Periodistas Unidos. Ciudad de México. 23 de junio de 2026.- El circo tradicional en México se caracterizó en parte por que los artistas heredaron la profesión a sus siguientes generaciones, y es el caso del Payaso paquin Jr (segunda generación, su padre Payaso Paquin) y ahora junto a su hijo Angelo son artistas estelares de VIE DE CIRQUE y del payaso Papelito, cuarta generación de familia circense (hijo del legendario Dino Raffles primer payaso mexicano en presentarse en el festival de Monte Carlo) y sus tres hijos que se presentan con diferentes actos en circos de Europa y México.

Rafael Marquez Rodriguez Papelito debutó desde muy pequeño en el circo, realizo rutinas de de trapecio con su mamá, Gloria Rodriguez Rivas, y sus hermanos, por décadas voló hasta los 50 años, y después junto con su esposa Elvia Alvarado Valdez realizó pareja en diferentes circos, en Estados Unidos Europa y Asia, dos de sus Hijos nacieron en las gira por Asia, Rafael en Filipinas y Yasara en Malasia.

Arturo Pérez, Payaso Paquin Jr, tiene más de 39 años de trayectoria, Cuenta que su padre no quería que él fuera payaso, pero él a los 23 años retomó el oficio de su papá y en homenaje retomó hasta el nombre, en la Actualidad comparte pista con su hijo Felipe Angel,el Payaso Angelo, actualmente encabezan el proyecto de Vie de Cirque que ya ha recorrido parte de la república Mexicana y se ha convertido en un gran referente de los espectáculos circenses

Rafael Márquez fue bautizado por que a su padre (Dino Raffles) en su familia lo conocían como Papel, ya que en la familia un niño al no poder pronunciar su nombre Rafael lo pronunciaba como “Papel” por lo que en la familia se le quedó el apodo, al nacer su primer hijo el apodo pasó a “papelito” por lo que su personaje de payaso ya tenía nombre.

Por muchos años Paquin Jr Realizó temporadas con el Circo Atayde Hermanos, pero a nivel internacional también fue invitado a giras por Estados Unidos y por América latina, fue después de la pandemia del 2020 donde se concretó la idea de montar su proyecto actual de Vie de Cirque, impulsada en gran medida por Angelo, ya que paquin por mucho tiempo decía que él nunca deseaba “Tener un circo”

El papa de Dino Raffles (abuelito de Papelito) tuvo un circo, por 1943 “realizando el número del paso de la muerte” ocurrió un accidente (se reventó una gaza) provocó su caída de cabeza por lo que falleció al instante en la pista, Dino Raffles comenzó a los 5 años realizando contorsiones fue hasta que muchos años después en temporada de Circo Atayde Hermanos que con un acto cómico con rola rola lo bautizaron con el nombre que lo hizo famoso “Dino Raffles” En la actualidad los hijos de Papelito también trabajan el las pistas de circos, David y Rafael tienen ya varios años trabajando en Europa, Mientras que Yasara realiza diferentes actos, y actualmente realiza temporada en la Ciudad de México en el Circo de los Hermanos Corona con Acto de Hula Hula.

Angelo, nació en una gira de su padre por Chile, desde muy pequeño compartió pista con Paquin Jr ya cuenta con 20 años de trayectoria; En su recorrido artístico ha visitado más de 29 países y en ocasiones incluso a trabajado en circos que compiten con la gira de su propio papá, “mi señor padre es mi inspiración” nos declara mientras se prepara para el espectáculo.

Yasara Márquez Alvarado y sus dos hermanos aprendieron la vida del circo de su familia, prácticamente nacieron en la pista. Por parte de su padre, son la quinta generación, pero por parte de su mamá Elvia Alvarado Valdez son tercera Generación, su abuelo materno Luis Alvarado Payaso “Lolito” llevan en el ADN la formación circense,

Rafael Márquez “Papelito” relata con emoción que sus hijos realizan diferentes actos en las pistas de los circos.

Angelo comenta que el Circo está en Peligro de extinción, el competir con espectáculos extranjeros ó incluso las propias políticas culturales del estado, al circo lo deja completamente en la vulnerabilidad. pero Vie de Cirque llegó a conceptualizar de otra forma el circo mexicano, de la imaginación de Angelo y el cobijo de Paquin este concepto pasó a hacerse realidad, y se nota en cada función con los aplausos del público.

Yasara Marquez Alvarado no solo realiza temporadas en Circos, las circunstancias laborales también la han llevado a presentarse en otro tipos de escenarios, centros de exposiciones, eventos culturales, fiestas privadas pero la magia de la pista del circo es única, actualmente realiza gira en el circo de los Hermanos Corona en la Ciudad de México,

Angelo tiene una preparación bastante completa, su preparación musical es de primer nivel, su padre describió que desde los dos años tocaba un sencillo juguete musical y es de los números más gustados en la pista.

Durante décadas Papelito vivió del circo y para el circo, ahora ya retirado como artista ve la carrera en ascenso de sus hijos y hasta de sus nietos, aunque nos cuenta que en momentos lejos pero contento de ver reflejado en ellos su trabajo como artista y como padre.

Paquin Jr Y Angelo comparten pista, comparten angustias, comparten éxitos y responsabilidades, tienen camino por recorrer, y miran a conseguir consolidar Vie de Cirque como una gran referencia del circo en México y por qué no a nivel mundial,

En los ojos de Paquin se nota el Orgullo que tiene por Angelo y en Angelo se nota el cariño y amor que tiene por su padre.

Angelo y Paquin fueron anunciados como artistas del próximo Festival Internacional México, y con cerca de conseguir dos mil representaciones de Vie de Cirque la pareja de padre e hijo no pierden la sencillez ante su público, se toman fotos, saludan, dan autógrafos, reflejando lo “Padre del circo”.

La entrada Un par de historias muy padres en el circo se publicó primero en Periodistas Unidos.

Por Alejandro Meléndez

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 13 de enero de 2026.-  Kattya Vivanco González, maestra jubilada de 62 años, enfrenta una batalla legal contra el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que pretende reducir su pensión en casi siete mil pesos mensuales, pasando por alto una sentencia judicial que le otorgó la razón hace cuatro años.

La docente, quien se jubiló el 1 de febrero de 2018 tras una carrera en el subsistema DGETI (bachillerato tecnológico) de la SEP, ostentaba la plaza de profesor de tiempo completo titular «C», la más alta en el escalafón magisterial. Desde el momento de su jubilación detectó irregularidades en el cálculo de su pensión.

Una lucha de años por sus derechos

Al recibir su documento de «concesión de pensión», Vivanco se percató de que la cuota diaria establecida no correspondía a lo que legalmente le tocaba, pues se le estaba aplicando ilegalmente el criterio de tope en Unidades de Medida y Actualización (UMAs), sin que existiera modificación legal ni criterios jurídicos que avalaran ese monto.

«Recalco ilegal porque hasta ese momento no había modificación legal, ni criterios jurídicos que avalaran ese monto», enfatiza la maestra.

En febrero de 2020, Vivanco inició una demanda contra el ISSSTE, fundamentada en una tesis de la Suprema Corte de Justicia que establecía que las pensiones no podían determinarse con base en las UMAs.

El juicio se llevó a cabo en la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que emitió sentencia definitiva el 20 de octubre de 2020 favorable a la docente. Sin embargo, el ISSSTE se negó a cumplir la resolución.

Fue necesario que Vivanco interpusiera una queja el 31 de enero de 2022 y ejerciera presión en redes sociales, incluso publicando una carta de denuncia en el correo ilustrado del periódico La Jornada, para que finalmente se le ajustara la cuota diaria de su pensión.

El costo de esta batalla judicial fue alto: cerca de 90 mil pesos en honorarios de abogados, además del desgaste emocional y el tiempo invertido en movilizaciones y trámites legales.

En noviembre de 2024, el director del ISSSTE, Martí Batres, publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo mediante el cual, argumentando el artículo 50 de la Ley del ISSSTE, anunció una revisión de las pensiones que rebasen el tope de las 10 UMAs.

La pensión de Vivanco rebasa ese tope por aproximadamente cuatro o cinco mil pesos mensuales, precisamente porque cuando se jubiló era ilegal fijarla en UMAs, situación que fue reconocida judicialmente.

El 6 de agosto de 2025, tres hombres se presentaron en el domicilio de la maestra —quien vive sola— en actitud prepotente y sin identificación institucional adecuada, exigiéndole que se identificara.

«Afortunadamente reaccioné a tiempo y les respondí que yo estaba en mi casa y que en todo caso ellos eran los que debían identificarse», relata Vivanco sobre el momento intimidatorio.

El 11 de agosto, la docente compareció en las oficinas centrales del ISSSTE, en la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, acompañada de su abogado, a quien no se le permitió hablar.

Llevó consigo las sentencias emitidas por el Tribunal de Justicia Administrativa y la impresión de 26 talones de pago correspondientes a su último año laborado, documentos con base en los cuales el juez le había dado la razón.

Noventa días después, el ISSSTE le notificó un documento de 70 páginas en donde la acusa de «dañar el patrimonio de la institución». La institución pretende reducir su pensión mensual de 38,516 pesos a 31,791.90 pesos.

Violación a la división de poderes

«Ahora resulta que el artículo 50 de la ley del ISSSTE y el acuerdo publicado por Martí Batres están por encima de una resolución judicial. Luego entonces, qué caso tiene que uno recurra y exista un poder judicial si un funcionario menor en el momento que se le ocurra puede pasar por encima de otro de los poderes, el Judicial», cuestiona la maestra.

Vivanco argumenta que si bien el artículo 50 de la ley del ISSSTE faculta a la institución para revisar las pensiones, esto aplica cuando se trata de sus propias resoluciones, no cuando existe una sentencia judicial de por medio.

«Ese artículo no le puede dar al ISSSTE la atribución de cambiar una resolución judicialmente, porque simple y sencillamente eso es violatorio de la constitución», señala.

Según información de la docente, no es el único caso: existe una relación de aproximadamente ocho mil jubilados en situación similar.

«Seguramente habrá algunos que consiguieron su pensión mediante la corrupción, pero seguramente también habrá muchos otros como yo que fue de manera legal y legítima», reflexiona.

Promesas incumplidas

Vivanco recuerda que durante su campaña electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum prometió al magisterio echar para atrás la reforma de la Ley del ISSSTE, promesa que no solo no se ha cumplido, sino que ahora los maestros y personal del sector salud que demandaron sus derechos enfrentan intentos de reducción de sus pensiones.

«Cómo espera la presidenta que los empresarios y los ciudadanos confiemos en el poder ejecutivo que no respeta la constitución», cuestiona la maestra.

Vivanco reconoce que las pensiones son un problema en México, pero considera que se deben tomar medidas que respondan verdaderamente a la problemática y no generen más injusticias.

«En nuestro país hay más de ocho sistemas de jubilación. Hay quien recibe hasta cuatro pensiones. Los empleados privilegiados de algunos sectores como CFE tienen derecho a la pensión de la empresa, del IMSS e incluso algunos también tienen la del ISSSTE porque trabajaron en alguna dependencia, y finalmente tienen la del bienestar», ejemplifica.

Menciona casos de instituciones como Nafin o la Suprema Corte de Justicia, donde funcionarios se van con pensiones «muy jugosas» sin tener 28 o 30 años de servicio.

«Si se requiere revisar las pensiones, pero se requiere revisarlas con criterio de justicia social y no como burócrata que lo único que piensa es: esto rebasa el límite, lo ajusto y ya», enfatiza.

En espera de respuesta

Al momento de esta denuncia, Vivanco se encuentra en espera de que el mismo funcionario que le comunicó la reducción de su pensión responda al recurso de inconformidad que interpuso en diciembre pasado.

La maestra hace un llamado a denunciar el comportamiento que califica de «ilegal e ilegítimo» del ISSSTE y solicita el apoyo de la sociedad civil y de las autoridades para que se respete el estado de derecho y las sentencias judiciales.

Este caso pone en evidencia las contradicciones de un sistema que, por un lado, promete la defensa de los derechos de los trabajadores y, por otro, intenta reducir pensiones obtenidas legalmente y respaldadas por resoluciones judiciales, generando incertidumbre entre miles de jubilados que lucharon por sus derechos durante años

La entrada Maestra jubilada denuncia que el ISSSTE pretende reducir su pensión pese a contar con sentencia judicial favorable se publicó primero en Periodistas Unidos.

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 07 de enero de 2026.- Durante varias semanas, Juliett* (el nombre fue modificado por cuestiones de anonimato) estuvo impaciente porque su mudanza, enviada desde Ciudad de México, llegará a su nuevo hogar. Lo que era el sueño de comenzar una nueva vida se volvió angustia cuando Diana Laura Rebollo Montaño, la dueña de la empresa de mudanzas, dejó de responder a sus mensajes de WhatsApp.

A pesar de la insistencia, Rebollo Montaño nunca contestó. “Me ghosteó y se llevó todo lo que había conseguido ahí, hasta el 50% que le pagué por el servicio”, expresó Juliett. Enumeró: muebles, ropa, recuerdos, toda su vida. Juliett se dio cuenta que fue víctima de robo y fraude.

Lo que prometía ser un nuevo inicio, resultó en una larga travesía de recuperar la vida que había hecho en la Ciudad de México durante años. Tuvo que comprar los objetos que fueron robados por el servicio de mudanzas ofrecido por Rebollo Montaño, con los gastos que implica el doble esfuerzo del pago de la mudanza y su adquisición.

El boom inmobiliario en la Ciudad de México ha dado pie a servicios de robo, fraude y estafa en los servicios de mudanzas foráneas en la capital del país.

Las empresas fraudulentas utilizan plataformas como redes sociales y sitios web para divulgar sus servicios de mudanza. Es posible encontrar sitios como “Mejores mudanzas” a través de búsquedas en plataformas como Google. Dichos sitios permiten ingresar datos como cantidad y tamaño de objetos, lugar de origen y destino, con información personal como direcciones y números telefónicos. Tras hacerlo, derivan la información hacia diversas empresas dedicadas al transporte de carga individual y compartido a distintas partes de la República.

Las cotizaciones son enviadas a los usuarios por las “mudanceras”, sin ningún tipo de verificación sobre su fidelidad y legalidad, a pesar del uso de datos personales. Una de estas entidades es la denominada Muebles y Mudanzas Diana, a cargo de Diana Laura Rebollo Montaño, quien se anuncia en diversas plataformas tales como Facebook e Instagram y después “ghostea” cuando le depositan y recoge las pertenencias ajenas sin entregarlas.

A través del Internet, Rebollo Montaño promociona la prestación de servicios de mudanza garantizando el traslado de los bienes muebles que se le dan en consigna para su traslado en la ciudad o en otras entidades federativas, sin embargo, no brinda el servicio, y ha sido acusada por robar las pertenencias de personas extranjeras y no responder las llamadas.

Su información de contacto también está asociada a la empresa “MUDANZAS EXCLUSIVAS & PROFESIONALES MUDA-TODO”.

La forma de operar de esta persona o las personas que brindan los servicios Muebles y Mudanzas Diana es por diversos canales.

Diana Laura Rebollo Montaño se puede localizar a través del buscador google, una vez contactada al teléfonos “5545741485”, “5530839650”, y “5545741485” (teléfono público), vía WhatsApp; además tiene registrado el correo “mueblesymudanzas95@gmail.com”. Tras una charla, se agenda el servicio.

Rebollo Montaño solicita el 50% del costo total de la mudanza, informa fecha aproximada de entrega, una vez que se llega tal día, no hace entrega de los muebles. Ante el reclamo sobre el destino y paradero de los muebles, deja de contestar o amenaza que dejen de molestarla.

A pesar de “ghostear”, durante la negociación Rebollo Montaño ofrece contrato y facturación del servicio. Su cédula fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) está con el número de identificación “REMD950820KW1”, registrado a su nombre, con su fecha de nacimiento en agosto de 1995, su inicio de operaciones el 12 de diciembre de 2017 y ubicado en la colonia Minas El Tecolote, en Naucalpan, Estado de México con el correo electrónico mencionado. Está registrada bajo el régimen de Personas físicas con actividades empresariales y profesionales.

México cuenta al menos 2523 “mudanceras”, de las cuales 663 están ubicadas en la capital y 338 en el Estado de México, según el sitio especializado en datos Rentech Digital, que analiza redes sociales de las empresas.

El lugar donde se estaciona las camionetas, una color roja y la otra plateada, donde brindan el servicio es el ubicado en Avenida Col del Valle, Eje 5 Sur 137-5, Insurgentes San Borja, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, México,  y en Calle Ameyalco No. 37 de la misma colonia y alcaldía, con número de placas 4895CB y A-95-977.

Modus operandi

Llama la atención que se tienen identificadas más de 15 denuncias en contra de Rebollo Montaño por robo y fraude, pero no se encuentra una explicación sobre el permiso expedido por las autoridades competentes para realizar dicha actividad comercial. A la fecha, se registran más de 20 personas defraudadas y que han sido víctimas de robo, pero no se atreven a denunciar por temor a represalias.

Una de las personas afectadas, quien solicitó el anonimato, declaró “confié en su servicio, pero pasó el tiempo y no contestó. Cuando te mudas no solo trasladas cosas, mueves tu vida, parte de tu historia, de quien eres”.

Se dijo indignada por el robo del que fue víctima y cuestionó que Diana Laura Rebollo Montaño siquiera se dedique a las mudanzas. “Seguramente se queda las cosas y las revende en los tianguis o en Marketplace”, declaró.

Hizo un llamado a las autoridades para intervenir en estos casos, advertir a posibles clientes y solicitó que tanto organismos como la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, las autoridades del Estado de México, y las plataformas digitales como Google, sitios web y redes sociales generen mecanismos de seguridad que den certezas al momento de usar las empresas de mudanza.

“¿Cómo es posible que Google y los sitios no haya ninguna certeza de a quién se entregan los datos personales como direcciones, números telefónicos y correos electrónicos? Ponen en riesgo a la gente”, espetó. Exigió que “le caiga todo el peso de la ley” a Rebollo Montaño y demás empresas cómplices en robos a través de mudanzas.

En redes sociales se identificaron señalamientos contra las empresas a cargo de Rebollo Montaño. En 2020, un usuario en Facebook publicó: “estuve escribiéndolo (sic) durante una semana a la señorita Diana Rebollo y no me contestaba o me dejaba en visto, y yo estaba preocupada por mis cosas, jamás me contestó”.

La usuaria señaló que su mudanza llegó con un televisor de 50 pulgadas “estrellado” porque “se les cayó” y “venía un poco mojado”. Las cajas llegaron “bastante maltratadas”. Acusó que Rebollo Montaño exigió el pago correspondiente a la otra mitad, a pesar del estado deplorable de las cosas.

Juliett recomendó colocar air tags o algún rastreador a los objetos personales para monitorear su transporte y llegada.

Colegas la culpan por desconfianza

Incluso, colegas del mismo giro comercial, quienes pidieron que sus datos se mantuvieran bajo anonimato, externaron que es frecuente que acudan a reclamarles, por lo que, por culpa de ellos la clientela ha disminuido.

Señalaron que el modus operandi de Rebollo Montaño es identificar a extranjeros para incumplir con el acuerdo, ya que es más costoso para los “nómadas digitales” empezar un proceso jurídico desde sus países.

En grupos específicos de redes sociales se leen comentarios de otros servicios de mudanza que señalan “por estas personas que se hacen llamar mudanceros nos dejan mal a los que sí nos dedicamos a esto”,  “son unos irresponsables que por querer ganar la chamba se van bien abajo” y “los coyotes no tienen capacidad para resolver solo mandar sus fracciones a costos ridículos y quemando el mercado de los compartidos”.

Las personas a cargo de las empresas de mudanzas identificaron a Rebollo Montaño como parte de una familia que se dedica al mismo giro y que también comercializan muebles en la Nápoles.

Es preocupante que sigan brindando los servicios y las autoridades correspondientes no hayan intervenido en el caso.

La entrada Identificados estafadores en Ciudad de México que ofrecen servicios de mudanzas foráneas desde la CDMX se publicó primero en Periodistas Unidos.

Por Alejandro Meléndez

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 11 de noviembre de 2025.- La comunidad de Coahuayula, municipio de Chinicuila, Michoacán -junto con localidades vecinas como El Ranchual y La Laguna de Calvillo-, ha sido escenario de una escalada de violencia armada por más de un año y medio. El epicentro de esta crisis humanitaria se remonta a la desaparición del maestro rural José Gabriel Pelayo Zalgado, ocurrida en marzo de 2024. El hecho desencadenó una serie de ataques perpetrados por grupos armados identificados como integrantes de la delincuencia organizada. Por razones de seguridad, y para no vulnerar la integridad de los pobladores, en esta nota se omite el nombre específico de los grupos criminales involucrados, refiriéndonos a ellos como «miembros de la delincuencia organizada». Esta medida busca proteger a las comunidades afectadas, evitando exponerlas a mayores riesgos en un contexto donde la identificación directa podría intensificar la intimidación o represalias. Habitantes, organizaciones defensoras de derechos humanos y comunicados comunitarios denuncian el uso sistemático de explosivos lanzados desde drones, armas de grueso calibre, bazucas y minas terrestres, que han dejado a la población civil en asedio constante, con bloqueos de accesos, desplazamientos forzados y daños a viviendas.

El profesor Pelayo Zalgado, docente de primaria rural, fue privado de su libertad el 19 de marzo de 2024 en el pueblo de Coalcomán, Michoacán, mientras compraba víveres y atendía asuntos familiares. Desde entonces, su paradero es desconocido, y los habitantes de la comunidad de Coahuayula –donde residía y trabajaba– han interpretado este suceso como el inicio de una campaña de intimidación por parte de grupos criminales que buscan controlar la zona. Familiares y vecinos han exigido investigaciones exhaustivas a las autoridades federales y estatales, pero a la fecha no se han reportado avances significativos. «La desaparición del maestro no fue un hecho aislado, fue el detonante de una violencia que ha transformado nuestra vida cotidiana en un infierno», expresó un habitante anónimo de esta comunidad indígena, en redes sociales.

Tras la desaparición del profesor rural, las comunidades han sufrido ataques recurrentes que han afectado principalmente a civiles, incluyendo niños, mujeres y personas mayores. Según reportes de la Red Solidaria de Derechos Humanos y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes» (Red TDT), estos incidentes incluyen detonaciones directas contra viviendas, bloqueos de carreteras con troncos y minas, y enfrentamientos que han cobrado vidas, como la de dos miembros de la policía comunal, en agosto de 2024. La guardia comunal ha asumido un rol defensivo, evacuando a residentes y conteniendo avances de los agresores, pero a un alto costo: heridos, daños materiales y un aislamiento que suspende actividades laborales y sociales.

El testimonio reciente de una persona que trabajó en la comunidad de Coahuayula –cuyo nombre se omite por cuestiones de seguridad– destaca la persistencia de esta crisis y los esfuerzos por mantener viva la memoria del maestro desaparecido. Según la fuente, en conmemoración del primer aniversario de la desaparición, en marzo de 2025, se realizó una actividad simbólica que incluyó la plantación de un «Árbol de la Memoria» con una placa conmemorativa dedicada a Pelayo Zalgado y a otros defensores del territorio. También, se crearon letras gigantes con el nombre «Pelayo» para visibilizar la causa. Además, se organizaron mítines culturales enfocados en las infancias y el público en general, con el objetivo de difundir la situación del maestro y el contexto de violencia en la Sierra Costa de Michoacán. «Hasta la fecha, que ya es año y medio, seguimos sin tener mesas de trabajo ni nueva información; la investigación sigue prácticamente igual, sin avances significativos. De lo contrario, la violencia en Coahuayula se ha recrudecido con ataques hasta de 48 horas», relató la persona anónima.

El ambiente de zozobra y miedo es la constante para los pobladores. No se sienten seguros en su espacio ni para salir a comprar víveres o medicinas.  Viven en una comunidad con caminos de terracería y difícil acceso, sin acceso al agua ni señal telefónica, lo que han agravado la situación y vulnera todavía más los traslados. «Los dronazos que avientan caen en los sembradíos; es toda una estrategia para irlos dejando con mucha hambre y con miedo», agregó. Los ataques pueden durar uno, dos, tres o cuatro días, impidiendo las actividades cotidianas del día a día. En Coahuayula, los pobladores habitan con casas cubiertas de lámina o teja, que significan poca protección en un clima caluroso. Aquí, la gente padece el sistema de salud. Hace apenas unos días, una niña fue picada por un alacrán, mientras ocurría un ataque. No hubo posibilidad de llevarla al doctor en medio de la balacera. En los caminos de terracería, las personas son amedrentadas, incluso amenazadas de muerte. No hay doctores, botiquines ni paliativos disponibles, y durante los ataques, el ejército, la Guardia Civil o la Guardia Nacional no intervienen: «No bajan hasta la comunidad; se quedan en algún tramo y esperan a que se acaben los ataques para llegar hasta cierto pedazo, decir que fueron y nada más. Parece más bien una simulación». Esta problemática es sistemática en toda la Sierra Costa, con casos variados en zonas como Ostula, Xayacalan y Aquila, pero respondiendo a un problema de macro criminalidad.

Un post en Instagram de la cuenta @coahuayulaycomunidadesvecinas, publicado el 19 de octubre de 2025, alertó sobre un ataque. La amenaza se extendió por más de 48 horas, con disparos y explosivos dirigidos contra la población. No hubo distingo entre hombres, mujeres o infantes. «Las comunidades permanecen bajo asedio, sin presencia de autoridades que contengan la violencia», se lee en el mensaje, que hace un llamado a la solidaridad y a compartir información para generar «ruido mediático». Al día siguiente, el 21 de octubre, la Red TDT emitió la Acción Urgente 008, documentando el patrón de violencia y exigiendo intervención inmediata del gobierno de Michoacán, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH-México) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los antecedentes citados en el comunicado incluyen acciones previas de la Red TDT, como la documentación de asedios en enero de 2025 y ataques con drones en julio de 2024 en Santa María de Ostula, una comunidad vecina. Entre los riesgos destacados se encuentran: el desplazamiento forzado, ejecuciones, lesiones por explosivos, la falta de protección estatal y la muerte. Las exigencias incluyen el cese de ataques, despliegue de fuerzas de seguridad con enfoque civil, desactivación de minas, medidas de protección colectivas y atención humanitaria integral.

A pesar de los llamados reiterados, las autoridades no han realizado operativos efectivos de desminado ni proporcionado corredores humanitarios, lo que evidencia una inacción prolongada que perpetúa el recrudecimiento de la violencia. En Coahuayula, el miedo persiste: minas en caminos comunales, como el que lleva a la toma de agua potable detectadas en agosto de 2025, mantienen a la población sin acceso a recursos básicos. Organizaciones civiles urgen a la sociedad a firmar alertas y grabar videos de solidaridad para presionar por una resolución. Esta ausencia de intervención efectiva se conjuga con el reciente anuncio del «Plan Michoacán», presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum el 9 de noviembre de 2025, que promete atender las causas de la violencia, fortalecer la seguridad, la inteligencia y el despliegue de más militares, junto con una inversión millonaria en la entidad. Sin embargo, los pobladores y activistas ven con cautela sus posibles resultados, considerándolo una «política del déjà vu», similar a iniciativas previas que no han resuelto los problemas estructurales, como el control territorial por parte de la delincuencia organizada en sectores como el del aguacate y el limón, y donde la inacción hasta ahora ha sido la norma.

Esta situación evidencia la vulnerabilidad de comunidades rurales en Michoacán ante el crimen organizado, donde la ausencia estatal agrava el impacto humanitario. Mientras tanto, la búsqueda del maestro Pelayo Zalgado continúa. Es símbolo la lucha por justicia en una región asediada.

Cuadro Cronológico de Hechos Relevantes

La entrada Escalada de la violencia en Coahuayula y zonas aledañas tras la desaparición del maestro rural José Gabriel Pelayo Zalgado se publicó primero en Periodistas Unidos.

AMEXI. Ciudad de México. 19 de septiembre de 2025.- Aquel 19 de septiembre de 1985, día de aquel terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter, Don Raúl Flores García era sepulturero en el Panteón Francés, donde actualmente, a un lado de la entrada, tiene un puesto de arreglos florales, los cuales vende a familiares que visitan en su tumba a sus difuntos.

Don Raúl tenía 20 años aquel 19 de septiembre de 1985 y de viva voz cuenta a amexi.com.mx una crónica de lo que vivió, de cómo se impresionó y de la incredulidad ante lo inesperado.

“Como que era un sueño, porque nunca habíamos vivido un momento como ese, nunca lo habíamos visto de tanta gente muerta, tanta destrucción de casas, edificios y en el centro fue más fuerte, porque eran edificios más grandes y era sorprendente ver todo esto”, compartió.

Recordó que la puerta pesada de acero del Panteón Francés cayó, varias partes de la pared perimetral también, capillas de las tumbas también rodaron, parte de la iglesia del recinto tuvo el mismo fin.

La caída de edificios generó la muerte de familias completas y quienes tenían su lugar en el panteón llegaron conforme encontraron sus cuerpos y fueron muchas personas, siendo a veces, siete cuerpos por día.

Cómo se cayó parte de la barda perimetral, fue contratado como velador y por eso compartió que “de día era panteonero sepultando los cuerpos y en la noche de velador”.

En ese entonces, apenas pasando el viaducto de lado sur, estaba el Parque IMSS de Beisbol y se dio cuenta que todos los cuerpos que no eran reconocidos por sus familiares fueron llevados y colocados sobre el terreno de juego.

“Fue insólito, porque cuando pasaba y, como las puertas estaban abiertas, veía los montones de cuerpos con muchísimo hielo que les ponían encima”, compartió.

A don Raúl Flores García le tocó el temblor arriba del camión rumbo a su trabajo y, en el camino y ya en su sede laboral, vio toda la destrucción que generó el sismo del 19 de septiembre de 1985.

La entrada Raúl Flores, sepulturero del Panteón Francés y el sismo del 85: “Como que era un sueño” se publicó primero en Periodistas Unidos.

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 02 de septiembre de 2025.- Camilo Vicente Ovalle y Enrique Acosta Gómez hablan con Jorge Meléndez y Témoris Grecko sobre el reportaje “La Lista Apresa y los Vuelos de la Muerte” en el programa «Después de la Letra… la Palabra» de Periodistas Unidos.

La entrada Camilo Vicente y Enrique Acosta hablan con Jorge Meléndez y Témoris Grecko sobre el reportaje “La Lista Apresa y los Vuelos de la Muerte” se publicó primero en Periodistas Unidos.

AMEXI. Ciudad de México. 16 de julio de 2025.- A las cinco de la mañana, cuando la Ciudad de México apenas bosteza entre neblina y asfalto, Manuel Zárate ya está en pie. Desde Chalco, recorre la ciudad hasta llegar al Senado de la República.

En su mochila no lleva mucho: cepillos, pomadas, trapos y una convicción silenciosa que no necesita proclamarse. Manuel es bolero. Pero no uno cualquiera. Es el bolero del Senado.

Tiene 35 años, Nació en San Cristóbal Amoltepec, en el distrito mixteco de Tlaxiaco, Oaxaca, tierra de montañas. Su madre, Eugenia Isabel Hernández, es ama de casa. Su padre, Feliciano Juan Zárate Hernández, fue quien le enseñó el oficio con la paciencia que solo un padre sabe dar.

Así llegó a la capital

De joven se enfermó. “Me caí – comenta – me lastimé la espalda, y además me dio anemia”, Fue entonces cuando su padre tocó puertas en oficinas del ISSSTE, donde tenía algunos clientes doctores. Así llegó a la capital, hace quince años. Y se quedó.

Lo suyo no es solo bolear. Es un arte. Lo dice con orgullo, sin estridencias. “Cada zapato es distinto. Hay que saberlo leer, darle su tiempo. Como la vida”.

En el Senado ha aprendido a leer no solo el cuero, también los silencios, las conversaciones en voz baja, los rumores que no salen a los pasillos. Pero Manuel es discreto. “Lo que se escucha aquí, aquí se queda”, dice. Con una sonrisa que no revela más.

Cree en la Virgen de Guadalupe

Vive con su hermana y su sobrino. Es católico. Cree firmemente en la Virgen de Guadalupe. Y aunque su hogar está ahora en Chalco, su corazón sigue en Oaxaca. Vuelve a su pueblo tres o cuatro veces al año para abrazar a los suyos, saborear el pozole negro que tanto extraña y ver los cerros que lo vieron partir.

Su jornada empieza a las ocho de la mañana y termina a las siete de la noche. No tiene patrón. Su rutina es autoimpuesta, nacida del compromiso. “Por mi familia”, repite.

Y se nota. A Manuel lo espera su esposa, Maurilia Hernández, y su hija Ariadna, de ocho años. En unas semanas llegará su segunda hija: Hanna Ixchel.

Hay gratitud en sus palabras

A pesar del agotamiento, los trayectos largos, la lluvia que convierte en una odisea el camino de regreso a casa, Manuel no se queja, por el contrario, agradece.

No hay sarcasmo en sus palabras. Hay gratitud.

En un país donde el zapato boleado parecía cosa del pasado, donde la prisa y la desmemoria arrasan con los oficios tradicionales, Manuel representa otra forma de estar en el mundo.

Una que brilla no por ostentación, sino por dignidad. Es como el cuero bien cuidado, porque a veces los héroes no usan capa, usan franela y pomada.

La entrada El Bolero del Senado; entre pasillos y silencios: Manuel Zárate se publicó primero en Periodistas Unidos.

Amexi. Ciudad de México. 21 de diciembre de 2024.- Si transitar por la Ciudad de México es de por sí un caos, es más difícil encontrar un lugar en los estacionamientos públicos, y en fechas como éstas, de paseo, de compras y reuniones, la prioridad para los usuarios es tener la certeza de que son sitios seguros y con personal confiable.

De acuerdo con datos del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (Inegi), hay más de seis millones de automóviles en circulación.

Quienes buscan un estacionamiento, porque no quieren dejarlo en cualquier lugar, buscan uno de confianza y donde el cobro no sea excesivo.

¿Qué es un estacionamiento público?

Un estacionamiento público es un lugar donde las personas pueden aparcar su automóvil de manera temporal.

Generalmente, están en zonas con mucho tránsito vehicular, como el Centro de la capital del país, especialmente en estas fechas decembrinas para hacer las compras navideñas.

Esos espacios tienen el propósito de proporcionar a las y los conductores un lugar seguro para dejar su coche, lo que ayuda a facilitar la circulación, al dejarlo en un lugar donde no interfieran con el paso.

Los estacionamientos de este tipo pueden ofrecer servicios como vigilancia, seguridad, cámaras de video y atención al cliente, a fin de mantener tu vehículo seguro y evitar que alguien le pegue al coche o se roben alguna parte del mismo.

En el caso de los autos, algunos seguros tienen cobertura de robo parcial, que pueden auxiliar en este tipo de incidentes.

Para otros medios de transporte, muchos de estos lugares incluyen biciestacionamientos, una mejor opción que dejar tu bicicleta en la calle, pues ofrece techo y vigilancia, pero sin olvidar colocar un candado de alta calidad o un sistema de atadura.

Espacio seguro y confiable

En la Ciudad de México se tiene la ventaja de que los estacionamientos públicos están regulados por la ley y deben cumplir con ciertos criterios para demostrar que ofrecen un servicio seguro.

La Procuraduría Federal del Consumidor (Profeco) es el organismo que regula y aprueba este tipo de establecimientos, por lo que si un estacionamiento cuenta con un sello amarillo, es porque cumple con los requisitos establecidos por la Ley Federal de Protección al Consumidor (LFPC).

Los requisitos que deben cumplir estos establecimientos son:

• Emitir un boleto para los usuarios, ya sea por auto, motocicleta o bicicleta
• Contar con un reloj que registre el tiempo del servicio
• Seguro de Responsabilidad Civil o fianza que cubra cualquier daño o pérdida que pueda sufrir un usuario, su vehículo o terceros en caso de incidentes
• Contar con un espacio en óptimas condiciones
• Los acomodadores siempre deben portar la identificación del establecimiento
• Exhibir y respetar la tarifa

Es importante guardar el boleto de estacionamiento para tomar acciones legales en el caso de que el patrimonio se dañe o para reportar cualquier incidente o anomalía.

La entrada Los estacionamientos públicos en la CDMX ¿Son seguros y confiables? se publicó primero en Periodistas Unidos.

• Entre marzo y junio de este año, el colectivo Decofem localizó 32 cuerpos enterrados en el Cerro de la Cruz de Jacona, en Michoacán. Siete han sido identificados. Sobre Raúl y Mario —dos de las víctimas— y sus familias, de su búsqueda y de los obstáculos que les pusieron las autoridades cuando los hallaron, es esta historia

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 28 de noviembre de 2024.- Lo primero en salir de la tierra son un par de tenis idénticos a los que Gabriela Pérez Ramírez regaló a su hijo en la Navidad previa a su desaparición. Después, una chamarra negra con gris, igual o parecida a la que vestía Raúl Ávila Pérez aquel lunes 14 de marzo de 2022 en que no regresó del Cerro de la Cruz. 

Hoy es lunes 10 de junio de 2024. Los peritos escarban en la parte baja del cerro; a unos metros, Gabriela está comiendo con sus compañeras de búsqueda. No sabe todavía que ese cráneo agujereado que una de las forenses sostiene en sus manos puede ser el de Raúl.

Veinte minutos después del hallazgo, regreso junto al árbol donde las integrantes del colectivo Desaparecidos de la Costa y Feminicidios de Michoacán (Decofem) comparten un táper lleno de arroz y carne guisada. Desde esta altura del cerro aún se alcanza a escuchar el murmullo de los autos. Un muro de ladrillos con agujeros de bala y grafitis con el nombre de Los Viagras —un grupo criminal de la región— es lo único que separa este lugar de los barrios periféricos de la ciudad de Jacona de Plancarte, en Michoacán. 

Para cerciorarme de que la información que acabo de escribir en mi libreta es correcta, le pregunto a un compañero periodista si recuerda cuál era la marca de los tenis. 

“Según yo, eran Nike”, me dice.

“¿De qué color?”, pregunta una de las madres. Es Gabriela, de 42 años, quien tuvo que trasladarse desde Guadalajara, donde trabaja en una ferretería, para poder buscar a su hijo. Viste una sudadera gris que contrasta con el calor del verano, una gorra también gris de los Dodgers, y un paliacate rojo que mantiene amarrado su cabello, pintado de un tono rojizo decolorado por el tiempo. 

Reviso entre las fotografías que acabo de tomar y ahí están: dos tenis azules cubiertos de tierra que quizá sean suficientes para responder a la pregunta que ha atormentado a Gabriela desde el momento en que su hijo, un comerciante y albañil de 23 años, desapareció. 

“Azul marino. Y encontraron también esta chamarra camuflajeada”, le digo mostrándole una foto en la que se ve a un perito revisar la prenda. 

Gabriela está congelada, sus pies inmóviles sobre el pastizal seco. Apenas respira. Sus compañeras la miran, pero nadie dice nada. En cuestión de segundos, su cuerpo se destensa como quien durante toda una vida contuvo un quejido y finalmente puede respirar.  Porque los dos años y cuatro meses sin Raúl fueron, sobre todo, eso: una vida entera.

“Sí, esa es. Esa es su chamarra”, murmura.

“Creo que la compañera encontró a su hijo”, advierte una de las buscadoras. 

Algunas madres, aquellas que llevan más tiempo buscando a sus familiares, se acercan a abrazarla. “Es feo, pero ya tendrás donde llorarle”, susurra una. Solo se escucha el ruido de los insectos, más fuerte que cualquier sonido: un sollozo, un grito, un suspiro de alivio.

Esa noche, al llegar a casa, Gabriela deseó con todas sus fuerzas que ese cráneo no fuera el de su hijo, y anheló, también, que sí lo fuera.

Sin registro

Entre marzo y junio de 2024, integrantes de Decofem realizaron dos jornadas de búsqueda en el Cerro de la Cruz, donde hallaron 32 cuerpos enterrados —la mayoría en estado esquelético— en 30 fosas clandestinas. Supieron del lugar por una llamada anónima; la persona les dijo que, presuntamente, había ochenta cadáveres en la zona. “Los van a encontrar si siguen la barda de ladrillo, a la altura de donde está el hoyo, ahí donde dice Los Viagras”, afirmó. 

A este cerro, localizado en el predio de Tamandaro, suelen ir los pobladores de Jacona a hacer ejercicio, desde caminatas en familia hasta senderismo. Se ubica entre el Cerro del Curutarán y un lugar conocido como la Casa del Agua, una construcción de ladrillos abandonada que formaba parte de la antigua planta hidroeléctrica del municipio. 

La gran cantidad de cuerpos enterrados en la zona puede deberse a que, anteriormente, existía un campamento del crimen organizado en las faldas del Curutarán y, para evitar llamar la atención sobre su ubicación, los delincuentes trasladaron a sus víctimas al Cerro de la Cruz, considera la fundadora de Decofem Evangelina Contreras Ceja, quien busca a su hija Tania, desaparecida el 11 de julio de 2012.

“Aparte, como aquí cerquita hay casas, pues pueden subir los cuerpos en carro y pasarlos por los hoyos de la barda. Y aunque la gente los vea, todo mundo se calla. Porque el terror que ejercen es para dominar a la sociedad y, desgraciadamente, estando en una ciudad como Jacona o Zamora, la población está aterrada”.

A los cárteles les interesa esta región porque genera mucho dinero por la industria de las frutas, considera una persona observadora de derechos humanos de Michoacán que pide, por razones de seguridad, no mencionar su nombre. “Así como en otras partes del estado pasa con el aguacate, acá se quieren apoderar de las empresas que producen la fresa y la berrie a través del cobro de piso”, sostiene. Desde hace años, empresarios y productores agrícolas de la entidad han denunciado amenazas y extorsiones por parte de las organizaciones criminales. 

Ante la sospecha de que pueda haber más personas enterradas en el Cerro de la Cruz, Decofem reanudará las labores de búsqueda a inicios del próximo año. Hasta la publicación de este texto, solo siete víctimas habían sido identificadas por las autoridades tras un proceso de confronta de ADN. Sus nombres y las edades que tenían cuando desaparecieron son: Marcos Quintero Ayala de 36 años, Alejandro Gil García de 42 años, Anayeli Delgado Linares de 22 años, Miguel Ángel Mendoza Garibay de 32 años, Luis Adrián Gallardo Sandoval de 30 años, Raúl Ávila Pérez de 23 años, y Mario Alberto León Pérez de 34 años. Este último todavía figura en el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas  (RNPDNO) con el estatus de “desaparecido”.  

El registro nacional tampoco ha actualizado la cifra de personas localizadas sin vida en Jacona, a pesar de los cuerpos identificados; desde marzo, cuando comenzó la búsqueda, solo ha agregado una víctima, para sumar catorce. “Es muy probable que la institución encargada de registrar estas desapariciones en el RNPDNO, que en este caso sería el Ministerio Público de la Fiscalía Regional de Zamora, no haya hecho los reportes. Por eso no se actualizan los datos de que ya hay más localizados, porque tal vez ni siquiera estaban contados en la cifra de desaparecidos”, explica Laura Contreras, hija de Evangelina y también integrante de Decofem. De modo que, para el Estado, estas personas nunca fueron localizadas, porque para empezar tal vez nunca figuraron como desaparecidas. 

La espera

El 11 de junio, eran más de las dos de la tarde cuando un policía de investigación llegó al árbol del Cerro de la Cruz donde las madres descansaban para darles la noticia: los peritos habían encontrado una identificación oficial a un costado del cuerpo hallado en la fosa número seis.

Todo fue por culpa de un animal —un perro o una rata— que, días antes, guiado por el olor a descomposición desenterró un par de huesos pequeños. Esto permitió que Evangelina descubriera un tesoro —como llaman a los restos de sus seres queridos desaparecidos— oculto bajo el peso de una enorme roca. “Ya no siga buscando ahí, esa piedra es muy grande como para que hayan escarbado debajo”, le había dicho segundos antes un funcionario de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB).

“La INE es de Mario Alberto León Pérez, ¿alguien lo reconoce?”, preguntó el policía.

“Sí, es de mi tío. Es a quien estoy buscando”, respondió Yaneth Barriga León, de 36 años, una ingeniera industrial de semblante sobrio y ojos grandes y verdes que rara vez parpadean, quien desde marzo de este año abandonó su profesión para ser buscadora de tiempo completo.

“Aún no es seguro que sea él, solo es su identificación”, advirtió el policía. Después, Yaneth se enteró de que la credencial de su tío fue encontrada junto a los pies del cuerpo. “Él siempre guardaba su INE en la planta de los zapatos”, afirma. Mario, un comerciante de ropa de 34 años, desapareció la mañana del 10 de diciembre de 2020, cuando salió a trabajar con su pareja, Irma Leticia León Ayala, de 48 años. 

Acompañada de otra buscadora, Yaneth decidió bajar a la fosa para ver el cuerpo. Como si esos huesos pudieran hablarle, contar lo que pasó. Pero al llegar, ya no estaban. Solo había el hoyo en la tierra, una cinta amarilla que delimitaba el área, y una bocina colgada de un árbol; al ritmo de Stand by me de Ben E. King, un grupo de peritos bailaba mientras terminaba de recoger sus herramientas.

Al regresar con sus demás compañeras, la cuesta arriba se le volvió aún más pesada. A lo largo de la ladera, banderillas azules clavadas en el suelo indicaban el hallazgo de una osamenta cada diez o quince metros. Lo único  visible era el relieve de los cráneos o de alguna vértebra, pues el resto del cadáver seguía enterrado. 

Esto es así porque, según las buscadoras de Decofem, la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición cometida por Particulares, adscrita a la Fiscalía General del Estado de Michoacán, pide a los colectivos que, si encuentran un cuerpo, se limiten a marcar el lugar y continúen avanzando para no alterar la escena del delito; los servicios periciales son los encargados de procesar la fosa. 

Cuenta Yaneth que, en ocasiones, cuando realizan un hallazgo, antes de notificarlo a la fiscalía remueven algunos centímetros de tierra de la fosa para tomar una fotografía como registro, y luego vuelven a cubrir el cuerpo, ya que no siempre les permiten acercarse a observar el trabajo de los peritos.

En pocas palabras, como lo expresan Gabriela y Yaneth, en el momento en que una persona podría ser identificada por una madre que quizá reconozca una imperfección en la dentadura o una cicatriz —cuando vio las fotos de la osamenta de Raúl, Gabriela notó que a la mandíbula le faltaba la misma muela que a su hijo—, el cuerpo queda a merced de las fiscalías y los Servicios Médicos Forenses (Semefos), que envían la mayoría de los cadáveres a una fosa común o a un refrigerador mortuorio. La crisis forense en México supera los 72,100 cuerpos sin identificar.

Al caer la tarde, concluida la jornada, las familias escucharon el reporte de las instituciones que acompañaron y custodiaron la búsqueda: la fiscalía especializada, la CNB, la Guardia Nacional y la policía municipal. “En cuanto a los dos cuerpos que tienen indicios de poder ser identificados, ya mandamos el oficio para que sean procesados en situación de urgencia y puedan hacerse los análisis de ADN”, anunció el policía de investigación a Gabriela y a Yaneth. “Más o menos un mes nos van a tener que esperar”.

Esa última palabra se quedó en el aire. Como si haber pasado años sin avances en la carpeta de investigación no hubiera sido suficiente para ellas. Esperar, esperar y esperar… la cruz que no pidieron cargar las familias de las 118,000 personas desaparecidas en el país.

“Más vale seguir adelante”

Un ejército de moscas sobrevuela un puesto de donas de azúcar, junto al que desfilan cabizbajos los jornaleros al regresar de los campos de cultivo que se extienden en las afueras de Jacona. Van con el rostro aún cubierto por el paliacate que los protege de los químicos utilizados por las empresas en la siembra de fresas, arándanos y frambuesas, la principal industria de la región. 

Una jornalera cuenta que se cruzó en su camino al trabajo con una camioneta llena de hombres armados que “tan solo iban de paso por el monte”. Otra escuchó gritos y detonaciones en una casa, pero “más vale seguir adelante que andar de chismosa”. Y una más vio a lo lejos dos personas que cargaban una bolsa negra en dirección al cerro. Son secretos que se cuentan únicamente en la intimidad, entre cuatro paredes, o eso afirman los habitantes de Jacona, cabecera del municipio del mismo nombre, con una población de cerca de 69,000 habitantes. 

Cuando llegué a esta ciudad, el pasado 10 de junio, la noticia en los titulares era que el regidor suplente electo del municipio, el morenista Mario Lázaro Mendoza, había sido asesinado. Al caminar por una de las calles aledañas al Cerro de la Cruz, vi las fichas de búsqueda de cinco personas pegadas en la pared de una tienda de abarrotes; en poco tiempo descubrí que los rostros de los desaparecidos estaban en varios puntos de la localidad.

Solo el río Duero, uno de los más contaminados del estado, divide al municipio de Jacona del de Zamora —con más de 200,000 habitantes—, y ambos conforman el área metropolitana de Zamora. De acuerdo con el RNPDNO, en Jacona han desaparecido 158 personas, mientras que en Zamora suman 566. El total de víctimas de desaparición en Michoacán es de 6,149 personas (hasta el 18 de noviembre).

Según el Índice de paz México 2024, del Instituto para la Economía y la Paz, Jacona y Zamora registraron, respectivamente, 116 y 114 muertes por cada 100,000 habitantes en 2023, “las tasas más altas entre los municipios con al menos 50,000 habitantes” en la entidad. 

“Al rato vengo, ma”

“Pueden ir en paz”, concluye el sacerdote tras bendecir a las seis personas que acudieron a la Capilla de la Santa Cruz en Jacona para estar presentes en la última misa del novenario en memoria de Raúl. Quizá sí, a partir de hoy, su familia pueda volver a sentir algo de paz.

Techo de lámina, unas cuantas bancas de madera y las catorce estaciones del viacrucis colgadas en la pared componen esta iglesia ubicada en la colonia Buenos Aires. Gabriela toma la fotografía de Raúl y sale acompañada de su hija menor Estefany, quien se aferra a una caja de cartón cubierta de papel maché que contiene las cenizas de la cruz que acompañó el novenario. “Por lo menos lo encontraron, yo al mío nunca lo encontré. Ojalá Dios me dé licencia de volver a verlo algún día”, murmura en el atrio una señora que espera la siguiente misa.

En la entrada de la casa de Rosa Ramírez Navarro, abuela de Raúl, una buganvilia desborda la jardinera de ladrillos que su nieto construyó. En uno de los cuartos, sobre una mesa, están las flores ya marchitas y, en el suelo, las velas que iluminaron el velorio. En otra mesa permanecen un plato de pozole y un vaso de coca cola, como si el tiempo no pasara. La comida favorita de Raúl.  

“Raúl vivió casi toda su vida aquí en esta casa con mi mamá. Yo vivo en Guadalajara porque allá trabajo en una ferretería. Siempre que venía a visitarlo, él estaba sentado acá afuera partiendo leña, y en cuanto me veía se arrimaba y me daba mi abrazo. Porque me quería, como yo lo quería a él, aunque no haya vivido todo el tiempo conmigo”, cuenta Gabriela mientras coloca la foto de su hijo junto a las flores. “Yo siempre estuve al pendiente de él”. 

El día de su desaparición, Raúl rompió con su rutina. Ese lunes no tomó su café con galletas, como solía hacerlo todas las mañanas. Lo que su abuela Rosa vio fue lo de siempre. A su nieto que salía por la puerta diciéndole: “Al rato vengo, ma”. 

“Y yo le dije: ‘Sí, hijo, que Dios te acompañe, que te vaya bien’, y me estuve ahí en la calle mirándolo hasta que ya no se miró más”, dice Rosa. Al igual que su hija Gabriela, tiene el cabello pintado de rojo; también la misma nariz curva y los pómulos marcados.

Raúl acostumbraba subir al Cerro de la Cruz en época de guamúchiles para recolectarlos y venderlos en Jacona. Cuando se acercaba el 12 de diciembre, traía también semillas para hacer cascabeles para los danzantes que celebraban a la Virgen de Guadalupe. Recolectaba de todo: leña, ciruelas, nueces. Traía lo que hubiera para sacar algo de dinero. El 14 de marzo del 2022, como casi todos los días, Raúl se dirigió al cerro, ubicado a menos de dos kilómetros de su casa. 

“Llegó la hora de acostarse y Raúl no llegaba. Yo lloraba y lloraba, y no me quería ni ir a dormir porque traía mucho pendiente. Mi esposo me decía ‘ya tranquilízate, al rato llega, a lo mejor se quedó con un amigo’. Pero no, llegó el otro día y nada: ya nunca volvimos a saber de él”, recuerda su abuela.

Gabriela recibió la noticia un día después. Estaba en Guadalajara y llegó a Jacona la noche del miércoles. El 17 de marzo acudió a la Fiscalía Regional de Zamora para hacer la denuncia por desaparición y, desde entonces, buscó a Raúl en el monte, en hospitales, barrios, cárceles, terrenos baldíos y centros de rehabilitación. Pero en ningún lado estaba. 

“Al principio buscábamos solas mi sobrina y yo, pero era muy peligroso. Ya luego conocimos al colectivo y empezamos a buscar acompañadas”. 

Antes escuchaba música todo el día, cuenta Gabriela. Sus artistas favoritos eran Jenny Rivera, Gloria Trevi y, de vez en cuando, la banda Mägo de Oz. Pero después dejó de hacerlo porque en su cabeza no había lugar para otra cosa que no fuera preguntarse: “¿cómo estará?, ¿le dolerá algo?, ¿tendrá frío?, ¿le darán de comer?, ¿seguirá vivo?”. 

Un mes y doce días tardó la fiscalía de Morelia en entregar el cuerpo de Raúl a su familia tras su hallazgo en el Cerro de la Cruz. Al día siguiente, el martes 23 de julio, lo llevaron al panteón, y la banda tocó y tocó hasta que la gente se cansó de bailar y de llorar. Dice Rosa que su hija no le permitió ver el cuerpo de su nieto ni en fotos. Gabriela no quería que recordara a Raúl muerto y con rastros de violencia. El agujero en el lado derecho del cráneo determinó, según los peritos, que había sido asesinado de un balazo poco después de su desaparición. 

“Nuestra cabeza sí va a descansar un poco más de ahora en adelante porque ya sabemos que, a lo mejor, pues no sufrió hambre ni lo torturaron ni estuvo enfermo”, dice Gabriela.

Después de que identificaron a Raúl, su abuela dejó de salir en las noches a esperarlo junto a la ventana. “Creo que, ahora sí, ya me siento un poco más tranquila porque sé que él ya está descansando. Lo que sí es que el dolor ahí se va a quedar para siempre”.

“Aunque la verdad”, reconoce Gabriela, “es que yo no quería encontrarlo así, mi esperanza era encontrarlo vivo. Una dice ‘yo quiero encontrarlo de la forma que sea’, pero cuando lo ves ahí, en un ataúd, no quieres que sea él. Piensas ‘jamás lo voy a poder volver a abrazar, jamás podré verlo como era antes’. Cuando la realidad te dice que ya está muerto, te duele tu corazón y sientes que ahí se acaba todo, sientes mucho coraje e impotencia porque ya no va a estar. Al final son sentimientos encontrados porque, al mismo tiempo, quieres que sí sea para poder descansar”. 

Pero, aunque Raúl yace bajo tierra, el Estado no permite a Gabriela descansar en paz. A los pocos días de recibir la noticia de que el ADN del cuerpo de la fosa número dos coincidía con el suyo, Gabriela fue a tramitar el acta de defunción de su hijo en el Registro Civil de Jacona. Ahí, uno de los funcionarios le informó: “El plazo máximo para registrar el fallecimiento de una persona es de seis meses; de lo contrario, esta institución solo puede hacer entrega de dicho documento por orden de una autoridad judicial emitida a través de un juicio de levantamiento extemporáneo de acta de defunción”. 

Como el certificado de defunción que el Semefo emitió tras realizar el peritaje indica como fecha de la muerte de Raúl el día de su desaparición, el 14 de marzo, Gabriela debió hacer el trámite antes del 15 de septiembre de 2022.

“Es ilógico que hagan esto porque yo cómo iba a pedir un acta de defunción antes de saber que él estaba muerto”, afirma Gabriela. “Para mí, él no estaba muerto. Duró dos años y cuatro meses desaparecido. Nosotros ya solo queremos descansar, ni siquiera queremos saber qué pasó. Yo pienso que Dios le da a cada quien lo que merece, y a lo mejor esa persona que mató a mi hijo ya tampoco está. Quizás lo va a pagar de otra forma”. 

Volga de Pina Ravest, abogada y exintegrante del Consejo Nacional Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, señala que las autoridades mexicanas siguen sin entender que, por la complejidad de los casos de desaparición, es un acto de revictimización someter a las familias a este tipo de requisitos gravosos y de difícil cumplimiento. 

“Lo que se acostumbra hacer en estos casos es que el Semefo ponga como fecha de defunción el día en que se realizó la identificación del cuerpo, ya que es muy difícil saber con precisión el momento exacto en que falleció, a menos que se haga un análisis muy arduo. De esta manera, las familias no tienen que enfrentarse a este tipo de obstáculos burocráticos ni a juicios que suelen ser muy desgastantes”, explica la abogada.

“A mí me da la impresión de que es un trámite extra para recaudar dinero”, agrega. 

La página web de la Dirección del Registro Civil de Michoacán indica que el trámite del acta de defunción es gratuito, pero si el registro es extemporáneo cuesta 377 pesos. A esta cantidad hay que sumar el costo del juicio y los honorarios del abogado, que puede oscilar entre 10,000 y 23,000 pesos en un despacho privado. 

“Es el colmo que encima de que te desaparecen y matan a un familiar”, lamenta la abogada, “las autoridades te pidan también promover un juicio y pagar por él”.

Gabriela dice que solicitará a la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas en Zamora que se hagan cargo del juicio necesario para poder gestionar el acta de defunción de Raúl, mientras que Decofem estudia la posibilidad de lanzar una iniciativa ciudadana ante el Congreso del estado para que, en casos de desaparición, no aplique el plazo de seis meses para realizar el trámite.  

Análisis perdidos

Era agosto, habían pasado casi dos meses desde el hallazgo del cuerpo de su tío Mario Alberto León Pérez, y Yaneth Barriga seguía sin tener una respuesta. Debido a las lluvias, un herbaje de más de un metro de altura había devorado los tonos cálidos del Cerro de la Cruz. “Nosotros le vamos a llamar, no tiene que estar viniendo”, le decían en la fiscalía de Zamora cuando iba a pedir información. 

Con cada minuto que pasaba, desconfiaba más de la labor de las autoridades, pero la ropa y los objetos descubiertos en la fosa la hacían sentirse segura de que los restos eran de Mario: una playera gris sin mangas —que se ponía siempre porque era su favorita—, unos brackets de metal —que utilizaba desde los quince años—, y una pulsera negra de obsidiana —que tenían todos en la familia porque las hacía otro de sus tíos—. 

Un día, Yaneth volvió a la fiscalía, no para preguntar si había avances en la identificación, sino para solicitar una copia de la carpeta de investigación del caso, porque no se la habían proporcionado en los más de tres años que Mario llevaba desaparecido. Lo que menos esperaba era que alguien le dijera:  “Perdimos los análisis de ADN del niño”, el hijo de su tío. Toda la angustia de esos meses fue en vano. Tendrían que reiniciar el trámite.

El método obligatorio para identificar a una persona desaparecida, cuando el estado de los restos cadavéricos lo permite, es la confronta de ADN, que consiste en comparar el perfil genético de la víctima con el de un familiar consanguíneo. En el caso de Mario, se decidió hacer la confronta con el ADN de su hijo Gabriel, de doce años, pero durante más de un mes las autoridades ocultaron que habían extraviado la muestra de sangre entregada el 19 de marzo, cuando se hallaron los primeros cuerpos en el Cerro de la Cruz. 

“Tuvimos que ir hasta la fiscalía de Morelia [a tres horas de distancia en automóvil] para que le volvieran a sacar los estudios al niño porque en Zamora los iban a volver a perder”, cuenta Silvia León Pérez, hermana de Mario y madre de Yaneth. “Y aquí nos tienen esperando otra vez. Ellos firmaron una acción urgente de que estaban comprometidos a entregarnos los resultados lo más pronto posible, y mira con qué salieron. ¿Cuánto tiempo nos han hecho perder?”.

Si bien las autoridades ya habían realizado una confronta con una muestra de ADN de Silvia, el resultado fue de un 60% de coincidencia, y para que este análisis sea confiable, el porcentaje debe ser del 99.999999%, según el antropólogo físico Israel Lira García. 

“¿Qué más quieren saber si mi mamá y yo ya estamos seguras? Todo coincide. La ropa, la identificación, sus cosas. Y ni así nos quieren entregar el cuerpo. Ya nos cansamos de esperar”, afirma Yaneth.

El mejor cocinero de Jacona

Varias colillas de cigarro, un grinder para moler marihuana, un frasco de perfume, caramelo derretido en los asientos, un bote de crema corporal y tres casquillos de bala fue lo único que encontraron en el vehículo en que viajaban Mario y su pareja Irma Leticia León Ayala la mañana del 10 de diciembre de 2020. Ambos se dedicaban a vender ropa y vivían en una pequeña casa en Jacona, con sus hijos Valeria y Gabriel, que tenían de relaciones anteriores. Ese jueves, después de llevar el desayuno a casa, salieron en el carro para ir a trabajar. No debían tardar mucho porque Valeria, de 26 años, tenía una cita con el doctor. Pero nunca regresaron. 

El automóvil lo encontraron a dos cuadras del Cerro de la Cruz, cinco días después de que fueran vistos por última vez. Todo apunta a que quienes los desaparecieron estuvieron utilizando el auto porque, a excepción del perfume y la crema, nada de lo que encontraron pertenecía a la pareja. Incluso los perpetradores tuvieron tiempo de ponerle vidrios polarizados.  

Hoy, Gabriel vive con su tía Silvia, y Valeria con su familia materna. 

“Yo soy la que sostiene al niño”, dice Silvia, de 55 años. Viste una camisa blanca y un chaleco de mezclilla de la empresa agroindustrial en la que trabaja en el área de calidad. A su lado está Yaneth, sentada en el sillón de la sala. Lucen casi iguales, salvo porque el pelo de la madre tiene algunas canas. “Si dejo de trabajar, los dejo sin comer; por eso, mi hija tuvo que salir a buscar a Mario, y a mí eso me da una tranquilidad enorme porque nos está ayudando a salir de este pozo en el que está sumida toda la familia”. 

Desde que Mario desapareció, su familia se separó. Valeria y Gabriel pasaron cuatro años sin verse. La madre de Mario decidió mudarse porque le irritaba cualquier muestra de alegría mientras su hijo permanecía ausente. Le reclamaba a Silvia que hubiera tardado más de tres años en empezar a buscarlo. A Yaneth, sus familiares le decían que para qué pegaba fichas de búsqueda en Jacona si de todos modos no iban a encontrarlo. 

Yaneth y Mario, aunque eran sobrina y tío, se llevaban solo tres años de diferencia. De niños hacían todo juntos: iban a la misma escuela, salían a jugar por las tardes, se trepaban a la barda del vecino, y robaban guayabas y naranjas de las huertas de la cuadra.

“Cuando yo ocupaba algo, él siempre estaba ahí para mí. Y también para él yo era su apoyo. Siempre me andaba buscando cuando tenía un problema. Entonces, a mí sí me dolió mucho cuando desapareció porque éramos como hermanos”, recuerda Yaneth.

“Y mira quién fue a encontrarlo”, interrumpe Silvia sonriéndole a su hija. “Porque ya no hay dudas. Al menos para mí; yo sí estoy segura de que es él. Y tendremos que aprender a seguir en el camino a como dé lugar, aunque nos haga mucha falta”.

Silvia cuenta que Mario trabajó desde pequeño en una pizzería y, con el tiempo, pasó de ser el barrendero del negocio a convertirse en el mejor cocinero de Jacona. Dice que la masa de sus pizzas era riquísima y que, en los días buenos, disfrutaba preparando espagueti a la boloñesa. Recuerda también que, cuando ella cocinaba, Mario siempre metía las manos en la olla y cambiaba las recetas. “Ay, prietita, no te enojes”, solía decirle. Cuenta que a su hermano le gustaba corretear a las gallinas incluso de adulto, y que poco antes de su desaparición practicaban juntos kick boxing por las tardes. 

“Pero a quien más le va a hacer falta es al niño. Porque Gabriel sigue todavía esperando a su papá y vamos a tener que explicarle qué le pasó. La fiscalía nos estuvo pagando como tres meses un psicólogo para él, porque desde que desapareció Mario se puso muy mal, pero ya nos quitaron ese apoyo”. 

Afuera ha dejado de llover. Es de noche, el olor a tierra mojada impregna la sala, y yo me pregunto si realmente todo termina al encontrarlos.

“El niño me dice: ‘Tía, y si ya encontraron a mi papi, ¿mi mami dónde está?’. Entonces, aunque sí sea el cuerpo de mi hermano, ahí no termina todo. El niño necesita a su padre y a su madre. El otro día nos preguntaron en la fiscalía de Morelia si ya queríamos cerrar la carpeta de investigación. Les dijimos que no, que no la vamos a cerrar hasta encontrar a Leti también. La espera va a seguir porque todavía falta ella de encontrarse”.

Falta ella, insiste Silvia. 

Días después, el 15 de agosto de 2024, la fiscalía de Zamora entregó el cuerpo de Mario Alberto León Pérez a sus familiares. Hasta la publicación de esta historia, Irma Leticia León Ayala sigue desaparecida.

www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).

BIO SANTIAGO

Santiago Reyes

Reportero independiente y latinoamericanista en formación. Fotoperiodista y documentalista tapatío. Cubre temas sociales y ambientales con perspectiva de derechos humanos. Usa la bicicleta para buscar historias.

La entrada Después de encontrarlos: Las trabas del sistema a las familias se publicó primero en Periodistas Unidos.

• Representantes de colectivos reclaman a la comisionada la falta de diálogo con las familias y consideran un obstáculo que carezca de conocimientos para ejercer su función, mientras algunos destacan la eficiencia de su trabajo y su coordinación con las fiscalías

Por Pedro Zamora Briseño para A dónde van los desaparecidos

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 14 de noviembre de 2024.- El desempeño de Teresa Guadalupe Reyes Sahagún en su primer año al frente de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) es considerado por representantes de colectivos de familias de personas desaparecidas desde pésimo hasta revictimizante, mientras algunas voces destacan lo eficiente de su gestión. 

Virginia Garay Cázares recuerda el día en que, durante una reunión con colectivos en Tepic, Nayarit, fue interrumpida por la comisionada para advertirle que sus propuestas no serían tomadas en cuenta porque, como integrante del Consejo Ciudadano del Sistema Nacional de Búsqueda (SNB), no podía hablar en nombre de las víctimas.

“¡Pero también soy víctima, formo parte de un grupo de familiares de personas desaparecidas!”, replicó Garay, fundadora de Guerreras en Busca de Nuestros Tesoros, de Nayarit, y madre de Bryan Eduardo Arias, desaparecido en 2018 en Tepic. Aunque recibió el aval de las buscadoras presentes, no logró que sus planteamientos fueran incluidos en la lista de acuerdos.

La activista, quien ha cuestionado la labor de Reyes Sahagún desde su llegada a la CNB, considera que la funcionaria ha tenido un “desempeño pésimo”, pues “solo quiere sentarse a informarnos lo que está haciendo, pero no se abre al diálogo ni toma en cuenta las opiniones de las familias; siempre nos minimiza”.

Para Grace Fernández Morán, representante de Buscando Desaparecidos México, con presencia en nueve estados, la actitud de la comisionada es “revictimizante”, debido a que “está violentando nuestro derecho a participar, a ser escuchados y a que seamos tomados en consideración en la construcción de las políticas públicas”.

Este medio entrevistó a nueve representantes de colectivos de búsqueda de diversas regiones del país para que evaluaran el trabajo de Reyes Sahagún, que el pasado 20 de octubre cumplió un año en el cargo. La mayoría coincidió en que carece del perfil y los conocimientos necesarios para ejercer su función, una crítica que ha permanecido desde que fue nombrada por Andrés Manuel López Obrador; aseguran también que, durante el tiempo que lleva como comisionada, no ha mostrado empatía hacia las víctimas.

La presidenta de la Red Desaparecidos en Colima, Carmen Sepúlveda Gómez, quien busca a su hijo Carlos Donaldo Campos, desaparecido en 2018 en Villa de Álvarez, afirma que “la mayoría” de los colectivos del país están insatisfechos con el trabajo de la funcionaria.  “Nos hemos sentido abandonados, creemos que hay desinterés de su parte”. Por eso, y “porque no sabe de desaparecidos”, muchos confiaban en que, con el inicio del sexenio, fuera relevada de su cargo por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Este planteamiento no es compartido por Ceci Patricia Flores Armenta, fundadora de Madres Buscadoras de Sonora, quien considera que la comisionada “ha trabajado muy bien en coordinación con los colectivos, respaldando también a las comisiones locales para que continúen realizando su labor”.

Durante la consulta pública de la Secretaría de Gobernación para elegir al titular de la CNB, el colectivo de Flores fue uno de los cinco que respaldaron el nombramiento de Reyes Sahagún. Propusieron a la actual comisionada en un proceso que fue operado por personal de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) —como reveló este medio—, pues 23 de los 31 formatos en apoyo a su candidatura fueron firmados y entregados por funcionarios de este organismo público autónomo. 

Madre de dos hijos desaparecidos: Alejandro Guadalupe Islas Flores en 2015 en Los Mochis, Sinaloa, y Marco Antonio Sauceda Rocha en 2019 en Bahía de Kino, Sonora, Flores asegura que, durante la gestión de Reyes Sahagún, han recibido apoyos como retroexcavadoras, que anteriormente les habían negado.

“Cada quien habla como le va en la feria; yo he visto que la CNB está apoyando a muchos colectivos en diferentes partes del país con personal muy eficiente. A nosotros sí nos está dando rendimiento porque estamos empujando para que lo haga, pero dicen que en el pedir está el dar; si yo voy y me peleo con Tere, pues claro que me va a batear, va a decir ‘esta vieja nomás viene a gritar y a pelear, pero no le veo ningún trabajo’, pero yo estoy en la búsqueda constante”.

Enrique Téllez Pacheco, presidente del colectivo Sobrevivientes de la Guerra Sucia, apoyó también la candidatura de Reyes Sahagún. La CNB, asegura, “está funcionando como debe ser, pero los avances son muy pocos porque hay muchas trabas y obstáculos, como la poca o nula cooperación que tenemos de algunas autoridades; por ejemplo, el Ejército con el ocultamiento de información de los archivos [de la guerra sucia]”.

Quien en los setenta formó parte de la Asociación Cívica Revolucionaria, liderada por Genaro Vázquez Rojas, considera que cualquier funcionario con un cargo público puede ser criticado, pero en lo personal ha recibido una buena atención de Reyes Sahagún.

“No estoy haciendo una defensa a ultranza de nadie. Nosotros más que nada somos críticos, siempre tratamos de ver las cosas políticamente, no con el estómago ni con el hígado, que es lo que mucha gente hace”. 

Imposición presidencial

Aunque la Ley General en Materia de Desapariciones establece que la persona titular de la CNB tiene que haber desempeñado en los dos años previos a su elección “actividades profesionales, de servicio público, en la sociedad civil o académicas” relacionadas con la desaparición y la búsqueda de personas, esto no se cumplió en el caso de Reyes Sahagún, quien desde marzo de 2021 hasta asumir el cargo de comisionada dirigió el Instituto Nacional para la Educación de los Adultos.

Anteriormente, durante el tiempo que estuvo al frente de la Unidad de Coordinación de Delegaciones de la Secretaría de Bienestar, de 2018 a 2021, la funcionaria fue señalada por la Auditoría Superior de la Federación debido a fallas en la base de datos de los servidores de la nación y un monto por aclarar de más de 561 millones de pesos.

Una segunda infracción a la ley de desapariciones es que no se haya tomado en cuenta a las familias en el proceso de designación, como denunciaron varios colectivos. 

El nombramiento de la comisionada fue una imposición de López Obrador, asegura Juan Carlos Trujillo Herrera, representante de la Red de Enlaces Nacionales (REN), integrada por 160 colectivos. “Hubo una simulación con la terna que dejó gravemente lastimado el proceso y la causa de las personas buscadoras”, señala.

Por considerar también que su designación fue una imposición, familiares de personas desaparecidas, como Garay y el abogado Jorge Verástegui, interpusieron amparos ante juzgados federales de Coahuila, Morelos y la Ciudad de México; siete han sido admitidos por jueces de distrito.

Trujillo, quien tiene a cuatro hermanos desaparecidos: Raúl y Jesús Salvador en 2008 en Guerrero, y Gustavo y Luis Armando en 2010 en Veracruz, califica como “triste y doloroso” que la comisionada “usurpe el espacio de esa manera agravante, solo por ser una persona afín al partido del [ex]presidente”.

Refiere que, tras el “mal sabor de boca” que dejaron los primeros encuentros regionales a los que convocó Reyes Sahagún, donde “muchas veces terminó agraviando aún más a las familias”, la REN decidió “no tener ningún mecanismo de interlocución con la funcionaria”.

En los últimos años se ha dado un proceso de “cooptación y secuestro” de las instituciones encargadas de enfrentar la crisis de desapariciones, lamenta Trujillo. Primero fue la Fiscalía General de la República (FGR) con el nombramiento de Alejandro Gertz, quien “para nada ha dado la cara a las familias”; después, Rosario Piedra Ibarra en la CNDH, designada por la “cercanía del [ex]presidente con su madre [Rosario Ibarra]” —y reelegida por el Senado para un segundo periodo—; finalmente, Martha Yuriria Rodríguez Estrada en la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, que se convirtió “en la comisión ejecutiva de contención a víctimas”.

Con la llegada de Reyes Sahagún a la CNB, concluye Trujillo —quien fundó, junto con su madre María Herrera, la Brigada Nacional de Búsqueda—, “se terminó secuestrando a la única institución que medianamente estaba salvable, que venía funcionando, dejándonos ahora completamente en la indefensión”.

A diferencia de Karla Quintana, quien renunció a la CNB en agosto de 2023 por su inconformidad con la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada, impulsada por el gobierno de López Obrador para reducir las cifras de personas desaparecidas en su sexenio, Reyes Sahagún adoptó el censo como una de las principales labores del organismo. 

El pasado 18 de marzo, la entonces secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, aseguró que habían sido localizadas 20,193 personas, aunque no aclaró en cuántos casos se validó la información. Según el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO), en México hay más de 117,000 víctimas de desaparición.

“Expertise” en derechos humanos

Frente a los primeros señalamientos de organizaciones civiles y colectivos contra el nombramiento de Reyes Sahagún, López Obrador le dio su respaldo durante la conferencia mañanera del pasado 14 de diciembre: “Tere Lupe es una mujer de convicciones, de principios, honesta”, afirmó.

El expresidente ofreció a la funcionaria el micrófono para que respondiera a los cuestionamientos: “Dijeron varias cosas: una, que no era experta en desapariciones. No hay una categoría de expertise en desapariciones, hay categorías de expertise en el bloque generalizado de los derechos humanos, y en ese sí tengo experiencia, capacidad y vocación. Y la otra es que sí he estado muy cercana a la izquierda, al señor presidente, a las luchas de mi pueblo”.

Quienes impugnaron su designación, sostuvo la comisionada, son “algunos grupos, colectivos, personas que al parecer tenían más cercanía con otras posiciones”. 

Durante su gestión, Reyes Sahagún operó el desmantelamiento del Centro Nacional de Identificación Humana y el Mecanismo Extraordinario de Identificación Forense, creados en el sexenio de AMLO como respuesta a la crisis forense, y volvió al modelo en que las fiscalías son las únicas encargadas de la identificación de personas. 

Su apuesta como comisionada ha sido impulsar la identificación por huellas dactilares mediante la entrega de 300 escáneres portátiles a comisiones de búsqueda y fiscalías estatales, financiados por el gobierno alemán a través del programa Identificación Humana del Fondo de Población de las Naciones Unidas.

Uno de los méritos de Reyes Sahagún, afirma Téllez, es haber entablado una buena coordinación con la FGR y las fiscalías de los estados. “Eso es imprescindible”, explica, “porque si hablamos de justicia debemos trabajar junto con quienes participan en el proceso, porque todos los resultados que podemos obtener no hay manera de darles seguimiento ni se pueden judicializar si no intervienen las fiscalías”.

Flores considera que una buena relación entre las instituciones encargadas de la búsqueda, investigación y localización de las personas desaparecidas es lo mejor para las familias “porque quiere decir que pronto no tendremos que ser las madres buscadoras quienes arriesguemos la vida en los campos”.

En la tercera sesión ordinaria del SNB, realizada en septiembre, Reyes Sahagún destacó que hasta agosto de este año se habían entregado a los estados, a través de las comisiones locales, 420.3 millones de pesos para acciones de búsqueda, como parte del programa federal de subsidios, lo que es menos de la mitad de los 854.6 millones de pesos aprobados para este rubro en el Presupuesto de Egresos de la Federación. 

De febrero a agosto, la CNB participó en 3,852 acciones de búsqueda, aseguró la comisionada, mientras que en el periodo de 2019 a 2023 se realizaron 1,027. “Hemos casi cuadruplicado en siete meses lo que se hizo en cinco años”, subrayó. De estas acciones, dijo, se lograron 247 localizaciones con vida y 292 hallazgos forenses.  

Este medio solicitó varias veces a la CNB una entrevista con la comisionada, pero no hubo respuesta.

Falta de respaldo

Para Fernández Morán, hermana de Dan Jeremeel, desaparecido en Coahuila en 2008, el balance de la gestión de Reyes Sahagún arroja números rojos. “No hemos visto una estrategia de búsqueda más allá del censo o la búsqueda en vida, que no es tal, y el trabajo de huellas dactilares que se lleva a cabo de la mano del Fondo de Población de la ONU”, pero “no es algo que hayan planificado, sino que está en ejecución y ha sido sin diálogo con las familias. Nos han informado, pero no hay un espacio de escucha ni de conversación con la comisionada”.

El diferendo de los colectivos con la funcionaria, aclara, no es un capricho de las víctimas. “Es porque nos costó muchísimo construir una ley que considera el registro nacional [RNPDNO] como para que venga alguien sin experiencia, sin conocimientos ni apertura y haga cambios a diestra y siniestra; que venga a deconstruir es básicamente un salto cuántico al pasado”.

Desde el Estado de México, la fundadora de Flores en el Corazón, Elizabeth Machuca Campos, asegura que, tras la renuncia de Quintana, su colectivo dejó de recibir apoyo. “Solo contamos con la Comisión de Búsqueda [de Personas (CBP)] del estado y con la fiscalía, con ellas tenemos apoyo de gestiones, transporte y viáticos para las búsquedas; con la CNB no tenemos nada”.

En Michoacán también hay quejas por el insuficiente respaldo de la CNB en los operativos de búsqueda en campo. Entre marzo y junio de este año, el colectivo Desaparecidos de la Costa y Feminicidios de Michoacán (Decofem) encontró los restos de 31 personas en fosas clandestinas localizadas en el Cerro de la Cruz, municipio de Jacona.

La fundadora de Decofem, Evangelina Contreras Ceja, quien busca a su hija Tania, desaparecida en Lázaro Cárdenas en 2012, cuenta que las familias buscadoras tuvieron que conseguir una camioneta de redilas para trasladarse y obtener cooperación para alimentos de organizaciones sociales de la región.

A pesar de que habían acordado los puntos de búsqueda con la CNB y la CBP de Michoacán, recuerda, se realizaron modificaciones sin consultar a los familiares, quienes tuvieron que hacer sus propias exploraciones en sitios descartados por las autoridades, donde lograron los principales hallazgos. 

“Los muchachos que [anteriormente] nos mandaba la CNB le entraban bonito a excavar junto con nosotros”, asegura, “pero a estos que mandan ahorita les tiene uno que andar diciendo y se pierden; se van lejos para que no los veamos y no los pongamos a trabajar”.

Josefina de León, fundadora de la Red de Desaparecidos en Tamaulipas, coincide en que, para el nuevo personal de la CNB, ir a una búsqueda en campo es a veces como salir de paseo. “La mayoría de las personas que tienen tiempo en esto saben a lo que van y son dedicados en su trabajo, pero ora sí los que van entrando se ponen como de shopping. A los nuevos les falta esa mística, pero eso se va formando, con que no se estanque”.

En Colima, una de las inconformidades con la CNB se debe al ocultamiento de información sobre un hallazgo de fosas clandestinas en la comunidad Agua de la Virgen, municipio de Ixtlahuacán, donde podrían haber sido localizados hasta 170 cuerpos.

Sepúlveda señala que, en una reunión sostenida el 19 de abril con colectivos en Colima, Reyes Sahagún negó tener información, aunque admitió que en los trabajos participó personal de la CNB. 

Ese mismo día, cuando le solicitaron gestionar una búsqueda de fosas en la colindancia de Colima con Jalisco, debido a los indicios de que muchas víctimas habían sido llevadas a este estado, la comisionada argumentó que esos trámites requieren mucho tiempo.

“Le dije que, con la anterior comisionada, en un mes se gestionó una búsqueda de campo en Jalisco, y ella respondió que no está facultada para pedir la colaboración”, afirma Sepúlveda. “Le pregunté entonces que, si le quitaron facultades a la CNB, a dónde acudiremos los familiares de las personas desaparecidas”.

Desde que asumió la presidencia, Sheinbaum no se ha reunido con familiares de víctimas de desaparición ni ha definido la continuidad o el relevo de Reyes Sahagún. Lo único que ha dejado en claro es que continuará la Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada y se reforzará la CNB, sin especificar acciones.

www.adondevanlosdesaparecidos.org es un sitio de investigación y memoria sobre las lógicas de la desaparición en México. Este material puede ser libremente reproducido, siempre y cuando se respete el crédito de la persona autora y de A dónde van los desaparecidos (@DesaparecerEnMx).

Pedro Zamora Briseño

Ejerce el periodismo en las áreas de información general, seguridad y derechos humanos. Desde 1997 ha sido colaborador de la revista Proceso.

La entrada Un año de Reyes Sahagún en la CNB: Crece inconformidad; conserva apoyos se publicó primero en Periodistas Unidos.