Periodistas Unidos. Ciudad de México. 11 de noviembre de 2025.- Con el cierre de la fase de consultas públicas para la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), programada formalmente para 2026, organizaciones de la sociedad civil mexicanas, lideradas por el Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC), llaman al Gobierno federal a fortalecer el capítulo laboral del acuerdo comercial. El objetivo: garantizar un comercio justo, libre de explotación, y consolidar los avances de la reforma laboral de 2019 en un contexto de presiones arancelarias globales impulsadas por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

En un documento de observaciones y propuestas entregado al Gobierno, la Coalición de Organizaciones de la Sociedad Civil por los Derechos Humanos Laborales —de la que forma parte ProDESC— enfatiza la necesidad de mejorar el Mecanismo Laboral de Respuesta Rápida (MRR) y reformar el artículo 23.6, que prohíbe importaciones de bienes producidos con trabajo forzoso. Las sugerencias buscan mayor transparencia, acceso y participación de trabajadoras y sociedad civil, en un tratado que no debe limitarse a compromisos en papel, sino traducirse en herramientas efectivas para erradicar la explotación laboral.

Entre las propuestas clave se incluyen: Crear una base de datos pública con quejas y resoluciones del MRR, para visibilizar patrones de violaciones laborales.
Establecer canales seguros y confidenciales para denunciar represalias contra denunciantes.
Ajustar requisitos probatorios más accesibles y publicar un registro público de empresas sujetas a restricciones por trabajo forzoso.

Además, se impulsa la cooperación trilateral con Estados Unidos y Canadá para armonizar criterios de vigilancia regional y fortalecer la implementación. El documento identifica oportunidades para integrar al Capítulo 23 temas emergentes, como la protección de trabajadoras migrantes bajo el sistema de visas H-2 —donde más del 90% de las visas agrícolas H-2A en EE.UU. van a mexicanas, con documentados abusos— y la prevención de violencia y acoso laboral, alineada con el Convenio 190 de la Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Paralelamente, la Coalición contra el Trabajo Forzoso en el Comercio (CAFLT), integrada por ProDESC y 16 organizaciones globales, envió una carta a las secretarías de Trabajo y Previsión Social (STPS) y Economía, así como a homólogos en Canadá y EE.UU., para exhortar una mayor coordinación interinstitucional. Estas acciones se enmarcan en un precedente reciente: el 29 de octubre, una resolución judicial —derivada de una demanda de Empower, acompañada por ProDESC— ordenó a la STPS reabrir una investigación sobre importaciones chinas ligadas a trabajo forzoso, modificando reglas mexicanas y haciendo más operativo el artículo 23.6 del T-MEC.

“El T-MEC no debe quedarse en el papel: tiene que traducirse en herramientas efectivas para erradicar el trabajo forzoso y proteger los derechos laborales de quienes sostienen las cadenas globales de producción”, afirmó Guillermo Torres, coordinador de Justicia Transnacional en ProDESC. Este llamado resuena en un diagnóstico previo de la Coalición, presentado en abril, que analiza avances como la democracia sindical y persisten desafíos en sectores vulnerables como migrantes, mujeres y jóvenes.

La revisión del T-MEC, anunciada a inicios de 2025, representa una ventana única para incidir desde un enfoque de derechos humanos, según expertos como Alejandra Ancheita, fundadora de ProDESC. En un panorama donde el 50% de las quejas del MRR se concentran en el sector automotriz por prácticas antisindicales, estas propuestas buscan no solo defender, sino expandir los logros laborales regionales.

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