Periodistas Unidos. Ciudad de México. 21 de octubre de 2025.- Ante un posible caso histórico de censura en México, representantes de más de 50 organizaciones, medios y ciudadanos, incluyendo proyectos comunitarios e indígenas, participaron en una audiencia con el pleno del Tribunal Electoral de Veracruz (TEV) para expresar su preocupación por el uso indebido de la figura de Violencia Política en Razón de Género (VPEG). Esta audiencia, celebrada esta mañana, se enmarca en un proceso legal exhaustivo que, según las organizaciones, criminaliza la libertad de expresión y el acceso a la información, distorsionando mecanismos diseñados para proteger a la ciudadanía contra abusos de partidos políticos.

Mujeres comunicadoras comunitarias e indígenas destacaron en la reunión la inquietud por cómo la VPEG, un instrumento clave para combatir la discriminación de género en la política, se está utilizando para silenciar voces críticas y limitar el debate público. En un contexto donde México ocupa el cuarto lugar mundial como el país más peligroso para defensores del territorio, estos medios comunitarios e indígenas están intrínsecamente ligados a los sistemas normativos de los pueblos originarios y a la defensa de la vida y la tierra. No es coincidencia que comunidades indígenas, guardianas del 80% de la biodiversidad planetaria, mantengan proyectos de comunicación arraigados en sus territorios para preservar su autonomía.

Durante la audiencia, las organizaciones entregaron una carta abierta firmada por redes, medios y defensoras de la comunicación en México y América Latina, alertando sobre las graves implicaciones de este caso. Se enfatizó que la sentencia del TEV, a cargo de magistradas y magistrados como Tania Celina Vázquez Muñoz, Gilberto Constituyentes Salazar Ceballos y Claudia Díaz Tablada, podría sentar un precedente peligroso de censura refinada por parte del Estado, donde herramientas de protección contra la violencia de género se vuelven armas contra el derecho a informar y participar democráticamente.

Las firmantes reiteraron que los magistrados tienen la oportunidad de defender la libertad de expresión, el derecho a la información y la democracia participativa, reconociendo el rol esencial de los medios comunitarios e indígenas en la vida democrática del país. «Sembrar la palabra, cosechar autonomía«, concluyeron, llamando a una resolución que proteja estos derechos y evite la escalada de tensiones en un ambiente ya marcado por la criminalización de la disidencia.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 26 de agosto de 2025.- La organización internacional Artículo 19 ha alertado sobre un alarmante incremento en el uso de procesos judiciales como mecanismos de censura contra periodistas y medios de comunicación en México, una práctica que pone en riesgo la libertad de expresión y el derecho a la información en el país. Según el informe Las leyes como mecanismo de censura: Aumento del acoso judicial contra periodistas en México, publicado este martes, en los primeros siete meses de 2025 se documentaron 51 casos de acoso judicial, superando el número de víctimas registradas en cualquier año anterior desde 2016.

De acuerdo con el reporte, estos casos involucran a 39 periodistas (28 hombres y 11 mujeres) y 12 medios de comunicación que han enfrentado procesos legales, lo que equivale a un nuevo procedimiento judicial o administrativo cada cuatro días. Artículo 19 señala que esta tendencia, conocida como litigios estratégicos contra la participación pública (SLAPPs), no busca necesariamente obtener victorias legales, sino desgastar a los comunicadores mediante demandas civiles, penales, electorales o administrativas, inhibiendo la crítica y enviando un mensaje colectivo de intimidación.

Un aspecto destacado por la organización es el uso indebido de la figura de Violencia Política en Razón de Género (VPEG), originalmente diseñada para combatir la discriminación estructural contra las mujeres. De los 51 casos registrados, 25 se iniciaron bajo esta normativa, lo que representa casi la mitad de los procesos de acoso judicial contra la prensa. Casos emblemáticos incluyen al periodista Jorge Luis González en Campeche, quien enfrenta denuncias por VPEG, procesos penales por supuesto delito de odio y demandas civiles por daño moral promovidas por la gobernadora Layda Sansores y su equipo de comunicación. Asimismo, el columnista Hernán Gómez y la editorial Penguin Random House enfrentan litigios por el libro Traición en Palacio: el negocio de la justicia en la 4T.

Artículo 19 subraya que, de los perpetradores identificados, 23 son funcionarios públicos, 14 de ellos de nivel estatal, cuatro municipales y tres federales, mientras que 18 casos fueron iniciados por particulares y 10 por partidos políticos o candidatos. Esta práctica, según la organización, refleja un “uso faccioso” del marco legal mexicano, trasladando la violencia contra la prensa de agresiones físicas a los tribunales, lo que constituye una nueva forma de censura.

Ante esta situación, Artículo 19 ha exigido al Estado mexicano reformar los marcos normativos que facilitan estos abusos y abstenerse de hostigar a la prensa mediante vías legales. La organización reitera que la libertad de expresión, protegida por la Constitución y tratados internacionales, debe garantizarse para salvaguardar el derecho a la información.

El informe concluye con un llamado urgente a las autoridades para atender esta problemática desde los distintos poderes e instituciones, advirtiendo que el acoso judicial no solo afecta a los periodistas directamente involucrados, sino que busca silenciar a toda la prensa y a defensores de derechos humanos que ejercen su libertad de expresión.

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