EFE. Washington, Estados Unidos. 20 de junio de 2026.-  El enviado especial de Estados Unidos para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente Donald Trump, Jared Kushner, se encuentran ya en Suiza para la primera ronda de negociaciones con Irán, prevista para este domingo, según declaró este sábado el vicepresidente estadounidense, JD Vance, a la cadena Fox.

«Jared y Steve llevan varias horas sobre el terreno, ocupándose de algunos aspectos técnicos de esta negociación», dijo Vance en una entrevista con la cadena estadounidense antes de que Irán anunciase que cierra el estrecho de Ormuz debido a los ataques israelíes en el Líbano.

Durante la conversación con Fox, el vicepresidente aseguró que este viernes salieron del estrecho de Ormuz más de 16 millones de barriles de petróleo, un «récord» comparado con el periodo anterior al inicio del conflicto, dijo.

Vance adelantó que tiene previsto unirse en «los próximos días» a las negociaciones con Irán, en las que participarán también representantes gubernamentales de Pakistán y Catar.

El vicepresidente habló sobre la necesidad de controlar las reservas de uranio enriquecido de Irán, una petición que ha hecho expresamente Trump para las conversaciones que deben resultar en un acuerdo nuclear definitivo antes del 19 de agosto.

La televisión nacional suiza indicó que el director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, estaría presente en la localidad suiza de Bürgenstock, donde están previstas las reuniones.

Washington y Teherán firmaron este semana un memorando de entendimiento que desde el pasado jueves abre un periodo de 60 de tregua para alcanzar un acuerdo final que ponga fin a la guerra iniciada por Israel y EE.UU. el pasado 28 de febrero.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 22 de mayo de 2026.- En esta emisión de “Después de la Letra… la Palabra” de Periodistas Unidos, Témoris Grecko y Alejandro Meléndez entrevistan a Miguel Zúñiga y Patricia Luevano sobre el secuestro de integrantes de la Global Sumud Flotilla por tropas israelíes en aguas internacionales. Hablan del caso de Sol González, Violeta Núñez, Paulina del Castillo, Al Buthuazén y Diego Vázquez; las acciones de la Secretaría de Relaciones Exteriores; las denuncias contra Israel por violaciones al derecho internacional; y el llamado a la movilización social y diplomática para frenar el genocidio en Gaza.

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EFE. Ciudad de México. 30 de enero de 2025.- El Gobierno mexicano solo ha reportado dos casos de presuntas violaciones de derechos humanos de migrantes deportados en las primeras dos semanas de la Administración de Donald Trump en Estados Unidos, informó este jueves la presidenta de México, Claudia Sheinbaum.

“En todos los casos, cuando llegan a México llegan sin esposas, sin ningún elemento, cuando llegan se les hace una entrevista para ver si hubo violaciones de derechos humanos, tenemos de estos días dos casos, uno de una mujer guatemalteca y otro de un compatriota que hablan de violación a sus derechos humanos», expuso.

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AMEXI. Ciudad de México. 11 de noviembre de 2024.- En los primeros 40 días del gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, diversas organizaciones sociales y sindicatos vinculados a la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) expresan  preocupación por el incremento de violaciones a los derechos humanos y laborales.

Durante este periodo, se registran  varios asesinatos de luchadores sociales, nuevos presos políticos, y un aumento en la violencia laboral. Estas denuncias marcan el inicio de la administración de Sheinbaum, que según las organizaciones, es negativo para los movimientos sociales y sindicales.

Preocupación por la creciente violencia y represión

En el encuentro que se realizó en San Luis Potosí, representantes de sindicatos como el Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua (SITIMTA) y el Sindicato de la Unión de Trabajadores del Instituto de Educación Media Superior (SUTIEMS), junto a más de 20 organizaciones sociales, denunciaron la incertidumbre laboral y el aumento de los riesgos que enfrentan los activistas sociales y defensores de derechos humanos.

La reunión fue presidida por el profesor Pedro Hernández Morales de la Sección 9 de la CNTE, y contó con la participación de representantes de la Sección 22 y Sección 18 de la CNTE.

Crímenes de Estado y violencia contra defensores sociales

Las organizaciones denunciaron una serie de crímenes de Estado, entre los que destacan la desaparición forzada de la activista Sandra Domíguez en Oaxaca el 4 de octubre, un caso vinculado a funcionarios cercanos al gobernador Salomón Jara Cruz. También señalaron el asesinato del sacerdote Marcelo Pérez en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, ocurrido el 20 de octubre, y el feminicidio de dos mujeres triquis, Adriana y Virginia Ortiz García, integrantes del Movimiento de Unificación y Lucha Triqui (MULT). Estos crímenes ponen en evidencia la falta de seguridad para los líderes sociales en el país.

Nuevos presos políticos y hostigamiento a líderes sindicales

El movimiento sindical reporta nuevos casos de detenciones arbitrarias y presos políticos. Uno de los casos más recientes fue la detención de Juan Carlos Guillen Moreno, un indígena Tseltal y activista de MODEVITE (Movimiento en Defensa de la Tierra y el Territorio), la detención ocurrió el 9 de octubre en Chiapas. También se denunció el levantamiento de la dirigente de Campamentos Unidos de Matamoros (CUMAT), Lorena Vargas Ramírez, el 17 de octubre, quien fue secuestrada por civiles armados en Tamaulipas y desaparecida durante varias horas.

Estos casos son parte de un patrón más amplio de hostigamiento hacia los dirigentes sociales y sindicales, con amenazas y detenciones como los casos de Juan Carlos Escalante Aguilar (ANUEE), Miguel Ángel Wong Soto (CMAP), y José Antonio Altamirano Marín (Sección 22 de la CNTE).

Demandas laborales y educativas no resueltas señala la CNTE 

En cuanto a las demandas laborales y educativas, se destacó la reunión que la CNTE sostuvo el 30 de octubre con la presidenta Claudia Sheinbaum, en la que se establecieron compromisos de atención a las demandas magisteriales. Sin embargo, Pedro Hernández Morales expresó que aún persisten grandes preocupaciones sobre la reforma educativa y la falta de avances en la mejora de las condiciones laborales para los maestros, especialmente debido al régimen de excepción laboral que sigue vigente desde la reforma educativa de 2013.

Por otro lado, el SUTIEMS denunció que el outsourcing continúa afectando a los trabajadores del gobierno de la Ciudad de México, y anunciaron una movilización para el 12 de noviembre en busca de una audiencia con la jefa de gobierno, Clara Brugada.

Desaparición del IMTA y su impacto en la seguridad hídrica

El Sindicato Independiente de Trabajadores del Instituto Mexicano de la Tecnología del Agua (SITIMTA) alertó sobre una reforma legislativa en la Cámara de Diputados que busca la desaparición del IMTA. Esta medida pondría en riesgo la seguridad hídrica de México, ya que el IMTA es un instituto clave en la investigación y protección del agua, un recurso vital para el país.

Conclusión: Un gobierno marcado por la violencia y la falta de respuestas

En resumen, los primeros 40 días del gobierno de Claudia Sheinbaum se valoraron por diversas organizaciones y la CNTE como un periodo de represión y violaciones a los derechos humanos. Los crímenes de Estado, el hostigamiento contra activistas, los nuevos presos políticos, y las demandas laborales y educativas no resueltas son solo algunos de los retos que enfrenta la administración actual.

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AMEXI. Cuernavaca, México. 24 de septiembre de 2024.- El expresidente del Colegio de Abogados Laboralistas, Marco Antonio García García, interpuso  una demanda de juicio político contra todos los juzgadores del país por violaciones a la Constitución.

La demanda por Juicio Político ante la Cámara de Diputados es por diversas violaciones a la constitución, entre la que se encuentra la denegación de justicia, y va dirigida contra jueces federales, magistrados de circuito y los ministros en rebeldía de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

”De acuerdo con la Constitución debe ser destitución, de acuerdo con el código penal, debe ser cárcel y las dos cosas están cometiendo. Son conductas oficiales, administrativas, políticas y penales las que se deben de sancionar”, aseguró el abogado.

Indicó que el viernes pasado acudió ante la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión para iniciar el trámite de Juicio Político en referencia.

En rueda de prensa, García García aseguró que es falso que el Poder Judicial se mantenga activo y tomando en cuenta los casos “urgentes”, además de que esa “urgencia” es estimada de manera unilateral, lo que convierte esa atención en un subjetividad.

“Totalmente falso. Ellos mencionan y se escudan, como lo ha hecho siempre la corte, en que sólo va a atender los casos urgentes. ¿Los casos urgentes cuáles son? O sea, es una cuestión subjetiva, ambigua que nos vuelve a colocar en incertidumbre jurídica”, añadió.

Insistió que las acciones que realizan como protesta los trabajadores y miembros del Poder Judicial de la Federación (PJF) son violaciones a la constitución, aunque muchos de las acciones que también realizan se acercan a la rebelión.

“Los principios de legalidad y certeza jurídica las tocan. El artículo 17 constitucional es claro, todos los tribunales en este país deben estar expeditos para impartir justicia.

”Expeditos es que deben estar al pendiente y no debe haber un obstáculo. La justicia no puede paralizarse por ningún pretexto”, agregó.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 23 de marzo de 2024.-  El Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) ha sido objeto de una denuncia presentada por la corriente disidente Telefonistas Construyendo Democracia debido a presuntas violaciones al estatuto interno durante el reciente proceso electoral interno. Estas acusaciones apuntan directamente a la permanencia ininterrumpida de Francisco Hernández Juárez en la Secretaría General durante 48 años.

La denuncia, registrada el 21 de marzo en la Secretaría del Trabajo, resalta diversas irregularidades en el proceso electoral del STRM. Entre estas se incluyen la presunta ilegalidad e ilegitimidad de acuerdos tomados en la Convención Nacional Ordinaria Democrática de los Telefonistas en septiembre de 2023. Estos acuerdos, según la denuncia, modificaron temporalmente el artículo 54 del estatuto para permitir la participación del Secretario General en el proceso electoral siguiente, lo que eventualmente podría resultar en su reelección para otro período.

Otro punto de la denuncia se enfoca en la convocatoria a un proceso de integración de la denominada «Planilla de los Trabajadores», descrita como un entramado que la Secretaría General del STRM orquesta cada cuatro años. Esta acción, según los denunciantes, viola el estatuto interno del sindicato al poner a disposición de la planilla oficialista todos los recursos y el aparato burocrático de la organización sindical, financiados con fondos de las cuotas sindicales.

La denuncia también cuestiona la imparcialidad del proceso electoral al señalar prácticas que, según los denunciantes, equivalen a una «elección de Estado». Se menciona la competencia contra el aparato sindical, el apoyo de la empresa Telmex, los guardias de vigilancia y el personal de confianza que presuntamente obstaculizan el acceso a las instalaciones de la empresa para eventuales planillas contendientes.

Ante estas acusaciones, se solicita a las autoridades de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social investigar y anular el actual proceso electoral en el STRM. Se argumenta que las prácticas denunciadas no solo violan el estatuto vigente, sino que también suprimen las condiciones de igualdad para las diferentes planillas que deseen participar en los procesos electorales del sindicato.

Esta denuncia pone en relieve la importancia de la transparencia y la democracia en los procesos electorales internos de los sindicatos, así como la necesidad de garantizar condiciones equitativas para todas las partes involucradas.

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EFE. Ciudad de México. 23 de agosto de 2023.- La organización Comité Cerezo contabilizó 128 violaciones a los derechos humanos atribuidas a autoridades en contra de personas defensoras de los mismos, tras un año marcado por el empoderamiento de las Fuerzas Armadas y asesinatos de periodistas y activistas informaron este martes en conferencia de prensa.

El informe anual de la organización, realizado por las organizaciones Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos A.C., el Comité Cerezo México y la Campaña Nacional Contra la Desaparición Forzada, se titula «Defender los derechos humanos en México: los grandes pendientes».

El Comité Cerezo, creado a raíz de la detención, tortura y encierro de los hermanos Alejandro, Héctor y Antonio Cerezo en agosto de 2001, detalló que estas 128 violaciones, según documentaron, implicaron 188 actos violatorios de los derechos humanos en México entre julio de 2022 a mayo de 2023 que afectaron a 48 organizaciones, 47 comunidades y 32 personas.

De los eventos de otras violaciones a los derechos humanos a defensores, concretaron que en 2022 fueron 147 y en lo que va de 2023 contabilizaron 50.

Los que más los sufrieron fueron las organizaciones que recibieron 48 de ellas, seguidos de comunidades con 47 y personas con 32.

De todas ellas, 31 se concentraron en la capital mexicana mientras que 18 se dieron en el estado estado de Michoacán (oeste) y 12 tanto en Chiapas como en Oaxaca, ambos estados situados en el sur del país.

De los datos anteriores y otros contenidos en el informe, el Comité Cerezo destacó cuatro aspectos preocupantes en sus conclusiones, el primero de ellos el incremento del número de organizaciones agredidas de 39 a 48, y de comunidades de 28 a 47.

En segundo lugar, el aumento de la participación en otras violaciones de los derechos humanos de Gobiernos del Movimiento Regeneración Nacional (Morena) -partido del presidente Andrés Manuel López Obrador- y el incremento desde el Gobierno federal.

El siguiente aspecto preocupante es el incremento de los golpes como tipo de agresión y el incremento de la vigilancia y la recopilación de información como tipo de hostigamiento.

Por último, la lentitud del desarrollo y mejoría y perfeccionamiento en la aprobación de la Iniciativa que contiene proyecto de decreto por el que se reforman dos artículos constitucionales y del Proyecto de ley de las personas defensoras de los derechos humanos y periodistas realizada e impulsada principalmente por Acción Urgente para Defensores de Derechos Humanos A.C. (Acuddeh).

APOYO DE ONU-DH

Por su parte, presente en la conferencia de prensa, Jesús Peña Palacios, representante adjunto en México del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH), destacó dos de las recomendaciones que contiene el informe.

La primera la de ir más allá de los Mecanismos de protección de personas defensoras de derechos humanos y periodistas federal y estatales, y la segunda la de realizar campañas que sensibilicen sobre la labor de los defensores como manera de contrarrestar la estigmatización en su contra.

Recordó que el Comité Cerezo lleva más de una década realizando este tipo de trabajo que «representa un esfuerzo de muchas personas».

«Frente a todos y todas queremos reiterar la valiosa y legitima labor de las y los defensores de derechos humanos que es fundamental para la democracia en un país, no es solo una actividad legitima y honrable, sino un derecho en sí mismo», destacó Peña Palacios.

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• 23 organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales documentan diversas violaciones a derechos humanos en torno al megaproyecto.

• La mayoría de agresiones ocurren en contra de personas integrantes de pueblos y comunidades indígenas; las intervenciones violentas provienen en gran medida de la Marina y la Guardia Nacional

Periodistas Unidos. Juchitán de Zaragoza, México.  29 de julio de 2023.- El 27 de julio, concluyó la Misión Civil de Observación que inició el 25 de julio en la región del Istmo de Tehuantepec, Oaxaca, con el objetivo de documentar las violaciones a los derechos humanos y las agresiones contra personas y comunidades defensoras en el contexto del megaproyecto denominado Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec (CIIT)

En la Misión de Observación participaron 23 organizaciones de la sociedad civil nacionales e internacionales y 8 representantes de prensa de medios nacionales e internacionales. En el recorrido de tres días visitaron a personas y comunidades afectadas de la zona norte en el campamento “Tierra y Libertad” de Mogoñé Viejo, Oaxaca, por el Polo de Desarrollo en Santa María Mixtequilla, a las y los comuneros agredidos en Santa Cruz Tagolaba y en Puente Madera.

Las personas y organizaciones participantes en la Misión concluyeron que en la ejecución del CIIT están ocurriendo violaciones a los derechos humanos de las personas habitantes de estas zonas y a quienes defienden los derechos colectivos de las comunidades indígenas; específicamente sus derechos: i) a la información, ya que las comunidades reclaman que no han tenido acceso a toda la información relevante relativa a la construcción del megaproyecto y a las afectaciones de éste en sus territorios; ii) a la participación, la libre determinación, al territorio, a un medio ambiente sano y a la identidad cultural. Esto, debido a que no se llevó a cabo una consulta previa, libre e informada de acuerdo con lo que establecen los estándares nacionales e internacionales; y iii) a la vida, la integridad, la libertad personal y la libertad de expresión, entre otras, debido a las agresiones físicas, hostigamientos y criminalización que están viviendo, sobre todo quienes están liderando la lucha por la naturaleza, la tierra y el territorio.

En la conferencia de prensa que se realizó este jueves 27 de julio, en Juchitán, Oaxaca, las organizaciones nacionales e internacionales expresaron su preocupación frente a los eventos de agresión registrados en el marco de la construcción del megaproyecto del Corredor Interoceánico. Indican que ha habido un aumento en las agresiones en este año y está en riesgo la integridad de las personas defensoras que resisten ante este megaproyecto. Durante la Misión, las persona participantes fueron testigos de incidentes de seguridad como la presencia constante y vigilante de las fuerzas armadas.

Las y los integrantes de la Misión insistieron en que no se ha realizado la consulta orientada a obtener el consentimiento por parte de las comunidades ayuuk afectadas por el CIIT. En contraposición, se han registrado intervenciones violentas por parte de la Marina y de la Guardia Nacional, como los desalojos violentos, detención arbitraria y criminalización en contra de personas defensoras en Mogoñe Viejo, estación Sarabia y Palomares; así como las amenazas y tentativas de despojo de casas de pobladores en Boca del Monte, San Juan Guichicovi.

En Santa Maria Mixtequilla también se documentó la intimidación de la Guardia Nacional ante la Asamblea Comunitaria y diversos casos de represión en contra de personas que han mostrado resistencia al “Polo de Desarrollo” que se pretende construir. De igual forma se documentaron ataques en la zona de Santa Cruz Tagolaba, Tehuantepec, donde se han producido eventos de agresiones físicas, despojo, ocupación ilegal de tierras y desplazamientos forzados en contra de comuneros y comuneras debido a la especulación provocada por el Corredor Interoceánico al encontrarse en un punto estratégico. La comunidad binniza de Puente Madera ha sufrido una campaña de criminalización y difamación, así como una serie de agresiones como detención arbitraria y fabricación de delitos en contra de 17 defensoras y defensores por su lucha ante la imposición del “Polo de Desarrollo” de San Blas Atempa, Oaxaca.

Integrantes de la misión alertaron también ante la existencia de ataques e impactos diferenciados en mujeres indígenas defensoras quienes enfrentan agresiones, calumnias y difamación basadas en estereotipos de género y con cargas de sexualidad. Esto impacta también en su liderazgo, su rol comunitario y familiar.

Entre las autoridades responsables de las violaciones a derechos humanos señaladas durante la misión destaca la Guardia Nacional, la Marina, la Sedena, la Policía Estatal, la Secretaría de Comunicaciones y Transporte, autoridades municipales y la Procuraduría Agraria. Fueron señalados también diversas empresas, grupos armados y caciques locales.

De acuerdo al Informe sobre la situación de las personas y comunidades defensoras de los derechos humanos ambientales en México, que presentó el Centro Mexicano de Derecho Ambiental, A. C. (CEMDA), entre octubre del 2021 y julio del 20231, se han registrado 31 eventos de agresiones colectivas e individuales en contra de comunidades y personas defensoras del territorio y los derechos humanos en el marco de la construcción del Corredor Interoceánico, principalmente en los estados de Oaxaca y Veracruz. En su mayoría, las agresiones se cometieron en contra de personas pertenecientes a pueblos o comunidades indígenas.

Más allá del megaproyecto del CIIT, en general, Oaxaca ocupó el primer lugar en número de eventos de agresión entre 2019 y 2022, de acuerdo a dicha publicación. De un recuento del 2012 al 2018, Oaxaca se ubica como la entidad con mayores registros de ataques o eventos de agresión documentados.

Los registros vinculados al CIIT indican, al menos: 21 casos de intimidación, hostigamiento y amenazas contra personas defensoras, sus familias o colectivos; 11 casos de violencia física y psicológica, así como desalojos forzosos; 3 homicidios de personas defensoras entre octubre 2022 a julio 2023; 2 casos de difamación a través de medios públicos de gran alcance; y 43 casos de denuncias penales a autoridades locales y personas defensoras comunitarias en las comunidades San Juan Guichicovi, Mogoñe Viejo, Mogoñé Estación, Paso Real, Estación Sarabia, Tagolaba, y Puente Madera.

Tras concluir su recorrido e investigación en torno al proyecto Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec, la Misión de Observación señaló su profunda preocupación por el contexto de riesgo para quienes ejercen su legítimo derecho a la defensa del territorio y reafirmó que dará seguimiento a las violaciones documentadas; finalmente lanzó un llamado a las autoridades federales, estatales y municipales competentes para que:

Boletín de prensa Misión Observación Corredor Interocéanico_27 julio

1. Reconozcan y respeten los derechos humanos y colectivos a la libre determinación, a la autonomía, al territorio, a la participación, al consentimiento previo, libre e informado, y la vida de los pueblos indígenas, bajo el estándar más alto de protección.
2. Garantizar el derecho de acceso a la justicia y detener toda forma de amenaza y agresión en contra de los pueblos indígenas y personas defensoras de los derechos humanos y la naturaleza.
3. Emprendan las acciones necesarias para garantizar un entorno seguro en el marco del artículo 9 del Acuerdo de Escazú para que puedan realizar su labor.
4. Provean a los pueblos indígenas de la información necesaria, suficiente, completa y culturalmente adecuada sobre el megaproyecto y todos sus componentes como son el gasoducto y los polos de desarrollo, para que puedan ejercer su derecho a la libre determinación.

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• ¿Quién meterá realmente en cintura a las empresas y burocracias sindicales?

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 24 de julio de 2023.- Recientemente los Telefonistas activos y jubilados, miembros del Sindicato de Telefonistas de la República Mexicana (STRM) fueron convocados a un proceso de votación para decidir sobre la propuesta de incremento salarial; proceso derivado de las negociaciones con TELMEX y el método estatutario interno. El proceso, llevado a cabo los días 29 y 30 de junio, es una repetición de uno anterior que se efectuó a finales de mayo y principios de junio de este mismo año. El segundo evento de votación, a decir del Comité Ejecutivo Nacional (CEN) del STRM, es una ratificación de las votaciones de mayo-junio. Sin embargo, algunas corrientes sindicales disidentes, como Telefonistas Construyendo Democracia (TCD), tienen una perspectiva y un balance distinto de las razones, los resultados y el proceso mismo. Tales análisis parten de la premisa de que si el primer evento, es decir, el de enero, hubiera tenido la consistencia y desarrollo que señala la Ley Federal del Trabajo (LFT), el Centro Federal de Conciliación y Registro Laboral (CFCRL) no tendría por qué haber llamado a una siguiente jornada de decisión y votación, es decir, a una reposición del anterior, bajo los términos y señalamientos del artículo 390 TER de la LFT. Según los análisis de TCD el proceso de enero no cumplió con los señalamientos de la LFT. Pero no sólo eso. La corriente sindical señala que el reciente evento de reposición también estuvo plagado de irregularidades e inconsistencias, tales como falta de información y discusión en asambleas, el no cumplimiento de secrecía al momento de emitir el voto, urnas no asistidas por el personal del CFCRL (que debió haber estado presente en cada etapa y cada una de las 224 sedes de la votación) conteos de votos que no cuadran en los porcentajes interpretados por el CEN con los totales de activos y jubilados, falta de padrones de trabajadores que permitieran identificar el número de boletas con las que debía contar cada sede y la publicación correspondiente, entre otras.

Otro acuerdo irregular entre empresa y cúpula sindical fue imponer incrementos salariales diferenciados, usando dos métodos de tasación, uno en porcentaje y otro en una cantidad prefijada de acuerdo al salario percibido.

Por si fuera poco, la convocatoria, que debería ser estrictamente para decidir sobre el incremento salarial, incluyó también una propuesta empresarial (avalada por el CEN y en su momento por la Secretaría de Trabajo) que, de acuerdo a las leyes mexicanas, es a todas luces violatoria, para empezar, del artículo 101 de la LFT que señala expresa y puntualmente que el pago de salario debe

ser en moneda de curso legal. Tal propuesta consiste en el cambio de parte del salario o la pensión jubilatoria, para activos y jubilados, respectivamente, por un paquete accionario hasta el momento inexistente pero que la empresa y el CEN dicen estar afinando desde hace años, como la fórmula para el rescate de la inviabilidad financiera en que la empresa aduce estar sumida. Además de todas estas irregularidades e ilegales acciones, como se mencionó arriba, el resultado final que anuncia el CEN no corresponde a una votación mayoritaria ni con sus propios números. En momentos en que el país necesita cada vez más de ejemplos de democracia y justicia laboral, ambos conceptos parecen no tener cabida en el lenguaje de los dueños de TELMEX, pero tampoco en el de los miembros del CEN del STRM y a la Secretaría de Trabajo parece que le pasaran desapercibidos. Todo parece indicar que el objetivo de los dueños de TELMEX es acabar con lo queda del Contrato Colectivo de Trabajo (CCT), que entre otras cláusulas de las que se han visto mutiladas, la de jubilación sufrió un revés más, conteniendo en la cláusula correspondiente 4 esquemas jubilatorios que conforme se ha revisado el CCT en las últimas décadas ha evolucionado en sentido desfavorable para los trabajadores, contraviniendo así un precepto más de los contenidos en la LFT. Telefonistas Construyendo Democracia plantea que su objetivo como corriente sindical sigue siendo, como desde hace años lo ha declarado en sus órganos de difusión, redes sociales y a la prensa nacional, la defensa del CCT y la lucha por la recuperación de la materia de trabajo del STRM.

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AP. Buenos Aires. Argentina. 12 de junio de 2023.- Apenas entró en el edificio blanco de bloques donde la dictadura militar argentina la retuvo durante un mes, Julieta González comenzó a tener recuerdos, como escenas retrospectivas en una película.

Veía manchas de sangre en los colchones. Escuchaba gritos mientras estaba dentro de su celda. Recordaba ser forzada a lavar la sangre que había quedado en los autos. Un abuso sexual interminable.

Las mujeres transgénero como González a menudo fingían estar dormidas cuando aparecía un guardia en medio de la noche, recordó.

“Siempre la que pagaba el pato era yo”, recuerda González, de 65 años, mientras habla con los periodistas de The Associated Press que la acompañaron durante una visita a la celda donde estuvo detenida alguna vez. “Yo era más joven”, agrega.

González y otras cuatro mujeres transgénero testificaron en abril, durante un juicio contra exagentes de seguridad por cargos de crímenes de lesa humanidad, sobre la represión que sufrieron, como violaciones y torturas.

Su testimonio forma parte de lo que, según abogados y activistas de derechos humanos, es un intento largamente esperado de que de Argentina reconozca las violaciones sistemáticas de derechos humanos cometidas contra la comunidad trans bajo el régimen militar del país, entre 1976 y 1983.

Varios miembros de la comunidad participaron el mes pasado en una manifestación de apoyo a un proyecto de ley que debate una comisión del Congreso y que busca otorgar una pensión vitalicia a las personas trans mayores de 40 años.

Patricia Alexandra Rivas, de 56 años, dijo en la manifestación que fue violada y torturada mientras estuvo detenida ilegalmente durante cinco días en 1981, cuando apenas tenía 14 años.

Las personas que hicieron el trabajo sucio durante la dictadura fueron particularmente brutales con los miembros de la comunidad transgénero, que siguió sufriendo incluso después del retorno de la democracia en 1983. No obstante, las cosas han ido cambiando en Argentina: hace más de una década, el país aprobó un hito en materia de género: una ley de identidad que permitía a las personas cambiar su género en los documentos sin permiso. Más recientemente, el Congreso aprobó una ley que reserva el 1% de los empleos del sector público a las personas transgénero.

Ellas “fueron traídas a este lugar, fueron torturadas, fueron violadas, fueron sometidas a trabajo esclavo, fueron privadas de su libertad y después fueron liberadas”, declara la fiscal asistente Ana Oberlin mientras está de pie frente a un conjunto de celdas en el llamado Pozo de Banfield, una antigua estación suburbana de la policía que fue uno de los cientos de centros ilegales de detención y tortura en la capital.

Gran parte de América Latina tuvo gobiernos militares en las décadas de 1970 y 1980. Según organizaciones de derechos humanos, en Argentina fueron detenidas ilegalmente y desaparecieron sin dejar rastro unas 30.000 personas. Hasta muy recientemente, poco se decía sobre cómo la comunidad trans sufrió bajo los gobiernos militares.

Parte de la razón por la que el reconocimiento ha tardado tanto en llegar es porque la violencia contra los miembros de la comunidad trans “está absolutamente naturalizada”, sostiene Marlene Wayar, de 53 años, activista transgénero y autora que dio testimonio experto durante el juicio.

Esta dinámica se ha desarrollado en gran medida en los 296 juicios por crímenes de lesa humanidad de la época de la dictadura que se han llevado a cabo desde 2006, tras la derogación de las leyes de amnistía. En los juicios han sido condenadas 1.115 personas, según el Ministerio Público.

Es solo recientemente que Argentina ha comenzado a debatir los roles de género y las costumbres sexuales bajo la dictadura, agrega Oberlin, incluido un “modelo de familia que indicaba el lugar que tienen que tener varones y mujeres”.

Oberlin tuvo una participación clave al incluir el testimonio de las cinco mujeres transgénero que fueron detenidas en el Pozo de Banfield como parte de un juicio que comenzó en 2020, por el que 12 oficiales enfrentan cargos de crímenes de lesa humanidad debido a actos que ocurrieron en tres prisiones clandestinas, con unas 700 víctimas.

La violencia a manos de las fuerzas de seguridad era algo a lo que González estaba acostumbrada cuando la policía las detuvo a ella y a otras mujeres trans en 1977 o 1978 —no recuerda la fecha exacta—, mientras ejercían la prostitución. Terminaron en el Pozo de Banfield.

“Ellos nos levantan y yo no había querido subir a la camioneta. Entonces, con un fusil así, me pega en la espalda y me agarra del pelo (diciendo) ‘¿Qué? ¿No vas a subir?’”, recuerda González.

Ella y sus amigas fueron encerradas en una celda donde a menudo escuchaban gritar de dolor a personas que no alcanzaban a ver.

Una noche escucharon a una niña gritar varias veces y luego se escuchó el llanto de un bebé, relata González.

“Toda mi vida me quedé pensando” sobre ese bebé, dice.

Los agentes de seguridad a menudo robaban bebés nacidos de mujeres embarazadas detenidas, que luego desaparecían.

González y sus compañeros de celda se vieron obligadas a realizar varios tipos de trabajo, como cocinar y limpiar autos. “Adentro muchos tenían sangre”, testificó González en abril.

“También abusaban sexualmente de nosotras”, testificó González durante el juicio. Describió con frecuencia casos en los que fue violada.

“¿Se podían negar a eso?”, le preguntó Oberlin a González.

“No, no”, respondió González encogiéndose de hombros “Era, no sé, en ese tiempo era como normal”.

Una vez, un grupo de soldados la recogió y la violó en grupo.

“Cuando pasan esas cosas ¿viste? ¿Qué sé yo? Pienso en otras cosas”, recuerda en su antigua celda.

Aunque las mujeres trans —que en gran medida tenían que recurrir a la prostitución para ganarse la vida— sufrieron abusos por parte de las fuerzas de seguridad, las cosas empeoraron para ellas durante la dictadura, que impulsó una concepción tradicional de la familia.

“Además de las violaciones y de las torturas” ellas fueron objeto de un “particular ensañamiento, justamente por sus identidades de género”, manifiesta Oberlin.

Las sentencias del caso, que se esperan para fin de año, “van a ser muy importantes”, recalca Oberlin, porque las mujeres trans fueron llevadas a centros de detención ilegales “a lo largo y a lo ancho de todo el país” y podría abrir la puerta para que otros testifiquen.

Por su parte, González admite que “nunca” pensó que iba a declarar en un juicio. Durante mucho tiempo pensó que lo que había vivido en el Pozo de Banfield “no es importante”.

Sin embargo, ahora sabe que “sí es importante”, añade González.

“Hoy que podemos hablar… ser escuchadas, que siempre fuimos todas tan calladas”, hay que hacerlo, afirma.

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