Periodistas Unidos. Ciudad de México. 17 de marzo de 2026.- El pasado 28 de febrero de 2026 se cumplieron seis meses desde que la Secretaría de Educación Pública (SEP) y la Autoridad Educativa Federal de la Ciudad de México (AEFCM) ofrecieron una disculpa pública por los hechos de violencia sexual ocurridos en 2018 en el Jardín de Niños “Marcelino de Champagnat”. A pesar de ser una sentencia sin precedentes que reconoció un patrón sistemático de abuso contra 18 menores, la Oficina de Defensoría de los Derechos de la Infancia (ODI) reporta que los compromisos clave del Secretario Mario Delgado Carrillo siguen sin cumplirse.

La urgencia es máxima: investigaciones periodísticas publicadas a finales de 2025 revelan que un tercio de la violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes en México ocurre dentro de las escuelas.

Los compromisos pendientes: ¿Qué falta por hacer?

A pesar del acto público de reparación, diversos ejes fundamentales para garantizar espacios escolares seguros presentan omisiones críticas:

• Infraestructura de riesgo: No se han detectado ni removido las casas habitación dentro de los planteles, espacios señalados como focos de riesgo.

• Privacidad y seguridad: Sigue pendiente la garantía de baños obligatorios y separados para el alumnado y el personal educativo.

• Transparencia: Las plantillas de personal docente y administrativo de todas las escuelas aún no son accesibles ni transparentes para los padres de familia.

• Reparación integral: Las becas escolares completas dictadas judicialmente desde 2023 no se han entregado conforme a la ley; se están otorgando apoyos de programas preexistentes no especializados, e incluso algunas víctimas no han recibido nada.

El reto de la implementación nacional

Si bien a mediados de 2025 se publicaron los Lineamientos para la erradicación de la Violencia Sexual en Educación Básica, su aplicación en el territorio nacional es alarmantemente lenta:

Una deuda de justicia que persiste

La disculpa pública no debe ser un acto protocolario, sino el inicio de una transformación profunda. La SEP tiene la responsabilidad legal y ética de asegurar que ningún entorno escolar en México sea escenario de violencia. El cumplimiento de las medidas de no repetición es la única vía para honrar a las víctimas de hace ocho años y proteger a las generaciones actuales.

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