Por Alejandro Meléndez

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 23 de septiembre de 2026.- Hay ladrones que no necesitan un cuchillo. Necesitan un perfil, una sonrisa bien iluminada y la paciencia de quien sabe que la confianza se cobra más caro que el miedo. El caso de Simon Leviev —el llamado estafador de Tinder— enseñó esa lección al mundo: no se roba solo con un contrato falso; se roba con una vida inventada, con fotos en aviones, con nombres que mudan de piel y con la promesa de que uno, por fin, ha encontrado a alguien que sabe. El rastro de José Rafael Román Argotte Pinchevski no es una copia idéntica de aquella fábula romántica. Es su prima americana: menos champagne y más millas, menos citas y más clínicas, menos “te quiero” y más “yo te arreglo los papeles”. El mecanismo, sin embargo, es el mismo. Primero se construye el personaje. Después se vende.

En julio de 2023, cuando Daniela Mendoza, Julie Ricard y Patricia Mercado Sánchez publicaron La trampa de la desinformación: el negocio de engañar a los migrantes en Pie de Página, el desierto digital ya estaba lleno de profetas. En grupos de Facebook y WhatsApp, entre madres con mochilas y hombres que habían vendido el terreno para pagar un coyote, circulaban videos de gente que hablaba como quien conoce el Código de Estados Unidos de memoria. Román Argotte y su socio Darío Andrés Oviedo Meléndez estaban ahí, en esa orilla luminosa donde la ley se vuelve mercancía.

Florida les prestó una concha vacía. El 2 de agosto de 2022 nació DARIO PFISTER, LLC, documento L22000339466, domicilio en Coconut Creek, agente registrado una fábrica de papeles llamada Legalinc. Ellos figuraban como miembros autorizados. Un año y veinte días después, el Estado disolvió la sociedad por no presentar el reporte anual. Las compañías así no mueren: se evaporan. Dejan un número en Sunbiz y un silencio donde debería estar el objeto social.

Oviedo se presentaba como abogado. Las redacciones que entonces cruzaron padrones dijeron que ni él ni Argotte aparecían habilitados para ejercer en Estados Unidos. No hacía falta el título. Hacía falta el tono. Un video sobre una supuesta apertura de la frontera bastó para que, al día siguiente, cerca de mil personas se apiñaran en el Puente Paso del Norte, entre Ciudad Juárez y El Paso, como si la palabra de un desconocido en pantalla pudiera abrir el río. Esa es la primera semejanza con el estafador de Tinder: la ficción no pide pruebas; pide fe, y la fe se congrega.

El Caribe le devolvería el nombre con otra tinta

El 19 de febrero de 2026, en San Francisco de Macorís, detuvieron por segunda vez al abogado Joel Carlo Román. Estafa, falsificación, lavado de activos: el Ministerio Público dominicano hablaba de inmuebles, de papeles que parecían verdaderos y de una pérdida que las presuntas víctimas —Rocky’s Star SRL, Rocky Ross, Frank George— cifraban en más de cien millones de pesos, algo así como 1.6 millones de dólares. En el centro de esa arquitectura, un restaurante con nombre de ola: Rocky Aqua, en Playa Cabarete. Y en el expediente de Puerto Plata, como una nota al margen que no es margen, José Rafael Román Argotte figura como prófugo. La empresa Gurka Trade SRL aparece como el vehículo societario; el órgano persecutor sostiene que ambos hombres habrían coordinado maniobras para que esa sociedad se plantara como demandante o beneficiaria de un embargo.

El estafador de Tinder cruzaba aeropuertos con pasaportes y cuentas a nombre de otros. Aquí el desplazamiento es jurídico: una SRL, un pagaré, un embargo, un hombre que no está en la sala cuando el juez pregunta por él. La fuga no siempre es un jet. A veces es no comparecer.

México le ofreció el escenario más teatral

En 2015, los registros de la ONAPI lo anotan como titular o solicitante de FARARA TOUR RD, expediente E/2015-16670: pasajes, tours, la geografía convertida en mostrador. La empresa figura dada de baja. El oficio, no. El 30 de agosto de 2026, en la alcaldía Miguel Hidalgo, quedó abierta la carpeta CI-FIMH/UAT-MH-4/UI-1 S/D/01084/08-2026. Dos boletos internacionales. Una diferencia pagada a una cuenta de Banamex a nombre de ROMAN ARGOTTE. Luego, la llamada que en estos relatos llega siempre demasiado tarde: seguridad de BCD Travel informa que las millas con las que se compraron los pasajes habían sido robadas a un cliente y que los boletos quedaban cancelados. Los afectados, dice la denuncia, colaboran con la agencia.

Leviev vendía la urgencia del amor. Argotte, según esta querella, vendía la urgencia del viaje. En ambos casos el lujo es un decorado: el asiento en el avión, la clínica en Polanco, la foto con alguien famoso. Lo que se cobra no es el objeto. Es la certeza de que el objeto existe.

Porque al mismo tiempo —y esto es lo literario del fraude contemporáneo: la simultaneidad— el mismo hombre se presenta en Instagram como COO de BMedic Wellness Group, con cerca de sesenta mil seguidores y el vocabulario de la eternidad: medicina funcional, edad biológica, NAD+ en vena, epigenética, biomagnetismo. Human Reset. Lárte Visage Et Corps en Polanco. Consultorios por horas con Good Medical Space. Software médico. Talleres de “sostenibilidad humana” para recursos humanos. El 22 de octubre de 2025 hasta posó la narrativa en la Cámara de Diputados, como si el recinto federal fuera un set más para la marca de la salud.

El estafador de Tinder necesitaba yates. El de las quince cuentas necesita un tono clínico. Uno promete matrimonio; el otro, longevidad. Ambos prometen una segunda vida.

Meta, con esa prosa burocrática que a veces es más elocuente que un poema, registra que la cuenta @romargotte ha cambiado de nombre de usuario quince veces. Quince mudanzas digitales. Quince veces la misma cara buscando otro umbral. En el cine, el villano se disfraza. En 2026, actualiza el handle.

No hay sentencia que una Florida con Cabarete y con Miguel Hidalgo. Hay coincidencias que ya no parecen coincidencias: sociedades de vida breve, un socio que se dice abogado sin aparecer en los padrones, un video que mueve a mil personas hacia un puente, un expediente caribeño que lo nombra prófugo, una denuncia por boletos nacidos de millas ajenas, y una vitrina de wellness donde el pasado se ilumina como si fuera un before and after.

Simon Leviev entendió que las víctimas no buscan un delincuente. Buscan a alguien que las saque de su vida anterior. Román Argotte, si se acepta la analogía con la cautela que exige el derecho, habría entendido otra cosa igual de antigua: que el migrante, el viajero y el paciente de la ansiedad contemporánea tienen en común una herida abierta. Y que, frente a una herida, casi nadie pide cédula profesional. Pide que le hablen bonito.

La justicia, en tres países, todavía está conjugando los verbos en presente. El personaje, mientras tanto, sigue disponible en stories: bata blanca, avión, Congreso, clínica, otra vez el nombre nuevo. Como en Tinder, el perfil es la primera estafa. Lo demás —si un juez algún día lo confirma— solo es el cobro.

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Por Alejandro Meléndez

Dos maestras de tiempo completo del Centro Universitario de Teatro de la UNAM —Priscila Anaya Imaz y Annya Atanasio Cadena Gallardo— denuncian acoso laboral, despojo de horas frente a grupo, discriminación y violencia institucional bajo la dirección de Emma Dib. Sus testimonios dibujan una escuela pequeña donde el poder se mueve entre bambalinas y el aula se convierte en territorio de disputa.

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 09 de septiembre de 2026.- Hay escuelas que caben en una frase. El Centro Universitario de Teatro de la UNAM cabe en un patio, en un foro, en un pasillo donde todo el mundo se conoce y por eso mismo, todo el mundo calla. Es un recinto diminuto dentro de una universidad inmensa: pocas plazas, pocas generaciones, un prestigio que se hereda como un traje de época. Quien entra al CUT no solo aprende a actuar. Aprende, también, a leer jerarquías.

En febrero de 2024, Emma Graciela Dib Mercado —actriz, pedagoga, egresada del propio centro, primera mujer en dirigir la escuela en seis décadas— asumió la titularidad por nombramiento de la Coordinación de Difusión Cultural y acuerdo del rector Leonardo Lomelí Vanegas. La Gaceta UNAM la presentó como un talento raro, capaz de administrar e imaginar al mismo tiempo. La comunidad teatral celebró el símbolo: una mujer al frente de una casa que había sido, casi siempre, cosa de hombres.

Dos años después, dos profesoras de tiempo completo —de las pocas 6 que ganaron su plaza en concurso de oposición abierto— cuentan otra escena. No la del comunicado. La del cubículo cerrado, el horario que llega a medianoche, la comisión que no es comisión, el “no te lo estoy preguntando”.

Priscila Anaya Imaz y Annya Atanasio Cadena Gallardo no se presentan como víctimas intercambiables. Una viene de la actuación y de diecinueve años de aula; la otra, de la teoría, la investigación y un cuerpo que la institución insiste en corregir. Lo que las junta no es un manifiesto. Es un patrón: según ellas, tanto la dirección del CUT como la secretaría académica les ha ido quitando el único territorio que justifica una plaza de profesora asociado “B” (interino) Tiempo Completo —las horas frente a grupo— y ha convertido el desacuerdo en castigo.

I. La adjunta que aprendió a tener voz

Priscila Anaya Imaz habla como quien ha ensayado mucho y, de pronto, decide no recitar. Egresada del CUT, actriz, pedagoga, oaxaqueña de crianza. Lleva casi dos décadas en esa casa. Entró, dice, “por invitación”, que es la gramática antigua del centro: no se llega solo con papeles; se llega de la mano de alguien.

Esa mano fue, durante años, la de la actual directora del Centro.

Comenta que fue su adjunta ocho o nueve años en la materia de actuación de tercer año. “Su mano derecha”, precisa. Cuando la titular de la materia tenía llamados como actriz, Priscila cubría las clases y actividades académicas. Cuando la titular se fue a la Compañía Nacional de Teatro, Priscila pensó que su ciclo se cerraba, pero otra maestra titular la retuvo en primer año, también como adjunta de la materia de actuación. Un año después la maestra que había dejado la cátedra de tercero volvió y puso una sola condición: que Priscila fuera otra vez su adjunta. “Yo era como una ficha que me movían para todos lados.”

La ruptura no fue un grito. Fue un descubrimiento en un laboratorio de corte internacional en el que se reunieron docentes y artistas escénicos de teatro para reflexionar sobre las nuevas vertientes y generar materiales que dialogaran entre la docencia y la práctica escénica—The New Face of Acting Teacher, este fue un encuentro de dos años entre el CUT y la Unión Europea— Priscila se preguntó qué maestra era ella cuando dejaba de repetir los “grandes secretos” de otra. Empezó a tener voz propia lo que generó desacuerdos y fricciones en el cuerpo de maestras del tercer año de actuación. El último año juntas, relata, la titular la anuló en clase excluyéndola de actividades que anteriormente era responsable en la clase. Se sentaron a hablar. La frase que Priscila recuerda no necesita escenografía:

«Sí, sí, te anulé. Aquí la que manda soy yo.»

Después de este encuentro, en el año el entonces director del CUT y maestro titular de segundo año de actuación le pide que trabaje con él siendo maestra colaboradora, aunque administrativamente sería nombrada en papeles como titular de la materia de actuación de segundo año. Sin embargo en el aula el viejo reflejo —el hombre dirige, la mujer asiste— tardó en romperse.

En el aula había tres docentes colaborando. En el año 2019 llegó un nuevo profesor, quien es importante decir que tenía antecedentes no positivos como profesor y Priscila lo describe sin eufemismos: clasismo, racismo, abuso de poder, llegadas en estado inconveniente, lo que evidenciaba un profundo desacuerdo en la práctica de enseñanza- aprendizaje, así que en el año 2021, la dirección propuso un programa piloto, que consistió en dividir francamente el grupo de alumnos en dos grupos, para así tener mejores resultados y aliviar las tensiones entre el cuerpo de profesores de segundo año de actuación. Desde la perspectiva de Priscila este programa no funcionó. Ya que partir al grupo se transformó en una dinámica de, “los que van a triunfar” y “los perdedores”. Cabe señalar que esto evidenció las prácticas del profesor dentro del aula y el 4 de agosto del 2022 se presenta oficialmente una narrativa de los actos constitutivos de violencia de género por parte de este profesor hacia la profesora Priscila, quien dice que el proceso fue largo y que al final procedió la demanda. Las medidas disciplinarias posibles iban de días sin sueldo a la revocación del contrato. El director eligió el término medio. En el expediente, un tache. En el aula, la misma sombra.

Cuando vino el cambio de administración en el CUT, Priscila por primera vez tuvo la titularidad de un grupo. Había obtenido licenciatura y maestría —esta última en un programa piloto MINTER São Paulo–UNAM para docentes en activo—. Concursó por la plaza de Profesor Ordinario de Carrera asociado” B” de Tiempo Completo, interino, en el área de actuación. La ganó, así como también la ganó la directora de esta administración. Quedaron, dice Priscila, como las dos únicas maestras de actuación con plaza obtenida en concurso.

Durante este primer año su compañero de aula, y maestro colaborador fue Guillermo Revilla —exalumno, director de escena—, y juntos fueron descubriendo un sistema de trabajo que les permitió montar una obra con dificultades actorales que pondrían en juego las herramientas adquiridas, pero, recuerda Priscila por un comentario de la directora hecho de manera no formal, que dicho material para un examen de segundo año de actuación, no se apegaba, en su totalidad, al realismo canónico. El examen, afirma, salió limpio: un grupo intacto después de textos duros, porque el trabajo en términos de técnica y pedagogía habían sido aplicados con atención y cuidado hacia el grupo y cada personalidad del grupo. No convertía el trauma psicológico en materia prima irresponsable.

Pero para el siguiente ciclo escolar los profesores Anaya y Revilla atendieron lo que la directora en junta de academia propuso: “había que trabajar textos realistas”. Entonces al final de semestre Eligieron La mudanza, de Vicente Leñero. Una epidemia de COVID dentro del grupo de alumnos retrasó el examen y cuando el grupo ya podía presentarse, la directora determinó la fecha priorizando la agenda de la secretaria académica, señalando que la presencia de la Dra. Ducoing era “indispensable”. Nunca había sido indispensable de ese modo, sostiene Priscila, después de haber sido alumna y ahora docente de este centro.

Entonces empezaron las citas en la oficina de la dirección.

II. “No te lo estoy preguntando”

Tres reuniones a puerta cerrada. En la primera, según el testimonio, la directora anunció su intención de quedarse con las horas frente al grupo del que era titular Priscila. El argumento: “subir el nivel de segundo año”. Priscila insistió en pedir evidencia para sostener la intención que pretendía efectuar la directora y ante el silencio por parte de su interlocutora, leyó lo que no se decía: que su trabajo no alcanzaba.

Durante la segunda reunión, pidió que la dijeran, como titular de la materia, qué no estaba funcionando. La respuesta, relata, no fue clara en términos pedagógicos, se mencionaron las distintas poéticas en términos de actoralidad entre la directora y la profesora Anaya. La directora de la instancia se consideraba más preparada para el realismo.

Antes de estas reuniones, ya le había pedido —dos, tres veces— que dejara de ser persona orientadora de la comunidad, figura que Priscila ocupó a propuesta de la anterior administración y que vinculaba las instancias de coordinación de Igualdad de género con las instancias de manera directa. El argumento de la directora del centro, recuerda Priscila: conflicto de intereses. Una maestra de actuación no debía ser también quien escuchara quejas y las canalizara. Priscila entiende otra lectura: ya que el Profesor que había sido oficialmente suspendido por violencia de género se encontraba laborando en actividades académicas desde su llegada como directora del CUT.  Sin embargo la profesora Anaya renunció al cargo. Escribió una carta. En la Coordinación para la Igualdad de Género le dijeron que se salvaguardara.

En la tercera reunión el mapa se aclaró. Priscila iría a “vinculación”. Crearía talleres, los ofrecería a las sedes de la UNAM en los estados, y si alguien los compraba, entonces esos serían sus horas frente a grupo. La universidad, le advirtió Dib, según el relato, no le pagaría nada extra, ya que era maestra de tiempo completo. Además de que debía conseguirse ella misma la estancia.

Priscila propuso realizar las dos cosas: clases y vinculación. La respuesta final, en su memoria, no admite réplica:

«Ya lo decidí. Yo me voy a quedar con tus horas frente al grupo.»

«Así va a ser está decidido. No te lo estoy preguntando.»

¿Cuándo volvería al aula? “Cuando yo me vaya.” Ese mismo día, recuerda, la directora le anunció, antes de salir de la oficina que no sería parte del cuerpo colegiado del proceso de selección de la próxima generación, del que había formado parte todos los años desde su llegada a ese centro como docente adjunta. “Necesito que te concentres en lo tuyo.” Ella, dice, no tenía en qué concentrarse: le habían quitado el aula.

Al siguiente día se presentó en la oficinas del jurídico de APAUNAM, y en esta oficina se redactó un oficio con fecha del 27 de junio dirigido a la directora del CUT, documento que cuestionaba la decisión. La directora respondió de la misma manera con el oficio CUTE/DIR/056/2025 fechado el 3 de Julio, respondiendo: “…las condiciones laborales tal cual aparecen en su contrato como profesor Ordinario de Carrera Asociado “B” de Tiempo Completo, interino, en el Área de Actuación, con número de plaza 77711-10, no ha sido modificada”

El día 29 de julio recibí, menciona Priscila, correos por parte de alumnos del CUT, en los que me compartían los horarios que de manera oficial habían enviado de manera oficial las autoridades del CUT de clases del grupo de segundo año del CUT, Priscila no aparecía. Imprimió el documento. Guardó dicho documento y los que vinieron después.

La plaza de profesora de tiempo completo insiste, no es un adorno salarial. Su encomienda sustancial es el aula. Sin horas frente a grupo no hay estímulos como el PRIDE; se estanca el escalafón. “El problema no es ahora. El problema va a venir después.”

Visitó instancias universitarias para encontrar una solución de manera legal. También recurrió a la Coordinación de Difusión Cultural ya que esta instancia regula de manera jurídica al Centro Universitario de Teatro, de esta visita obtuvo una reunión informal ante gente de género y de jurídico. Le dijeron, relata, que querían mediar; y la representante de Jurídico mencionó que la directora del CUT había actuado mal, en términos de formalidad de las acciones, pero; al mismo tiempo, señalaba que estaba en sus facultades ya que, enfatizó, “la plaza no es tuya”. El hueco legal —sí pero no— se volvió método.

Le asignaron comisiones. Cumplió en tiempo y forma. Aun así, dice, la reprobó en una de dichas tareas la Secretaría Académica de la instancia de manera formal al entregar el oficio CUTE/SA/049/2026 con Asunto: Entrega de observaciones de comisión, con fecha del 8 de mayo del 2026, emitido por la Dra. Ducoing, y con una evaluación firmada por la misma Doctora.

El día que recibió el documento fue el 14 de mayo a las 12:30 hrs en las oficinas de la secretaría académica, departamento de servicios escolares y movilidad estudiantil, de manos de la persona a cargo. Relata que tardó unos minutos dentro de ese espacio, ya que pidió leer el documento completo antes de firmar el acuse de recibido, y recuerda que la persona a cargo estaba sola y la puerta de esta oficina se encontraba abierta, pero cuando Priscila volteó estaba sola con dos mujeres del área administrativa y la puerta cerrada.  Pensó en la escena que podían armar: la maestra se puso loca, hay testigos y recordó que una persona que labora en ese lugar y que debe conservarse su identidad anónima, porque podría haber represalias en su contra, había comentado en llamada telefónica a manera de advertencia, que debía cuidarse porque, le dijo: “Té están tendiendo tu camita. Te van a sembrar faltas administrativas.”

Días previos a terminar el ciclo escolar pidió informes sobre su contrato al jefe de la unidad administrativa y al encargado del Departamento del Personal y uno de ellos respondió con silencio y un gesto de desagrado y el otro respondió que no sabían nada al respecto.

Al comienzo del ciclo escolar las profesoras Priscila y Annya asistieron juntas a pedir su contrato para poder firmarlo. Pero antes de asistir hicieron una publicación en redes, para informar a la comunidad. El contrato fue entregado para ser firmado.

Hoy demanda a la institución. La Profesora dice; desde hace un año estoy en terapia para poder continuar con luchar contra las injusticias. Lleva un año armando expediente. No se ha vuelto mediática del todo: el proceso jurídico, dice, exige disciplina. Pero el silencio institucional le parece otra forma de ensayo: repetir el gesto hasta que parezca natural.

Lo que pelea no es un símbolo. Son las horas. “Lo que me corresponde a mí y lo que le corresponde a Annya.”

III. El cuerpo como expediente

Annya —con doble n y ye, Atanasio con s, Cadena Gallardo— es maestra de tiempo completo en el área de cultura teatral. Daba teoría y análisis del texto dramático y el seminario de metodología de la investigación. Neurodivergente, diagnosticada con TLP y TDAH, vive con crisis motoras parciales complejas. Es una mujer trans. Hizo su transición ya como académica. Viene de Colima, de una infancia que no le ahorró violencia, y de años de estudio en Europa que le sirvieron, dice, para deconstruirse y volver a la academia con una ética que no cabe en el realismo de la obediencia.

El acoso laboral, afirma, no nació con Emma Dib. Lleva más de cuatro años y medio. Bajo la dirección anterior —Mario Espinosa y la secretaria académica de entonces— denunció ante la Defensoría de la UNAM. Año y medio, dos años. “Aquí no pasó nada. Cuando la que tuvo la repercusión soy yo.” Quienes terminaban afectados, dice, eran los estudiantes: le asignaban los últimos horarios, después de tres o cuatro materias prácticas, y recibía un grupo colapsado. Pedía que no fuera por ella, sino por ellos. No le hicieron caso. Le reclamaron un congreso en España al que suele ir cada año —parte de su contrato es investigar y difundir— como si la dejaran ir por benevolencia. La secretaria académica, relata, no la nombraba en femenino. “Le valía.”

Cuando llegó la nueva dirección, Annya pensó en un cambio. Encontró, dice, otra forma de la misma tutela. Dib “empezó a decidir sobre mí”, a determinar “si estaba lo suficientemente sana o no”. La mandaron sola a revisar críticamente el plan de estudios. Lo hizo. Entró en depresión.

La herida que nombra con más claridad no es un oficio: es una frase. La nueva secretaria académica, cuenta, le dijo que se dejara de hormonar. Que no necesitaba “tantas chichis”. Que las hormonas la ponían muy mal. El juicio de valor vestido de preocupación. La minimización de quien ha luchado años por un cuerpo propio y por nombrarlo.

«Reiteradamente lo vivo, no solamente en la vida cotidiana, sino también en mi trabajo. Y lo peor del caso es que no hay escucha.»

En el tiempo de la entrevista, Annya relató que había intentado quitarse la vida. Lo dice sin teatralidad, que es la forma más dura de decirlo. Dos días después estaba en el CUT. Cero escuchas, afirma. A la dirección le importó más, según ella, lo que publicó en redes —denuncias sobre el centro, un presunto plagio de Luis de Tavira en un montaje con recursos públicos, sus experiencias como alumna— que el hecho de que una maestra hubiera llegado al borde.

Bajo la dirección anterior ya había actualizado papeles y credencial. Aun así, para la presentación de un libro, la secretaria académica le preguntó cómo quería que la presentaran y al hacerlo mal, solo dijo: “Ay, perdón, se me olvidó”.

Acompañó a una alumna que inició su terapia de reemplazo hormonal dentro del CUT, sola, sin red institucional. Annya la asesoró. Mientras tanto, relata, a esa estudiante le seguían asignando papeles masculinos, pese a que se había pedido que se le dirigiera como mujer. Hay un informe académico, dice, donde se podrá leer la transfobia. En otro, una exalumna escribió sobre la gordofobia vivida en la escuela. El patrón que Annya señala no es solo el suyo: es el de “lo que no es normativo” —cuerpos diversos, disidencias sexo-genéricas— tratado como problema de disciplina o de imagen.

Ha enviado un oficio a Rectoría, al CUT, a Emma Dib y a la comunidad de alumnos y exalumnos. Lo hizo público. No ha acudido aún a otras instancias externas porque, dice, está cansada del aparato que tarda años y no responde. Quiere diálogo. Quiere una academia ética. “Ya estoy cansada de que nieguen mi historia.”

IV. La escuela chica y el reino

El CUT es demasiado pequeño para las metáforas grandes y demasiado cerrado para las denuncias simples. Ocho plazas, dice Priscila; siete de profesores de tiempo completo. Quienes las ganaron en concurso de oposición abierto deberían ser, en teoría, el piso estable de la escuela. En la práctica, las dos mujeres que hablan en este texto describen un desplazamiento: se las mueve a comisiones, se les niega el aula, se les recorta el prestigio cotidiano —asesorías de tesis, procesos de selección, el saludo en el pasillo— sin un documento que se pueda exhibir. “Lo hacen a puerta cerrada y en llamada telefónica.”

Hay más sombras en el relato de Priscila, que este reportaje registra como denuncias suyas, no como hechos juzgados, pero que en este momento es delicado nombrar ya que podríamos estar hablando de un sistema interno de presuntos e inadecuados manejo de dinero; intentos de titular a personas sin el proceso del Ceneval; el hecho de que si la plaza se llegara a perder, y el centro se queda con una menos.

Annya añade otra capa: el centro como archivo de violencias que no se nombran. Un maestro señalado como violentador. Un plagio que ella dice haber documentado. Alumnado que ve y no denuncia. “Si no tienen el valor, ese es otro problema.” Ella ya no quiere esperar a que el coro se complete.

Las dos coinciden en un punto que duele más que el organigrama: las y los estudiantes actuales, conscientes, eligieron en muchos casos el silencio por miedo a represalias. “Al fin que ya me voy”, es la frase que Priscila les escucha. El CUT forma actrices y actores para un país que les exigirá voz. Adentro, la voz tiene precio.

V. Lo que se demanda cuando el aula desaparece

Annya pide algo que el derecho escribe peor que el cuerpo: no ser diagnosticada por la jefatura. No ser nombrada en masculino por olvido administrativo. No recibir consejos sobre sus hormonas. Que su historia no sea negada. Que el diálogo no se sustituya por el laberinto.

Las dos saben que el CUT es un lugar donde las lealtades pesan más que los reglamentos. La profesora recuerda que una persona que labora en el CUT, dentro del área administrativa, le advirtió en un mensaje: “Apégate a lo que te solicite, es lo mejor, es mi mejor consejo para ti, aguantar, no hacer ruido. Operación hormiga, de boca en boca, durante un año. Ahora, el ruido.

Un reportaje no es un veredicto. Emma Dib construyó una carrera visible —más de cincuenta puestas en escena, Compañía Nacional de Teatro, cine, casi tres décadas de docencia en el CUT— y llegó a la dirección con el capital simbólico de ser la primera mujer. Ese dato no la inmuniza. Tampoco convierte automáticamente cada decisión administrativa en delito. Lo que estos testimonios plantean es otra pregunta, más incómoda para una universidad que ha multiplicado protocolos de género mientras sus escuelas chicas siguen funcionando como feudos: ¿puede una dirección despojar del aula a quien ganó la plaza precisamente para estar en ella? ¿Puede una institución que forma actrices decidir, desde el poder, qué cuerpo es demasiado hormonal, demasiado disidente, demasiado hablador?

Priscila guarda oficios. Annya guarda un oficio público y una vida que ya no está dispuesta a traducir al lenguaje del “aquí no pasa nada”.

En el teatro, el silencio es a veces un acto. En una escuela de teatro, el silencio de las maestras que no quieren perder el grupo, de las alumnas que ya se van, de las autoridades que median sin mediar, no es un acto. Es una escenografía. Y la escenografía, tarde o temprano, se ve.

La entrada La maquinaria del silencio en el CUT de la UNAM se publicó primero en Periodistas Unidos.

Por Alejandro Meléndez

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 16 de agosto de 2026.- La mañana del 10 de agosto no empezó con el retumbar festivo de las marimbas que anunciaban los treinta años del Festival Petronio Álvarez. A las 7:34 de la mañana, la tierra rugió desde las entrañas del Chocó con una fuerza devastadora de 7.4 grados. En cuestión de segundos, la geografía de Cali y del Eje Cafetero se fracturó. Lo que debía ser una cobertura del gozo afrodescendiente y la música del Pacífico se transformó, de golpe, en una crónica de cinco días entre las grietas de la tragedia, el abandono institucional y la inquebrantable dignidad popular.

Varias personas remueven escombros tras el terremoto de 7.4 grados, en Carrera 39 y avenida Roosevelt en Cali, Colombia. Foto: Alejandro Meléndez.

El sonido del colapso y las primeras voces

En el primer día de cobertura, el aire en la Carrera 39 con avenida Roosevelt se volvió denso y gris. Un edificio habitacional se había reducido a una montaña informe de varillas retorcidas y concreto pulverizado. Entre el caos inicial, sin sirenas ni rescatistas oficiales a la vista, fueron los vecinos quienes abrieron la tierra con las manos desnudas.

A unas cuadras de allí, en la Carrera 44 y calle 5, un hombre con sangre en la cabeza y el rostro desencajado recordaba ante el micrófono los segundos en que el mundo se le vino abajo, y que seguía buscando a su perro Toby.

@periodistasunidos

Testimonio de lo que pasó en un edificio de Carrera 44 con Calle 5 en el barrio de Tequendama en Cali, Colombia después del terremoto de 7.4 que azotó la ciudad. Video: Alejandro Meléndez

«El sismo empezó de izquierda a derecha y al minuto cambió de norte a sur. Sentimos desde el quinto piso una ráfaga con viento fuerte. Le dije a mi esposa que nos metiéramos debajo del marco de la puerta… cayó todo. Cuando pasó la polvareda, quedó un huequito de cincuenta centímetros y por ahí, estando todos aplastados, logramos salir. Salimos todos vivos, pero mi perrito se quedó adentro… Dios me lo bendiga, sigo buscándolo».

 

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El concejal del Pacto Histórico Mauricio Zamora, quien se encontraba en su casa con sus padres listo para salir a las siete y media de la mañana, resumió con claridad lo que muchos vivieron en esos primeros minutos: “Lo que tenemos que aplaudir es que la comunidad se organizó por sus propias manos, solidariamente, salió inmediatamente a acudir donde las edificaciones sucumbieron, cayeron y al saber que habían personas heridas, atrapadas, entonces por sus propias manos lo que comenzaron a hacer fue a remover los escombros ante la ausencia de la respuesta institucional”.

La fractura territorial y el grito de Julián Álvarez

Para el segundo día, la niebla de polvo comenzó a asentarse, pero la incertidumbre solo se profundizó. Las grietas en las fachadas de Cali eran visibles en casi cada cuadra de la zona sur; estructuras que no colapsaron quedaron fracturadas como piezas de dominó a la espera de un pequeño soplo y la voz de la ciudadanía organizada expuso la dimensión política del abandono. En entrevista, el activista y voluntario caleño Julián Álvarez narró la odisea vivida desde el momento del impacto:

 

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«Estábamos en Buenaventura en un décimo piso. El temblor fue supremamente impresionante; veíamos los contenedores al frente del mar moviéndose muchísimo. Cuando supimos que Cali estaba destruida, entramos en desespero por volver. Había derrumbes, la vía estaba cerrada, pero nos colamos por veredas. Llegamos, nos pusimos ropa de trabajo y salimos a remover escombros».

Álvarez remarcó la lacerante contradicción entre la hipermilitarización del Estado y su parálisis ante la tragedia humana:

«Para la posesión del presidente se trajeron 11 mil militares armados y se militarizó todo Cali. Hoy, en los puntos de colapso, solo estamos la población civil, el pueblo recogiendo escombros, junto a bomberos y Cruz Roja. Y para colmo, decretan toque de queda y mandan grúas de tránsito a llevarse las motos de los rescatistas. Es ridículo: en vez de favorecer el rescate, el gobierno entorpece».

Julián también denunció la mezquindad geopolítica en la gestión de la ayuda externa y el cerco a los brigadistas mexicanos:

«Es lamentable. La ONU estaba esperando activar el llamado internacional y no lo hicieron. Solo querían permitir ayuda de gobiernos afines de ultraderecha, bloqueando a países con experiencia como México o Chile. Y lo de los Topos es tristísimo: llegaron por su cuenta, pagados por una aerolínea, y cuando van a ingresar les ponen burocracia diciendo que no tienen seguro. Es absurdo cuando los civiles estamos rescatando sin nada. Por eso estamos trabajando en desobediencia civil, tejiendo redes directas con fundaciones para entregar medicamentos y víveres donde el Estado jamás ha llegado».

Zamora coincidió en el diagnóstico y fue más lejos sobre el carácter ideológico del rechazo a la ayuda: “Es deplorable que el presidente Abelardo de la Espriella, que es de extrema derecha, no haya aceptado por ejemplo la ayuda de México y que le esté pidiendo toda serie de requisitos cuando son precisamente personas que están, que tienen todas las capacidades para venir y prestarnos la atención… ha aceptado la de Israel, la de Estados Unidos… porque son cercanos sus planteamientos ideológicos”.

 

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La desesperación en la Carrera 39, donde la paramédico María Eugenia Sánchez alzaba la voz en medio del desorden, ofreciendo la segunda de las entrevistas clave en medio de la humareda:

«Ayer sacamos a cinco personas, tres fallecidas y dos con vida. Hoy sacamos a dos más, pero ya sin signos vitales. Necesitamos que los constructores nos ayuden con maquinaria pesada, pie de fuerza real, guantes, linternas, catéteres y compresas. La gente de a pie es la que está rescatando».

La vocación inquebrantable de Damaris en Pereira

Mientras Cali hervía en indignación política durante ese mismo tercer día, Pereira enfrentaba su propio infierno con la cifra de mortalidad más alta de la región, caminar por la zona centro evoca a una película de terror con edificios a punto de colapsar en ambos lados. Sin embargo, entre las calles destrozadas, el dolor físico no fue un impedimento para la vocación de servicio.

 

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Damaris Juliana Rojas Peñaloza, una joven estudiante de medicina en Cuba que se encontraba de vacaciones en su ciudad natal, fue alcanzada por la furia del sismo, sufriendo severas lesiones en las piernas y el pie derecho. A pesar de sus heridas, se negó a abandonar la zona cero y se sumó a las líneas de auxilio con una entereza conmovedora:

«Actualmente me encontraba en Pereira disfrutando de mis vacaciones cuando ocurrió este terremoto y fui una de las personas afectadas, sufriendo lesiones en mis piernas y en mi pie derecho. Pero hoy quiero decir que aunque nosotros también hayamos sido afectados, seguimos en pie y en la línea de lucha, brindando todo nuestro apoyo a los damnificados de Pereira. Como nos enseñan en Cuba, debemos formarnos como médicos de ciencia y conciencia, médicos preparados para servir incluso en los momentos más difíciles. Y aunque estemos lesionados, estamos dispuestos a ayudar donde más nos necesiten».

Estado de excepción, fusiles y resistencia popular

Para el cuarto día, las calles no vieron llegar maquinaria pesada ni brigadas médicas masivas, sino la imponente frialdad de las armas de fuego. Tropas del ejército desembarcaron en los perímetros afectados. Sin embargo, no traían palas ni picos, sino órdenes estrictas de acordonar, intimidar e impedir el registro fotográfico y periodístico. Mientras las familias continuaban escuchando golpes ahogados bajo las losas de concreto, los uniformados custodiaban las ruinas con armas de alto poder, más preocupados por acallar la protesta y ocultar la negligencia que por salvar vidas.

El contraste político no podía ser más cruel: mientras en el Chocó y los barrios populares del Valle del Cauca la población escarbaba con las uñas, las autoridades locales intentaban controlar la narrativa mediática. El alcalde de Cali, Alejandro Eder, pretendió recorrer las zonas de desastre buscando la foto oficial, solo para ser expulsado entre reclamos por una comunidad exhausta e indignada ante su ineficacia.

Zamora, que ha ejercido control político desde el Concejo, lo describió sin rodeos: “Cuando el alcalde llegó a varios de los puntos… fue sacado, fue chiflado, incluso hasta agresiones físicas… es precisamente manifestando su inconformidad por la forma en la que se ha respondido ante semejante tragedia y precisamente siempre el alcalde lo que está priorizando es el show sobre la respuesta”.

La dignidad insumisa de los barrios olvidados

Frente al vacío del Estado, la verdadera respuesta humanitaria nació de los sectores históricamente denostados. Los barrios más vulnerables de Cali y Pereira —habitualmente criminalizados y estigmatizados por el discurso oficial— se convirtieron en el corazón palpitante de la supervivencia.

Sin pedir nada a cambio, de las barriadas populares brotaron las Ollas Comunitarias. Familias de escasos recursos instalaron fogones improvisados en las esquinas para alimentar a los voluntarios, repartieron agua en garrafones, consiguieron insumos médicos de primera necesidad y organizaron cadenas humanas inacabables para remover toneladas de escombro. La solidaridad no se gestó en los despachos gubernamentales ni en los vecindarios acomodados, sino en las manos callosas de la clase trabajadora.

Zamora subrayó el carácter histórico de ese gesto: “Lo que vimos es que la población tanto del oriente como la de allá acudió solidariamente cuando normalmente aquí tenemos una ciudad que es segregada históricamente, social, económica, geográficamente… esta población que ha sido estigmatizada por una parte de la población, las élites de esta ciudad, fueron los que sin importar credo, sin importar por quién votaron o ideología, salieron a acudir a tratar de rescatar las vidas”.

Rescate real contra el turismo de la tragedia

En el cierre de esta jornada de cinco días, las contradicciones de la respuesta internacional quedaron al desnudo sobre el terreno:

La resistencia de los Topos Aztecas: La brigada mexicana de rescate llegó a suelo colombiano costeando sus propios pasajes y herramientas. Lejos de encontrar facilidades, enfrentaron el hostigamiento burocrático, el temor a ser expulsados del país y la abierta resistencia de la Alcaldía de Cali. Pese a las trabas institucionales, los Topos abrieron socavones entre las ruinas para buscar vida donde el gobierno local pretendía meter maquinaria pesada para sepultar el rastro de su propia ineficiencia.

 

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El «turismo de terremoto» israelí: En contraste, la delegación enviada por el gobierno de Israel protagonizó un espectáculo puramente mediático. Escoltado por cámaras y esquemas de seguridad, el contingente caminó por las zonas de colapso realizando lo que la ciudadanía bautizó con amargura como «turismo de terremoto»: posaron ante los escombros para los boletines oficiales y se retiraron sin mover una sola piedra ni aportar alivio tangible a los damnificados.

Cinco días después de aquel crujido de 7.4, el polvo empieza a asentarse sobre los escombros de Cali y Pereira, pero la fractura social queda expuesta. Esta cobertura no solo registra el impacto de un desastre natural, sino la radiografía de un régimen ausente que responde con fusiles, toque de queda y burocracia, frente a la estatura moral de un pueblo humilde que, con las manos ensangrentadas y la dignidad intacta, volvió a levantar a Colombia de entre las ruinas.

La entrada Terremoto de 7.4: cuando el pueblo rescató a Cali y el Estado llegó con fusiles se publicó primero en Periodistas Unidos.

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 30 de julio de 2026.- La primera vez que viajé a Cuba fue en 1993. Me acompañaban mi padre, Jorge, y mi hermana Lucía. Para Jorge no era un destino desconocido. Años antes había viajado a la isla para entregar unas computadoras que había conseguido para el gobierno cubano. Nunca llegaron a su destino. En el aeropuerto se las robaron y, en un episodio tan absurdo como revelador, entregaron únicamente las cajas vacías. Un acto surrealista, posible solo en esa mezcla de burocracia, impunidad y realismo mágico que, a veces, parece exclusiva de Latinoamérica.

Cuando regresamos, el propósito era distinto. Llevábamos víveres para unos amigos cubanos que sobrevivían en medio del Periodo Especial, la profunda crisis económica desatada tras la caída de la Unión Soviética. La escasez marcaba la vida cotidiana y obligaba a desarrollar una imaginación sin límites para subsistir.

La prostitución se había vuelto parte del paisaje urbano y las estafas eran el pan de cada día. Se ofrecían puros falsificados como si fueran habanos auténticos; un medicamento llamado PPG (policosanol), al que se le atribuían casi propiedades milagrosas para combatir el colesterol; pizzas cubiertas con trozos de condón que simulaban queso derretido y filetes que, en realidad, eran alfombras empanizadas hechas pasar por milanesas. En aquella Cuba de los noventa, la necesidad había borrado la frontera entre el ingenio y el engaño.

La segunda vez que viajé a Cuba fue unos tres años después. Regresé para estudiar fotografía en el Centro de Estudios Martianos de La Habana. La isla ya no era una novedad, pero seguía siendo un territorio lleno de contrastes, donde la belleza convivía con la escasez y la historia parecía caminar al lado de la gente.

La tercera visita ocurrió en 2012. Viajé acompañado por Jorge y Rosa Roveglia. Fueron días singulares: al puerto llegó el Ana Cecilia, el primer barco procedente de Miami que atracaba directamente en Cuba después de medio siglo de ruptura. Transportaba ayuda humanitaria y representaba uno de los primeros gestos de acercamiento durante la administración de Barack Obama. Parecía que, después de décadas de confrontación, el mar comenzaba a tender puentes.

La cuarta vez llegué junto a la poeta Jocelyn Pantoja para participar en el Festival Internacional de Poesía de La Habana. Presentamos una pieza de poesía multimedia apenas unas semanas antes de que el mundo se encerrara por la pandemia de COVID-19. La ciudad vivía entonces un momento muy distinto. El dólar y el peso convertible cubano (CUC) mantenían prácticamente el mismo valor. Aterrizaban vuelos procedentes de Estados Unidos y Europa; los cruceros llenaban el puerto y las calles rebosaban visitantes. Eran, quizá, los últimos días del mejor momento económico que la isla había conocido en muchos años, mientras Miguel Díaz-Canel apenas iniciaba su gobierno.

La quinta visita fue distinta desde el principio. Viajé acompañado por Montserrat Jiménez, pero no llegamos como turistas. En nuestras maletas llevábamos medicamentos, alimentos, baterías y un teléfono celular destinados a tres personas de la isla, entre ellas la extraordinaria poeta y promotora cultural Soleida Ríos. También queríamos mirar con nuestros propios ojos qué había ocurrido con Cuba después del endurecimiento del bloqueo energético impulsado por la administración de Donald Trump desde enero de 2026, cuando amenazó con imponer aranceles a cualquier país que suministrara petróleo a la isla, y tras las sanciones anunciadas meses después por el secretario de Estado, Marco Rubio, contra la empresa estatal CUPET.

La pregunta surgía inevitablemente apenas uno ponía un pie en La Habana.

¿Qué está pasando realmente en Cuba?

La respuesta resulta mucho más compleja que los videos virales de redes sociales, donde abundan imágenes fragmentadas de calles deterioradas, moteles, bares o entrevistas improvisadas. La realidad cubana no cabe en un minuto de video ni en una consigna política.

Con frecuencia, numerosos medios y comentaristas reducen la discusión a una frase repetida hasta el cansancio: que Cuba es un país comunista. La afirmación simplifica una realidad mucho más compleja. Ningún Estado contemporáneo ha desarrollado plenamente una sociedad comunista. Cuba es, en los hechos, un Estado socialista gobernado por un partido único. Esa condición constituye precisamente uno de los debates más profundos dentro de la isla. Mientras algunos defienden el modelo actual, otros reclaman la apertura hacia un sistema multipartidista que permita una competencia política más amplia.

Desde el triunfo de la Revolución en 1959, la relación con Estados Unidos ha marcado el destino del país. Décadas de embargo económico, operaciones de inteligencia, sanciones y confrontación diplomática han condicionado su desarrollo. Al mismo tiempo, el gobierno cubano ha respondido con un modelo altamente centralizado que también despierta críticas entre amplios sectores de la población.

Hablar con los cubanos no siempre resulta sencillo. El miedo sigue presente.

Muchos aceptan conversar únicamente cuando la cámara permanece apagada. Otros piden no revelar sus nombres. Algunos más condicionan la entrevista a recibir dinero. El silencio también forma parte del paisaje. No es casualidad. El Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa documentó 1,188 violaciones a la libertad de expresión y de prensa durante 2025, un incremento de casi 55 % respecto al año anterior. Reporteros Sin Fronteras ubica a Cuba en el lugar 160 de 180 países en su Índice Mundial de Libertad de Prensa de 2026.

En una isla donde durante décadas las palabras tuvieron consecuencias, incluso el acto de opinar puede convertirse en un ejercicio de riesgo.

Fue con esa mezcla de incertidumbre, curiosidad y respeto que comenzamos a recorrer nuevamente La Habana.

Apagones y la vida cotidiana

Llegamos a La Habana Vieja el 8 de julio. Apenas dejamos las maletas comprendimos que la electricidad se había convertido en un lujo impredecible. Esa misma jornada, el Sistema Eléctrico Nacional registró la mayor afectación de su historia reciente: un déficit de 2,341 megawatts que dejó sin energía, de manera simultánea, a cerca del 75 por ciento del territorio cubano. La noticia apareció en los medios oficiales, pero en las calles nadie necesitaba leer los números para entender la magnitud del problema. Bastaba con mirar los semáforos apagados, los comercios cerrados y las ventanas abiertas buscando un poco de aire.

El primer retrato de esa realidad nos lo hizo Yusniel, un taxista habanero que conducía un automóvil de combustible, que cobra entre 10 a 15 dólares el trayecto. Mientras avanzábamos por calles donde el calor parecía pegarse al pavimento, nos explicó cómo la crisis había ido cambiando de rostro.

—Al principio avisaban por las redes: «vamos a apagar el bloque uno, vamos a prender el dos»… Ahora ya ni eso.

Hablaba con la resignación de quien ha repetido demasiadas veces la misma historia.

—Tú ya sabes que te van a poner tres horas de luz al día. Cuando llega la corriente tienes que hacerlo todo: cocinar, lavar, cargar el teléfono, bombear agua… Las mujeres son las que más lo resienten; viven bajo un estrés terrible.

Hizo una pausa, soltó una risa breve y lanzó una crítica que parecía contener el desencanto de muchos.

—Díaz-Canel ya no puede echarse aquellos discursos de cinco horas como Fidel. Además, nunca fue buen orador… la verdad es que casi nadie lo soporta.

Nos alojamos en el departamento de una amiga que renta habitaciones en La Habana Vieja. Incluso los vecinos parecían desconcertados. Los apagones llevaban semanas castigando buena parte del país, pero el centro histórico había resistido mejor porque gran parte de la red eléctrica corre por instalaciones subterráneas. Sin embargo, esa ventaja comenzó a desaparecer justo cuando llegamos.

Hasta entonces los cortes seguían horarios más o menos definidos. El gobierno distribuía la escasa electricidad por zonas para mantener vivo un sistema que depende casi por completo del combustible. Pero esa noche todo cambió. La programación dejó de existir. Nadie sabía cuándo volvería la luz ni cuánto tiempo permanecería encendida.

Durante julio el Sistema Eléctrico Nacional sufrió al menos tres colapsos totales —los días 6, 10 y 14—. El déficit cotidiano rebasó con frecuencia los 2,000 megawatts. Mientras la demanda rondaba los 3,200, la capacidad real apenas alcanzaba entre 850 y 1,150. Más de un centenar de plantas de generación permanecían inmóviles por falta de combustible. Las cifras, sin embargo, solo explicaban una parte del problema. La otra podía sentirse en los edificios, en las cocinas vacías y en las noches interminables.

La oscuridad altera el ritmo de una ciudad.

Los refrigeradores dejan de funcionar y los alimentos se echan a perder en cuestión de horas. Hay familias enteras que comparten una sola habitación sin un ventilador que alivie el calor húmedo del Caribe. Dormir se vuelve un acto de resistencia. Los pequeños negocios bajan sus cortinas antes del anochecer. Los bares permanecen cerrados. Las discotecas enmudecen. Incluso las oficinas públicas concluyen sus labores antes de tiempo porque trabajar bajo ese calor resulta casi imposible.

Y, sin embargo, La Habana se resiste a detenerse.

Ante la falta de gasolina, la ciudad ha encontrado otra forma de moverse. Cada vez circulan más automóviles eléctricos, motocicletas, triciclos y pequeños transportes colectivos impulsados por baterías. Son la respuesta improvisada de una sociedad que aprendió, hace décadas, a sobrevivir adaptándose.

Cuando cae la noche y el Malecón permanece a oscuras, cualquiera imaginaría una ciudad rendida. Ocurre exactamente lo contrario. La música comienza a escapar de alguna bocina alimentada por una batería. En los parques aparecen parejas que bailan como si la electricidad nunca hubiera existido. Frente a las casas, grupos de vecinos se reúnen alrededor de una mesa improvisada para jugar dominó. Las fichas golpean la madera con ese sonido seco que acompaña desde hace generaciones las conversaciones cubanas.

La penumbra no vence a La Habana.

Simplemente se vuelve parte del paisaje.

Y quizá sea esa la mayor lección de la ciudad: cuando la luz desaparece, los cubanos encuentran la manera de seguir iluminando la vida con su propia presencia.

Turismo fantasma y dos economías

Caminar desde La Habana Vieja hacia Miramar, El Vedado o Playas es recorrer, en apenas unos kilómetros, las distintas velocidades con las que hoy respira Cuba. El paisaje cambia, los edificios son más elegantes, las avenidas más amplias y las fachadas conservan el aire de una ciudad que alguna vez soñó con convertirse en el escaparate del Caribe. Sin embargo, también allí abundan los hoteles cerrados, los bares vacíos y las terrazas donde el silencio ha reemplazado al bullicio de los turistas.

Solo algunos gigantes sobreviven al apagón permanente. El Habana Libre y el Hotel Nacional mantienen encendidas sus luces gracias a plantas eléctricas propias. En varias residencias de alto poder adquisitivo, los propietarios han instalado generadores alimentados con gas natural que funcionan junto con paneles solares. Es, en pequeña escala, el mismo camino que intenta seguir el gobierno cubano para enfrentar la crisis energética. La isla ya supera los mil megawatts de capacidad fotovoltaica instalada y apuesta por desarrollar sistemas de almacenamiento que permitan reducir la dependencia del combustible importado.

Pero la electricidad no es el único recurso que escasea. También faltan los visitantes.

Otro taxista, que durante años vivió del turismo, nos fue reconstruyendo la historia reciente de la isla mientras avanzábamos por el Malecón.

—Con Obama esto estaba lleno —nos dijo señalando los hoteles—. Había agencias de viajes por todos lados. Las casas particulares ya no alcanzaban para tanta gente. Todo el mundo trabajaba.

Su relato avanzaba al mismo ritmo que el automóvil.

Después llegó la pandemia. Cuba decidió prolongar durante más tiempo las restricciones sanitarias y el turismo, que era una de las principales fuentes de ingreso del país, quedó prácticamente inmovilizado. Muchos hoteles nunca volvieron a abrir sus puertas. Decenas de pequeños negocios quebraron antes de recuperarse.

El conductor sonrió con ironía cuando buscó una imagen para explicar lo ocurrido después.

—Y luego llegó la segunda pandemia… Donald Trump.

La frase provocó una carcajada amarga.

Las nuevas sanciones económicas, el endurecimiento del embargo y la incertidumbre terminaron por desalentar el regreso de los visitantes internacionales. Los números cuentan esa historia con crudeza. Durante 2025 Cuba recibió apenas 1.81 millones de turistas, la cifra más baja desde 2002, si se excluyen los años de la pandemia. En los primeros cinco meses de 2026 la caída fue todavía más severa: apenas ingresaron 359,491 visitantes, un desplome cercano al 58 por ciento respecto al mismo periodo del año anterior. La ocupación hotelera descendió hasta 12.9 por ciento durante el primer trimestre.

Las estadísticas, sin embargo, adquieren verdadero significado cuando uno entra a sitios que durante décadas simbolizaron la vida nocturna habanera.

En El Floridita ya no hay filas para encontrar una mesa. En La Bodeguita del Medio, donde antes costaba trabajo abrirse paso entre turistas de todos los idiomas, ahora predominan las sillas vacías. Las bandas siguen tocando, los bartenders continúan preparando mojitos y daiquirís con la misma destreza, pero muchas veces lo hacen para unos cuantos clientes dispersos. La música permanece. El público, no.

Por momentos, La Habana transmite la extraña sensación de una ciudad que espera el regreso de alguien que no termina de llegar.

Mientras el turismo se desmoronaba, la economía cubana también cambiaba de rostro.

El peso convertible (CUC), que durante años convivió con la moneda nacional, desapareció. Hoy solo circula el peso cubano (CUP). Sobre el papel, la unificación monetaria buscaba simplificar la economía. En la práctica, la inflación ha erosionado el poder adquisitivo de los salarios. En junio de 2026 la inflación interanual alcanzó 18.27 por ciento.

Cambiar dólares se convirtió también en una experiencia reveladora.

En los bancos estatales casi nunca hay divisas disponibles. Quien necesita cambiar dinero termina recurriendo al mercado informal, casi siempre dentro de una casa particular o mediante recomendaciones que pasan discretamente de boca en boca. Allí, el dólar se cotiza entre 670 y 675 pesos cubanos, una diferencia que revela la distancia entre la economía oficial y la economía real.

Las tarjetas Visa y Mastercard tampoco funcionan en la isla. Cada billete en efectivo adquiere entonces un valor estratégico. En Cuba, el dinero vuelve a sentirse físico: se guarda, se cuenta, se negocia y se protege.

Al mismo tiempo, algo nuevo comienza a emerger.

En medio de un sistema que durante décadas limitó la iniciativa privada, han florecido miles de pequeñas y medianas empresas, las conocidas mipymes. Ya existen más de 15,600 autorizadas. Restaurantes familiares, talleres, cafeterías, pequeños comercios y servicios que hace apenas unos años eran impensables forman parte de una transformación silenciosa. También se han flexibilizado algunas reglas para la inversión extranjera y para los cubanos residentes en el exterior, quienes hoy pueden participar en ciertos proyectos económicos e, incluso, acceder a la compra de viviendas bajo condiciones antes mucho más restrictivas.

La paradoja resulta inevitable.

Mientras el discurso oficial continúa reivindicando el socialismo, la vida cotidiana obliga a miles de cubanos a desarrollar mecanismos propios del mercado para sobrevivir. La isla parece avanzar sobre una delgada línea donde conviven planificación estatal, emprendimiento privado, subsidios, remesas familiares y mercados informales. Dos economías se superponen todos los días. Una aparece en los documentos oficiales. La otra puede verse en las calles de La Habana.

Dos visiones contrapuestas

En Cuba es fácil encontrar consenso sobre una cosa: la vida se ha vuelto mucho más difícil. Lo complicado comienza cuando la conversación gira hacia las causas y las posibles salidas. Entonces aparecen dos países distintos, dos memorias enfrentadas y dos maneras de imaginar el futuro.

La fractura suele ser generacional.

Quienes vivieron los primeros años de la Revolución recuerdan una isla marcada por la desigualdad, la influencia política y económica de Estados Unidos y una profunda dependencia de intereses extranjeros. Para ellos, la Revolución significó la recuperación de la soberanía, el acceso universal a la educación y la salud, y la construcción de un proyecto nacional propio. Los más jóvenes, en cambio, crecieron en medio del Periodo Especial, de los apagones, de la escasez y de una economía cada vez más limitada. Muchos de ellos no experimentaron el país que sus padres o abuelos evocan y, por ello, juzgan el presente con otros referentes.

Las discusiones rara vez terminan en acuerdos.

Una tarde conocimos a un hombre al que todos llamaban «El Ruso». Accedió a conversar sin rodeos. Su diagnóstico era directo, construido desde años de frustración.

—No es Trump quien realmente tiene toda la culpa —dijo apenas comenzamos a hablar—. Claro que las sanciones afectan, pero también hay mucha responsabilidad en la forma en que se está gobernando el país. No se está pensando en las necesidades del pueblo.

Recordó que buena parte del pollo, la leche en polvo y diversos artículos de higiene que llegan a Cuba provienen, paradójicamente, de Estados Unidos, muchos de ellos  mediante mecanismos comerciales indirectos, ahora en fácil conseguir una Coca Cola o una Pepsi en varios restaurantes o tiendas.

Después su tono cambió.

—Fidel era una mente maestra. Siempre encontraba más soluciones que problemas. Díaz-Canel… él es una marioneta de toda la estructura burocrática que quedó del castrismo.

Su conclusión era contundente.

—Que vengan grandes empresas. Que lleguen inversionistas que generen empleos y paguen salarios dignos. Estoy cansado. Llevo cuarenta y siete años viviendo bajo un sistema que nunca me favoreció.

Para él, la salida pasa por un modelo económico abiertamente capitalista.

No todos comparten esa visión.

Manuel, con quien conversamos otro día, defendía una idea distinta. Reconocía las enormes dificultades que atraviesa el país, pero advertía sobre el riesgo de olvidar la historia.

—Aquí nadie quiere volver a ser una colonia —nos dijo con serenidad.

Su preocupación no era únicamente económica. Temía que, detrás de la promesa de prosperidad, regresaran formas de dependencia que Cuba conoció antes de 1959. Para muchos cubanos esa memoria sigue viva. Es la razón por la que, incluso en medio del descontento, continúan respaldando algunas decisiones del gobierno o, al menos, rechazan cualquier salida que implique perder soberanía frente a Estados Unidos.

En cambio, entre muchos jóvenes que critican abiertamente al gobierno, el rechazo no siempre viene acompañado de una propuesta política clara. El deseo de cambio aparece con fuerza; el modelo que debería sustituir al actual suele resultar mucho más difuso. Algunos hablan de democracia liberal, otros de una economía de mercado con protección social, otros simplemente quieren oportunidades para construir un proyecto de vida sin abandonar la isla.

Escuchar esas voces durante varios días deja una impresión inevitable: Cuba vive atrapada entre dos memorias.

Una recuerda lo que significó la Revolución frente al viejo orden y las décadas de confrontación con Estados Unidos. La otra observa un presente marcado por la escasez, la emigración y el deterioro de las condiciones de vida. Ambas experiencias son reales y conviven en las mismas calles, a veces incluso dentro de una misma familia.

A ese conflicto interno se suma un actor que nunca ha desaparecido del escenario: Estados Unidos. Durante más de seis décadas, el embargo económico, las sanciones y diversas formas de presión política han condicionado la evolución de la isla. Para muchos cubanos, ese intervencionismo ha agravado la crisis; para otros, los problemas actuales responden sobre todo a decisiones adoptadas por el propio gobierno cubano. Lo cierto es que ambas explicaciones suelen entrelazarse y rara vez pueden entenderse de manera aislada.

Entre las lecturas que ayudan a comprender esa dimensión del conflicto se encuentra Rubio. Un mitómano incontrolable, del periodista Hedelberto López Blanch. El libro analiza el papel de Marco Rubio en la política hacia Cuba y documenta las narrativas, declaraciones y estrategias que, según el autor, han servido para justificar nuevas sanciones y fortalecer una política de intervencionismo que continúa influyendo en la vida cotidiana de millones de cubanos.

Al mismo tiempo, algo nuevo comienza a emerger en la economía cubana.

En medio de un sistema que durante décadas restringió la iniciativa privada, la isla ha comenzado a ensayar un modelo híbrido. Desde septiembre de 2021 el gobierno autorizó la creación de las llamadas Mipymes —micro, pequeñas y medianas empresas—, una figura empresarial inspirada en el modelo impulsado y promovido por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Estas empresas, de propiedad privada o estatal, cuentan con personalidad jurídica propia, generalmente bajo la figura de sociedades de responsabilidad limitada, y pueden dedicarse tanto a la producción de bienes como a la prestación de servicios.

El cambio ha sido profundo. Hoy existen más de 15,600 mipymes autorizadas. Restaurantes familiares, cafeterías, talleres mecánicos, pequeños comercios, estudios de diseño, empresas tecnológicas y toda clase de servicios privados comienzan a modificar el paisaje económico de las ciudades cubanas. Es una transformación silenciosa, pero visible, que habría parecido impensable apenas unos años atrás.

Las reformas no terminan ahí. El Estado también ha flexibilizado las reglas para atraer inversión extranjera y ha ampliado las posibilidades para que cubanos residentes en el exterior y ciudadanos de otros países participen en determinados proyectos inmobiliarios y empresariales. La posibilidad de adquirir o desarrollar propiedades —antes fuertemente restringida— empieza a abrir una nueva etapa para el mercado inmobiliario cubano.

Ese proceso, sin embargo, también despierta inquietudes.

Como ha ocurrido en numerosas ciudades latinoamericanas y europeas, la llegada de capital extranjero puede convertirse en un motor de gentrificación. La rehabilitación de barrios históricos y el incremento del valor del suelo benefician a determinados sectores económicos, pero también encarecen la vivienda y desplazan gradualmente a habitantes que ya no pueden sostener el costo de vivir en los lugares donde nacieron. Cuba apenas comienza a recorrer ese camino, pero el debate ya está presente entre académicos, urbanistas y parte de la población.

La paradoja resulta evidente.

Mientras el discurso oficial continúa reivindicando el socialismo, la vida cotidiana empuja al país hacia mecanismos propios de una economía de mercado. El Estado mantiene el control sobre sectores estratégicos, pero al mismo tiempo promueve empresas privadas, incentiva ciertas inversiones extranjeras y flexibiliza la propiedad inmobiliaria. Cuba parece avanzar hacia una economía híbrida, donde conviven la planificación estatal, el emprendimiento privado, las remesas, los mercados informales y una apertura gradual al capital internacional. No se trata ya del modelo socialista clásico ni de una economía plenamente capitalista, sino de una transición cuyo desenlace todavía es incierto y que redefine, poco a poco, la identidad económica de la isla.

Resistencia ecológica y un llamado

Hay una paradoja que acompaña a Cuba incluso en medio de la crisis energética. La isla posee pequeñas reservas de petróleo cerca de Varadero, pero durante años ha evitado explotarlas para no poner en riesgo uno de sus principales patrimonios naturales. Mientras el combustible escasea y los apagones se prolongan durante horas, el mar permanece intacto, como una decisión que antepone la conservación del paisaje a una solución inmediata.

El contraste con otros países de la región resulta inevitable. En México, por ejemplo, continúan impulsándose proyectos de extracción mediante fracking y desarrollos industriales como la planta de amoníaco proyectada en Topolobampo. Son modelos distintos para enfrentar necesidades similares: energía, desarrollo y crecimiento económico.

Quizá por eso, al abandonar la isla, comprendí que la Revolución cubana no puede medirse únicamente por sus instituciones, sus dirigentes o sus errores. También habita en una cultura de resistencia que atraviesa a varias generaciones. Está en quienes siguen compartiendo lo poco que tienen, en quienes convierten un apagón en una reunión de vecinos, en quienes defienden la educación pública, la salud como derecho y la convicción de que un país pequeño puede intentar decidir su propio destino.

La Revolución, al final, también libra otra batalla. No solo contra el embargo, las sanciones o la escasez, sino contra una forma de entender el progreso basada en el consumo ilimitado, la extracción sin medida y la subordinación de la naturaleza al mercado. Esa disputa sigue abierta y, como todas las grandes luchas históricas, está llena de contradicciones, avances y retrocesos.

Cuando el avión despegó de La Habana, la ciudad quedó atrás esperando la penumbra de otro apagón. Sin embargo, imaginé que, en alguna esquina del Malecón, continuarían sonando las fichas de dominó sobre una mesa de madera, una pareja seguiría bailando bajo la luz de una batería recargable y alguien abriría las ventanas para dejar entrar la brisa del Caribe. Porque hay pueblos cuya mayor riqueza no está en el petróleo que guardan bajo la tierra, sino en la dignidad con la que deciden defenderla. Y quizá esa sea, todavía hoy, la revolución más importante de sostener.

La entrada Cuba entre apagones, el bloqueo y la revolución que resiste se publicó primero en Periodistas Unidos.

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 23 de junio de 2026.- El circo tradicional en México se caracterizó en parte por que los artistas heredaron la profesión a sus siguientes generaciones, y es el caso del Payaso paquin Jr (segunda generación, su padre Payaso Paquin) y ahora junto a su hijo Angelo son artistas estelares de VIE DE CIRQUE y del payaso Papelito, cuarta generación de familia circense (hijo del legendario Dino Raffles primer payaso mexicano en presentarse en el festival de Monte Carlo) y sus tres hijos que se presentan con diferentes actos en circos de Europa y México.

Rafael Marquez Rodriguez Papelito debutó desde muy pequeño en el circo, realizo rutinas de de trapecio con su mamá, Gloria Rodriguez Rivas, y sus hermanos, por décadas voló hasta los 50 años, y después junto con su esposa Elvia Alvarado Valdez realizó pareja en diferentes circos, en Estados Unidos Europa y Asia, dos de sus Hijos nacieron en las gira por Asia, Rafael en Filipinas y Yasara en Malasia.

Arturo Pérez, Payaso Paquin Jr, tiene más de 39 años de trayectoria, Cuenta que su padre no quería que él fuera payaso, pero él a los 23 años retomó el oficio de su papá y en homenaje retomó hasta el nombre, en la Actualidad comparte pista con su hijo Felipe Angel,el Payaso Angelo, actualmente encabezan el proyecto de Vie de Cirque que ya ha recorrido parte de la república Mexicana y se ha convertido en un gran referente de los espectáculos circenses

Rafael Márquez fue bautizado por que a su padre (Dino Raffles) en su familia lo conocían como Papel, ya que en la familia un niño al no poder pronunciar su nombre Rafael lo pronunciaba como “Papel” por lo que en la familia se le quedó el apodo, al nacer su primer hijo el apodo pasó a “papelito” por lo que su personaje de payaso ya tenía nombre.

Por muchos años Paquin Jr Realizó temporadas con el Circo Atayde Hermanos, pero a nivel internacional también fue invitado a giras por Estados Unidos y por América latina, fue después de la pandemia del 2020 donde se concretó la idea de montar su proyecto actual de Vie de Cirque, impulsada en gran medida por Angelo, ya que paquin por mucho tiempo decía que él nunca deseaba “Tener un circo”

El papa de Dino Raffles (abuelito de Papelito) tuvo un circo, por 1943 “realizando el número del paso de la muerte” ocurrió un accidente (se reventó una gaza) provocó su caída de cabeza por lo que falleció al instante en la pista, Dino Raffles comenzó a los 5 años realizando contorsiones fue hasta que muchos años después en temporada de Circo Atayde Hermanos que con un acto cómico con rola rola lo bautizaron con el nombre que lo hizo famoso “Dino Raffles” En la actualidad los hijos de Papelito también trabajan el las pistas de circos, David y Rafael tienen ya varios años trabajando en Europa, Mientras que Yasara realiza diferentes actos, y actualmente realiza temporada en la Ciudad de México en el Circo de los Hermanos Corona con Acto de Hula Hula.

Angelo, nació en una gira de su padre por Chile, desde muy pequeño compartió pista con Paquin Jr ya cuenta con 20 años de trayectoria; En su recorrido artístico ha visitado más de 29 países y en ocasiones incluso a trabajado en circos que compiten con la gira de su propio papá, “mi señor padre es mi inspiración” nos declara mientras se prepara para el espectáculo.

Yasara Márquez Alvarado y sus dos hermanos aprendieron la vida del circo de su familia, prácticamente nacieron en la pista. Por parte de su padre, son la quinta generación, pero por parte de su mamá Elvia Alvarado Valdez son tercera Generación, su abuelo materno Luis Alvarado Payaso “Lolito” llevan en el ADN la formación circense,

Rafael Márquez “Papelito” relata con emoción que sus hijos realizan diferentes actos en las pistas de los circos.

Angelo comenta que el Circo está en Peligro de extinción, el competir con espectáculos extranjeros ó incluso las propias políticas culturales del estado, al circo lo deja completamente en la vulnerabilidad. pero Vie de Cirque llegó a conceptualizar de otra forma el circo mexicano, de la imaginación de Angelo y el cobijo de Paquin este concepto pasó a hacerse realidad, y se nota en cada función con los aplausos del público.

Yasara Marquez Alvarado no solo realiza temporadas en Circos, las circunstancias laborales también la han llevado a presentarse en otro tipos de escenarios, centros de exposiciones, eventos culturales, fiestas privadas pero la magia de la pista del circo es única, actualmente realiza gira en el circo de los Hermanos Corona en la Ciudad de México,

Angelo tiene una preparación bastante completa, su preparación musical es de primer nivel, su padre describió que desde los dos años tocaba un sencillo juguete musical y es de los números más gustados en la pista.

Durante décadas Papelito vivió del circo y para el circo, ahora ya retirado como artista ve la carrera en ascenso de sus hijos y hasta de sus nietos, aunque nos cuenta que en momentos lejos pero contento de ver reflejado en ellos su trabajo como artista y como padre.

Paquin Jr Y Angelo comparten pista, comparten angustias, comparten éxitos y responsabilidades, tienen camino por recorrer, y miran a conseguir consolidar Vie de Cirque como una gran referencia del circo en México y por qué no a nivel mundial,

En los ojos de Paquin se nota el Orgullo que tiene por Angelo y en Angelo se nota el cariño y amor que tiene por su padre.

Angelo y Paquin fueron anunciados como artistas del próximo Festival Internacional México, y con cerca de conseguir dos mil representaciones de Vie de Cirque la pareja de padre e hijo no pierden la sencillez ante su público, se toman fotos, saludan, dan autógrafos, reflejando lo “Padre del circo”.

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Por Alejandro Meléndez

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 13 de enero de 2026.-  Kattya Vivanco González, maestra jubilada de 62 años, enfrenta una batalla legal contra el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado (ISSSTE) que pretende reducir su pensión en casi siete mil pesos mensuales, pasando por alto una sentencia judicial que le otorgó la razón hace cuatro años.

La docente, quien se jubiló el 1 de febrero de 2018 tras una carrera en el subsistema DGETI (bachillerato tecnológico) de la SEP, ostentaba la plaza de profesor de tiempo completo titular «C», la más alta en el escalafón magisterial. Desde el momento de su jubilación detectó irregularidades en el cálculo de su pensión.

Una lucha de años por sus derechos

Al recibir su documento de «concesión de pensión», Vivanco se percató de que la cuota diaria establecida no correspondía a lo que legalmente le tocaba, pues se le estaba aplicando ilegalmente el criterio de tope en Unidades de Medida y Actualización (UMAs), sin que existiera modificación legal ni criterios jurídicos que avalaran ese monto.

«Recalco ilegal porque hasta ese momento no había modificación legal, ni criterios jurídicos que avalaran ese monto», enfatiza la maestra.

En febrero de 2020, Vivanco inició una demanda contra el ISSSTE, fundamentada en una tesis de la Suprema Corte de Justicia que establecía que las pensiones no podían determinarse con base en las UMAs.

El juicio se llevó a cabo en la Quinta Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, que emitió sentencia definitiva el 20 de octubre de 2020 favorable a la docente. Sin embargo, el ISSSTE se negó a cumplir la resolución.

Fue necesario que Vivanco interpusiera una queja el 31 de enero de 2022 y ejerciera presión en redes sociales, incluso publicando una carta de denuncia en el correo ilustrado del periódico La Jornada, para que finalmente se le ajustara la cuota diaria de su pensión.

El costo de esta batalla judicial fue alto: cerca de 90 mil pesos en honorarios de abogados, además del desgaste emocional y el tiempo invertido en movilizaciones y trámites legales.

En noviembre de 2024, el director del ISSSTE, Martí Batres, publicó en el Diario Oficial de la Federación un acuerdo mediante el cual, argumentando el artículo 50 de la Ley del ISSSTE, anunció una revisión de las pensiones que rebasen el tope de las 10 UMAs.

La pensión de Vivanco rebasa ese tope por aproximadamente cuatro o cinco mil pesos mensuales, precisamente porque cuando se jubiló era ilegal fijarla en UMAs, situación que fue reconocida judicialmente.

El 6 de agosto de 2025, tres hombres se presentaron en el domicilio de la maestra —quien vive sola— en actitud prepotente y sin identificación institucional adecuada, exigiéndole que se identificara.

«Afortunadamente reaccioné a tiempo y les respondí que yo estaba en mi casa y que en todo caso ellos eran los que debían identificarse», relata Vivanco sobre el momento intimidatorio.

El 11 de agosto, la docente compareció en las oficinas centrales del ISSSTE, en la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales, acompañada de su abogado, a quien no se le permitió hablar.

Llevó consigo las sentencias emitidas por el Tribunal de Justicia Administrativa y la impresión de 26 talones de pago correspondientes a su último año laborado, documentos con base en los cuales el juez le había dado la razón.

Noventa días después, el ISSSTE le notificó un documento de 70 páginas en donde la acusa de «dañar el patrimonio de la institución». La institución pretende reducir su pensión mensual de 38,516 pesos a 31,791.90 pesos.

Violación a la división de poderes

«Ahora resulta que el artículo 50 de la ley del ISSSTE y el acuerdo publicado por Martí Batres están por encima de una resolución judicial. Luego entonces, qué caso tiene que uno recurra y exista un poder judicial si un funcionario menor en el momento que se le ocurra puede pasar por encima de otro de los poderes, el Judicial», cuestiona la maestra.

Vivanco argumenta que si bien el artículo 50 de la ley del ISSSTE faculta a la institución para revisar las pensiones, esto aplica cuando se trata de sus propias resoluciones, no cuando existe una sentencia judicial de por medio.

«Ese artículo no le puede dar al ISSSTE la atribución de cambiar una resolución judicialmente, porque simple y sencillamente eso es violatorio de la constitución», señala.

Según información de la docente, no es el único caso: existe una relación de aproximadamente ocho mil jubilados en situación similar.

«Seguramente habrá algunos que consiguieron su pensión mediante la corrupción, pero seguramente también habrá muchos otros como yo que fue de manera legal y legítima», reflexiona.

Promesas incumplidas

Vivanco recuerda que durante su campaña electoral, la presidenta Claudia Sheinbaum prometió al magisterio echar para atrás la reforma de la Ley del ISSSTE, promesa que no solo no se ha cumplido, sino que ahora los maestros y personal del sector salud que demandaron sus derechos enfrentan intentos de reducción de sus pensiones.

«Cómo espera la presidenta que los empresarios y los ciudadanos confiemos en el poder ejecutivo que no respeta la constitución», cuestiona la maestra.

Vivanco reconoce que las pensiones son un problema en México, pero considera que se deben tomar medidas que respondan verdaderamente a la problemática y no generen más injusticias.

«En nuestro país hay más de ocho sistemas de jubilación. Hay quien recibe hasta cuatro pensiones. Los empleados privilegiados de algunos sectores como CFE tienen derecho a la pensión de la empresa, del IMSS e incluso algunos también tienen la del ISSSTE porque trabajaron en alguna dependencia, y finalmente tienen la del bienestar», ejemplifica.

Menciona casos de instituciones como Nafin o la Suprema Corte de Justicia, donde funcionarios se van con pensiones «muy jugosas» sin tener 28 o 30 años de servicio.

«Si se requiere revisar las pensiones, pero se requiere revisarlas con criterio de justicia social y no como burócrata que lo único que piensa es: esto rebasa el límite, lo ajusto y ya», enfatiza.

En espera de respuesta

Al momento de esta denuncia, Vivanco se encuentra en espera de que el mismo funcionario que le comunicó la reducción de su pensión responda al recurso de inconformidad que interpuso en diciembre pasado.

La maestra hace un llamado a denunciar el comportamiento que califica de «ilegal e ilegítimo» del ISSSTE y solicita el apoyo de la sociedad civil y de las autoridades para que se respete el estado de derecho y las sentencias judiciales.

Este caso pone en evidencia las contradicciones de un sistema que, por un lado, promete la defensa de los derechos de los trabajadores y, por otro, intenta reducir pensiones obtenidas legalmente y respaldadas por resoluciones judiciales, generando incertidumbre entre miles de jubilados que lucharon por sus derechos durante años

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 07 de enero de 2026.- Durante varias semanas, Juliett* (el nombre fue modificado por cuestiones de anonimato) estuvo impaciente porque su mudanza, enviada desde Ciudad de México, llegará a su nuevo hogar. Lo que era el sueño de comenzar una nueva vida se volvió angustia cuando Diana Laura Rebollo Montaño, la dueña de la empresa de mudanzas, dejó de responder a sus mensajes de WhatsApp.

A pesar de la insistencia, Rebollo Montaño nunca contestó. “Me ghosteó y se llevó todo lo que había conseguido ahí, hasta el 50% que le pagué por el servicio”, expresó Juliett. Enumeró: muebles, ropa, recuerdos, toda su vida. Juliett se dio cuenta que fue víctima de robo y fraude.

Lo que prometía ser un nuevo inicio, resultó en una larga travesía de recuperar la vida que había hecho en la Ciudad de México durante años. Tuvo que comprar los objetos que fueron robados por el servicio de mudanzas ofrecido por Rebollo Montaño, con los gastos que implica el doble esfuerzo del pago de la mudanza y su adquisición.

El boom inmobiliario en la Ciudad de México ha dado pie a servicios de robo, fraude y estafa en los servicios de mudanzas foráneas en la capital del país.

Las empresas fraudulentas utilizan plataformas como redes sociales y sitios web para divulgar sus servicios de mudanza. Es posible encontrar sitios como “Mejores mudanzas” a través de búsquedas en plataformas como Google. Dichos sitios permiten ingresar datos como cantidad y tamaño de objetos, lugar de origen y destino, con información personal como direcciones y números telefónicos. Tras hacerlo, derivan la información hacia diversas empresas dedicadas al transporte de carga individual y compartido a distintas partes de la República.

Las cotizaciones son enviadas a los usuarios por las “mudanceras”, sin ningún tipo de verificación sobre su fidelidad y legalidad, a pesar del uso de datos personales. Una de estas entidades es la denominada Muebles y Mudanzas Diana, a cargo de Diana Laura Rebollo Montaño, quien se anuncia en diversas plataformas tales como Facebook e Instagram y después “ghostea” cuando le depositan y recoge las pertenencias ajenas sin entregarlas.

A través del Internet, Rebollo Montaño promociona la prestación de servicios de mudanza garantizando el traslado de los bienes muebles que se le dan en consigna para su traslado en la ciudad o en otras entidades federativas, sin embargo, no brinda el servicio, y ha sido acusada por robar las pertenencias de personas extranjeras y no responder las llamadas.

Su información de contacto también está asociada a la empresa “MUDANZAS EXCLUSIVAS & PROFESIONALES MUDA-TODO”.

La forma de operar de esta persona o las personas que brindan los servicios Muebles y Mudanzas Diana es por diversos canales.

Diana Laura Rebollo Montaño se puede localizar a través del buscador google, una vez contactada al teléfonos “5545741485”, “5530839650”, y “5545741485” (teléfono público), vía WhatsApp; además tiene registrado el correo “mueblesymudanzas95@gmail.com”. Tras una charla, se agenda el servicio.

Rebollo Montaño solicita el 50% del costo total de la mudanza, informa fecha aproximada de entrega, una vez que se llega tal día, no hace entrega de los muebles. Ante el reclamo sobre el destino y paradero de los muebles, deja de contestar o amenaza que dejen de molestarla.

A pesar de “ghostear”, durante la negociación Rebollo Montaño ofrece contrato y facturación del servicio. Su cédula fiscal ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) está con el número de identificación “REMD950820KW1”, registrado a su nombre, con su fecha de nacimiento en agosto de 1995, su inicio de operaciones el 12 de diciembre de 2017 y ubicado en la colonia Minas El Tecolote, en Naucalpan, Estado de México con el correo electrónico mencionado. Está registrada bajo el régimen de Personas físicas con actividades empresariales y profesionales.

México cuenta al menos 2523 “mudanceras”, de las cuales 663 están ubicadas en la capital y 338 en el Estado de México, según el sitio especializado en datos Rentech Digital, que analiza redes sociales de las empresas.

El lugar donde se estaciona las camionetas, una color roja y la otra plateada, donde brindan el servicio es el ubicado en Avenida Col del Valle, Eje 5 Sur 137-5, Insurgentes San Borja, Alcaldía Benito Juárez, Ciudad de México, México,  y en Calle Ameyalco No. 37 de la misma colonia y alcaldía, con número de placas 4895CB y A-95-977.

Modus operandi

Llama la atención que se tienen identificadas más de 15 denuncias en contra de Rebollo Montaño por robo y fraude, pero no se encuentra una explicación sobre el permiso expedido por las autoridades competentes para realizar dicha actividad comercial. A la fecha, se registran más de 20 personas defraudadas y que han sido víctimas de robo, pero no se atreven a denunciar por temor a represalias.

Una de las personas afectadas, quien solicitó el anonimato, declaró “confié en su servicio, pero pasó el tiempo y no contestó. Cuando te mudas no solo trasladas cosas, mueves tu vida, parte de tu historia, de quien eres”.

Se dijo indignada por el robo del que fue víctima y cuestionó que Diana Laura Rebollo Montaño siquiera se dedique a las mudanzas. “Seguramente se queda las cosas y las revende en los tianguis o en Marketplace”, declaró.

Hizo un llamado a las autoridades para intervenir en estos casos, advertir a posibles clientes y solicitó que tanto organismos como la Agencia Digital de Innovación Pública de la Ciudad de México, las autoridades del Estado de México, y las plataformas digitales como Google, sitios web y redes sociales generen mecanismos de seguridad que den certezas al momento de usar las empresas de mudanza.

“¿Cómo es posible que Google y los sitios no haya ninguna certeza de a quién se entregan los datos personales como direcciones, números telefónicos y correos electrónicos? Ponen en riesgo a la gente”, espetó. Exigió que “le caiga todo el peso de la ley” a Rebollo Montaño y demás empresas cómplices en robos a través de mudanzas.

En redes sociales se identificaron señalamientos contra las empresas a cargo de Rebollo Montaño. En 2020, un usuario en Facebook publicó: “estuve escribiéndolo (sic) durante una semana a la señorita Diana Rebollo y no me contestaba o me dejaba en visto, y yo estaba preocupada por mis cosas, jamás me contestó”.

La usuaria señaló que su mudanza llegó con un televisor de 50 pulgadas “estrellado” porque “se les cayó” y “venía un poco mojado”. Las cajas llegaron “bastante maltratadas”. Acusó que Rebollo Montaño exigió el pago correspondiente a la otra mitad, a pesar del estado deplorable de las cosas.

Juliett recomendó colocar air tags o algún rastreador a los objetos personales para monitorear su transporte y llegada.

Colegas la culpan por desconfianza

Incluso, colegas del mismo giro comercial, quienes pidieron que sus datos se mantuvieran bajo anonimato, externaron que es frecuente que acudan a reclamarles, por lo que, por culpa de ellos la clientela ha disminuido.

Señalaron que el modus operandi de Rebollo Montaño es identificar a extranjeros para incumplir con el acuerdo, ya que es más costoso para los “nómadas digitales” empezar un proceso jurídico desde sus países.

En grupos específicos de redes sociales se leen comentarios de otros servicios de mudanza que señalan “por estas personas que se hacen llamar mudanceros nos dejan mal a los que sí nos dedicamos a esto”,  “son unos irresponsables que por querer ganar la chamba se van bien abajo” y “los coyotes no tienen capacidad para resolver solo mandar sus fracciones a costos ridículos y quemando el mercado de los compartidos”.

Las personas a cargo de las empresas de mudanzas identificaron a Rebollo Montaño como parte de una familia que se dedica al mismo giro y que también comercializan muebles en la Nápoles.

Es preocupante que sigan brindando los servicios y las autoridades correspondientes no hayan intervenido en el caso.

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Por Alejandro Meléndez

Periodistas Unidos. Ciudad de México. 11 de noviembre de 2025.- La comunidad de Coahuayula, municipio de Chinicuila, Michoacán -junto con localidades vecinas como El Ranchual y La Laguna de Calvillo-, ha sido escenario de una escalada de violencia armada por más de un año y medio. El epicentro de esta crisis humanitaria se remonta a la desaparición del maestro rural José Gabriel Pelayo Zalgado, ocurrida en marzo de 2024. El hecho desencadenó una serie de ataques perpetrados por grupos armados identificados como integrantes de la delincuencia organizada. Por razones de seguridad, y para no vulnerar la integridad de los pobladores, en esta nota se omite el nombre específico de los grupos criminales involucrados, refiriéndonos a ellos como «miembros de la delincuencia organizada». Esta medida busca proteger a las comunidades afectadas, evitando exponerlas a mayores riesgos en un contexto donde la identificación directa podría intensificar la intimidación o represalias. Habitantes, organizaciones defensoras de derechos humanos y comunicados comunitarios denuncian el uso sistemático de explosivos lanzados desde drones, armas de grueso calibre, bazucas y minas terrestres, que han dejado a la población civil en asedio constante, con bloqueos de accesos, desplazamientos forzados y daños a viviendas.

El profesor Pelayo Zalgado, docente de primaria rural, fue privado de su libertad el 19 de marzo de 2024 en el pueblo de Coalcomán, Michoacán, mientras compraba víveres y atendía asuntos familiares. Desde entonces, su paradero es desconocido, y los habitantes de la comunidad de Coahuayula –donde residía y trabajaba– han interpretado este suceso como el inicio de una campaña de intimidación por parte de grupos criminales que buscan controlar la zona. Familiares y vecinos han exigido investigaciones exhaustivas a las autoridades federales y estatales, pero a la fecha no se han reportado avances significativos. «La desaparición del maestro no fue un hecho aislado, fue el detonante de una violencia que ha transformado nuestra vida cotidiana en un infierno», expresó un habitante anónimo de esta comunidad indígena, en redes sociales.

Tras la desaparición del profesor rural, las comunidades han sufrido ataques recurrentes que han afectado principalmente a civiles, incluyendo niños, mujeres y personas mayores. Según reportes de la Red Solidaria de Derechos Humanos y la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos «Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes» (Red TDT), estos incidentes incluyen detonaciones directas contra viviendas, bloqueos de carreteras con troncos y minas, y enfrentamientos que han cobrado vidas, como la de dos miembros de la policía comunal, en agosto de 2024. La guardia comunal ha asumido un rol defensivo, evacuando a residentes y conteniendo avances de los agresores, pero a un alto costo: heridos, daños materiales y un aislamiento que suspende actividades laborales y sociales.

El testimonio reciente de una persona que trabajó en la comunidad de Coahuayula –cuyo nombre se omite por cuestiones de seguridad– destaca la persistencia de esta crisis y los esfuerzos por mantener viva la memoria del maestro desaparecido. Según la fuente, en conmemoración del primer aniversario de la desaparición, en marzo de 2025, se realizó una actividad simbólica que incluyó la plantación de un «Árbol de la Memoria» con una placa conmemorativa dedicada a Pelayo Zalgado y a otros defensores del territorio. También, se crearon letras gigantes con el nombre «Pelayo» para visibilizar la causa. Además, se organizaron mítines culturales enfocados en las infancias y el público en general, con el objetivo de difundir la situación del maestro y el contexto de violencia en la Sierra Costa de Michoacán. «Hasta la fecha, que ya es año y medio, seguimos sin tener mesas de trabajo ni nueva información; la investigación sigue prácticamente igual, sin avances significativos. De lo contrario, la violencia en Coahuayula se ha recrudecido con ataques hasta de 48 horas», relató la persona anónima.

El ambiente de zozobra y miedo es la constante para los pobladores. No se sienten seguros en su espacio ni para salir a comprar víveres o medicinas.  Viven en una comunidad con caminos de terracería y difícil acceso, sin acceso al agua ni señal telefónica, lo que han agravado la situación y vulnera todavía más los traslados. «Los dronazos que avientan caen en los sembradíos; es toda una estrategia para irlos dejando con mucha hambre y con miedo», agregó. Los ataques pueden durar uno, dos, tres o cuatro días, impidiendo las actividades cotidianas del día a día. En Coahuayula, los pobladores habitan con casas cubiertas de lámina o teja, que significan poca protección en un clima caluroso. Aquí, la gente padece el sistema de salud. Hace apenas unos días, una niña fue picada por un alacrán, mientras ocurría un ataque. No hubo posibilidad de llevarla al doctor en medio de la balacera. En los caminos de terracería, las personas son amedrentadas, incluso amenazadas de muerte. No hay doctores, botiquines ni paliativos disponibles, y durante los ataques, el ejército, la Guardia Civil o la Guardia Nacional no intervienen: «No bajan hasta la comunidad; se quedan en algún tramo y esperan a que se acaben los ataques para llegar hasta cierto pedazo, decir que fueron y nada más. Parece más bien una simulación». Esta problemática es sistemática en toda la Sierra Costa, con casos variados en zonas como Ostula, Xayacalan y Aquila, pero respondiendo a un problema de macro criminalidad.

Un post en Instagram de la cuenta @coahuayulaycomunidadesvecinas, publicado el 19 de octubre de 2025, alertó sobre un ataque. La amenaza se extendió por más de 48 horas, con disparos y explosivos dirigidos contra la población. No hubo distingo entre hombres, mujeres o infantes. «Las comunidades permanecen bajo asedio, sin presencia de autoridades que contengan la violencia», se lee en el mensaje, que hace un llamado a la solidaridad y a compartir información para generar «ruido mediático». Al día siguiente, el 21 de octubre, la Red TDT emitió la Acción Urgente 008, documentando el patrón de violencia y exigiendo intervención inmediata del gobierno de Michoacán, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Fiscalía General de la República (FGR) y organismos internacionales como la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (OACNUDH-México) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).

Los antecedentes citados en el comunicado incluyen acciones previas de la Red TDT, como la documentación de asedios en enero de 2025 y ataques con drones en julio de 2024 en Santa María de Ostula, una comunidad vecina. Entre los riesgos destacados se encuentran: el desplazamiento forzado, ejecuciones, lesiones por explosivos, la falta de protección estatal y la muerte. Las exigencias incluyen el cese de ataques, despliegue de fuerzas de seguridad con enfoque civil, desactivación de minas, medidas de protección colectivas y atención humanitaria integral.

A pesar de los llamados reiterados, las autoridades no han realizado operativos efectivos de desminado ni proporcionado corredores humanitarios, lo que evidencia una inacción prolongada que perpetúa el recrudecimiento de la violencia. En Coahuayula, el miedo persiste: minas en caminos comunales, como el que lleva a la toma de agua potable detectadas en agosto de 2025, mantienen a la población sin acceso a recursos básicos. Organizaciones civiles urgen a la sociedad a firmar alertas y grabar videos de solidaridad para presionar por una resolución. Esta ausencia de intervención efectiva se conjuga con el reciente anuncio del «Plan Michoacán», presentado por la presidenta Claudia Sheinbaum el 9 de noviembre de 2025, que promete atender las causas de la violencia, fortalecer la seguridad, la inteligencia y el despliegue de más militares, junto con una inversión millonaria en la entidad. Sin embargo, los pobladores y activistas ven con cautela sus posibles resultados, considerándolo una «política del déjà vu», similar a iniciativas previas que no han resuelto los problemas estructurales, como el control territorial por parte de la delincuencia organizada en sectores como el del aguacate y el limón, y donde la inacción hasta ahora ha sido la norma.

Esta situación evidencia la vulnerabilidad de comunidades rurales en Michoacán ante el crimen organizado, donde la ausencia estatal agrava el impacto humanitario. Mientras tanto, la búsqueda del maestro Pelayo Zalgado continúa. Es símbolo la lucha por justicia en una región asediada.

Cuadro Cronológico de Hechos Relevantes

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AMEXI. Ciudad de México. 19 de septiembre de 2025.- Aquel 19 de septiembre de 1985, día de aquel terremoto de 8.1 grados en la escala de Richter, Don Raúl Flores García era sepulturero en el Panteón Francés, donde actualmente, a un lado de la entrada, tiene un puesto de arreglos florales, los cuales vende a familiares que visitan en su tumba a sus difuntos.

Don Raúl tenía 20 años aquel 19 de septiembre de 1985 y de viva voz cuenta a amexi.com.mx una crónica de lo que vivió, de cómo se impresionó y de la incredulidad ante lo inesperado.

“Como que era un sueño, porque nunca habíamos vivido un momento como ese, nunca lo habíamos visto de tanta gente muerta, tanta destrucción de casas, edificios y en el centro fue más fuerte, porque eran edificios más grandes y era sorprendente ver todo esto”, compartió.

Recordó que la puerta pesada de acero del Panteón Francés cayó, varias partes de la pared perimetral también, capillas de las tumbas también rodaron, parte de la iglesia del recinto tuvo el mismo fin.

La caída de edificios generó la muerte de familias completas y quienes tenían su lugar en el panteón llegaron conforme encontraron sus cuerpos y fueron muchas personas, siendo a veces, siete cuerpos por día.

Cómo se cayó parte de la barda perimetral, fue contratado como velador y por eso compartió que “de día era panteonero sepultando los cuerpos y en la noche de velador”.

En ese entonces, apenas pasando el viaducto de lado sur, estaba el Parque IMSS de Beisbol y se dio cuenta que todos los cuerpos que no eran reconocidos por sus familiares fueron llevados y colocados sobre el terreno de juego.

“Fue insólito, porque cuando pasaba y, como las puertas estaban abiertas, veía los montones de cuerpos con muchísimo hielo que les ponían encima”, compartió.

A don Raúl Flores García le tocó el temblor arriba del camión rumbo a su trabajo y, en el camino y ya en su sede laboral, vio toda la destrucción que generó el sismo del 19 de septiembre de 1985.

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Periodistas Unidos. Ciudad de México. 02 de septiembre de 2025.- Camilo Vicente Ovalle y Enrique Acosta Gómez hablan con Jorge Meléndez y Témoris Grecko sobre el reportaje “La Lista Apresa y los Vuelos de la Muerte” en el programa «Después de la Letra… la Palabra» de Periodistas Unidos.

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