Cuestionan ONG omisiones de México en la aplicación de cláusulas laborales del T-MEC sobre trabajo forzado
Periodistas Unidos. Ciudad de México. 28 de julio de 2026.- Las organizaciones civiles Proyecto sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales (ProDESC) y Empower advirtieron que México enfrenta un vacío legal e institucional en la aplicación del artículo 23.6 del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), disposición que prohíbe la importación de mercancías producidas mediante trabajo forzado. La alerta cobra relevancia tras las recientes medidas arancelarias impulsadas por Estados Unidos bajo la Sección 301, motivadas por deficiencias señaladas en los mecanismos de fiscalización y aduanas en la región.
El litigio estratégico promovido por ambas organizaciones tuvo su origen en 2022, tras la adquisición de sistemas de videovigilancia con reconocimiento facial por parte de gobiernos locales en la frontera norte, fabricados por las empresas chinas Dahua y Hikvision. Dichas corporaciones se encuentran sancionadas en el mercado estadounidense por riesgos a la seguridad nacional y vínculos con cadenas de suministro en la región de Xinjiang. En 2023, la Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS) rechazó investigar el ingreso de dichos insumos aduciendo falta de información aduanera por parte de los promoventes.
Actualmente, el caso se encuentra bajo análisis del Tribunal Federal de Justicia Administrativa (TFJA), instancia que aceptó revisar el asunto en marzo de 2026 debido a su trascendencia jurídica. De ser desfavorable la resolución, el procedimiento podría ser atraído por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) para sentar un precedente sobre las capacidades del Estado mexicano para identificar, detener y reportar bienes manufacturados con mano de obra no voluntaria.
Dentro de las negociaciones para la revisión del T-MEC, el equipo de la administración federal encabeza las conversaciones con las autoridades estadounidenses para atender los señalamientos de la agenda comercial. Las ONG hicieron un llamado a la STPS y a la Secretaría de Economía para consolidar un mecanismo transparente de supervisión laboral que otorgue certeza a las cadenas productivas de América del Norte.