Periodistas Unidos. Ciudad de México. 06 de junio de 2026.- En esta emisión de La Ciudad de las Mujeres 2.0 de Periodistas Unidos, Layla Sánchez y Montserrat Jiménez analizan la instalación del antimonumento a periodistas en Paseo de la Reforma, una acción de memoria colectiva que honra a más de 200 periodistas asesinados en México. Además, reflexionan sobre la violencia que enfrentan las mujeres periodistas, la precarización laboral, el acoso digital y los desafíos para ejercer el periodismo en un país marcado por la impunidad.

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EFE. Ciudad de México. 24 de marzo de 2026.- Las ONG Reporteros Sin Fronteras (RSF) y Propuesta Cívica denunciaron este martes la «impunidad» en México en el ámbito de los crímenes contra periodistas, por lo que instaron al Estado a actuar y garantizar los mecanismos de protección en uno de los países «más mortíferos» para la prensa del mundo.

«Las agresiones contra periodistas van a la alza. México se vuelve a colocar como uno de los principales países más violentos y mortíferos contra la prensa a nivel mundial», alertó Sara Mendiola, directora ejecutiva de Propuesta Cívica, durante la presentación de la ‘Guía para mejorar los modelos de investigación penal en casos de homicidios y amenazas contra periodistas’.

La activista advirtió de que la «impunidad» en el país norteamericano se produce en el 95 % de casos de homicidios contra periodistas, cifra que elevó al 100 % cuando se trata de desapariciones.

Por ello, afirmó que el documento que presentan es un análisis que busca identificar las «deficiencias a cargo de las autoridades» en casos concretos, al tiempo que reflexiona sobre las «ventanas de oportunidades» para fortalecer las investigaciones de la Justicia para alcanzar «cierto grado de luz».

La directora de Propuesta Cívica aseguró que en las fiscalías de México hay una «deficiencia» para investigar el delito de amenazas, algo que «no está siendo investigado en su momento oportuno».

«La ausencia de esa investigación está dando pie a la comisión de violaciones más graves como es el homicidio o la desaparición. Hemos identificado que en muchos de los casos de agresiones graves contra periodistas, la antesala de un homicidio o de una desaparición fue una amenaza», añadió.

Sin avance real

En el acto también estuvo presente Rosa María Breach, hermana de la periodista Miroslava, asesinada en 2017 cuando salía de casa en el estado fronterizo de Chihuahua (noroeste), en una semana en la que se cumplieron nueve años del asesinato de la informadora.

«Estos nueve años de ausencia de nuestra hermana ha sido realmente un peregrinar dentro de la sociedad (…) Si bien es cierto que hemos tenido algunos pasos hacia adelante, también es cierto que llegó un momento en que esa justicia se detuvo. Y no hemos tenido un avance real», denunció al recordar el «camino tortuoso sin la ayuda de las instituciones» que la familia tuvo que realizar.

La hermana de Miroslava lamentó que cuando un periodista es asesinado por ejercer su trabajo, se pierde una «voz crítica para la sociedad» y se «destruye un núcleo familiar completo».

«Vivimos con el miedo de que al igual que a ellos podamos ser objetivo de amenazas o agresiones (…) Muchas veces nos vemos obligados a asumir el papel de investigadores informales porque las pistas oficiales se quedan cortas o se estancan», indicó.

Según datos de Reporteros Sin Fronteras, desde el año 2000 más de 150 periodistas fueron asesinados y al menos 28 permanecen desaparecidos en México, lo que lo mantiene entre los países más peligrosos del mundo para ejercer el periodismo fuera de zonas de guerra.

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EFE. Nueva York, Estados Unidos. 25 de febrero de 2026.- Un total de 129 periodistas y trabajadores de medios fueron asesinados en 2025, según el Comité para la Protección de Periodistas (CPJ), en lo que supone la cifra más alta desde que el organismo comenzó a recopilar datos en 1992.

Según un informe de la CPJ, 86 de las muertes, más de dos tercios del total, ocurrieron en la guerra de Israel en Gaza, y la mayoría de las víctimas fueron periodistas palestinos.

El informe subraya que 2025 fue el segundo año consecutivo con un récord de muertes de prensa en todo el mundo, y la directora ejecutiva de la organización, Jodie Ginsberg, advirtió en un comunicado de que los ataques contra periodistas «son un indicador de la vulneración de otras libertades».

Además, pidió «actuar para prevenir estos asesinatos y castigar a los responsables».

Según el informe, más de tres cuartas partes de las muertes se produjeron en entornos de conflicto. En Ucrania, cuatro periodistas fueron asesinados, mientras que en Sudán se registraron nueve muertes, cifras que representan un aumento respecto a 2024 pero que siguen siendo bajas en comparación con Israel y Gaza.

El informe también destacó un aumento del uso de drones como arma letal contra periodistas, con 39 casos documentados. De estos, 28 correspondieron a ataques en Gaza por parte del ejército israelí, cinco a las Fuerzas de Apoyo Rápido en Sudán, uno a un ataque turco en Irak y cuatro en Ucrania por drones militares rusos, la cifra anual más alta desde el inicio de la guerra.

Asesinatos deliberados y con impunidad

Asimismo, el CPJ documentó 47 «asesinatos deliberados» de periodistas vinculados directamente con su labor informativa, el mayor número de los últimos diez años.

Agregó que en ninguno de los casos se ha responsabilizado a nadie, lo que refleja «una persistente cultura de impunidad».

La organización destacó que la falta de justicia favorece nuevos ataques, incluso en países que no están en guerra.

Protección «insuficiente» en México

En México, al menos seis periodistas fueron asesinados, a pesar de contar con un mecanismo federal de protección que ha demostrado «ser insuficiente», recoge el informe, con al menos un periodista muerto cada año durante la última década.

En Filipinas, tres periodistas fueron abatidos a tiros, de los cuales solo uno ha derivado en un arresto.

El informe también documenta ataques contra periodistas que investigan corrupción y crimen organizado en Asia y América Latina.

En regímenes autoritarios, se continuó castigando a la prensa con la muerte. Un ejemplo es el de Arabia Saudí, donde el columnista Turki al-Jasser fue ejecutado tras siete años en prisión.

El CPJ pidió a los gobiernos una reforma profunda en la investigación de los asesinatos de periodistas, incluyendo la creación de un grupo internacional de investigación y la imposición de sanciones «para garantizar justicia y proteger a los profesionales de la prensa».

La organización enfatizó que la seguridad de los periodistas es «clave para el acceso a información veraz» y para la defensa de las libertades fundamentales.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 01 de enero de 2026.- Con nueve informadores asesinados en 2025, asociaciones de defensa de la libertad de prensa alertaron este miércoles que el periodismo en México se ve sometido a un asedio «muy preocupante» por la violencia permanente y una impunidad en los crímenes, una realidad que no parará a menos que la presidenta, Claudia Sheinbaum, reconozca el problema y reaccione para ponerle freno.

Según Reporteros Sin Fronteras (RSF), el país se ubica este año como el segundo «más peligroso para ejercer el periodismo», solo por detrás de una Gaza donde la invasión israelí dejó a más de 120 periodistas asesinados, aseguró a EFE su representante en México, Balbina Flores.

La situación es la de una «violencia general que no ha desaparecido», con cifras «altísimas» en estados como Guerrero (sur), Michoacán (oeste) o Guanajuato (centro), en donde la mayor parte de los periodistas agredidos trabajaban para medios locales que cubrían cuestiones relacionadas con la seguridad y derechos humanos.

«Los periodistas independientes son cada vez más vulnerables ante un contexto de violencia en México que no ha logrado modificarse significativamente para la prensa», afirmó Flores.

Su gran amenaza es la permanente sombra del crimen organizado, en algunos casos «vinculado de alguna manera con actores políticos», lo que le convierte en uno de los «principales responsables» de esos niveles de violencia hacia la prensa.

Como consecuencia, detalló Flores, se han creado e incrementado las llamadas ‘zonas de silencio’, lugares «donde los periodistas no pueden entrar y la información ya no sale».

A las nueve víctimas mortales que deja este año (dos más que en 2024) y los 28 periodistas que permanecen en paradero desconocido, se le suma la «impunidad» en los casos de asesinatos y en las desapariciones, que es lo que «mata a los periodistas» porque los autores «no son llevados ante la justicia».

Un Gobierno que «no reacciona», una agresión cada 14 horas

Ante ello, lamentó Flores, las perspectivas son sombrías ya que el Gobierno federal «no reacciona».

A pesar del «discurso gubernamental», RSF apuntó que las cifras de violencia a la prensa «no se han movido significativamente» las últimas décadas, de modo que prevén que, si todo sigue igual, durante el sexenio de Sheinbaum (2024-2030) la problemática «no se haya modificado».

Según la organización, la mandataria encara un «momento oportuno» para hacer de México «un país que ya no se siga calificando como uno de los más peligroso para ejercer el periodismo», para lo que debe tomar «medidas urgentes» que fortalezcan un sistema de protección que sigue siendo «muy deficiente».

Este diagnóstico es compartido por el director regional de México y Centroamérica de la organización Artículo 19, Leopoldo Maldonado, quien aseguró que las autoridades «no acusan recibo» del problema de «impunidad sistémica y violencia letal» contra los periodistas, y que calificó como la «forma más extrema» de censura.

«La presidenta Sheinbaum no reconoce que existe esta violencia contra la prensa, sino que dice que México es el país más democrático y en el que se disfruta de la mayor libertad de expresión a nivel mundial. Entonces, partiendo de que no hay un diagnóstico y un reconocimiento del problema, es muy difícil atajarlo», destacó.

De acuerdo a las cifras de Artículo 19, cada 14 horas se produce un caso de agresión hacia un informador en México, con el efecto de «amedrantamiento» que eso genera.

Además, la situación de acoso judicial «ha ido empeorando», subrayó su director regional, al cifrar en más de cincuenta los casos judiciales iniciados contra medios y profesionales con el «único fin de callar y desgastar».

En términos regionales, América Latina concentra el 42 % de casos de violencia letal contra la prensa, lo que la coloca como la región «sin una guerra declarada más violenta contra la prensa», dentro de la cual México «encabeza la lista».

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 24 de noviembre de 2025.- En un duro señalamiento que expone la fragilidad de la libertad de prensa en México, el Centro de Investigación y Capacitación Propuesta Cívica denunció este lunes que al menos doce periodistas han sido asesinados en el poco más de un año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum, un incremento alarmante en las agresiones que incluye amenazas y acoso digital en «número y nivel» superiores a los registrados previamente. La organización, enfocada en la defensa de derechos humanos y la capacitación cívica, alertó sobre un «escenario catastrófico» donde la impunidad persiste en más del 90% de los casos, y donde los mecanismos de protección estatal fallan sistemáticamente, dejando a los informadores expuestos a la violencia del crimen organizado y a posibles colusiones políticas.

La denuncia, presentada en una conferencia virtual desde Ciudad de México, coincide con el recuento de otras entidades como Artículo 19 y Reporteros Sin Fronteras (RSF), que documentan al menos ocho homicidios directos en el sexenio actual, aunque el total asciende a doce si se incluyen casos con vínculos probados a la labor periodística. El último caso, ocurrido hace un mes, fue el de Miguel Ángel Beltrán, director de un portal de noticias en Durango, cuyo cadáver apareció el 25 de octubre junto a una carretera con un mensaje intimidatorio que lo relaciona explícitamente con su ejercicio profesional. Este asesinato, en un estado azotado por disputas entre cárteles, ilustra el patrón: periodistas locales que cubren corrupción, narcotráfico y abusos de poder son silenciados con balas, mientras las investigaciones fiscales languidecen.

Propuesta Cívica, que ha monitoreado agresiones desde 2018, enfatizó que las amenazas no se limitan a homicidios. Como ejemplo, citaron el acoso digital masivo contra reporteros tras el asesinato del alcalde de Uruapan, Carlos Manzo, en noviembre, donde periodistas que cubrieron el crimen recibieron mensajes de muerte y campañas de descrédito en redes sociales. «El gobierno de Sheinbaum heredó una herencia tóxica de estigmatización a la prensa del sexenio anterior, pero las promesas de cambio –como el fortalecimiento del Mecanismo de Protección a Periodistas– se han quedado en palabras», declaró la directora ejecutiva de la ONG, Ana Aguilar Rivera, durante el evento. La organización exigió la implementación inmediata de los cinco pilares comprometidos por Sheinbaum ante RSF en campaña: desde reformas legales hasta un grupo de trabajo interinstitucional para combatir la impunidad.

Este balance alarmante se alinea con reportes internacionales. RSF, que clasifica a México como el país más letal para periodistas fuera de zonas de guerra, registró diez asesinatos entre octubre de 2024 y septiembre de 2025, superando los nueve de todo 2024. En América Latina, México concentró más del 60% de los 13 homicidios en los primeros siete meses de 2025, con un promedio de casi dos por mes. Artículo 19, por su parte, documenta que Veracruz lidera con 31 casos desde 2000, seguido de Guerrero y Chiapas, y advierte que el 2025 ya suma ocho bajo Sheinbaum, equiparándose a la media anual del gobierno anterior.

La ola de violencia no es un fenómeno aislado. En enero de 2025, Calletano de Jesús Guerrero, protegido federal desde 2014, fue ejecutado en el Estado de México pese a las alertas de amenazas. Marzo vio la muerte de Kristian Zavala en Guanajuato, el segundo bajo protección asesinado ese año, en una aparente ejecución. Y en octubre de 2024, apenas días después de la toma de posesión de Sheinbaum, Mauricio Cruz Solís cayó en Michoacán, un crimen que RSF vinculó directamente a su cobertura de política local. Estos casos resaltan fallas estructurales: el Comité de Protección para Periodistas (CPJ) reportó cinco en 2024, pero el 2025 ha acelerado el ritmo, con énfasis en reporteros que tocan temas sensibles como el crimen organizado.

La respuesta gubernamental ha sido tibia. Sheinbaum, quien en campaña firmó un pacto con RSF para «poner fin a la violencia contra la prensa», ha reducido las descalificaciones directas desde la mañanera –un avance notado por Artículo 19–, pero no ha avanzado en reformas clave. La Fiscalía Especial para la Atención de Delitos Cometidos contra la Libertad de Expresión (FEADLE) atrae casos, pero la tasa de resolución es ínfima. Organizaciones como la UNESCO, que ubica a México como el tercer país más letal en 2024 con siete muertes, urgen acciones globales contra la impunidad. Si Sheinbaum no actúa, advierten las ONG, el conteo de doce podría ser solo el comienzo de un sexenio sangriento.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México 02 de noviembre de 2025.- El Colectivo #NiUnoMás Michoacán emitió un comunicado enérgico este domingo, denunciando la agresión sufrida por la periodista Dalia Villegas Moreno a manos de elementos de la Guardia Civil durante la cobertura de una protesta en el Palacio de Gobierno. El incidente ocurrió en el contexto de manifestaciones por el asesinato del alcalde Carlos Manzo Rodríguez, perpetrado la víspera en la plaza principal de ese municipio, conocido como la capital del aguacate.

Villegas, reportera de Quadratín Michoacán y Contramuro Noticias, fue sometida físicamente por los uniformados, despojada de sus herramientas de trabajo —incluyendo su teléfono y equipo de grabación— pese a identificarse claramente como periodista. El colectivo detalló que la agresora directa fue el secretario de Seguridad Pública del Estado, Juan Carlos Oseguera Cortés, quien, según videos de la cobertura, exigió a la comunicadora borrar el material grabado, configurando un acto de intimidación y abuso de autoridad.

«Condenamos la agresión directa de Juan Carlos Oseguera Cortés contra nuestra compañera Dalia, como se observa en uno de sus videos», reza el pronunciamiento del colectivo, que también reporta afectaciones a otros periodistas presentes en la marcha, organizada por simpatizantes de Manzo para exigir justicia por su homicidio. El ataque al alcalde, ocurrido alrededor de las 20:00 horas del sábado durante el Festival de Velas, dejó un saldo de un agresor abatido por la Guardia Civil, en un contexto de disputas entre grupos de crimen organizado en la región.

Villegas relató en su denuncia que sufrió agresiones físicas y verbales, intimidación, incomunicación y privación de la libertad por parte de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP). Tras recuperar sus pertenencias, contactó a su director, quien le brindó respaldo inmediato. «El hecho de que el propio secretario me exigiera borrar los materiales donde capturaba la información me parece un abuso de nivel mayúsculo», afirmó la periodista en una declaración difundida por medios locales.

El colectivo exigió al gobernador Alfredo Ramírez Bedolla que se investigue y castigue a los responsables, enfatizando: «¡No a la violencia contra periodistas! ¡No a la criminalización del ejercicio periodístico!». Esta denuncia se suma a un historial de vulneraciones en Michoacán, uno de los estados más peligrosos para la prensa en México, con agresiones sistemáticas, amenazas y asesinatos documentados en los últimos años.

El gremio periodístico local ha expresado indignación, demandando garantías para la libertad de prensa en un contexto de inseguridad agravado por la violencia organizada. El asesinato de Manzo, un edil independiente apodado «El del Sombrero», ha convocado al Gabinete de Seguridad federal en una reunión urgente este domingo, presidida por la presidenta Claudia Sheinbaum, con participación de la Secretaría de Seguridad, Defensa Nacional, Marina y Guardia Nacional. Uruapan enfrenta la presencia de diversos cárteles, y el crimen ocurre casi un año después del asesinato del periodista Mauricio Cruz Solís en la misma plaza, tras entrevistar al ahora fallecido alcalde.

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Periodistas Unidos. Durango, México. 26 de octubre de 2025.- El periodista Miguel Ángel Beltrán Martínez, de 60 años y originario de Durango, fue encontrado sin vida la mañana del sábado 25 de octubre en el poblado de Río Chico, sobre la carretera Durango-Mazatlán. El cuerpo fue localizado envuelto en una cobija y acompañado de un mensaje intimidatorio que advertía: “Por andar levantando falsos a la gente de Durango”.

Beltrán fue identificado este domingo por su hijo, quien reveló que lo vio por última vez el jueves anterior, cuando ambos salieron a trabajar y el comunicador no regresó a casa. Fuentes cercanas confirmaron que el hallazgo ocurrió en un paraje remoto, lo que ha generado conmoción en la comunidad periodística local.

Con una trayectoria en medios locales como Contexto y La Voz de Durango, Beltrán se especializaba en la fuente deportiva, aunque también abordaba temas sociales. Además, fungió como vocero del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) en la entidad. En años recientes, migró al ámbito digital, manteniendo un blog y perfiles en redes sociales bajo los alias El Capo en TikTok y La Gazzeta Durango en Facebook. Su último contenido publicado habría involucrado una denuncia contra el crimen organizado, según reportes preliminares.

Este homicidio se inscribe en el preocupante patrón de violencia contra periodistas en México, uno de los países más peligrosos para el ejercicio del periodismo, según organizaciones internacionales. En lo que va del año, entidades como Artículo 19 han documentado múltiples agresiones a comunicadores, particularmente en contextos de seguridad y corrupción local.

El caso evoca incidentes similares, como el de noviembre de 2024, cuando varios comunicadores dedicados a redes sociales –incluyendo a Javier Llamas– fueron ‘levantados’ y posteriormente encontrados sin vida con mensajes intimidatorios análogos.

Autoridades locales no han emitido declaraciones oficiales sobre avances en la investigación, pero el asesinato ha sido confirmado por múltiples fuentes en redes sociales y medios locales. La Fiscalía General del Estado de Durango se espera que inicie una pesquisa exhaustiva para esclarecer los hechos y capturar a los responsables.

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Periodistas Unidos. Querétaro, México.  07 de septiembre de 2025.- En el marco del Hay Festival 2025, el Teatro de la Ciudad de Querétaro fue escenario de una conversación trascendental titulada «El Cuarto Poder», moderada por el periodista Daniel Pardo, corresponsal de la BBC, con la participación de las reconocidas periodistas mexicanas Carmen Aristegui y Miriam Ramírez. El diálogo abordó los desafíos del periodismo en México, con un enfoque particular en la violencia que enfrentan las mujeres periodistas, tanto física como moral, en un contexto de regresión democrática y creciente hostilidad.

Carmen Aristegui, con más de tres décadas de trayectoria, destacó la crisis que atraviesa el periodismo en un ecosistema comunicacional saturado por redes sociales, desinformación y polarización. Subrayó la importancia de reivindicar el valor del periodismo profesional, basado en la ética, el rigor y la defensa de la libertad de expresión, frente a la avalancha de contenidos que compiten por la atención del público. Sin embargo, fue enfática al señalar que México se encuentra en un punto de regresión democrática grave, con una hiperconcentración del poder que amenaza la separación de poderes y los contrapesos institucionales construidos durante décadas.

Por su parte, Miriam Ramírez, periodista sinaloense y colaboradora de medios como El Universal, expuso la precarización y vulnerabilidad que enfrentan los periodistas en regiones fuera de la Ciudad de México. Enfatizó que México es uno de los países más peligrosos para ejercer el periodismo, con un ambiente hostil alimentado por un discurso de estigmatización y criminalización desde el poder, iniciado en el sexenio pasado y replicado por autoridades locales. Ramírez destacó el impacto del acoso judicial, con 51 denuncias contra periodistas registradas entre enero y junio de 2025, muchas provenientes de funcionarios públicos.

Un tema central fue la violencia específica contra las mujeres periodistas. Ramírez señaló que las agresiones hacia ellas suelen tener un carácter machista, atacando su vida privada, apariencia física o comportamiento, en lugar de su trabajo profesional. «Las campañas de difamación contra mujeres periodistas se centran en su aspecto físico o su vida personal, algo que no sucede con los hombres», afirmó. Aristegui complementó esta idea, destacando la desigualdad estructural en el periodismo, como la brecha salarial y la falta de oportunidades para mujeres en roles de liderazgo, a pesar de los avances en su presencia e incidencia.

Carmen Aristegui y Miriam Ramírez en conversación con Daniel Pardo sobre «El Cuarto Poder» en el Teatro de la Ciudad de Querétaro durante el Hay Festival 2025. #hayqueretaro25 @hayfestival_esp @AristeguiOnline @aristeguicnn @MiriamRmz86 @pardodaniel Foto: @alexmelon pic.twitter.com/Fh8aSyBhRo

— Periodistas Unidos (@PeriodistasU) September 6, 2025

Ambas periodistas coincidieron en que los asesinatos de periodistas, un fenómeno que coloca a México entre los países con mayor impunidad en este tipo de crímenes, son un ataque directo al derecho de la sociedad a estar informada. Aristegui subrayó: «Cuando matan a un periodista, se mata el derecho de la sociedad a saber». Ramírez, por su parte, destacó la paradoja de que los periodistas son asesinados precisamente por su relevancia, lo que evidencia la importancia de su labor en un contexto de violencia e impunidad.

El diálogo también tocó temas como la militarización de la frontera y sus consecuencias en la migración, un tema que Ramírez ha abordado en su premiado reportaje El caudal de los mil migrantes muertos, que documenta cómo políticas migratorias radicales han contribuido a la muerte de más de mil personas en la frontera México-Estados Unidos. Este trabajo, según Aristegui, refleja el poder del periodismo para señalar responsabilidades y dar voz a historias humanas silenciadas.

En respuesta a preguntas del público, las panelistas abordaron la percepción extranjera sobre México, la dificultad de transmitir la complejidad del país a editores internacionales y la necesidad de un periodismo ético frente al cinismo de algunos colegas. Aristegui enfatizó que la objetividad absoluta es imposible, pero abogó por un periodismo riguroso y plural, mientras que Ramírez llamó a discernir entre el periodismo ético y aquel que cae en prácticas cínicas.

La conversación cerró con un mensaje esperanzador para las nuevas generaciones de periodistas. Aristegui instó a los jóvenes a perseverar a pesar de las adversidades, destacando que el periodismo es una forma de vida fascinante y esencial para la democracia. Ramírez, desde su experiencia, celebró el auge de mujeres periodistas que lideran investigaciones de impacto en México, demostrando que el futuro del periodismo también está en sus manos.

El evento, que reunió a un público diverso y comprometido, dejó en claro que, en un país donde el periodismo enfrenta amenazas sin precedentes, las mujeres periodistas están al frente de la lucha por la verdad, la justicia y la defensa de los derechos de la sociedad.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 04 de agosto de 2025.- A una década del brutal asesinato de cinco personas en un departamento de la colonia Narvarte, incluida la activista Nadia Vera y el fotoperiodista Rubén Espinosa, las familias de las víctimas han enviado una carta a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, solicitando una reunión urgente para abordar la falta de avances en la investigación del caso conocido como “Caso Narvarte”.

En la misiva, Perla Patricia Espinosa Becerril, hermana de Rubén Espinosa, recuerda que el 31 de julio de 2015, sujetos armados irrumpieron en un edificio residencial en la Ciudad de México, donde torturaron y asesinaron con arma de fuego a Rubén, Mile Virginia Martín, Yesenia Quiroz, Olivia Negrete y Nadia Vera. Espinosa, quien había huido de Veracruz tras recibir amenazas del entonces gobernador Javier Duarte, fue una de las víctimas de este crimen que, según la carta, evidencia un “operativo bien estructurado” para ejecutarse y mantenerse en la impunidad.

La carta denuncia una investigación plagada de irregularidades, filtraciones y omisiones por parte de la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México. A pesar de la recomendación 04/2017 emitida por la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México (CDHCM), que señaló la falta de un plan de investigación, las familias aseguran que no ha habido avances significativos. “La resistencia de la Fiscalía para llegar a la verdad se reflejó en la falta de iniciativa, dejando esa carga a las familias”, señala Espinosa Becerril, quien también critica la pérdida de pruebas por el paso del tiempo y errores en las diligencias.

Las familias, acompañadas por la organización Artículo 19, destacan que en 2022, cuando Sheinbaum era jefa de Gobierno de la Ciudad de México, solicitaron una reunión sin recibir respuesta. Ahora, dirigiéndose a ella como presidenta de la República, reiteran su petición para dialogar sobre el caso, enfatizando la necesidad de verdad, justicia y reparación del daño tras una década de revictimización y falta de resultados.

“Entendemos que la investigación corresponde a la Fiscalía, pero una reunión con usted podría marcar un cambio para las familias”, subraya la carta, firmada por Espinosa Becerril y respaldada por su representante legal, Edgardo Calderón Sánchez. Las familias también han enviado copias de la solicitud a la jefa de Gobierno, Clara Brugada, y a la fiscal Bertha Alcalde Luján, instando a las autoridades a atender las recomendaciones de la CDHCM y avanzar en el esclarecimiento del caso.

A pocos días de conmemorarse el décimo aniversario de los hechos, las familias del Caso Narvarte mantienen su lucha por justicia, exigiendo ser escuchadas y obtener respuestas sobre uno de los crímenes que marcó la historia reciente de la Ciudad de México.

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Periodistas Unidos. Oaxaca, México. 21 de julio de 2025.- El periodista Alejandro López López, director del portal digital Nuevo Siglo Noticias, fue objeto de medidas restrictivas impuestas por la Vicefiscalía Regional de Huajuapan de León, Oaxaca, tras difundir una denuncia ciudadana que señalaba a una funcionaria del Registro Civil de Asunción Nochixtlán por presuntamente cobrar 3,500 pesos para agilizar la emisión de una Clave Única de Registro Poblacional (CURP), un trámite que por ley es gratuito.

Según reportes, la denuncia publicada por López, quien lleva 12 años ejerciendo el periodismo en la región, provocó la molestia de la funcionaria identificada como R. M. J. L., quien presentó una querella contra el comunicador por los delitos de violencia de género y discriminación. Como resultado, la Vicefiscalía ordenó al periodista abstenerse de realizar publicaciones que mencionen a la funcionaria o de llevar a cabo cualquier acto que pueda considerarse una “molestia” hacia ella, a pesar de que no existe una carpeta de investigación formal en su contra.

“Quizá su coraje fue que en la nota decía el nombre de la funcionaria que cobró los 3,500 pesos, pero eso es un abuso, eso no debe ocurrir. Lo más raro es ese documento intimidándome y censurándome para que me aleje de ella y deje de mencionarla, es claro un intento de censura”, declaró López en una entrevista telefónica.

El periodista ha solicitado una audiencia con el fiscal general de Oaxaca, Bernardo Rodríguez Alamilla, para esclarecer los motivos de estas medidas, las cuales considera un intento de coartar su libertad de expresión. Además, el Sindicato Nacional de Medios de Comunicación (SINMCO) ha asumido la defensa legal de López, calificando la acción como una violación a sus derechos fundamentales y un riesgo para la ciudadanía en general. El sindicato también pidió una reunión urgente con el fiscal para establecer un precedente en la protección de los derechos de los comunicadores.

La situación ha generado solidaridad entre el gremio periodístico, que ve en este caso un reflejo de la creciente hostilidad hacia la prensa en México. Según la organización Artículo 19, Oaxaca es el séptimo estado con más agresiones contra periodistas en el país, con un registro de 158 incidentes, y el tercero con mayor número de asesinatos de comunicadores, con 15 casos documentados, entre ellos los de María del Sol Cruz Jarquín y Heber López.

Este incidente se suma a una preocupante tendencia de censura y acoso judicial contra periodistas en México. Organizaciones como Artículo 19 han alertado sobre el uso indebido de figuras legales, como la violencia política de género, para silenciar a la prensa crítica. En 2024, el 28.5% de los procesos contra periodistas se justificaron bajo esta premisa, lo que representa una instrumentalización de luchas legítimas para restringir la libertad de expresión.

El caso de Alejandro López pone en evidencia los retos que enfrentan los periodistas en México, donde la impunidad y la falta de protección efectiva agravan los riesgos de su labor. La comunidad periodística exige que se garantice el derecho a informar sin temor a represalias, en un contexto donde la prensa sigue siendo un pilar fundamental para la transparencia y la rendición de cuentas.

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