 que todas las líneas de investigación están abiertas por parte de la Fiscalía General del Estado, como la de por qué fue abatido el adolescente Víctor Manuel Ubaldo Vidales, el asesino material del beligerante alcalde Manzo, cuando «ya había sido detenido».

En esa pregunta podría estar una de las claves para ubicar quién dejó abierta la ventana para que el joven criminal accediera al primer círculo de seguridad del alcalde, lo rebasara y llegara a colocarse frente a su víctima mortal.

Es del conocimiento público que el malogrado Manzo puso en manos de sus «amigos» el primer círculo de seguridad y que los elementos del Ejército y la Guardia Nacional estaban en el círculo periférico. Grave error para un político que practicaba un discurso de confrontación con el crimen organizado de Uruapan, Michoacán y México.

Todo parece indicar que el discurso de Manzo no tenía correspondencia con la práctica gubernamental, pues el reportero Gil Medina que cubrió para el Canal Once la tragedia política de Uruapan, informó dos veces en Masiosare (10-XI-25) que de la partida presupuestal para seguridad pública sólo se ejerció el 20%, de acuerdo al informe anual del alcalde.

Se trata de dos contrasentidos mayúsculos, relegar a un segundo plano al Ejército y la Guardia Nacional para que los «amigos de confianza» la realizaran y retar discursivamente a las mafias que operan en Michoacán por lo menos desde los años 60 del siglo pasado, aunque ahora con otras denominaciones o franquicias criminales, y sólo ejercer la quinta parte del presupuesto en seguridad pública.

Asiste la razón al general secretario Ricardo Trevilla cuando al responder a Dalila Tovar en la Conferencia del Pueblo, el martes 11 dijo categórico: «Nuestro protocolo no falló», claro que no porque Manzo tenía uno propio y por lo visto no reparó en que ningún grupo de «amigos de toda mi confianza» puede sustituir la experiencia y los recursos humanos y técnicos de una institución más que centenaria y clave para el Estado mexicano.

Y para acabar de enredar el panorama político, circula ampliamente un video de junio del presente año, en el que Manzo Rodríguez se despide de Rubén Moreira, Jesús Ortega, Rubén Aguilar y Carlos Alazraki, distinguidos personajes del PRIAN, y en el que reivindica la política criminal de Porfirio Díaz del «¡Mátalos en caliente!» https://www.sinembargo.mx/4724436/video-exhibe-a-carlos-manzo-con-moreira-alazraki-aguilar-y-otros-cuadros-de-derecha/

Pero no hay mal que por bien no venga. Michoacán recibirá del gobierno de Claudia Sheinbaum una inversión de más de 57 000 millones de pesos, con base en 12 ejes centrales y más de 100 acciones con el Plan Michoacán por la Paz y la Justicia.

Acuse de recibo

La aprobación del corruptísimo dictadorzuelo que mal preside Estados Unidos, Donald John Trump, «sufre una caída tan grave y rápida como ningún otro líder del país norteamericano ha experimentado en la historia reciente, informó este domingo The Economist citando los resultados de una encuesta realizada por YouGov. Según los datos, el nivel neto de aprobación del republicano, que incluye a los que aprueban el trabajo de Trump menos los que no, es de -18%, lo que supone tres puntos porcentuales menos que en cualquier momento de su primer mandato entre 2017 y 2012″… Para simbolizar este revés que debe herir su megalomanía, Donaldo Juan recibió el repudio generalizado de los asistentes al estadio de Washington durante un juego de la NFL y su equipo de seguridad optó por retirarlo enseguida… Agradezco a todas las personas que se mantuvieron al tanto del estado de salud del primogénito y doctor Alexis Ibarra Martínez durante su hospitalización y quien por fortuna ya se encuentra en casa… Recomendación de la doctora Elba Pérez Villalba: Informando a Moscú. Comunicaciones políticas de la Embajada Soviética en Santiago de Chile entre 1970-1973. Editores Andrey Schelchkov y Manuel Loyola. 2025. https://www.ariadnaediciones.cl/index.php/catalogo/307… Para que usted consulte cientos de las 3052 utopías del redactor, https://indicepolitico.com/category/eduardo-ibarra-aguirre/

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AMEXI. Ciudad de México. 13 de noviembre de 2025.- El Ayuntamiento de Uruapan, Michoacán, confirmó la suspensión del tradicional desfile cívico conmemorativo de la Revolución Mexicana, uno de los eventos cívicos más importantes del año, debido a los recientes hecgos de inseguridad y para proteger a la ciudadanía.

En un comunicado dirigido «Al Pueblo de Uruapan», el gobierno municipal explicó que «debido a las circunstancias de inseguridad que se han presentado en nuestra ciudad, se cancela el desfile conmemorativo del 20 de noviembre».

El ayuntamiento enfatizó que esta medida «se toma con profundo respeto y responsabilidad, priorizando la seguridad y tranquilidad de todas las familias uruapenses».

Un luto que refleja la crisis

Esta decisión se enmarca en el luto que vive el municipio tras el reciente asesinato de Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre, en un evento público.

La cancelación del desfile es uno de las acciones de la nueva administración de Grecia Quiroz García, quien asumió el cargo de presidenta municipal sustituta el pasado 5 de noviembre, tras el asesinato de su esposo.

En el comunicado oficial, la autoridad reconoce a Manzo, «a quien recordamos con admiración, compromiso y profundo cariño».

«Agradecemos la comprensión y solidaridad de la ciudadanía en estos momentos difíciles. Sigamos unidos por el bienestar y la paz de Uruapan», puntualizó.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 08 de noviembre de 2025.- La creciente ola de violencia contra autoridades locales en México, con el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, como punto crítico, encendió los focos rojos del Gobierno federal y sus agencias de seguridad, después de que en los últimos 12 meses 10 presidentes municipales fuesen asesinados en varios estados del país.

De acuerdo con registros oficiales, la reciente ola de atentados contra alcaldes inició el 6 de octubre de 2024 con el asesinato de Alejandro Arcos Catalán (Partido Revolucionario Institucional, PRI), presidente municipal de Chilpancingo, Guerrero.

Desde entonces, una decena de ediles han sido asesinados en localidades de Oaxaca, San Luis Potosí, Guerrero y Michoacán.

Sin embargo, el que ha despertado las alarmas es el de Carlos Manzo Rodríguez (independiente), quien fue ejecutado en Uruapan durante un evento público del Día de Muertos.

Su asesinato ha generado una fuerte indignación no solo en Michoacán, donde se han registrado protestas y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales, sino en todo el país.

Según el Gobierno mexicano, Manzo contaba con protección federal y municipal desde 2024, reforzada a principios de 2025, lo que incrementa la preocupación sobre la vulnerabilidad de las propias autoridades.

En Uruapan, una ciudad de unos 360 mil habitantes, operan varias organizaciones criminales, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya.

El eslabón más débil

En México existen tres niveles de gobierno —federal, estatal y municipal—, cada uno con sus propias competencias y funciones, pero todos bajo la amenaza del crimen organizado, que controla cientos de municipios.

“(El nivel municipal) es el eslabón más débil de las estructuras de gobierno en este país”, explicó a EFE el profesor-investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Javier Oliva.

“Y en un país en el que la ley es federalista, pero en la práctica es centralista, el municipio es el que sale con la peor parte en términos de presupuesto. En buena parte eso explica no solo los problemas de seguridad, sino de toda naturaleza: servicios urbanos, salud y otros rubros”, añadió.

Donde inicia el control del crimen organizado

Según la organización Data Cívica, en su estudio Votar entre Balas, un reporte sobre la violencia político-criminal en México, “el poder municipal es el eslabón más vulnerable frente al control territorial del crimen organizado”, y casi el 80% de las víctimas de esta violencia se concentran en ese nivel.

Para Oliva, especialista en Seguridad Nacional, los municipios están altamente expuestos ante el embate del crimen organizado y sus disputas territoriales, ya que los presidentes municipales son responsables directos de la seguridad pública.

“Estableciendo la comparación a nivel de las instituciones de seguridad pública, de manera análoga, las policías municipales son las que menos condiciones tienen para hacerle frente, estructuralmente, al problema de la inseguridad, la violencia y el crimen organizado”, expuso.

La misma ONG indicó que, en lo que va de 2025, Michoacán ha registrado 25 ataques dirigidos contra personas del ámbito político, el 88% de ellos contra funcionarios de nivel municipal.

El mensaje

Para el especialista, el mensaje que deja el asesinato de Carlos Manzo al Gobierno es de impunidad y desafío. “Esa es la evidencia que pone, y por el otro lado, la falta de responsabilidad en primera instancia de los gobiernos estatales”.

Advirtió además que estados como Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa y Guanajuato también “se han visto gravemente afectados en los últimos años por la actividad criminal”.

Por último, Oliva lamentó que entre los cuatro puntos que plantea el Plan Michoacán —presentado esta semana por la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir la violencia e inseguridad en el estado— “no viene un solo punto donde se señale el desmantelamiento de las actividades criminales”.

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Periodistas Unidos. Uruapan, Michoacán. 07 de noviembre de 2025.- Más de 60.000 habitantes de Uruapan y municipios aledaños paralizaron la “capital mundial del aguacate” este viernes con un paro total de actividades y una masiva Marcha por la Paz, exigiendo justicia por el asesinato del alcalde Carlos Manzo Rodríguez, perpetrado el 1 de noviembre durante las celebraciones del Día de Muertos. La movilización, convocada por cámaras empresariales, productores de aguacate, asociaciones civiles y estudiantes, transcurrió de manera pacífica desde las 10:00 horas, partiendo de la Plaza Morelos —el sitio del crimen— hacia el Palacio Municipal, donde la viuda de Manzo, Grecia Quiroz, quien asumió como alcaldesa sustituta, se unió al contingente con un sombrero blanco en honor a su esposo.

Vestidos de blanco y con sombreros —símbolo del movimiento “Los del Sombrero” que llevó a Manzo al poder como independiente en 2024—, los manifestantes portaron velas, fotos del edil y pancartas con consignas como “Justicia para Carlos, no más impunidad” y “Uruapan se levanta, Bedolla renuncia”. El paro, que incluyó el cierre de comercios, escuelas y fábricas, generó un silencio ensordecedor en las calles, roto solo por los cláxones de una caravana de camiones de carga y el galope de jinetes que se sumaron al recorrido. “Esto no es vandalismo; es un clamor por la paz. Carlos luchó solo, pero hoy somos miles”, declaró Quiroz en un mitin al frente del ayuntamiento, sosteniendo el sombrero de su esposo y denunciando amenazas recientes contra su familia.

La marcha, que culminó con una vigilia en la Plaza Morelos alrededor de las 14:00 horas, se extendió a Morelia y Apatzingán, donde decenas de personas caminaron en silencio exigiendo el fin de la violencia en Michoacán. En la capital estatal, alumnos de nueve instituciones educativas se unieron a una “Marcha de Luz y Paz” el jueves, colocando velas frente al Palacio de Gobierno, mientras en Apatzingán hubo destrozos menores en el ayuntamiento local. Estas acciones marcan el sexto día consecutivo de protestas en el estado, que han derivado en disturbios previos: el 2 de noviembre, cientos irrumpieron en el Palacio de Gobierno de Morelia, causando daños en oficinas y ventanales, lo que resultó en ocho detenciones por la Fiscalía General del Estado (FGE).

Manzo, de 40 años y apodado “El Bukele Mexicano” por su mano dura contra el crimen organizado, cayó abatido por seis disparos de sicarios infiltrados en el Festival de las Velas, un evento tradicional que atraía a miles. Autoridades federales abatieron a uno de los atacantes —identificado como Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de 17 años, originario de Paracho— y detuvieron a dos más, con la FGE avanzando en la pesquisa sin descartar nexos con el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), que disputa con grupos como Los Caballeros Templarios, Los Viagras y Pueblos Unidos el control de rutas de narcotráfico y el mercado del aguacate en Uruapan.

El crimen, que eleva a seis los alcaldes asesinados en México en 2025 y a tres en Michoacán, ha desatado una ola de indignación nacional. La presidenta Claudia Sheinbaum calificó las manifestaciones como “naturales” y “dolorosas”, pero rechazó su politización por la oposición, recordando que Manzo contaba con protección federal desde diciembre de 2024, reforzada en mayo de 2025 con 14 elementos de la Guardia Nacional. “El dolor del pueblo de Uruapan es natural; no se usa políticamente”, afirmó, anunciando el “Plan Michoacán por la Paz y la Justicia” con mesas de diálogo comunitario, fiscalía especializada y mayor despliegue federal.

El gobernador Alfredo Ramírez Bedolla, también de Morena, repudió los “cobardes atentados” y coordinó con la FGR, pero fue abucheado en el funeral de Manzo y acusado de complicidad en las protestas, con gritos como “Bedolla asesino” y “¡Manzo no murió, el Estado lo mató!”. Senadores opositores como Luis Donaldo Colosio (MC) y Marko Cortés (PAN) se sumaron al clamor, exigiendo la renuncia de Bedolla y una “revisión total” de la estrategia de seguridad.

Mientras la Marcha por la Paz cierra con un mitin multitudinario, Uruapan llora a su líder y clama por un Michoacán sin balas. Organizaciones como Insight Crime advierten que el estado concentra el 15% de los homicidios políticos nacionales, con más de 1.200 en 2025. En un Día de Muertos extendido al duelo colectivo, estas 60.000 voces recuerdan que la impunidad —que solo condena al 2% de los casos— no es opción: la paz se construye en las calles, no en promesas.

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Por Humberto Musacchio

Periodistas Unidos. Ciudad de México, 06 de noviembre de 2025.- El asesinato del alcalde de Uruapan y la protesta generalizada de los michoacanos es una muestra, apenas una, de la insatisfacción popular. Si la primera responsabilidad de un gobierno es la seguridad de los ciudadanos, queda claro que, hasta ahora, las autoridades no han podido o no han querido poner orden. Ni lo pondrán, aunque quieran, si todo se reduce a tirar balazos.

Terribles momentos los que le han tocado a la presidenta Claudia Sheinbaum, quien, al llegar a su actual cargo, encontró las arcas vacías, todas las obras del sexenio anterior sin terminar, una deuda pública que ya anda arañando los 20 billones de pesos, una economía hundida en algo menos que la mediocridad, 54% de la población económicamente activa en la informalidad, inseguridad en toda la República, presiones de todo tipo provenientes de Estados Unidos, pobreza y mil problemas más.

La doctora Sheinbaum culpa de la situación a periodistas que llama “comentócratas” y a Felipe Calderón, quien dejó la Presidencia hace 13 años. Si así fuera, los problemas tendrían pronta y eficaz solución. Pero el diagnóstico es equivocado. El principal responsable de la situación del país es Andrés Manuel López Obrador, quien renunció a la aplicación de la ley y, en lugar de eso, ofreció abrazos a los criminales.

Los periodistas pueden advertir problemas, estimar su alcance y, si se quiere, hasta proponer soluciones, aunque eso no está en sus deberes y generalmente tampoco en sus capacidades. De modo que nada se puede solucionar llamando al linchamiento de todos aquellos que discrepan del optimismo gubernamental.

Felipe Calderón fue un mandatario nefastísimo, pues militarizó el país dizque para combatir el crimen, pero puso al frente a un sinvergüenza que ahora purga una larga condena en Estados Unidos. Impuso a los militares deberes que no les corresponden y el resultado lo conocemos todos: la delincuencia no ha disminuido, siguen las matanzas y, día a día, crece el número de “desaparecidos”, como les llaman ahora a las víctimas que, vivas o muertas, son incineradas o sepultadas ilegalmente.

Policías municipales, estatales y federales, así como cuerpos militares o militarizados, hasta ahora, no han podido contener la criminalidad y cubre a la nación un aire de inseguridad, de miedo y de peligro cierto. De poco sirve detener a dos o tres capos y mandarlos a Estados Unidos para que allá los juzguen, lo que implica una renuncia del Estado mexicano a la impartición de justicia.

Pero hay algo peor. Centrarse en el combate y captura de los capos hace que sus lugartenientes se repartan el pastel, y donde había una mafia surgen dos, tres o más. Por supuesto, en la ley está la obligación de combatir la delincuencia empleando toda la fuerza y los recursos de que dispone el Estado, pero igualmente ha de buscar caminos políticos que eviten la reproducción aumentada de las pandillas y le resten a los malos base social, que la tienen y es amplia y poderosa.

El Chicago de los años veinte es un caso que cabe analizar en las condiciones del México actual. Eran los días de la prohibición y la producción, importación y tráfico de bebidas alcohólicas estaban prohibidos. Esa ley generó una corrupción generalizada entre los políticos y policías, beneficiados por el dinero que recibían de los gánsteres.

Como resultado, las medidas de fuerza, lejos de reducir el delito, promovieron que aumentara, hasta que Franklin Delano Roosevelt, una vez electo presidente en 1933, envió agentes confidenciales a pactar con las mafias —hoy diríamos cárteles— y, a cambio de que abandonaran las actividades criminales, les propuso amnistiarlos y que invirtieran sus fortunas en un lugar de Nevada donde los trenes se detenían para obtener agua. Así nació Las Vegas.

Para entonces, Al Capone ya estaba en la cárcel, de modo que él no se benefició del ofrecimiento rooseveltiano, pero la mayoría de los capos recibieron con buena disposición la oferta, pues ellos y sus pistoleros podrían tener una vida aceptable dentro del marco legal, lo que les permitió vivir en paz con sus familias y convertirse en poderosos hombres de empresa.

Los que no aceptaron fueron minoría y se les persiguió de manera implacable. ¿Podremos ver algo semejante en México?

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