Periodistas Unidos. Ciudad de México. 08 de noviembre de 2025.- La creciente ola de violencia contra autoridades locales en México, con el asesinato del alcalde de Uruapan, Michoacán, Carlos Manzo, como punto crítico, encendió los focos rojos del Gobierno federal y sus agencias de seguridad, después de que en los últimos 12 meses 10 presidentes municipales fuesen asesinados en varios estados del país.

De acuerdo con registros oficiales, la reciente ola de atentados contra alcaldes inició el 6 de octubre de 2024 con el asesinato de Alejandro Arcos Catalán (Partido Revolucionario Institucional, PRI), presidente municipal de Chilpancingo, Guerrero.

Desde entonces, una decena de ediles han sido asesinados en localidades de Oaxaca, San Luis Potosí, Guerrero y Michoacán.

Sin embargo, el que ha despertado las alarmas es el de Carlos Manzo Rodríguez (independiente), quien fue ejecutado en Uruapan durante un evento público del Día de Muertos.

Su asesinato ha generado una fuerte indignación no solo en Michoacán, donde se han registrado protestas y enfrentamientos entre manifestantes y fuerzas policiales, sino en todo el país.

Según el Gobierno mexicano, Manzo contaba con protección federal y municipal desde 2024, reforzada a principios de 2025, lo que incrementa la preocupación sobre la vulnerabilidad de las propias autoridades.

En Uruapan, una ciudad de unos 360 mil habitantes, operan varias organizaciones criminales, entre ellas el Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG), Los Caballeros Templarios, Los Viagras, Pueblos Unidos y Los Blancos de Troya.

El eslabón más débil

En México existen tres niveles de gobierno —federal, estatal y municipal—, cada uno con sus propias competencias y funciones, pero todos bajo la amenaza del crimen organizado, que controla cientos de municipios.

“(El nivel municipal) es el eslabón más débil de las estructuras de gobierno en este país”, explicó a EFE el profesor-investigador de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, Javier Oliva.

“Y en un país en el que la ley es federalista, pero en la práctica es centralista, el municipio es el que sale con la peor parte en términos de presupuesto. En buena parte eso explica no solo los problemas de seguridad, sino de toda naturaleza: servicios urbanos, salud y otros rubros”, añadió.

Donde inicia el control del crimen organizado

Según la organización Data Cívica, en su estudio Votar entre Balas, un reporte sobre la violencia político-criminal en México, “el poder municipal es el eslabón más vulnerable frente al control territorial del crimen organizado”, y casi el 80% de las víctimas de esta violencia se concentran en ese nivel.

Para Oliva, especialista en Seguridad Nacional, los municipios están altamente expuestos ante el embate del crimen organizado y sus disputas territoriales, ya que los presidentes municipales son responsables directos de la seguridad pública.

“Estableciendo la comparación a nivel de las instituciones de seguridad pública, de manera análoga, las policías municipales son las que menos condiciones tienen para hacerle frente, estructuralmente, al problema de la inseguridad, la violencia y el crimen organizado”, expuso.

La misma ONG indicó que, en lo que va de 2025, Michoacán ha registrado 25 ataques dirigidos contra personas del ámbito político, el 88% de ellos contra funcionarios de nivel municipal.

El mensaje

Para el especialista, el mensaje que deja el asesinato de Carlos Manzo al Gobierno es de impunidad y desafío. “Esa es la evidencia que pone, y por el otro lado, la falta de responsabilidad en primera instancia de los gobiernos estatales”.

Advirtió además que estados como Oaxaca, Guerrero, Tamaulipas, Sonora, Sinaloa y Guanajuato también “se han visto gravemente afectados en los últimos años por la actividad criminal”.

Por último, Oliva lamentó que entre los cuatro puntos que plantea el Plan Michoacán —presentado esta semana por la presidenta Claudia Sheinbaum para combatir la violencia e inseguridad en el estado— “no viene un solo punto donde se señale el desmantelamiento de las actividades criminales”.

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EFE. Ciudad de México. 10 de marzo de 2025.-  La organización civil Data Cívica alertó este lunes de que la violencia política ha subido un 2,5 % en México de cara a las elecciones judiciales en junio próximo y el inicio de las campañas el 30 de marzo, y documentó 26 asesinatos de personas relacionadas con la política.

En enero de 2025, según la más reciente actualización del informe ‘Votar entre balas’, la ONG documentó 40 eventos asociados con la violencia político-criminal en el país.

Esto representa un aumento del 2,56 % tanto en comparación con el año anterior como con el mes anterior, es decir, diciembre de 2024 y enero de 2024, respectivamente, destacó Data Cívica en un comunicado.

«Las entidades (estados) con más eventos de violencia política en lo que va del año son Morelos (8), Sinaloa (7) y Oaxaca (7)», apuntó la organización.

Asimismo, destacó que en Morelos, tres autoridades locales sobrevivieron a ataques armados en sus casas en el primer mes del año.

Además, cinco aspirantes a representantes comunales fueron asesinados en un acto político en el municipio Huitzilac, sumando así un total de ocho ataques en enero, lo que convierte a este mes en el más violento en el estado en los últimos seis años en términos de violencia política.

«Desde 2018, Morelos ha registrado un promedio de 1,5 víctimas de violencia política al mes. No obstante, enero de 2025 ha sido el mes más violento desde 2018, después de mayo de 2024, mes previo a las elecciones locales en dicho estado», expuso Data Cívica.

La ONG recordó que a la par de las elecciones judiciales en junio, este año los estados de Veracruz y Durango también celebrarán comicios locales.

Finalmente, la organización recapituló que, según su conteo, de 2018 a 2025, se han registrado 2.300 ataques, asesinatos, atentados y amenazas contra personas asociadas con el ámbito político, gubernamental o contra instalaciones de gobierno o partidos.

Y señaló que 2024 ha sido el año con más eventos de violencia político-criminal, con 656 casos, en comparación con el 2023, que cerró con 570.

En poco menos de tres meses, el 1 de junio de 2025, México tendrá su primera elección al Poder Judicial, en la que se renovarán cerca de 1.000 cargos judiciales en todo el país, incluida la Suprema Corte de Justicia (SCJN), que se reducirá de 11 a 9 ministros.

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