Periodistas Unidos. Ciudad de México. 17 de septiembre de 2026.- Montserrat Jiménez y Layla Sánchez entrevistan a Carmen Sánchez, presidenta de la Fundación Carmen Sánchez, sobre la movilización de familias de la zona oriente del Estado de México que exigen avances concretos en sus procesos de justicia.

Carmen Sánchez habla sobre el acompañamiento a mujeres sobrevivientes de violencia química, así como a madres y familias que buscan justicia por feminicidios, desapariciones y violencia sexual. Explica las razones que llevaron a las familias a cerrar la calzada Ignacio Zaragoza y reclamar información sobre sus carpetas de investigación.

La entrevista aborda las dificultades que enfrentan las familias para trasladarse hasta Toluca, la falta de respuestas de ministerios públicos y policías de investigación, y la necesidad de conocer con claridad los avances de cada proceso. También se analiza la atención de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y las limitaciones de los servicios jurídicos y psicológicos.
Carmen Sánchez destaca además la importancia de las redes de apoyo, la solidaridad entre mujeres y la difusión en redes sociales para acompañar a las familias que continúan buscando justicia.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 12 de enero de 2025.- El 9 de enero de 2026, en el Centro de Justicia Penal Federal del Poder Judicial de la Federación en la Ciudad de México, más de 200 familias afectadas por el presunto fraude de la empresa yucateca Inversión Colectiva Inmobiliaria (INVERCO) realizaron una manifestación y participaron en una audiencia clave para su reconocimiento como víctimas indirectas en una investigación por lavado de dinero.

El abogado Jesús Othón Baca Cacho, representante legal del colectivo Familias Unidas contra Inverco, anunció durante una conferencia de prensa que esta audiencia sienta las bases legales para que las víctimas colaboren activamente con la Fiscalía General de la República (FGR) en la investigación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, derivadas del delito antecedente de fraude cometido por la empresa en el proyecto inmobiliario Pedregales de Misnébalam, ubicado en Mérida y Progreso, Yucatán.

Baca Cacho explicó que la denuncia por lavado de dinero, presentada en junio de 2025 ante la FGR con base en información de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), busca esclarecer el desvío de fondos a destinos fuera del país. Solicitó a la FGR revisar con detenimiento los escritos presentados y reconocer la calidad de víctimas indirectas, lo que permitiría impulsar actos de investigación diligentes y, eventualmente, el ejercicio de la acción penal contra los responsables.

El abogado destacó que el fraude involucra a más de 200 familias representadas por su despacho, que equivalen aproximadamente a una cuarta parte de las unidades vendidas (al menos 500 de más de 700 proyectadas), con un monto defraudado superior a 200 millones de pesos (parte de un total estimado mayor en el caso general). Muchas víctimas pertenecen a grupos vulnerables: adultos mayores, personas con problemas de movilidad y migrantes mexicanos radicados en Estados Unidos, Canadá y otros países, quienes invirtieron sus ahorros con el sueño de regresar a México para una jubilación tranquila, atraídos por campañas de marketing digital dirigidas a perfiles vulnerables.

En la manifestación, los afectados corearon consignas como “¡Cárcel a Inverco!”, “¡Justicia, justicia!” y “¡Ernestina, escucha y apoya nuestra lucha!”, dirigidas a la fiscal general Ernestina Godoy. Expresaron confianza en su gestión para combatir la impunidad en fraudes inmobiliarios y delitos de cuello blanco, recordando su trayectoria previa en la Fiscalía de la Ciudad de México. Pidieron sensibilidad y colaboración para recuperar su patrimonio, y llamaron al secretario de Seguridad Ciudadana, Omar García Harfuch, a escalar el caso a la Mesa de Seguridad Nacional como prioritario en materia de cárteles inmobiliarios y lavado de dinero. Baca Cacho confirmó que han buscado entrevistas con Harfuch desde meses atrás y presentaron escritos en diversas dependencias federales.

Los manifestantes enfatizaron que, tras cobrar casi la totalidad del valor de las propiedades prometidas sin construirlas ni entregarlas, los fondos fueron presuntamente lavados por los accionistas y la empresa misma. Paralelamente, avanzan investigaciones por fraude en la Fiscalía de Yucatán y un juicio mercantil para la devolución de recursos.

Esta acción forma parte de una estrategia legal sostenida por el colectivo, que ha interpuesto denuncias múltiples y obtenido dictámenes favorables en instancias como la PROFECO en etapas previas. El grupo reiteró su exigencia de reconocimiento oficial como víctimas para coadyuvar en la procuración de justicia y recuperar lo invertido.

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